Entrevista en el diario Sur a nuestra camarada Amanda, dirigente federal de IU y del PCE, así como del PCA de Málaga.
Lalia González-Santiago/diariosur.es
Defiende que el decreto sobre función social de la vivienda
es «la herramienta jurídica más impecable que ha hecho un gobierno»
Amanda Meyer Hidalgo Secretaria general de Vivienda,
Rehabilitación y Arquitectura
En los pocos momentos que espero en el control de acceso de la Consejería de Fomento,
llega una mujer a preguntar cómo acogerse al decreto sobre función social de la
vivienda. Prensa recibe peticiones de información de todas partes, incluida la BBC. Las consultas se
multiplican en las delegaciones provinciales. La norma que el martes anunció la
consejera, Elena Cortés, ha tenido un enorme impacto mediático y social, pero
Amanda Meyer no se deja llevar por la euforia, aunque se reconoce satisfecha.
-¿Cómo ha recibido
las reacciones al decreto?
-No lo esperábamos, han sido desbordantes. Nos han llegado
mensajes de todo el Estado, de otros países, de otros gobiernos autonómicos
interesados en llevar a cabo las medidas del decreto. Estamos satisfechos
porque pensamos que podemos resolver un problema acuciante como es el de los
desahucios.
-¿Teme un recurso de
inconstitucionalidad?
-No, estoy convencida de que no es viable. Este decreto es
la herramienta jurídica más impecable que ha hecho un gobierno autonómico en la
democracia.
-¿Colisiona con el
derecho a la propiedad privada?
-Estamos utilizando norma básica estatal, la ley de
expropiación forzosa de 1954, que ha sido una norma avalada por la
jurisprudencia del TC y del Supremo en los últimos 70 años en este país. Esta
misma consejería utiliza el mecanismo de la expropiación para hacer carreteras.
Las administraciones están acostumbradas de manera normal a usarlo. El decreto
es garantista, está reconocido en la Constitución y nosotros no vamos a expropiar la
propiedad, sino el uso temporal durante tres años en atención a una situación
de emergencia que existe en Andalucía y que creemos que es absolutamente
necesaria.
-¿Copia la norma
estatal, como dice el PP?
-No. Nos ha sorprendido que por un lado nos digan que
copiamos, que es inconstitucional, o que es una norma de otros países, que me
imagino que se refiere a los del norte de Europa, que no es que expropien, es
que requisan las viviendas vacías. Son países con una solvencia democrática
intachable. Creo que el PP tiene el problema de que ha visto que es posible
desde las instituciones democráticas dar respuesta a una demanda social; que no
ha estado a la altura y le molesta que una autonomía en el ámbito de sus
competencias haya dado solución a ese asunto.
-Para unos el decreto
es insuficiente y para otros, propio del comunismo soviético. ¿Qué piensa?
-Es una medida democrática que sitúa a Andalucía en la media
europea en el ejercicio del derecho humano a la vivienda. Creo que venimos a
demostrar que también en el sur de Europa es posible tomar medidas que nos
acerquen a Europa pensando en la ciudadanía. Que se lean la legislación
comparada de Europa del Norte.
-¿Habrá conferencia
autonómica?
-La consejera ya ha hecho esa solicitud. Ante la demanda de
información de consejeros de otras comunidades nos parecía el procedimiento más
correcto. Estamos esperando que la ministra conteste.
-¿Tiene la Junta viviendas vacías?
-No. La Junta
tiene un parque público de 81.000 viviendas, la mayoría gestionadas por la
empresa pública. Hemos tomado una medida, de acuerdo con la situación de
emergencia, por la que no se desahucia a nadie que no pueda pagar. Pero también
decimos que vamos a ser muy vigilantes y si se adjudica una vivienda social y
no se ocupa, por las razones que sea, haremos lo posible por recuperarla para
que cumpla su función social.
-¿Y los desahucios
que se publican en el BOJA?
- Se trata de notificaciones. Administrativamente, para
tener todas las garantías, nos dirigimos a quienes estén con sobreendudamiento
o no aparecen como ocupantes de vivienda. Queremos saber cuál es la situación
de las 350.000 familias que viven en el parque público, si tiene problemas de
deuda, si ocupan las casas, o qué les sucede, porque hay zonas que requieren
actuaciones desde otras áreas. Hablamos de áreas muy empobrecidas, donde la Administración
desde nuestro punto de vista no ha estado a la altura en los últimos 30 años.
Hay que hacer un trabajo multidisciplinar. Vamos a seguir publicando en el BOJA
esos procedimientos, pero por decisión de la consejera desde junio no se lanza
a nadie de las viviendas, lo que pasa es que hacemos una verificación de cuál
es la situación de las familias.
-¿Cómo han
reaccionado los bancos al decreto?
-No tengo ninguna noticia. Nos pusimos en contacto con las
entidades financieras en julio y septiembre de 2012 para recordarles las
obligaciones que se establecen en la ley de vivienda protegida en cuanto que
tienen que poner las viviendas ejecutadas a disposición del registro público de
demandantes. Obtuvimos respuesta de solo una entidad, que nos dijo que conocía
la ley y haría lo posible por cumplirla. Les mandamos también una propuesta de
convenio con el Programa de Defensa de la Vivienda.
-¿Es justificado el
temor de los propietarios privados de pisos vacíos?
- No se tienen que sentir preocupados. Habrá un programa de
incentivos para que pongan sus viviendas deshabitadas en alquiler, con
garantías. En un mes habrá una orden de medidas de aseguramiento para cubrir
con un seguro los tres miedos que puede tener un propietario, que no me paguen,
que la casa sufra desperfectos o tenga algún problema que requiera atención letrada.
En Andalucía hay más de 50.000 demandantes de viviendas en alquiler.
-¿Qué uso va a tener
el registro de viviendas vacías?
-El registro quiere ser una herramienta de garantía en el
procedimiento para declarar una vivienda deshabitada. Será requisito estar en
el registro para acceder a las ayudas al alquiler. No será público, se trata de
un instrumento de la
Administración.
-¿La dación en pago
es un objetivo?
-Entiendo la dación como algo absolutamente traumático, pero
también como un balón de oxígeno para que una familia tenga una segunda
oportunidad, porque cuando entrega la casa se queda con más deuda, lo que le
impide rehacer su vida.
-¿Usted participaría
en los escraches, como su consejera?
-Llevo toda la vida participando en movilizaciones públicas
pacíficas. Yo creo que estamos en un momento en que la ciudadanía es más
exigente, en que los políticos no han, no hemos estado a la altura, unos más
que otros, y unas más que otras, y creo que cualquier expresión pública
pacífica y respetuosa de exigencia en una sociedad democrática es comprensible.
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