Las recientes movilizaciones del
SAT protagonizadas por el Alcalde de Marinaleda y diputado de IULV-CA, Juan
Manuel Sánchez Gordillo, y Diego Cañamero, encabezando actos de fuerte impacto mediático
como fue la “confiscación” de unos carros de alimentos básicos en grandes
cadenas de la distribución alimentaria como son Mercadona o Carrefour, ocupando
fincas de la “nobleza” terrateniente, etc., y que han tenido su reflejo en
Extremadura, con Manuel Cañadas, ex-coordinador de IU en esta región, han
posibilitado que no solo que se abra públicamente el debate sobre la pobreza en
nuestro país como efecto central de las salidas neoliberales a la crisis, que
lejos de mejorar las cosas para los de abajo nos llevan hacía el abismo a toda
España.
También a abierto otras
cuestiones que son de importancia para el futuro de la izquierda y que son
necesarias de debatir ampliamente, y que seguramente podrán plantearse en la
próxima Asamblea Federal de IU de diciembre, como son los límites de las luchas
tradicionales en la confrontación con los mecanismos del “poder” en una crisis
tan profunda y que como dice Monereo supone que asistimos “a una involución
civilizatoria que pondrá en cuestión nuestros modos de vida y de trabajo y
nuestros derechos y libertades”. Asimismo, entre las diversas formas de acción de
las izquierdas para hacer visible lo que está oculto, de sustraer a las mayorías
a la influencia del sentido común dominante, de construir en un sentido
gramsciano de una “voluntad colectiva” que sintetice las aspiraciones plurales
de esas mayorías, además de un programa y un discurso político, necesita organización
y formas de acción unitarias que, por un lado galvanicen a los convencidos y
por otro lado que favorezcan la inclusión de nuevos aliados para el objetivo del
cambio político y la transformación social.
Es precisamente en esto último en
que las formas de acción política y de movilización adquieren especial
relevancia, tanto como la acción en las instituciones, las propuestas programáticas
o los pactos de gobierno. Así las manifestaciones, concentraciones, o cualquier
tipo de acción de denuncia como es el caso de la desobediencia civil deben
favorecer procesos de concienciación de los no concienciados, de atraer a
nuevos sujetos a la oposición al sistema o abrir espacios de acción-reflexión
unitarios.
Desde mi punto de vista todas las
formas de combatir el actual estado de injusticia son justificables y legítimas,
pero habría que subrayar que todas no sirven para sumar y construir mayorías. Es
ahí donde la izquierda, y por ende los comunistas, debemos reflexionar para
buscar la mayor rentabilidad de las luchas y la acción política en general para
conseguir esos objetivos. Es en el debate de las formas de lucha, aquí y ahora,
que se insertan los dos artículos sobre
la desobediencia civil que han realizado nuestros camaradas malagueños, Alberto
Garzón y Luis Felip, que por gran interés queremos publicar juntos y que esperamos
sean de interés para todos y todas.
Eduardo J. del Rosal
Más allá del binomio
legalidad-legitimidad. Los límites autoimpuestos de la desobediencia civil
Luis Felip
En los últimos años, de modo
lento pero constante, se ha desarrollado un movimiento de protesta que ha
germinado en distintas movilizaciones contestatarias: contra la guerra de Irak,
contra el plan Bolonia y la Estrategia Universitaria 2015, y actualmente
contra las políticas de austeridad. En el futuro inmediato, se esperan más
medidas políticas de recorte a los servicios públicos, los derechos y los
salarios de las clases populares, así como el más que previsible “rescate” de
la economía española por parte de Bruselas, condicionado al endurecimiento de
las medidas de “ajuste” del gasto público. Se avecina una gran depresión, y una
intensificación de las movilizaciones a partir de este otoño. En este contexto,
se hace crucial aprender a distinguir las herramientas políticas y la estrategia
seguida por los distintos agentes que protagonizan las movilizaciones, trazar
las líneas de demarcación de su estrategia pacífica, democrática y popular, y
observar hasta dónde puede conducir esta estrategia desde un punto de vista
izquierdista (en otras palabras, observar si esta estrategia es coherente con
el programa a medio y largo plazo de la izquierda real). Por el protagonismo
que vienen tomando y todavía han de tomar las acciones de desobediencia civil,
valoraremos dicha estrategia a partir de un análisis teórico de tales acciones.
