Izquierda Unida propondrá que los ayuntamientos y la Diputación provincial
de Málaga exijan a las compañías eléctricas información rigurosa y precisa
sobre los cortes de luz por impago que se han producido en el último año en la
provincia, así como la creación de un fondo de emergencia social que permita
dar cobertura a las familias malagueñas que no pueden acometer el pago de los
suministros básicos.
“Las medidas a adoptar pasan por la nacionalización de las
eléctricas, teniendo en cuenta que la energía es un bien común esencial para la
vida, y que por tanto, ha de ser gestionado desde lo público. Otras propuestas
que IULV-CA está proponiendo en otras administraciones pasan por crear un
sistema público de precio social, establecer una tregua invernal o aplicar un
IVA súper reducido. Entretanto, desde ayuntamientos, comunidades autónomas y
diputaciones, en el marco de su competencia, también pueden impulsarse otras
medidas que, al menos sirvan para paliar los efectos de la pobreza energética.
Por ello, vamos a presentar en el mes de enero mociones en la Diputación provincial y
en los ayuntamientos de la provincia, que encaminen la acción de estas
instituciones a garantizar los suministros básicos” ha declarado la responsable
provincial de política institucional de IU en Málaga, Toni Morillas.
IULV-CA propondrá a la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia
que exijan a las compañías eléctricas los datos de los cortes de luz por impago
que se han producido durante el año 2013 en cada uno de los municipios de la provincia,
de modo que pueda elaborarse un censo que permita hacer una estimación, para
garantizar el pago en los casos de insolvencia económica y riesgo de exclusión
social. “El alcalde Málaga no ha tenido ningún reparo en condonar 58 millones
de euros comprometidos en el convenio urbanístico de la Térmica a Endesa.
Esperemos que esa benevolencia indignante que tiene con la compañía la tenga
también con los malagueños que peor lo están pasando” ha apuntado Morillas.
Asimismo, propondrá la creación de un fondo de emergencia
social que sea destinado a tal fin, de modo que no haya ningún habitante en
Málaga que sufra cortes de luz, fruto de su precaria situación económica. En el
caso de la Diputación
provincial, IULV-CA propondrá que ese fondo tenga una dotación inicial de 5
millones de euros, cuya gestión recaiga en los servicios sociales comunitarios
que dependen de esta.
Según los datos de Eurostat, el precio de la luz se ha
incrementado en un 104% en la última década en España, ocupando ésta el tercer
puesto en el ránking de los países europeos con la luz más cara, solo por
detrás de Malta y de Chipre. Asimismo, los beneficios de las eléctricas, fruto
del proceso de liberalización iniciado en 1.997, se han incrementado año a año.
Solo en 2010 las compañías eléctricas en España incrementaron sus beneficios en
un 10,11%, cuando la media europea estaba en el 5,13%.Según Morillas, “el país
donde los niveles de desempleo y de exclusión social son mayores, es al tiempo,
donde los ciudadanos pagamos más por un derecho básico como la luz, para mayor
beneficio de las compañías eléctricas, que con la nueva subida, en 2014 prevén
obtener 5.000 millones más de beneficios solo en el primer trimestre del año”.
Un 18% de los hogares españoles sufren los efectos de la
pobreza energética y según el INE, 3 millones de personas no tienen su vivienda
con una temperatura saludable y cálida en los meses invernales. Asimismo, en
2012, 1,4 millones de viviendas sufrieron cortes de luz por impago, lo que
supone el doble de los que se producían antes de la crisis-estafa. “Aun así, el
PP se ha negado en el Congreso de los Diputados a poner en marcha medidas que
garanticen los suministros básicos energéticos a los sectores sociales en
riesgo de exclusión y ha vuelto a aprobar una nueva subida de la luz, que
generará mayores bolsas de pobreza energética” ha señalado la responsable
provincial.
“Los ayuntamientos y la Diputación provincial
no pueden ser ajenos a la realidad precaria que vive la provincia, donde más de
un 30% de su población vive en riesgo de exclusión social y tiene dificultades
acuciantes para llegar a fin de mes y acometer los pagos de cuestiones tan
básicas como la vivienda, la luz, el agua o la alimentación”.
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