Resolución aprobada por unanimidad en el Comité Local de Málaga Ciudad del Partido Comunista de Andalucía, ampliado a los comités de Agrupación. 23 de mayo 2012.
Ante
el Plan de Ajuste Presupuestario de la
Junta de Andalucía y ante el proceso de conformación de la
participación en el Gobierno de la
Junta de Andalucía.
El 22 de Mayo l@s militantes del
Partido Comunista nos movilizamos junto con decenas de miles de estudiantes,
profesores, personal no docente y padres y madres de alumn@s secundando las
movilizaciones que acompañaron la convocatoria de Huelga General en defensa de la Educación Pública.
Entendemos que la Educación y la Sanidad se han convertido
en la diana de las políticas neoliberales que pretenden recuperar el proceso de
acumulación capitalista detenido por la recesión económica a base de desmontar lo poco que queda en
nuestro país de estado social.
Las excusas para recortar el
gasto público en servicios esenciales para la población (y más en la actual
situación de depresión económica) se encuentran constitucionalizadas y
legalizadas a partir del acuerdo que alcanzaron PP y PSOE para establecer el
déficit cero, garantizando, eso sí, que no habrá límite para garantizar el pago
de la deuda externa de España.
Mientras que hay dinero, y mucho,
para socializar las pérdidas de Bankia (en un mal llamado proceso de
nacionalización), no lo hay para garantizar el acceso a los servicios públicos
que son derechos sociales básicos.
Esta es la
estrategia neoliberal que se impone desde Europa, que pierdan los ciudadanos
para que todos los que invirtieron en nuestro país en la especulación del
ladrillo creando la burbuja inmobiliaria no pierdan ni un céntimo. Es importante resaltar que las presiones sobre
la deuda española no provienen de lo mucho que el Estado gastó en políticas
públicas. En el monto total de la deuda de nuestro país, sólo el 30%
corresponde al Estado y a las familias, y el resto es deuda privada. En ese 70%
se incluye lo que se debe, a título de ejemplo, a la banca alemana que prestó
150.000 millones de euros para operaciones de especulación inmobiliaria en los
litorales españoles con sus correspondientes derivados financieros tóxicos.
Por otra parte, se encuentran los
disparatados intereses que España tiene que abonar por colocar su deuda pública
y que ha alcanzado el record de un 6% en los últimos días. Es importante tener
en cuenta que cada vez que sube un punto el interés de esa deuda, el Gobierno
sufre un coste en torno a 1.000 millones de euros, que se sumarán un déficit
que se saldará con nuevos recortes en otros gastos.
Esas, y no otras, son las deudas
que Europa quiere que se le garanticen, y el Gobierno de Rajoy está dispuesto a
hacerlo.
Estos elementos los queremos traer a colación para recordar que la
situación de recesión económica y la estrategia de recortes públicos son una
estrategia a largo plazo y no situaciones de coyuntura reversibles en el corto
plazo.
Desde el Partido Comunista e
Izquierda Unida siempre hemos tenido claro que este estado de cosas no se
resolverá sino con la más amplia movilización social y política que permita
cambiar la lógica del sistema y salir por la izquierda, sabiendo que no es
posible contemporizar con las políticas neoliberales y por eso llamábamos, ayer
y hoy, a la Rebeldía ,
queriendo ser desde nuestras posiciones políticas el referente de la misma.
En este contexto, el pasado 14 de
mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía decidió
aplicar un recorte en los Presupuestos de 2.700 millones de euros, acomodándose
a las directrices del Gobierno de Rajoy. Este recorte se ha hecho recaer en el
conjunto de los trabajadores públicos andaluces, pero que tendrá una especial
incidencia entre los de la sanidad y la educación. Además de llevar a cero las
inversiones en obra pública.
Dicha medida sobrevolaba desde
hace meses, y no se puede alegar que fuera una situación sobrevenida. Cuando se
negociaba el pacto de Gobierno PSOE-IU en varios de los encuentros de debate
organizados en torno al mismo se preguntó específicamente por esta cuestión, y siempre
quedó claro que las líneas rojas intocables eran no recortar en sanidad y
educación.
En términos prácticos, la
asunción de la disminución de los 2.700 millones del Presupuesto supondrá:
-El incremento de la jornada
laboral para el personal al servicio de la JA a 37,5 horas.
-Reducción significativa de la
masa salarial de esos trabajadores a partir de la eliminación de complementos y
ayudas.