1. Contextualización: concepto de
Estado de derecho
¿Cuáles son los límites de la
obediencia a la ley? ¿Cuándo y hasta qué punto se aconseja obedecer una ley
injusta por responsabilidad, cuándo debe desobedecerse, y cuándo debe oponerse
resistencia o incluso insurrección contra el orden jurídico vigente? Este
problema para el derecho medieval resultaba claro, pues al acumularse la
soberanía en manos de un monarca, los únicos límites de las leyes dictadas por
éste eran los que marcaba la capacidad de resistencia del pueblo o el
contrapoder de la nobleza.[1] Como teorizó Tomás de Aquino, el pueblo tiene el
derecho de levantarse contra el gobierno que dicte leyes positivas contrarias
al derecho natural (que es el derecho fundado en la ley de Dios). Esto
significa en última instancia que el límite del legislador reside en la
resistencia popular, cohesionada en lo ideológico por el aparato religioso
cristiano.
La transformación de la sociedad
a partir de la modernidad y de las revoluciones burguesas supondrá la
introducción de un nuevo tipo de ordenamiento jurídico, y la aparición de un
concepto central del pensamiento político liberal: el imperio de la ley (rule
of law). Según esta doctrina, un estado de derecho se caracteriza por el
gobierno de las leyes, que son de obligado cumplimiento tanto para el pueblo
como para el gobierno, legisladores y jueces.
2. Delimitación del concepto de
“desobediencia civil”
Los referentes más clásicos de la
desobediencia civil, como Thoureau, Tolstoi o Ghandi, comparten la
justificación de su opción por el recurso a principios morales superiores,
prejurídicos o metajurídicos.[2] Esto significa que, para ellos, la
desobediencia se consideraba natural y legítima frente a situaciones de desigualdad
evidentes.
Thoureau, Tolstoi o Ghandi no
problematizaban el concepto, porque para ellos era obvio, y porque, o bien no
vivían en estados de derecho o bien hacían frente a patentes injusticias que
atentaban contra el principio de igualdad.[3] John Rawls tiene el mérito de
haber tratado de definir y trazar los límites del concepto en un periodo
histórico en el cual éste resulta problemático. Para Rawls, la desobediencia
civil significa que, asumiéndose lo fundamental del estado democrático de
derecho realmente existente (a pesar de sus imperfecciones), y en especial los
principios de justicia que lo rigen, se lleva a cabo una forma de disensión que
se sitúa “en el límite de la fidelidad a la ley, aunque está en el límite
externo de la misma”.[4]
No restringiéndose a los límites
de la protesta legal, sino optando por un modo de disensión más o menos suave y
desde luego pacífico, supone que en lo fundamental se asuman las reglas del
juego del pluralismo político y del estado de derecho. De ahí que se hable de
una desobediencia “civil”, un acto “cívico” (y político) del “ciudadano” que
considera su opción como la más responsable y oportuna para mejorar la sociedad
y las leyes que nos hemos dado.
Los rasgos que constituyen la
desobediencia civil como una acción cívica son:
-Su finalidad política: la
desobediencia civil aspira a la realización de un cambio político.
-Es una acción reformista.
-Las pretensiones de cambio
político se enmarcan en el respeto a los deberes de los ciudadanos y a las
reglas del juego del orden constitucional.
-Es una acción moral contra
normas arbitrarias o injustas, y la moralidad que rige la acción de
desobediencia civil es acorde con los principios de justicia razonables que
regulan el ordenamiento jurídico.
-Genera amplio consenso o es
susceptible de hacerlo. En vez de pretender imponer un criterio a la mayoría,
llama la atención de la opinión pública aspirando a una adhesión mayoritaria de
ésta a la acción.
-Es pública y abierta, es una
forma de discurso pedagógico que busca persuadir a la opinión pública.
-El desobediente (a diferencia
del resistente, que no reconoce las leyes vigentes) está dispuesto a asumir las
consecuencias legales de sus actos y el castigo previsto, pues respeta el
conjunto del ordenamiento jurídico y reconoce sus deberes como ciudadano.
-Es pacífica.
La desobediencia civil es
pacífica sin dar lugar a dudas (es exquisitamente pacífica en las formas),
precisamente porque pretende acumular fuerzas con la mayoría de la sociedad.
