jueves, 13 de septiembre de 2012

Elena Cortés presenta el "Programa andaluz en defensa de la vivienda" con el objetivo de combatir los desahucios


Con urgencia, en el plazo de pocas semanas, cada una de las ocho delegaciones provinciales de la Consejería de Fomento y Vivienda tendrá oficinas para atender a los afectados por desahucios, intentar frenar estos procesos y asesorar a quienes estén inmersos en ejecuciones hipotecarias. El plan fue detallado ayer por la consejera, Elena Cortés, que también anunció su intención de que las familias que pierdan sus casas sean alojadas en pisos del parque público residencial.
Cortés presentó en comisión parlamentaria el llamado "Programa andaluz en defensa de la vivienda", con tres áreas de trabajo. La primera, de prevención, para informar y asesorar a los ciudadanos que vayan a contratar una hipoteca, aunque de forma "no neutral", dijo, para "alentar otros modelos de tenencia distintos y sobre todos, el alquiler" frente al "modelo fallido de construcción y compraventa".
Una segunda tarea será la intermediación ante a las entidades financieras, "acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo", para asesorarles e intentar conseguir las mejores condiciones posibles para liquidar las deudas.
Por último, las oficinas ofrecerán protección, "para aportar una solución concreta a aquellas familias que tras la pérdida de su vivienda habitual se encuentren en riesgo de exclusión social».
Cortés anunció una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para llegar a un convenio de modo que las viviendas del parque público residencial se pongan a disposición de realojados, en régimen de alquiler social.
La Junta, recordó, trabaja en soluciones para hacer aflorar el stock de viviendas sin vender. Lamentó que "el Gobierno central ha propiciado más desahucios y no ha puesto en marcha ni una sola medida contundente que vaya al rescate de familias sobreendeudadas" y rechazó el anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas que, a su juicio "provoca más desahucios".
Las oficinas serán atendidas por funcionarios especializados y estarán abiertas en un brazo de pocas semanas, para dar respuesta a una situación que Elena Cortés consideró de emergencia social. La Junta, dijo, "no tendrá neutralidad" ante estas situaciones.

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