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sábado, 12 de mayo de 2012

Los profesionales de la sanidad de Málaga se movilizan para denunciar unos recortes del PP que empeoran la asistencia y la salud pública


También los recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy en Sanidad, en la que quieren de eliminar este año 7.000 millones de euros, supondrán indudablemente un empeoramiento de la asistencia sanitaria y de la salud pública a la mayoría del pueblo. Así lo denunciaron el pasado jueves, que coincidió con la jornada de lucha en la educación también muy afectada por los injustos recortes, los sindicatos del sector en una concentración celebrada en la puerta del pabellón A del Hospital Carlos Haya, que congregó a más de 1000 personas, y que contó con la presencia de representantes de CCOO, UGT, Sindicato Médico, SATSE, CSIF y STE.
El lema en el que coincidieron unitariamente para la protesta fue “Con la Sanidad no se juega”. En la concentración participó la portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial y edil del Ayuntamiento de Málaga, Antonia Morillas.
Los trabajadores y trabajadoras de la salud denunciaron que los tijeretazos en la sanidad pública provocaran la masificación en las urgencias, el aumento de las listas de espera, la destrucción de empleo y la ruptura de la universalidad del sistema, según dijo el Secretario provincial de Comisiones Obreras, Antonio Herrera, que criticó con dureza las restricciones llevadas a cabo en el área de la salud, afirmando que  “El sistema sanitario necesita más inversiones y menos recortes”.
Herrera señaló que habrá una mayor masificación en los servicios de urgencias, lo que hará que aumenten las demoras para atender a los pacientes, hecho que incluso multiplicará el riesgo de que los profesionales sean agredidos por usuarios descontentos por el retraso en ser asistidos.
Antonio Herrera señaló que los recortes suponen un peligro para la salud pública, tanto de los españoles como de los extranjeros, ya que aumentarán las enfermedades infecto- contagiosas al negarse la asistencia a los inmigrantes. “Volverán las cartillas de pobres”, subrayó Herrera, quien lamentó que el Gobierno tenga que destinar de 900 a 1.000 millones de euros para renovar las cartillas sanitarias que determinarán la renta de cada persona y, en función de ella, qué debe pagar cuando reciba asistencia o compre medicinas.
Los sindicatos participantes en la protesta significaron que los recortes del Gobierno generan desigualdades entre la población y empeoran las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

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