Eso no significa que no ejerza algún modo de “violencia” de mínima intensidad.
Habermas habla en este aspecto de una “violencia simbólica”, aunque quizás en
estos momentos afirmar algo así signifique dar argumentos a los “defensores de
la ley y el orden” que pretenderían reprimir la resistencia pacífica como una
forma de violencia y que aprovecharían cualquier excusa para elevar el nivel de
represión de la sociedad. Sea como fuere, y aun cuando asumiéramos cierta
“violencia simbólica”, todo ir más allá nos pondrá sin duda fuera del ámbito de
la desobediencia civil y dentro del campo de la insumisión o de la resistencia
violenta organizada.
La desobediencia civil puede
pretender acumular una adhesión mayoritaria porque las reformas políticas que demanda suponen de
hecho incrementar la coherencia entre las leyes positivas y los principios de
justicia que rigen el estado de derecho. Por esta razón, una acción que cumpla
con todos los requisitos para constituir desobediencia civil, no puede
considerarse sin más como un acto ilegal que debe ser castigado. Por eso dice
Habermas que la desobediencia civil es un puntal de la democracia, y “el Estado
de derecho que persigue la desobediencia civil como si fuera un delito común
incurre en la resbaladiza pendiente de un legalismo autoritario”.[5]
Como ha afirmado Jürgen Habermas,
“todo Estado de derecho que está seguro de sí mismo, considera que la
desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política,
precisamente porque es necesaria”.[6] Cuando se plantean retos nuevos
(conflictos políticos internacionales, crisis sociales, políticas o económicas,
exigencias impuestas por organismos supranacionales…) que las leyes vigentes o
expresamente promulgadas no pueden resolver de una forma satisfactoria para la
mayoría o congruentes con los principios de justicia que rigen la Constitución , los
ciudadanos que no disponen de oportunidades privilegiadas de ejercer
influencia, han de ejercer las funciones inmediatas del soberano y deben
recurrir a la desobediencia civil con la intención de dar un impulso a las
necesarias correcciones e innovaciones.[7]
3. La estrategia de la izquierda
(añadido el 29/08/2012)
¿Cuál es la estrategia de la izquierda
respecto de la desobediencia civil? Ésta constituye, como decíamos, una acción
que se sitúa en el margen (externo) de la legalidad, si bien asumiendo una
parte sustancial de ésta, los principios de justicia que regulan la Constitución , y el
sistema de pluralismo político que ésta establece. De modo que, para la
izquierda, la desobediencia civil sólo se concibe como una más de las
herramientas de una estrategia reformista (junto con las acciones legales y su
participación en las instituciones) que, no siendo incompatible con la voluntad
de transformación radical de la sociedad, marca profundamente el sentido de
esta voluntad al concebir la revolución como un proceso dilatado en el tiempo,
y no como un hecho puntual,[8] que además pasa a través de las instituciones y
asume las reglas del juego[9] para dotarse de la legitimidad democrática que
haga posible la acumulación de fuerzas y de hegemonía ideológica.
Esta estrategia, heredera de las
viejas “vías democráticas al socialismo” de los partidos comunistas
occidentales, pretende superar el binomio reformismo-revolución apelando a la
contradicción entre democracia y capitalismo. En el momento de crisis económica
actual vemos claramente que la propia democracia liberal, representativa y
limitada, se considera un obstáctulo para el progreso económico. Las
instituciones políticas se transforman a voluntad de los gobiernos para servir
a los intereses económicos del capital. El propio derecho burgués es
insuficiente para asegurar la reproducción de las relaciones de producción
capitalistas en provecho de un bloque social tradicionalmente dominante, por lo
que las clases en el poder subvierten el derecho para defender su estatus y
para dar vía libre a una política económica neoliberal que refuerza las
relaciones internacionales de dependencia entre estados centrales y
periféricos.
Frente a esta situación, el
programa de la izquierda apuesta por un modelo republicano de democracia
avanzada, sostenido por una mayoría social amplia que dote a nuestro país de
las instituciones necesarias para una salida social y democrática a la crisis.
Esta estrategia, hegemonizada por una izquierda consecuente capaz de movilizar
y orientar un bloque social amplio, y capaz de hegemonizar la lucha ideológica,
ha de situar en primer plano la contradicción entre democracia y capitalismo,
poniendo en la agenda y en el orden del día la necesidad de introducir reformas
progresistas que habrían de concluir esta primera fase (la de la revolución
democrática) en un proceso constituyente por la República federal y
solidaria.
