Secretaría de Movimiento Republicano
El próximo 14 de Abril conmemoramos el 81 aniversario de la
proclamación de la II
República. Lo hacemos en unos momentos de recortes en los
derechos sociales y de limitación de las libertades colectivas e individuales
nunca antes conocidos tanto por su profundidad como por el corto espacio de
tiempo en que se están produciendo.
Las políticas neoliberales aplicadas primero por el gobierno
de Zapatero y ahora por el del PP, al servicio ambos de los intereses del
capital financiero y especulativo, han profundizado la crisis económica y
empeorado las condiciones de vida de las gentes trabajadoras creando una
situación sin precedentes en cuanto a desempleo, precariedad laboral, aumento
de la pobreza y de la exclusión social.
Las reformas que se están implementando, con la excusa de la
salida de la crisis, pretenden cambiar el modelo de relaciones sociales que
conocíamos hasta ahora y acabar con el estado social y de derecho que era la
base de las democracias occidentales desde el fin de la segunda guerra mundial.
La pérdida de derechos laborales y sociales, la privatización de servicios
públicos esenciales puestas en práctica con las dos últimas reformas laborales
y otras medidas del gobierno nos llevan a un nuevo modelo de relaciones
sociales donde prima la “ley del más fuerte”, el ideal del liberalismo
político. A esta peligrosa deriva social se une la descarada intromisión del
capitalismo transnacional en la soberanía nacional. El chantaje de los
“mercados” a los países europeos, especulando primero con la deuda pública,
imponiendo luego condiciones draconianas para su pago y gobiernos tecnocráticos
para su cumplimiento junto a la sumisión a los mismos del conjunto de los
gobiernos europeos y de la UE
ponen también en peligro el propio régimen democrático tal y cómo lo hemos
venido conociendo.
La última reforma de la Constitución del 78 ha constitucionalizando al
neoliberalismo al poner por encima de cualquier consideración el pago de la
deuda externa, la sumisión a los “mercados”, con ello, las fuerzas al servicio
del capital financiero especulativo han dinamitado el pacto constitucional y
convertido en papel mojado el estado social y de derecho que proclama dicha
Constitución.
Una ruptura política pero también social, especialmente
social, como esta crisis permanente nos esta demostrando. El actual marco
jurídico, político y administrativo sustenta y posibilita el que las clases
trabajadoras somos ahora más pobres y las clases dominantes más ricas.
Esto significa hoy la imposibilidad de encontrar un empleo
digno, una vivienda y emanciparse, menos servicios sociales, deterioro de la
educación y la sanidad... , significa un retroceso sin precedentes en derechos
sociales, laborales y políticos, un cambio de régimen que nos retrotrae al
siglo XIX.
La juventud sabe especialmente bien de que estamos hablando
y por eso están empezando a protagonizar movilizaciones ante la ausencia de un
futuro medianamente certero. Sus vidas están condenadas a la precarización y la
explotación y nadie les habla de que la situación va a mejorar. Más bien al
contrario.
El Partido Comunista de España no se resigna, no acepta como
irremediable el actual estado de las cosas y estamos convencidos que conectamos
con la mayoría de la sociedad cuando decimos que la crisis no puede recaer en
las espaldas de los más débiles, el resultado de las pasadas elecciones
andaluzas y asturianas, el éxito de la Huelga General nos
muestran el camino: la movilización y la resistencia son nuestras armas, por
eso desde el PCE venimos proponiendo una salida social y democrática
anticapitalista a la crisis que construya en torno a ella un bloque social
mayoritario que permita una salida de la crisis que ponga la economía al
servicio de las personas trabajadoras y no al del capital, que recupere y
profundice derechos en vez de eliminarlos, que priorice la creación de empleo
estable y de calidad y no el pago de la “deuda”.
A principios del siglo XX la idea de la República significaba
para los trabajadores y trabajadoras un régimen que reconocería derechos
laborales, sociales y políticos y que mejoraría sus condiciones de vida, su
proclamación en 1931 y la
Constitución que aprobaron las Cortes confirmaron sus
esperanzas. La II
República española, una república de trabajadores y
trabajadoras, fue destruida por las clases dominantes por atreverse a intentar
acabar con los privilegios de unos pocos para poner la economía al servicio del
ser humano, de las mayorías sociales.
Hoy, a principios del siglo XXI La República de España
vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera
democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de
la riqueza. La República
de España debe ser la solución al empleo, a los desahucios y al dominio de la
banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que hoy angustian a millones de
españoles.
Somos una tierra de recursos y gente trabajadora. España es
rica pero desigual, muy desigual, baste decir que las grandes empresas
defraudan cada año 62.480 millones de euros ¡cada año! En comparación cabe decir
que el primer gran recorte de Rajoy ha sido de unos 14.000 millones. Hay
dinero, hay riqueza, hay posibilidades, pero están muy mal repartidas y
dirigidas.
Pan, trabajo y libertad pedíamos en el proceso constituyente
que concluyó con el texto de 1978 que estableció la Monarquía Parlamentaria.
Esas mismas cuestiones son las que hoy nos apremian a alumbrar un nuevo proceso
constituyente hacia la
III República de España, que va a posibilitar una Jefatura
democrática del Estado pero que, sobre todo, está llamada a acortar la brecha
social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y
a constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos.
