La portavoz del Grupo provincial de Izquierda Unida
(IULV-CA), María Antonia Morillas, ha acusado al Partido Popular en Diputación
de actuar de cara a la galería en asuntos relacionados con los desahucios en
Málaga. Morillas explicó ayer, martes 6 de noviembre en rueda de prensa, que la
comisión de Modernización debate mañana,
por hoy miércoles, dos asuntos que ilustran las prioridades reales de los
populares. En primer lugar, se lleva un convenio con el Colegio de Abogados
para poner en marcha la
Oficina de Intermediación a la que dedican “cero euros”.
Inmediatamente después se ve un contrato de asesoramiento en asuntos taurinos
por algo más de 20.000 euros, “que se unen a los 43.642 que ya dedica
Diputación a estas cuestiones. Hablamos
que mientras el PP destina cero euros a frenar la sangría de desahucios, dedica más de 60.000 a asuntos taurinos,
confirmando que se trata de una política de cara a la galería y que en nada
beneficiará a las familias que están sufriendo esta situación”.
Según datos oficiales, en los últimos diez meses más de
1.300 familias han sido desahuciadas en la provincia y se prevé que la cifra
alcance en breve los 2.200. Mientras tanto, recordó la diputada de izquierdas,
tanto PSOE como PP votan de manera reiterada en contra o se abstienen cuando IU
lleva al Congreso propuestas destinadas a solucionar estos problemas con
medidas como la dación en pago. “Ambos partidos no han hecho nada y ahora
plantean discutir en una comisión los dos una política que no es más que otra
actuación de cara a la galería, puesto que la única solución a este problema
está en modificar las leyes de enjuiciamiento civil e hipotecaria, tal y como
ha avisado el Consejo General del Poder Judicial. Todo lo demás es un brindis
al sol”.
IULV-CA presenta una moción en Diputación “con la que
queremos darle otra oportunidad a ambos partidos para se sitúen del lado de las
familias”. Dicha propuesta incluye medidas nacionales y de carácter andaluz,
donde no podía faltar el instar al Gobierno Central a aprobar una moratoria
total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre
vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de
insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los
procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los
desahucios que están dejando en la calle a miles de familias; así como la
dación en pago.
Otras cuestiones están relacionadas con el ámbito provincial
y local y, por lo tanto, también se promoverán mociones en los ayuntamientos.
Se pretende entre otras cosas una colaboración entre Junta, Diputación y
Municipios que de asistencia técnica a estas familias, así como revisar los
protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y
colaborar en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por
motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
Asimismo, la moción de IULV-CA en la corporación provincial,
propone que ningún policía local colabore en las órdenes de desahucio ni
contribuya de alguna manera a fomentar el grave problema de la vivienda con
otras acciones.
Izquierda Unida hace un llamamiento a la ciudadanía para que
adviertan a los bancos de que retirarán sus fondos en caso de seguir con estos
desahucios
Morillas ha hecho este anuncio en Torremolinos donde ella y
el diputado Miguel Díaz han mantenido un encuentro con los concejales de IULV-CA,
Félix Martín Carro y Begoña Romero, quienes han anunciado que a esas propuestas
añadirán otras concretas como que el Consistorio haga un llamamiento a la
ciudadanía para que ésta asuma
solidariamente los problemas de las
familias desahuciadas y advierta a las entidades bancarias que si siguen con
estas prácticas retirarán sus ahorros de sus cuentas. Igualmente, la
organización de izquierdas quiere que el Ayuntamiento también actúe de esa
forma en sus relaciones con las entidades financieras.
Martín ha calificado de rotundo fracaso el código de buenas
conductas puesto en marcha y ha reclamado del Ayuntamiento una mayor
implicación y que preste “verdadera atención” a través de un protocolo de los
servicios sociales a las familias desahuciadas.
El portavoz del IULV-CA en el consistorio torremolinense también se ha
referido a la necesidad de que la Policía Local no intervengan, “ni permanezcan
ociosos”, en cuestiones relacionadas con viviendas que ya están inmersa en un
proceso judicial y que, por lo tanto, es competencia de esa instancia. El edil
ha hecho referencia a un caso concreto que se viene dando en este municipio con
la ocupación de unas viviendas vacías, “que no compartimos en este caso, pero
creemos que es la autoridad judicial la que debe actuar y no el Ayuntamiento”,
frente a las cuales hay de manera fija un furgón de agentes municipales que
evitan incluso que entre agua potable.
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