Concluyendo con el problema que
nos ocupaba, digamos que, para la izquierda, la desobediencia civil sirve a la
acumulación de fuerzas en torno a este proyecto cuando se organiza siguiendo
escrupulosamente los puntos enumerados arriba. Los desobedientes, tienen que
vencer la oposición de las voces más “legalistas” ganándose el apoyo popular en
torno a demandas indudablemente justas y por medio de acciones pacíficas y
ordenadas, que visibilicen concretamente la injusticia. La desobediencia civil
funciona, pues, cuando desplaza el campo ideológico hegemónico, genera consenso
y transforma el sentir general en torno a una legalidad percibida como
incoherente con los principios de justicia.
El objetivo de la desobediencia
civil es la introducción de reformas parciales para el reforzamiento y
profundización de la democracia y para la transformación del derecho burgués
(que reproduce las relaciones de producción capitalistas) en un sentido
progresista y avanzado. Estas son las bases fundamentales de la estrategia para
la transición al socialismo. Refuerzan asimismo el sentido democrático y de autodisciplina
cívica y consciente, que constituyen el núcleo fundamental sin el cual la
sociedad socialista por venir resultaría imposible.
Luis Felip
Responsable de Formación del Comité
Local del PCA de Málaga y de la Agrupación "Julián Grimau".
[1] “Una diferencia entre el
constitucionalismo medieval y el moderno es que en el primero la supremacía de
la ley no estaba asegurada por controles institucionales establecidos. El freno
al gobernante que en sus juicios y edictos se oponía al sentido de justicia de
la comunidad estaba limitado en su mayor parte al derecho de resistencia por
toda o una parte de la sociedad” (John Rawls, Teoría de la justicia, Madrid:
F.C.E., 2002, p. 350.)
[2] Francisco Fernández Buey,
Desobediencia civil, Madrid: Ediciones Bajo Cero, 2005, p. 18.
[3] Para Rawls, la desobediencia
civil puede ejercerse legítimamente en el caso de que se transgreda el primer
principio de justicia, el de la igualdad, que es un principio donde todos
podemos ponernos de acuerdo (es un pilar inamovible del derecho
constitucional): “cada persona debe tener un derecho igual al esquema más
extenso de libertades básicas iguales compatible con un esquema similar de
libertades para otros”. Pero que el tema se vuelve mucho más problemático a la
hora de discutir el principio de diferencia, donde qué se entiende por una
desigualdad legítima y hasta qué punto son tolerables las desigualdades es
causa de fuertes controversias (de hecho, esta cuestión es la que divide el
espectro político entre izquierdas y derechas). Por esta razón puede existir
desobediencia civil en asuntos referentes a lo primero, pero es más difícil en
el segundo caso. Ahora bien, Rawls habla de mayor dificultad, no de que sea
imposible.
[4] John Rawls, O. Cit., p. 334.
[5] Jürgen Habermas, Ensayos
políticos, Barcelona: Península, 1997, p. 70.
[6] Ibid., p. 54.
[7] Ibid., p. 85.
[8] Eduardo Sánchez Iglesias, Del
XVIII Congreso a la
Alternativa Social , Democrática y Anticapitalista, Colección
Formación PCE nº 4, Secretaría de Formación PCE, 2012, p. 8.
[9] Ibid.
Desobediencia civil,
Estado de Derecho y la izquierda
Alberto Garzón Espinosa
Las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y
su réplica en Extremadura, han sido fenómenos políticos que han marcado la
agenda mediática en las últimas semanas, pero desgraciadamente y por lo general
los debates se han limitado a aspectos superficiales de la acción. Con ánimo de
descender hacia el fondo teórico de tales acciones el compañero Luis Felip [LF]
[2] ha escrito un post en su blog en el que reflexiona sobre el binomio legalidad
y legitimidad, trayendo al debate aspectos cruciales de lo que es la estrategia
y táctica de la izquierda anticapitalista. El objetivo, a mi entender, es
dilucidar si estas acciones son coherentes y consistentes con la acción
política de la izquierda y, en concreto, de Izquierda Unida. Mi intención es
hacer aquí algunas aportaciones a dicho debate, tratando de justificar que
estas acciones son tácticas adecuadas que se inscriben en una estrategia que
busca alcanzar una democracia real y un verdadero Estado de Derecho.
