Izquierda Unida en la Diputación provincial hará una oposición contestataria, radical, rigurosa y constructiva

El pasado jueves, 23 de junio, tuvo lugar la constitución de la nueva corporación provincial donde se visualizaba el avance de la derecha orgánica del actual régimen neoliberal que reparten PP y PSOE, donde las políticas de recortes de derechos sociales, laborales y culturales, de empobrecimiento generalizado de la ciudadanía que trabaja y de degradación de las libertades democráticas, que son asfixiadas con un bipartidismo corrupto y defensor al ultranza de especuladores y financieros, tendrán su expresión en las políticas de la propia Diputación Provincial.

Frente a este escenario de ofensiva neoliberal es donde Izquierda Unida se erige con el difícil papel de constituirse en la última frontera de resistencia política e institucional al Capital. Y ese difícil y complicado papel es el que nuestros tres diputados en la Diputación, Antonia Morillas, Pedro Fernández Ibar y Miguel Díaz, deberán saber concretar. En el discurso que realizó la compañera Toni Morillas este día dejó claramente cuales son las intenciones del grupo de la izquierda en esta institución, una  oposición contestataria, radical, rigurosa y constructiva.

A continuación reproducimos el discurso presentado por IULV-CA en el mencionado evento:

En primer lugar, nos gustaría felicitar a todos los grupos políticos por los resultados electorales obtenidos, al PP y a Elías Bendodo por su elección como presidente y dar las gracias, muy especialmente, a las 83.517 personas que han confiado en el proyecto político de Izquierda Unida. A ellas nos debemos y esperamos ser útiles en la labor de oposición, de la misma manera que lo hemos sido en la acción de gobierno con Miguel Esteban y Encarnación Páez a la cabeza.

Esta Corporación se constituye en un momento de crisis del sistema capitalista con escasos precedentes históricos y con un alcance y duración impredecibles. Una crisis provocada por los poderosos, por las oligarquías financieras y sus políticos cómplices, cuyo principio de acumulación y de obtención del máximo beneficio ha provocado que hoy, alcancemos las más altas tasas de desigualdad social y económica. Hoy, gracias a las políticas neoliberales, los ricos continúan siendo más ricos, a costa de los derechos de las clases trabajadoras, que hemos pasado a engrosar las largas filas de la exclusión social, el paro y la precariedad.

Políticas como la Reforma laboral o la reforma del sistema de pensiones han sido  hechas mirando a los bolsillos de los mercados en lugar de a los ojos de la ciudadanía, laminando el mal llamado Estado del Bienestar, destruyendo derechos conquistados por nuestras madres y nuestros padres y cargando sobre las espaldas de l@s trabajador@s la responsabilidad de una crisis que no hemos generado y de un modelo del que no nos hemos beneficiado. Esta provincia tiene una de las mayores tasas de desempleo del Estado: un 31% de malagueños y malagueñas están en paro. Y ante esta dramática cifra, las políticas articuladas han pasado por asfixiar a los ayuntamientos que son precisamente las instituciones más próximas al ciudadano.

Al mismo tiempo, asistimos a una de las mayores crisis de legitimidad del actual modelo de democracia representativa. Una democracia, cuyos instrumentos de intervención política se han mostrado manifiestamente insuficientes y ante los cuales la ciudadanía está rebelándose. Por fin están revelándose. Rebelándose ante un sistema que solo reclama su opinión cada 4 años en procesos electorales, en el que los programas-contrato con los que los partidos se presentan a las elecciones carecen de carácter vinculante, al tiempo que las decisiones que afectan a la vida cotidiana de la gente en sus barrios, sus pueblos y sus centros de trabajo, se adoptan en esferas multinacionales que escapan al control democrático, con el beneplácito y la complicidad de los máximos responsables políticos de nuestros gobiernos. ¿Qué legitimidad democrática tienen, por ejemplo, la Reforma del sistema de pensiones, no contemplada en los programas electorales de los partidos que le dieron su voto favorable en el Congreso de los Diputados? ¿Qué legitimidad democrática tiene, ese Pacto del Euro,

que va a comprometer a los gobiernos en la reducción de los gastos sociales y sanitarios, convirtiendo a nuestros alcaldes en meros funcionarios a las órdenes de Bruselas?

Afortunadamente hemos entrado en una escala de  movilizaciones sociales.

