domingo, 14 de abril de 2013

Amanda Meyer, Secretaria general de Vivienda de la Junta:«Al PP le molesta que una autonomía dé solución a una demanda social» del derecho a la vivienda


Entrevista en el diario Sur a nuestra camarada Amanda, dirigente federal de IU y del PCE, así como del PCA de Málaga.
Lalia González-Santiago/diariosur.es
Defiende que el decreto sobre función social de la vivienda es «la herramienta jurídica más impecable que ha hecho un gobierno»
Amanda Meyer Hidalgo Secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura
En los pocos momentos que espero en el control de acceso de la Consejería de Fomento, llega una mujer a preguntar cómo acogerse al decreto sobre función social de la vivienda. Prensa recibe peticiones de información de todas partes, incluida la BBC. Las consultas se multiplican en las delegaciones provinciales. La norma que el martes anunció la consejera, Elena Cortés, ha tenido un enorme impacto mediático y social, pero Amanda Meyer no se deja llevar por la euforia, aunque se reconoce satisfecha.
-¿Cómo ha recibido las reacciones al decreto?
-No lo esperábamos, han sido desbordantes. Nos han llegado mensajes de todo el Estado, de otros países, de otros gobiernos autonómicos interesados en llevar a cabo las medidas del decreto. Estamos satisfechos porque pensamos que podemos resolver un problema acuciante como es el de los desahucios.
-¿Teme un recurso de inconstitucionalidad?
-No, estoy convencida de que no es viable. Este decreto es la herramienta jurídica más impecable que ha hecho un gobierno autonómico en la democracia.
-¿Colisiona con el derecho a la propiedad privada?
-Estamos utilizando norma básica estatal, la ley de expropiación forzosa de 1954, que ha sido una norma avalada por la jurisprudencia del TC y del Supremo en los últimos 70 años en este país. Esta misma consejería utiliza el mecanismo de la expropiación para hacer carreteras. Las administraciones están acostumbradas de manera normal a usarlo. El decreto es garantista, está reconocido en la Constitución y nosotros no vamos a expropiar la propiedad, sino el uso temporal durante tres años en atención a una situación de emergencia que existe en Andalucía y que creemos que es absolutamente necesaria.
-¿Copia la norma estatal, como dice el PP?
-No. Nos ha sorprendido que por un lado nos digan que copiamos, que es inconstitucional, o que es una norma de otros países, que me imagino que se refiere a los del norte de Europa, que no es que expropien, es que requisan las viviendas vacías. Son países con una solvencia democrática intachable. Creo que el PP tiene el problema de que ha visto que es posible desde las instituciones democráticas dar respuesta a una demanda social; que no ha estado a la altura y le molesta que una autonomía en el ámbito de sus competencias haya dado solución a ese asunto.
-Para unos el decreto es insuficiente y para otros, propio del comunismo soviético. ¿Qué piensa?
-Es una medida democrática que sitúa a Andalucía en la media europea en el ejercicio del derecho humano a la vivienda. Creo que venimos a demostrar que también en el sur de Europa es posible tomar medidas que nos acerquen a Europa pensando en la ciudadanía. Que se lean la legislación comparada de Europa del Norte.
-¿Habrá conferencia autonómica?
-La consejera ya ha hecho esa solicitud. Ante la demanda de información de consejeros de otras comunidades nos parecía el procedimiento más correcto. Estamos esperando que la ministra conteste.
-¿Tiene la Junta viviendas vacías?
-No. La Junta tiene un parque público de 81.000 viviendas, la mayoría gestionadas por la empresa pública. Hemos tomado una medida, de acuerdo con la situación de emergencia, por la que no se desahucia a nadie que no pueda pagar. Pero también decimos que vamos a ser muy vigilantes y si se adjudica una vivienda social y no se ocupa, por las razones que sea, haremos lo posible por recuperarla para que cumpla su función social.
-¿Y los desahucios que se publican en el BOJA?
- Se trata de notificaciones. Administrativamente, para tener todas las garantías, nos dirigimos a quienes estén con sobreendudamiento o no aparecen como ocupantes de vivienda. Queremos saber cuál es la situación de las 350.000 familias que viven en el parque público, si tiene problemas de deuda, si ocupan las casas, o qué les sucede, porque hay zonas que requieren actuaciones desde otras áreas. Hablamos de áreas muy empobrecidas, donde la Administración desde nuestro punto de vista no ha estado a la altura en los últimos 30 años. Hay que hacer un trabajo multidisciplinar. Vamos a seguir publicando en el BOJA esos procedimientos, pero por decisión de la consejera desde junio no se lanza a nadie de las viviendas, lo que pasa es que hacemos una verificación de cuál es la situación de las familias.
-¿Cómo han reaccionado los bancos al decreto?
-No tengo ninguna noticia. Nos pusimos en contacto con las entidades financieras en julio y septiembre de 2012 para recordarles las obligaciones que se establecen en la ley de vivienda protegida en cuanto que tienen que poner las viviendas ejecutadas a disposición del registro público de demandantes. Obtuvimos respuesta de solo una entidad, que nos dijo que conocía la ley y haría lo posible por cumplirla. Les mandamos también una propuesta de convenio con el Programa de Defensa de la Vivienda.
-¿Es justificado el temor de los propietarios privados de pisos vacíos?
- No se tienen que sentir preocupados. Habrá un programa de incentivos para que pongan sus viviendas deshabitadas en alquiler, con garantías. En un mes habrá una orden de medidas de aseguramiento para cubrir con un seguro los tres miedos que puede tener un propietario, que no me paguen, que la casa sufra desperfectos o tenga algún problema que requiera atención letrada. En Andalucía hay más de 50.000 demandantes de viviendas en alquiler.
-¿Qué uso va a tener el registro de viviendas vacías?
-El registro quiere ser una herramienta de garantía en el procedimiento para declarar una vivienda deshabitada. Será requisito estar en el registro para acceder a las ayudas al alquiler. No será público, se trata de un instrumento de la Administración.
-¿La dación en pago es un objetivo?
-Entiendo la dación como algo absolutamente traumático, pero también como un balón de oxígeno para que una familia tenga una segunda oportunidad, porque cuando entrega la casa se queda con más deuda, lo que le impide rehacer su vida.
-¿Usted participaría en los escraches, como su consejera?
-Llevo toda la vida participando en movilizaciones públicas pacíficas. Yo creo que estamos en un momento en que la ciudadanía es más exigente, en que los políticos no han, no hemos estado a la altura, unos más que otros, y unas más que otras, y creo que cualquier expresión pública pacífica y respetuosa de exigencia en una sociedad democrática es comprensible.

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