La desobediencia
civil
Los propios ejecutores de las acciones mencionadas han
defendido su proceder basándose en que eran acciones de desobediencia civil,
esto es, acciones pacíficas que se sitúan en la frontera externa de la ley.
Como nos recuerda LF, “para Rawls, la desobediencia civil significa que,
asumiéndose lo fundamental del estado democrático de derecho realmente
existente (a pesar de sus imperfecciones), y en especial los principios de
justicia que lo rigen, se lleva a cabo una forma de disensión” que se situará
en la frontera de la ley por su lado externo.
LF repasa los rasgos propios de una acción de desobediencia
civil (entiendo que siguiendo a Fernández Buey), y entre los cuales se
encuentra la existencia de una finalidad política, el respeto a las reglas de
juego, la aspiración de alto consenso en la población, la aceptación de las
consecuencias legales y su naturaleza pública, pedagógica y pacífica.
Naturalmente en la historia podemos encontrar muchos ejemplos de acciones que se
ajustan a tal descripción, siendo los más citados en estos días las acciones de
Gandhi y de Rosa Parks. La acción del SAT podría perfectamente también
enmarcarse aquí.
El otro día conversando con Máximo Pradera llegamos a una
analogía que a mi entender permite expresar lo anterior con claridad. En el
fútbol hay unas acciones que se llaman “faltas tácticas” y que no persiguen ni
hacer daño al rival ni negar la necesidad de existencia de un árbitro.
Sencillamente son acciones sancionables, es decir, son faltas, pero que buscan
un objetivo que va más allá de ese momento en el juego. En el fútbol se
realizan para romper el ritmo, para recibir amonestaciones -tarjetas amarillas-
que ajusten la estrategia de temporada de un equipo o para otros fines. La
acción del SAT, por ejemplo, se enmarca en este tipo de táctica. Dentro de las
reglas de juego es una “falta” que no busca hacer daño y para la cual se acepta
sus consecuencias legales, pero el objetivo real es una denuncia política sobre
un fenómeno (el hambre y falta de democracia económica) y una percepción (leyes
injustas, reglas de juego desiguales).
Aceptado lo anterior, la pregunta que debe formularse, a mi
entender, es en qué estrategia política se inscriben estos quebrantamientos
selectivos de la ley, es decir, qué objetivo se persigue al llevarlos a cabo.
Estado de Derecho y
liberalismo
Luis Felip nos recuerda que hasta el advenimiento de las
revoluciones de la ilustración y la concepción de Estado de Derecho, esto es,
del gobierno de las leyes, algunos pensadores como Tomás de Aquino justificaban
toda desobediencia a la ley bajo el amparo del derecho natural, la ley de Dios.
En dicho contexto institucional -monarquías absolutas- la desobediencia quedaba
justificada por concepciones morales derivadas de la religión.
Sin embargo, el advenimiento de la Ilustración nos
traería el concepto de libertad civil, que se resume en las palabras de Kant:
“nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (tal como él se figura el
bienestar de los otros hombres), sino que cada uno tiene derecho a buscar su
felicidad por el camino que le parezca bueno, con tal de que al aspirar a
semejante fin no perjudique la libertad de los demás“. Sobre este principio
nacerían dos conceptos distintos: el de Estado de Derecho y el de Capitalismo.
Por un lado el ideal de vivir al margen de las creencias de los demás pero de
acuerdo a las leyes y a la Razón ,
y por otro lado el ideal de permitir que los derechos de propiedad de los
medios de producción permitan acrecentar la riqueza individual sin ningún tipo
de intervención externa.
Esta es precisamente la tesis de actuales y brillantes
filósofos marxistas como Carlos Fernández Liria y Luís Alegre Zahonero [2],
quienes denuncian que la ideología dominante pretende hacer creer que Estado de
Derecho y Capitalismo son la misma cosa, a la vez que critican las experiencias
políticas del llamado socialismo real precisamente por olvidar que el fin más
alto del ser humano es el de convertirse en un ciudadano en el marco de un
verdadero Estado de Derecho: un Estado de Derecho socialista.
