Cayo Lara
Coordinador Federal de IU y presidente del Grupo La Izquierda Plural
Frente al mayor ataque de la historia, es esencial la
defensa de los trabajadores públicos y, por tanto, de los derechos de los
ciudadanos. He manifestado esta declaración de principios en no pocas
ocasiones, pero una de ellas tenía una justificación añadida. Y es que, muy
pocas horas después del terremoto de Lorca, que asoló vidas y enseres, pudimos
comprobar de manera fehaciente de qué hablamos cuando hablamos de lo público.
Allí estaban el Ejército, los bomberos, personal médico, las distintas policías,
técnicos evaluando los daños, etc.
Los elogios que, justamente, mereció este despliegue de
recursos, contrastaban con las críticas que, durante el verano de 2005, mereció
la administración Bush por su aptitud incompetente frente a los efectos
provocados por el huracán Katrina en Misisipi y Luisiana. A los que no vimos,
ni en EEUU ni en Lorca, fue a los mercados, ni tampoco los esperaba nadie.
Viene este recordatorio a propósito del muy interesado empeño que, desde
diversos sectores, se está desplegando para acabar con lo público.
¿Es más eficaz lo privado que lo público? En primer lugar
hay que desmontar el mito de que la administración española está muy
sobrecargada. En una comparativa rápida con su entorno los datos son
elocuentes, mientras que los empleados del conjunto de la Administración
suponían en 2008 el 12,3% del total de trabajadores, en Italia era el 14,3%; en
Reino Unido el 17,4%; y en EEUU el 14,6%; y en Dinamarca y Noruega superaba el
25%, según la OCDE ,
que cita datos de 2008. Estos son los datos, más allá de manipulaciones
interesadas.
A quienes se empeñan en satanizar el papel del Estado y de
lo público, habría que recordarles que las dificultades de los estados han
llegado como consecuencia del esfuerzo realizado ante el volumen de los problemas
de los bancos. Todo ello nos sitúa ante una gran paradoja cargada de cinismo:
tras haber salvado estos a los grandes bancos de una quiebra segura, para lo
que han tenido que endeudarse gastando enormes cantidades de dinero, los
estados son acusados ahora de despilfarradores. Las agencias de calificación de
riesgos, esas empresas privadas que actúan a su conveniencia y antojo sin
regulación alguna, obviaron los tejemanejes utilizados por otros entes también
privados (como Enron, Lehman Brothers, etc.), pero se empecinan en reducir a la
categoría de fallidas las posibilidades y expectativas de países.
Hoy en día, conceptos como el de evaluación de políticas
públicas, calidad democrática o eficiencia social están siendo borrados de
nuestro acervo colectivo. Los mercados y las políticas de derechas han dejado
aparcada la necesidad de fortalecer el sistema democrático y mejorar la
eficacia de sus administraciones, ¿para qué si lo que se pretende es reducirlas
a su mínima expresión? Leo en un estupendo monográfico de la revista TEMAS de
noviembre de 2010: “La evaluación de políticas públicas trata de conectar
criterios de democracia y mecanismos de control y eficiencia, entendiendo que
esta última, en el sector público, no puede concebirse simplemente a partir de
los criterios de mercado, que deben equilibrarse con otros elementos de valor
propios de este ámbito: como las ideas de equidad, cohesión social,
solidaridad, corresponsabilidad, cooperación institucional…”.
Qué cerca y qué lejos queda ya esa fecha. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, señaló recientemente con ocasión de los malos datos
del paro y de afiliación, como elementos que ponen “en cuestión la
sostenibilidad del Estado del bienestar”. De Guindos, que antes que ministro
fue banquero a sueldo de los hermanos Lehman, parece no conceder importancia al
hecho de que, como consecuencia de la enorme sangría sufrida por las arcas del
Estado para salvar a los suyos de sus propios fiascos, se ha inutilizado una
enorme cantidad de recursos económicos que serían muy necesarios para el
relanzamiento de la economía productiva y el empleo desde lo público. Por
tanto, las “dificultades de financiación” que esgrimen los informes de la CEOE como principal problema
al que se enfrentan las empresas españolas tienen nombre y apellidos.
A finales de la década de los setenta empezó a ser
cuestionado el consenso social y político en el que se fundamentó el Estado del
bienestar. Al merme fueron eliminando coberturas hasta recrear en una buena
parte del imaginario colectivo un perfil borroso acerca de su eficacia y razón
de ser. Así y todo, el último barómetro del CIS nos confirma que sobre las vías
para mejorar la situación económica del país, la mayoría de encuestados declara
preferir las políticas de inversión en obras públicas y servicios sociales,
aunque haya que subir los impuestos, frente a las políticas de reducción del
déficit y deuda pública. Otra cuestión no menos relevante es que para la gran
mayoría, los principales responsables de la crisis son los bancos.
Sostenía Grover Norquist, asesor económico de Bush en 2004:
“No quiero acabar con el Estado; sólo quiero hacerlo tan pequeño que pueda
ahogarlo en una bañera”. Cristóbal Montoro, orientador y nutricionista
económico de Rajoy, encamina ya sus pasos hacia el “adelgazamiento” del sector
público. Un nuevo expolio está servido. Pero eso sí, con la garantía de que los
“eventuales procesos de privatización” de empresas públicas que presten
“servicios cuya naturaleza sea compatible con una prestación más eficiente para
el ciudadano por parte del sector privado” se harían “con total transparencia y
evaluación independiente” Son palabras como terremotos, ideología pura.
Fuente:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4687/%C2%BFdonde-esta-la-eficiencia/
No hay comentarios:
Publicar un comentario