Mundo Obrero redacción
MUNDO OBRERO: La decisión de entrar a formar parte del gobierno comporta ventajas y también un coste para IU. ¿Qué balance haces de la participación en el gobierno de coalición?
ALBERTO GARZÓN: Creo que fue una decisión acertada. Las decisiones sobre alianzas siempre se tienen que valorar contextualmente y los resultados de las elecciones generales visualizaban una cierta estabilidad entre los bloques, el bloque progresista o de izquierdas y el bloque conservador o reaccionario, con un crecimiento espectacular de la extrema derecha en la línea de países como Francia. En ese contexto, la mejor opción era entrar en el gobierno, sabiendo que es un instrumento que permite cambiar la vida de la gente pero que depende de una correlación de fuerzas que nos era desfavorable numéricamente en el Congreso. Al mismo tiempo, cogobernar implica los riesgos propios de gobernar más los derivados de que tienes que ponerte de acuerdo con un socio que no opina lo mismo que tú, especialmente en algunos temas sensibles.
La decisión fue muy correcta, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias y que difícilmente se hubiera entendido una decisión distinta en un momento en que convergían la crisis económica, la crisis territorial, la crisis política, la crisis ecológica y el crecimiento de la extrema derecha. La pandemia vino después a reafirmar ese estado de necesidad de las clases populares que tenía que ser abordado. La mejor forma de hacerlo, esa sigue siendo mi opinión, era participando en el gobierno.
M.O.: Afrontamos un período histórico donde IU ya no ocupa todo el espacio con respaldo electoral a la izquierda del PSOE. ¿Cómo se concibe la confluencia en Unidas Podemos por parte de Izquierda Unida?
A.G.: Las sociedades cambian. Cambian las estructuras de clase, las tecnologías y también el sistema político. Durante un período estable que va desde 1986 hasta 2014, con altibajos, siempre hemos sido la tercera fuerza nacional, detrás de un bipartidismo que llegó a recibir hasta el 80% de los votos en las elecciones generales de 2008. En IU nos hemos educado en esa cultura de la resistencia. Hemos tenido gobiernos municipales pero en el espacio nacional éramos muy penalizados por la ley electoral, de manera que nos convertíamos en la tercera fuerza y nos reducía mucho el peso en escaños. Esto muta en la sociedad a partir de un cambio del ciclo 2011-2015, en el que emergen nuevos partidos y particularmente Podemos que recoge gran parte de las demandas que nosotros habíamos hecho e incorpora otras nuevas y pertenece a una tradición política distinta.
Cuando eso sucede, había dos maneras de abordarlo. Desde un cierto rencor, de no terminar de entender qué significaba sociológicamente la irrupción de Podemos, o una manera más inteligente que era intentar comprender las causas últimas de que una población, que en algún momento nos votó a nosotros, optara por votar a una fuerza nueva. Nosotros elegimos esta segunda visión. Examinamos cuáles eran las causas y, pensando en el país y en la clase trabajadora, abrimos vías de diálogo para alcanzar la confluencia. No fue posible en los primeros impasses, lo intentamos pero no convencimos a nuestros compañeros de Podemos, hasta que llegó 2016. En ese año empezó a fraguarse una alianza electoral que, para nosotros, tenía la pretensión de ser también una alianza social, que tenía que confirmarse desde abajo, desde las asambleas de base.
En este tiempo hemos avanzado. Creo que la organización asimila y asume que esto está aquí para quedarse y no tendría sentido ninguna fórmula distinta. La sociedad -y especialmente el adversario- nos ve como iguales y tiene sus motivos: pertenecemos al mismo proyecto político, independientemente de que unos piensen con las siglas moradas y nosotros pensemos con las siglas de Izquierda Unida.