Lo que Liria y Zahonero nos recuerdan es que el ideal del
ciudadano de la ilustración y del liberalismo -la defensa de lo expresado por
Kant y que se refleja en el “libertad, fraternidad e igualdad” de la Revolución Francesa
de 1789; es decir, la utopía liberal- es incompatible con el capitalismo. Bajo
el capitalismo el Estado de Derecho se convierte en una mentira, en una
apariencia, en una simulación. El ideal de la ilustración aplicada al ámbito
económico -el famoso laissez faire y el papel de la mano invisible- anula el
concepto de ciudadano libre. Como asegura Naredo, “la principal contribución de
esa utopía liberal al mantenimiento y expansión del capitalismo fue la de
permitir la máxima libertad de acción a aquellos que detentaban el poder
económico, lavándoles la conciencia de todo escrúpulo para que guiaran su
actuación exclusivamente con arreglo a sus intereses más inmediatos de lograr
un enriquecimiento rápido” [3]. Bajo el capitalismo los ciudadanos no existen como
se espera de ellos en el ideal liberal, sino que únicamente existen
trabajadores forzados a ser alquilados por algún poseedor de medios de
producción; trabajadores esclavos de su situación de desposeídos.
La traición de ese ideal liberal, de ese proyecto de la Ilustración , llevó por
ejemplo a los anarquistas a buscar un nuevo neologismo que se ajustara a sus
pretensiones reales. Los anarquistas acogieron el término libertario para
expresar la necesidad de seguir buscando el ideal del hombre y mujer libre [4].
Noam Chomsky también reclama para sí el concepto original del pensador liberal
[5], de la misma forma que nosotros podríamos alzar nuestra voz y decir: “los
liberales no son los verdaderos liberales; son unos farsantes que aprovechando
su poder económico han usurpado nuestro lenguaje en su beneficio“. Por estas
razones Liria y Zahonero consideran que el proyecto de la Ilustración murió con
la ejecución de Robespierre en 1794 y que completar el proyecto de la
ilustración sólo puede lograrse con el socialismo, es decir, con la democracia
económica y con la supresión del ideal liberal aplicado a la economía.
No obstante, la ideología dominante, y también las prácticas
del llamado socialismo real, han llevado a una impresión generalizada de que
las pretensiones comunistas son opuestas al ideal de la ilustración. Nada más
lejos de la realidad. Como recuerda Erik Hobsbawm en su magnífico Historia del
Siglo XX, “la medalla conmemorativa del Partido Socialdemócrata alemán exhibía
en una cara la efigie de Karl Marx y en la otra la estatua de la libertad. Lo
que rechazaban era el sistema económico, no el gobierno constitucional y los
principios de convivencia“. Por entonces “el movimiento obrero socialista
defendía, tanto en la teoría como en la práctica, los valores de la razón, la
ciencia, el progreso, la educación y la libertad individual“. Pero fueron las
contradicciones propias del sistema económico las que llevaron a tal crisis
económica -la Gran
Depresión- y a tal conmoción en las masas, por lo general
poco o nada instruidas, que el crecimiento de movimientos fascistas permitió
derribar las instituciones liberales y sumir a la humanidad en la fatídica II
Guerra Mundial.
En definitiva, el Estado de Derecho y la democracia que
tenemos actualmente sólo son apariencias de lo que deberían ser. De la misma
forma que no existe una democracia real -porque la ciudadanía no tiene
capacidad de decidir sobre el poder económico- tampoco existe un Estado de
Derecho real. Y es a partir de este punto argumental donde yo entiendo que
puede conectarse toda la tradición del marxismo y socialismo clásico (Marx,
Engels, Bakunin, etc.) con los movimientos sociales actuales (decrecimiento,
democracia real ya, etc.). No se trata de superar el Estado de Derecho por algo
“mejor” sino precisamente de alcanzarlo, para lo cual es necesario superar el
capitalismo.
La estrategia de la
izquierda
Si no vivimos en una democracia real y si no estamos en un
Estado de Derecho real, entonces ¿cómo lo alcanzamos? LF apunta algo con lo que
estoy totalmente de acuerdo y que es consistente con la exposición anterior:
“la desobediencia civil sólo se concibe como una más de las herramientas de una
estrategia reformista (junto con las acciones legales y su participación en las
instituciones) que, no siendo incompatible con la voluntad de transformación
radical de la sociedad, marca profundamente el sentido de esta voluntad al
concebir la revolución como un proceso dilatado en el tiempo, y no como un
hecho puntual, que además pasa a través de las instituciones y asume las reglas
del juego para dotarse de la legitimidad democrática que haga posible la
acumulación de fuerzas y de hegemonía ideológica“.