-Incremento de la precariedad y
pérdida de derechos sociales adquiridos.
Además, se destruirá empleo
público, porque la aplicación conjunta de las medidas, significará la no
renovación de 4.827 funcionarios interinos del sector de la educación y en el
sector sanitario una perdida similar aunque no cuantificada por el momento. Por
tanto, no es cierto que se esté defendiendo el empleo.
Todo esto se ha hecho, además,
sin negociación previa con los Sindicatos.
Habría que
tener presente, que la cantidad a recortar en el Presupuesto Andaluz se produce
como consecuencia de haber previsto unos ingresos mayores que los que
finalmente se han generado, y de ahí el descuadre. Ese recorte no contempla la
afectación que para la sanidad y la educación va a suponer el tijeretazo
aprobado por el Consejo de Ministros de 30.000 millones, de los que a Andalucía
le tocaría absorber en torno al 25%. Este nuevo recorte contempla medidas como
las previstas en el real decreto 14/2012, que ha motivado la huelga general de
educación del 22 de mayo y que supone, subidas escandalosa de tasas
universitarias, reducciones de becas y obstáculos para acceder a las mismas.
También contempla el copago sanitario
para jubilados y pensionistas (tendrán que pagar el 10% en los medicamentos) y
para trabajadores-as en activo (pasan a pagar del 40 al 50% de los medicamentos),
y deja fuera del derecho a la asistencia sanitaria a inmigrantes no
regularizados.
Los recortes
presentes o por venir ni son justos ni necesarios, porque no son la solución ni
siquiera parcial de los problemas de nuestra economía. Aceptarlos, supone
comulgar con la lógica neoliberal y eso no está ni en nuestro ideario ni en
nuestro programa. Y por tanto, no puede ser el condicionante para la
permanencia de IU en el Gobierno andaluz.
No es para eso para lo que nos
presentamos a las elecciones ni coincide con lo planteado en el Acuerdo
Programático que alumbró la entrada en el Gobierno de Andalucía. Sin embargo, y
sin contar ni con la opinión de ningún órgano ni del Partido ni de IU y sin la
más mínima explicación previa, los miembros del Consejo de Gobierno de la JA votaron a favor de dicho
recorte.
En estos días hemos vivido una
fractura con el tejido social con el que hasta ahora veníamos compartiendo
luchas, objetivos y esperanzas. Es indispensable recuperar la confianza de
todos aquellos para los que nos hemos venido convirtiendo en referentes de sus
aspiraciones. Y debemos ser conscientes de que lo que está en juego es el futuro del proceso de acumulación de fuerzas
que Izquierda Unida y el PCE están protagonizando en el conjunto de España.
Por todo lo anterior, solicitamos
a los órganos del Partido en Andalucía que trasladen a IU la necesidad de la
construcción participada, junto a los sindicatos y movimientos sociales, de un
Plan alternativo que concrete nuestra propuesta de una salida social a la
crisis. Y en el que estén claramente delimitadas cuáles serán las líneas rojas
que supondrían el voto en contra de IU en caso de nos ser aceptadas por el
PSOE.
Asimismo constatamos con
preocupación la pérdida de debate y conformación colectiva de la participación
en el gobierno de la Junta
de Andalucía no sólo en este caso, la ausencia de estrategias claras de comunicación internas y desde el
gobierno,
Por ello es urgente que la Organización y sus
órganos legítimos recuperen el ejercicio de sus competencias de debate y
adopción democrática de acuerdos y decisiones, estableciendo las directrices
para los compañeras/os que desempeñan responsabilidades institucionales (de
gobierno o parlamentarias) en todos los niveles.
Es urgente también que el Partido
en Andalucía ejerza sus funciones, se reúna y debata trasladando propuestas y
posiciones a IULV-CA para rectificar la actual deriva, marcando con claridad
que la participación en el gobierno debe basarse y supeditarse a:
-La coherencia con política de lucha contra los recortes
sociales. Esta es insostenible desde la estrategia de “Un programa, una
política un gobierno”.
-La democracia participativa como
eje vertebrador de nuestra práctica.
Nuestrra política debe ser
elaborada participativamente
-Con los agentes sociales
-En la Convocatoria Social
Alternativa que debe jugar un papel central
-En el partido e IULVCA
Por último constatamos el
debilitamiento de dirección política en IULVCA y la necesidad de acometer en el
plazo más breve posible (en este año) la renovación y fortalecimiento de la
misma.
Comité Local del PCA de Málaga ciudad
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