Todavía falta mucho por desarrollar en este espacio de confluencia y es lo que tenemos que proponernos: mejorar los mecanismos de coordinación interna, democratizar la toma de decisiones y, sobre todo, ser capaces de tejer por debajo, que en los territorios las confluencias sean entidades vivas que estén en los conflictos y sean la voz y el instrumento de la gente que lo necesita. Desde Izquierda Unida, hemos marcado de forma clara cuál es el rumbo: más unidad y mejor unidad.
M.O.: Contra tantos pronósticos, el Partido Comunista de España se prepara para celebrar su centenario e Izquierda Unida camina hacia su 40 aniversario, redoblando en esta asamblea la apuesta por su fortalecimiento. ¿Cuál es el espacio y el valor que aporta cada una de estas organizaciones?
A.G.: El PCE es un componente histórico de la democracia española. Al mismo tiempo, el partido no es sólo una pieza de análisis del pasado sino también un instrumento para transformar la realidad concreta. Eso se está demostrando a lo largo de esta confluencia que hemos construido - no estaba en modo alguno garantizada- con el actor PCE empujando a favor de la confluencia y dentro de Izquierda Unida. Eso es importante porque Izquierda Unida nunca ha pretendido ser un partido político al uso sino un espacio de reunión del partido con muchas otras personas, independientes o pertenecientes a otras tradiciones políticas. En ese sentido, es clave la sinergia entre el funcionamiento del partido y el de Izquierda Unida. El PCE e IU tienen, cada uno, un papel que cumplir y ambos son complementarios y absolutamente necesarios.
FEMINISMO, ECOLOGISMO Y REPUBLICANISMO
M.O.: ¿Cuáles son las tareas entre la XII y la XIII Asamblea, con el objetivo de llegar a 2025 con una IU más fuerte?
A.G.: Necesitamos asumir el diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro entorno. Eso significa asumir la gravedad de la crisis económica, la gravedad de la crisis política y territorial y la gravedad de la crisis ecológica. Debemos ser conscientes de que nos estamos jugando la vida misma porque el capitalismo está amenazando al planeta, las condiciones de vida de la mayoría social y de la gente más desfavorecida en particular, y, por lo tanto, tenemos que organizarnos para que se pueda abrir una trayectoria distinta. Una trayectoria que, en lo concreto, para nosotros significa: feminismo, ecologismo y republicanismo. Con esos tres vectores de actuación para transformar la realidad concreta y con un horizonte político deseable, como es la República Federal, necesitamos ser capaces de seguir convenciendo a otros conciudadanos de que éste es el instrumento útil. Para eso, necesitamos tener mucha más gente y mucha más capacidad de llegar a la sociedad. El papel de Izquierda Unida es llegar a la gente que no es de IU. Ese ejercicio de diálogo es en lo que consiste fortalecer IU.
M.O.: ¿Por qué es importante que IU sea feminista y qué le aporta el feminismo a las otras almas de IU: el hilo rojo, el blanco y el verde?
A.G.: Nosotros venimos de una tradición política hermosa, que viene de la Ilustración y que se convirtió en el socialismo científico, teorizado por Marx y Engels, en la que siempre hemos tenido una especial atención a lo que son las condiciones de la producción y eso ha condicionado todo nuestro análisis. Lo que ocurre es que, en una sociedad concreta, para que haya producción hacen falta dos cosas: planeta (recursos) y cuidados. Los cuidados han sido históricamente una tarea otorgada, en la reproducción sexual del trabajo, a la mujer. Ese espacio invisibilizado durante tanto tiempo, del que la mujer ha luchado por emanciparse, en nombre del feminismo, desde el punto de vista de la tradición política necesita ser reclamado como una óptica más completa. Todo lo derivado de esa reclamación, que implica el reparto de cuidados, la equiparación salarial, desde la parte laboral a la no laboral, es absolutamente necesario integrarlo en una perspectiva de izquierdas que, a pesar de lo heroico de sus luchas, ha invisibilizado tradicionalmente ese otro rasgo tan importante que se refiere, nada más y nada menos, que a la mitad de la población mundial.