Las voces de indignación que se han escuchado en las calles en este último mes al son de “no nos representan” o “lo llaman democracia y no lo es”, están trasladando un mensaje claro a las instituciones y a los representantes políticos que estamos en ellas. Un mensaje que no puede pasar inadvertido y del que esta Diputación provincial debe hacerse eco y tomar nota. Un mensaje que señala a los culpables de la crisis, a sus cómplices en las instituciones y que reclama la política como un derecho de ciudadanía. El Movimiento del 15M, que tomó las plazas y ahora está extendiéndose a pueblos y barrios de las ciudades ha sacado tarjeta roja al sistema y ha marcado una agenda política, que han de hacer suya los representantes electos del pueblo, que son los tan criticados políticos. Una agenda  política que sitúa la necesidad de la radicalidad democrática en su sentido más amplio como una prioridad inaplazable, como la única garantía de que la política esté al servicio del interés general, que no es otro que el interés de las mayorías sociales, trabajadoras y precarias.

Y esa va a ser la hoja de ruta de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga, tal y como lo ha sido durante los años en los que hemos participado en el gobierno provincial, desde la coherencia máxima con nuestro programa político y el compromiso expreso con el municipalismo solidario. Nuestra oposición va a ser contestataria, radical, porque va a ir a la raíz de los problemas de la ciudadanía en nuestra provincia, rigurosa y constructiva.

Nuestras prioridades:

1. La Democracia participativa. Como proceso y apuesta estratégica, que exige la apertura de reformas de las administraciones públicas que pasen por la desaparición de las diputaciones provinciales y por una mayor descentralización económica y competencial hacia las corporaciones municipales, de manera que garanticemos la prestación de servicios públicos, la cohesión social, la solidaridad y el equilibrio territorial.

No obstante, mientras que las Diputaciones existan, desde Izquierda Unida continuaremos defendiendo que la prioridad de la Diputación malagueña sea la prestación de servicios públicos, la asistencia técnica y económica a los municipios de la provincia y muy especialmente a los menores de 20.000 habitantes, que no solo son la mayoría de la provincia, sino que además, son los que mayor déficit de recursos y servicios a la ciudadanía tienen.

En esa línea de profundización de la descentralización y de la democracia, continuaremos apostando por la consolidación y mejora de la Concertación, como modelo de gestión y relación con los ayuntamientos, basado en el diálogo, la horizontalidad y la cooperación en red, que tanto ha servido en esta pasada legislatura al reforzamiento de la autonomía local en la definición de prioridades a las que destinar los recursos públicos. Asímismo, entendemos la Concertación como un proceso de descentralización democrática que ha de ir más allá de los propios ayuntamientos y ha de llegar a la ciudadanía que habita nuestros pueblos, de modo que sea esta la que a través de la implantación de los presupuestos participativos, discuta y decida el destino de los recursos públicos, también de aquellos que provienen de las arcas de  la Diputación provincial.

2. La apuesta por el empleo y por el cambio profundo en el modelo productivo de la provincia. Apostaremos por la continuidad del Acuerdo de Responsabilidad Social por la economía, la innovación y el empleo en la provincia. Entendiendo que desde el diálogo con los agentes institucionales, sociales y económicos, es posible marcar estrategias colectivas que promuevan la diversificación de la actividad productiva  y la generación de más empleo, más estable y de mejor calidad en la provincia.

3. La defensa del derecho a una vivienda digna y asequible, impulsando la construcción de viviendas públicas a través de EMPROVIMA

4. La defensa de unos servicios públicos de calidad, eficientes y sostenibles que garanticen el  acceso universal a los mismos. Nos opondremos a cualquier política de austeridad que pase por la eliminación o reducción de los servicios públicos que esta Diputación presta a los municipios de la provincia.

5. Continuaremos exigiendo que la gestión de los residuos y de un bien tan preciado como el agua, siga haciéndose desde lo público. Oponiéndonos a cualquier intento de privatización.

6. La apuesta por las políticas de fortalecimiento comunitario y de vertebración social en los municipios de la provincia que hasta el momento eran impulsadas desde las áreas Juventud, de Medio Ambiente, Oficina de Presupuestos Participativos, abanderando la puesta en marcha de procesos de Democracia Participativa.

7. La defensa de las políticas de solidaridad con los pueblos del mundo, con aquellos que han sido expoliados por las políticas de ajuste estructural y por la desigualdad distribución de la riqueza. Continuaremos apostando por fortalecer el tejido no gubernamental de la provincia y las políticas de cooperación descentralizada, ahora más que nunca.

Por último, trasladarle al equipo de gobierno entrante del PP que vamos a estar alerta, que vamos a fiscalizar con detalle su gestión. En la medida que apuesten por lo público, por las políticas activas por general empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros municipios u la ciudadanía, nos encontrará a su lado. Pero si por el contrario apuestan por la privatización y por la tierra quemada por las que han optado en otras administraciones en las que gobierna, encontrarán nuestra oposición.

Málaga a 23 de Junio de 2011