Engels apuntaba lo mismo cuando afirmó que otra herramienta
era igualmente fundamental: “el trabajo lento de propaganda y la actuación
parlamentaria se han reconocido también aquí como la tarea inmediata del
partido” [6]. Asimismo, Engels apuntaba que “con la agitación electoral se nos
ha suministrado un medio único para entrar en contacto con las masas del pueblo
allí donde todavía están lejos de nosotros, para obligar a todos los partidos a
defender ante el pueblo, frente a nuestros ataques, sus ideas y sus actos; y,
además, abrió a nuestros representantes en el parlamento una tribuna desde lo
alto de la cual pueden hablar a sus adversarios en la Cámara y a las masas fuera
de ella con una autoridad y una libertad muy distintas de las que se tienen en
la prensa y los mítines“.
En definitiva, la estrategia de una izquierda que quiere
alcanzar la democracia real y el Estado de Derecho real y que quiere ser “capaz
de movilizar y orientar un bloque social amplio, y capaz de hegemonizar la
lucha ideológica, ha de situar en primer plano la contradicción entre
democracia y capitalismo” [LF]. Además,
esta tarea ha de hacerla tanto en la práctica como en en el discurso.
Efectivamente, y como no se cansa en recordar el compañero y profesor Pablo
Iglesias [7] la izquierda tiene que hablar con los conceptos que entiende la
gente, aquellos que están en su estructura mental y que no son otros que los
que ha insertado la ideología dominante. La ideología, no lo olvidemos, se
encarna en las costumbres, los modos de vida, la percepción de lo que está bien
y mal.
Dicho todo lo cual, no puede negarse que los actos de
desobediencia civil son un golpe extraordinario a esa misma ideología
dominante. Son un impacto en la forma que tiene la ciudadanía de comprender el
mundo. Son actos que explicados de forma pedagógica son fácilmente
comprensibles y sirven para desactivar la hegemonía de la ideología dominante.
Son actos coherentes, consistentes con el proyecto de la Ilustración y desde
luego con la estrategia socialista. Lo que las acciones del SAT han dicho ha
sido sencillamente lo siguiente: “olvídese usted de las instituciones que tiene
asumidas en la cabeza (propiedad privada, legalidad, etc.) y piense si es justo
que la gente pase hambre cuando tenemos exceso de comida; piense si es justo
que haya viviendas vacías y gente sin casa; piense en eso y reformule su
ideología y, en consecuencia, el apoyo pasivo que está haciendo al sistema
económico que no nos permite ser libres”. Actos de desobediencia civil,
pacíficos y dirigidos por el ideal de la ilustración, son en realidad la mejor
forma de luchar en el campo ideológico y de alcanzar la hegemonía gramsciana.
Han de extenderse.
Alberto Garzón Espinosa
Diputado a Cortes por IULV-CA de Málaga y militante del PCA
NOTAS:
[1] Luis Felip, además de amigo, es licenciado en Filosofía
y responsable de formación del Partido Comunista de Málaga Ciudad.
[2] Fernández Liria, C. y Alegre Zahonero, L. (2011): El
orden de El Capital. Editorial Akal.
[3] Naredo, J.M. (2003): La economía en evolución
[4] Escribía Déjacque en 1851 que “Le Libertaire no tiene
más patria que la patria universal. Es enemigo de los límites:
límites-fronteras de las naciones, propiedad de Estado; límites-fronteras de
los campos, de las casas, de las fábricas, propiedad particular;
límites-fronteras de la familia, propiedad marital y paternal. Para él, la
humanidad es un solo y mismo cuerpo en el cual todos los miembros tienen un
mismo e igual derecho a su libre y completo desarrollo, sean los hijos de este
o del otro continente, pertenezcan a uno o a otro sexo, a tal o cual raza”.
[5] Chomsky, N. (2005): El gobierno en el futuro. Editorial
Anagrama.
[6] Engels, F. (1895): Prefacio a las luchas de clases en
Francia de 1848 a
1850. Disponible en
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
[7] Iglesias, P. (2012): La izquierda ha de dirigirse a la
gente común. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153781
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