M.O.: IU reafirma su apuesta por la República en esta asamblea y la vincula a la ruptura democrática. ¿Qué significa eso?
A.G.: Significa entender que, en nuestro país, como en todos, la historia condiciona el presente. En los últimos doscientos años en España ha habido muy pocas victorias progresistas o de izquierdas. El poder de la reacción en nuestro país ha sido inmenso. Han sido siempre capaces de coartar cualquier intento emancipatorio. El ejemplo más reciente es el de la propia II República, un proceso cortado de raíz con un golpe de Estado. Eso deja un poso. Y quienes han ganado la mayoría de esas victorias han impuesto una noción de país muy reaccionaria: una España homogénea, unitaria, centralista, monárquica. Hay otra forma de concebir España que asume la diversidad y la cooperación. Una forma más democrática, republicana, que puede y debe ser la solución frente a esa fuerza que por parte del nacionalismo español es centrípeta y por parte de los independentismos es centrífuga. No se trata de elegir entre la España de Menéndez-Pelayo y toda su corriente política -desde Cánovas del Castillo hasta el propio Pablo Casado, pasando por Primo de Rivera- o la independencia de territorios como Cataluña o Euskadi. Hay otra opción y es entender una España republicana, donde todos cabemos, donde prima esa diversidad con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, independientemente de dónde hayan nacido. El republicanismo es ese elemento que une las tradiciones socialistas con las tradiciones democráticas. Significa, por lo tanto, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, derecho a comer, a vivir dignamente, y lo hace en un Estado que reconoce que somos diversos, que hay diferentes culturas, lenguas, formas de administrarse y que todo eso es perfectamente compatible. El republicanismo supone una democratización profunda dentro del Estado.
M.O.: ¿Qué papel ha tenido la monarquía como institución con respecto a la calidad de nuestra democracia?
A.G.: Es importante recordar que nuestro país, cuando votó por la Constitución, votaba precisamente entre Constitución identificada con libertad frente a la dictadura. Y en el paquete de la Constitución venía la monarquía. La gente no tuvo la oportunidad de elegir la definición de la jefatura del Estado. Hoy conocemos, con la ventaja que nos concede el tiempo, que Adolfo Suárez fue reacio a hacer un referéndum porque tenían datos que indicaban que saldría victoriosa la República. Por lo tanto, estamos ante una monarquía que viene en el pack democrático, sobre la que, efectivamente, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, entonces rey, actuó de manera legitimadora para frenar un golpe de Estado. Con alguna nebulosa que todavía está por conocer porque los documentos permanecen clasificados-. Esa construcción mitificadora de la monarquía impide ver lo que hizo en los años sucesivos. Es una monarquía hereditaria, inviolable y vitalicia, que no tiene que rendir cuentas. Por eso puede pasar lo que parece que ha pasado: que se ha producido un saqueo sistemático desde la propia institución del Estado, sin que se le pudiera fiscalizar. La monarquía es una figura inviolable. Todo lo que pasó hasta la abdicación de Juan Carlos I está protegido jurídicamente, según la interpretación dominante, y posteriormente está protegido por diferentes factores, más complejos. En definitiva, la narrativa mitificadora ha premiado con una impunidad terrible a una monarquía que la ha usado, por lo que sabemos, en cuestiones verdaderamente oscuras.
TRANSFORMAR LA ECONOMÍA PARA CAMBIAR LA ESTRUCTURA DEL PODER Y DE LA RIQUEZA
M.O.: Los grupos empresariales se están preparando para un festín de dinero público. ¿Qué puede esperar la clase trabajadora de los fondos europeos y del anunciado incremento del gasto público? Los ataques desde los grupos económicos y mediáticos contra Unidas Podemos, ¿tienen algo que ver con esta cantidad tan importante de fondos que hay que administrar?