En ese proceso constituyente ya trabajamos multitud de
colectivos y organizaciones republicanas como pudimos ver recientemente en el
encuentro republicano celebrado en Madrid el pasado 21 de enero y en el cual se
constituyó la Junta
Estatal Republicana.
Llegamos también a este aniversario de la proclamación
republicana en España con una Casa Real en sus momentos más débiles. Hasta tal
punto esto es así que se han visto obligados a dar a conocer por primera vez el
destino de la cantidad de libre disposición que contemplan los Presupuestos
Generales del Estado para la
Jefatura del mismo.
A esto hemos llegado no por dignidad democrática, no por
presión popular a pesar de las miles de firmas de ciudadanos que pedían
transparencia en las cuentas públicas. Hemos llegado a esto porque la sombra de
la corrupción ha aparecido, públicamente por primera vez, en la Casa Real.
Este asunto ha puesto el foco en situaciones que antes
pasaban más desapercibidas como los dos millones de euros que nos cuesta
mantener el complejo de Marivent para que la Familia Real pase sus
vacaciones. El caso Urdangarín, que no hay que olvidar que es una pieza del
caso “Palmarena”, va a hacer que se sea menos condescendiente socialmente con
los despilfarros de la
Monarquía y su entorno y ha abierto interrogantes que
precisan respuesta.
Más allá de la condena o no del personaje, está en juego el
Estado de Derecho y la dignidad de una institución que se supone está al
servicio de España. En este sentido es muy conveniente saber si el Rey intentó
tapar los presuntos actos delictivos de su yerno cuando lo envío a EE.UU. como
también sería bueno conocer si todos o algunos de los miembros de la Familia tienen cuentas en
el extranjero y, por supuesto, de dónde provienen esos ingresos de esas cuentas.
Cada 14 de Abril los demócratas españoles tenemos una
obligación de merecido homenaje a aquellos que defendieron la democracia frente
al golpe de Estado de 1936. Los que la defendieron antes del golpe, los que lo
hicieron durante el mismo y aquéllos y aquéllas que lucharon por la democracia
en los 40 años de dictadura y entre ellos y ellas, especialmente a los miles de
comunistas que perdieron sus vidas o parte de ellas en los muros de los
cementerios, en las cunetas, en los frentes de batalla de Europa, en los campos
de exterminio nazis y en las cárceles franquistas.
Sin embargo, esto no será posible si miles de ellos y ellas
siguen “desaparecidos” en cunetas y fosas indignas. Mientras que el Estado no
asuma su responsabilidad, no cumpla con los convenios y tratados
internacionales, por uno de los mayores genocidios de la historia
contemporánea, no podremos pasar esa página de la historia, desde aquí seguimos
exigiendo, verdad, justicia y reparación.
El Partido Comunista de España rechaza la sentencia del
Tribunal Supremo en todos aquellos extremos que no se refieran a lo que
realmente estaban juzgando y para lo que se han establecido las oportunas
garantías procesales, es decir, no consideramos competente a ese tribunal para
juzgar los crímenes de la dictadura porque no ha puesto en marcha los
mecanismos que marca la propia Ley para Juzgarlos. Estos son los
correspondientes derechos de las víctimas para personarse y dar su opinión
sobre el proceso y los asuntos que se juzgan.
Ningún tribunal está legitimado para emitir sentencia alguna
sin seguir un procedimiento que garantice los derechos procesales de las
víctimas. Dicho más claro, el citado tribunal no puede dictaminar, como ha
hecho, que los crímenes del franquismo no son considerados delitos contra la
humanidad sencillamente porque no estaba juzgando eso. Este tribunal se ha
extralimitado concientemente de aquello que estaba juzgando y para lo que había
establecido los mecanismos garantistas de nuestro ordenamiento jurídico.
Las autoridades judiciales debieran actuar ante tal tropelía
pero mucho nos tememos que no va a ser así. De ahí que hayamos decidido obviar
todos aquellos extremos de la sentencia que no se refieran al asunto juzgado,
la prevaricación o no del Sr. Garzón al investigar los crímenes del franquismo.
Seguimos pidiendo tutela judicial para aquéllos y aquéllas
que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes, seguiremos intentando la
reparación judicial y a todos los efectos de los que fueron juzgados y
asesinados tras juicios sumarísimos, y continuaremos buscando la manera de que
los crímenes del franquismo sean considerados como lo que realmente son,
delitos contra la humanidad y por lo tanto, siguiendo la doctrina del propio
Supremo, delitos que deben ser conocidos, perseguidos y condenados por parte de
los Tribunales de Justicia.
No olvidamos a los héroes de la democracia en este nuevo 14
de Abril, les rendimos el sentido homenaje que merecen y que en muchas
ocasiones les han negado instituciones y partidos que se reclaman democráticos.
Sin duda la necesidad de abrir el proceso constituyente
republicano está más extendido hoy que cuando hace un año celebramos el 80
aniversario. El empobrecimiento de la población, la falta de futuro y la
reducción de servicios que creíamos para toda la vida están acrecentando esa
necesidad. La República
que viene es el marco económico, social, político, cultural e institucional del
que los ciudadanos y ciudadanas se dotan libremente y por el que se consienten
para afrontar los problemas y sus soluciones. Es la respuesta a la injusticia y
el desequilibrio social.
Es momento de unir esfuerzos en la idea común de la apertura
del proceso constituyente republicano, a esa tarea nos vamos a entregar los
comunistas y a esa tarea animamos a todos y a todas.
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