A.G.: Sí. Hay varias dimensiones en juego. Una de ellas tiene que ver con que vivimos una crisis económica y una crisis sanitaria que ha impactado duramente en la economía porque hemos tenido que cerrar la actividad económica en gran medida para protegernos de la pandemia. Como consecuencia, tras una batalla importante en Europa, tenemos comprometidos una serie de recursos ingentes, 75.000 millones de euros para dedicar a la recuperación económica y a la transformación de nuestro país. Son cantidades muy grandes de dinero que pueden usarse de muy diferentes formas.
Lo que proponemos es aprovechar la situación para modernizar el país. No sólo para compensar pérdidas. También para ser capaces de construir motores de transformación económica, basados en alta tecnología y alto valor añadido. Y esto, que es el debate de la reindustrialización, implicaría, de una manera u otra, tocar la estructura de poder de nuestro país. Eso es algo que no gusta a determinados actores, acostumbrados a vivir, en algunos casos, de los concursos públicos de la administración. Cualquier propuesta transformadora implica resistencias por parte de aquellos que se ven posiblemente perjudicados. Las grandes empresas no opinan todas lo mismo. Hay grandes empresas más vanguardistas o dinámicas, que estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo, y hay una serie de empresas, también grandes, que han tenido una cultura de clientelismo, de la oligarquía. Son actores que tienen mucho poder, en el sentido más amplio de la palabra, con capacidad de influir en la determinación de las agendas mediáticas, por ejemplo, que están en una importantísima ofensiva para que nosotros dejemos de tener influencia. Los ataques brutales a Unidas Podemos, a Izquierda Unida, a Pablo Iglesias, obedecen a un intento claro de quitarnos influencia porque queremos hablar de cosas como la reforma de las pensiones y la reforma laboral, queremos hablar de la modernización del país y tenemos una agenda que pone el foco en la estructura del poder y de la riqueza. Eso es algo que no están dispuestos a tolerar las grandes empresas y quienes, de una manera u otra, han gobernado siempre sin presentarse a las elecciones.
M.O.: Después de cincuenta años de defensa cerrada de las políticas neoliberales asociadas a la austeridad en el gasto público, el FMI defiende ahora los programas de estímulo fiscal y de gasto público y resta importancia al aumento de la deuda pública. El neo-keynesianismo parece que se ha puesto de moda en el mundo. En nuestro país, destacados miembros del gobierno de coalición lo abrazan abiertamente. ¿Hay espacio para una política que vaya más allá en el gobierno de coalición? A.G.: Muchos economistas internacionales y nacionales se han dado cuenta de que la única forma de salvar al capitalismo era protegerse de sus excesos. Esto es lo que básicamente significa el keynesianismo. Pero tiene múltiples facetas y objetivos políticos cuando se aplica. Puedes utilizar un estímulo fiscal para transformar la economía o para tapar los boquetes de empresas amigas, para salvar a los bancos o para crear una empresa pública. Estamos en un debate en el que muchas veces nos perdemos porque nos quedamos en las etiquetas. Europa necesita pasar de la fase neoliberal, los organismos financieros internacionales ya se han dado cuenta pero todavía hay una fuerte inercia en todas las instancias. Y al final es la realidad la que se impone. Ante la pandemia no les ha quedado más remedio, incluso a quienes se negaron siempre, que aceptar medidas heterodoxas. La cuestión es si estamos capacitados para ser más audaces y más ambiciosos. Técnicamente es posible, el problema es de voluntad política. Esa es la batalla en la que estamos. Desde todos nuestros espacios insistimos en la necesidad de que ese dinero se dedique a mejorar la vida de las personas y no sólo a tapar los agujeros del sistema, que es a lo que se ha dedicado el keynesianismo de facto en los últimos diez años. Hace falta ser más radical y contundente. Necesitamos que la gente y el planeta sean protegidos y ambas cosas requieren de un inmenso paquete de estímulo para transformar nuestra economía, adaptarla a los retos medioambientales y proteger a los más vulnerables.
Publicado en el Nº 342 de la edición impresa de Mundo Obrero marzo 2021
