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jueves, 28 de febrero de 2013
miércoles, 27 de febrero de 2013
28F: Mañana, todos y todas a las calles a defender el trabajo, los derechos sociales, la Autonomía y nuestros ayuntamientos
Cargos públicos, dirigentes provinciales y locales, así como
militantes de base de Izquierda Unida (IULV-CA) en Málaga participan mañana en
la manifestación convocada por la Plataforma Compromiso
Social para el Progreso de Andalucía y que partirá a las 11:00 horas desde la Alameda Colón (sede de sindicatos)
y acabará en la Plaza
de la Constitución.
Entre los cargos públicos se encontrarán la parlamentaria por
Málaga, Dolores Quintana, el delegado de Fomento y Turismo, Manuel García
Peláez, así como los concejales del Ayuntamiento de Málaga y los diputados
provinciales.
No estará en Málaga el Coordinador provincial y
parlamentario andaluz, José Antonio Castro, porque participa en el acto
institucional de entrega de la
Medalla de Andalucía a título póstumo a Manuel José Caparrós,
a cuya familia acompañará en esta jornada.
IULV-CA llevará su propio cortejo detrás de una pancarta
alusiva a la situación actual. La portavoz del Consejo Provincial de IULV-CA y
parlamentaria andaluza, Dolores Quintana, ha hecho hoy un llamamiento a la
movilización para que este 28F
sea "más reivindicativo que nunca" para "reconquistar los
derechos que nos han robado".
La diputada de izquierdas ha recordado que este día es cada
año motivo de celebración porque conmemora
“la capacidad de un pueblo para conquistar su autonomía, sus derechos y
la sociedad del bienestar", aunque, en el momento actual, el pueblo
andaluz "debe salir con más fuerza que nunca a la calle".
Quintana ha alertado de los ataques del PP a la autonomía
andaluza y a los ayuntamientos utilizando la crisis como pretexto y “que está
siendo la excusa perfecta para que los grandes poderes económicos y financieros
desmantelen el Estado, ese que hemos creado entre todos”. Un auténtico ataque a la Democracia.
La dirigente de IULV-CA recordó que en 1979, los
ayuntamientos fueron la expresión más evidente de la llegada de la Democracia a España.
“Fueron los concejales los que la llevaron poco a poco a todos los rincones y
convirtieron los ayuntamientos en la administración que hoy tenemos, la más
cercana e imprescindible”. Sin embargo, añade la diputada, lo que va a
conseguir esta reforma “es que los alcaldes y alcaldesas queden sólo para ir
detrás de la patrona”.
Los ayuntamientos van a perder competencias que pasarán a
ser gestionadas por organismos que no han sido elegidos democráticamente y
éstos a su vez privatizarán los servicios. “Esta normativa hiere de muerte a
los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que en Málaga suponen el 75 por
ciento de los municipios”.
El desempleo, los desahucios, el retroceso del Estado
articulado son algunas de las razones por las que hay que “salir a la calle. El
28F está
más vivo que nunca. Es el día en el que los parados, las personas que se han
quedado sin vivienda y todos los que pensamos que hay una salida distinta
tenemos que estar el próximo día 28 en la calle”.
Manifiesto del 28-F. Andalucía en la calle
Andaluzas, andaluces:
Cerca de dos millones de andaluzas y andaluces salieron a la
calle el 4 de diciembre de 1977 para reivindicar la Autonomía plena para
Andalucía. En las calles y plazas de nuestra tierra resonó el clamor del pueblo
andaluz. El 28 de febrero de 1980 el pueblo de nuevo se movilizó para expresar
su decidida voluntad de alcanzar el máximo nivel de autonomía, en pie de
igualdad con cualquiera otra de las comunidades históricas, con la esperanza de
que el acceso al autogobierno resolviera los problemas de nuestra tierra.
Treinta y cinco años después, la situación que atraviesa
nuestro pueblo nos vuelve a convocar a la lucha para afrontar los nuevos retos.
Nuestra tierra se encuentra en la periferia económica del
capitalismo desarrollado, donde la crisis se está manifestando con mayor dureza
y en la que los poderes económicos tienden a perpetuar el modelo económico
existente sin atacar las causas reales y profundas de la crisis que padecemos.
Andalucía, con las políticas neoliberales aplicadas por
sucesivos gobiernos, ha acentuado el carácter dependiente de su economía,
especializándose en actividades económicas de baja productividad y con baja
capacidad de generación de rentas y de valor añadido.
La reforma del artículo 135 de la Constitución ,
perpetrada en septiembre de 2011 por el PP y el PSOE, está provocando un nuevo
marco normativo y de prioridades; y la política presupuestaria, monetaria y de
equilibrio financiero que lo desarrolló ahonda en los efectos de la crisis con
la destrucción de empleo y un mayor deterioro de su economía. Se agravan los
desequilibrios económicos de nuestra Comunidad, continúa el déficit estructural
de nuestra balanza comercial, se debilita nuestra economía, desciende la
formación bruta de capital y se deprecia nuestro tejido productivo de forma
asfixiante.
Y es sobre todo en lo social donde la crisis ha mostrado su
peor cara, con casi un millón de y medio de parados, el 30% de la población
andaluza en situación de pobreza y una sociedad hipotecada y sin futuro. En
lugar de caminar hacia un desarrollo más armónico, endógeno y equilibrado de la
economía andaluza, vamos hacia todo lo contrario.
El gran objetivo que en estos momentos debe marcarse el
Gobierno andaluz, las Diputaciones y los Ayuntamientos, consiste en abordar los
dos problemas fundamentales que tiene Andalucía: recuperar el tejido productivo
para crear empleo y poner fin al drama social que sufren millones de andaluces.
Hoy, no es posible que ningún derecho social quede en pie
tras la tormenta neoliberal si no somos nosotros, el pueblo, quien los proteja.
Frente a quienes pretenden hacer de los derechos mercancías y de los ciudadanos
clientes sólo cabe una respuesta de dimensión pueblo. Frente a un modelo
tóxico, depredador y corrupto solo cabe una respuesta constante, sistemática y
rebelde de la mayoría social.
Porque así surgió el 28 de febrero. Porque así se respondió
al funesto guión que tenían organizado para este pueblo. Oponiendo pueblo a
injusticia. Confrontando rebeldía frente a sumisión.
IULV-CA encara este 28 de febrero desde su compromiso de ser
fuerza de LUCHA Y DE GOBIERNO. Desde su compromiso como fuerza de izquierdas,
plural, republicana, anticapitalista, parte de la movilización por los derechos
y la soberanía del pueblo andaluz. Una fuerza de ALTERNATIVA.
Los hombres y mujeres de izquierda sabemos de los desafíos
que un modelo injusto, inhumano, contrario a los intereses de la gente nos
coloca por delante. Y queremos encararlos sabedores de la utilidad de una
fuerza como la nuestra para provocar la ruptura histórica que por segunda vez
el pueblo andaluz necesita. Creemos en nuestra naturaleza transformadora de los
andaluces; de sus profesionales, autónomos, empresas de la economía social,
movimientos sociales, ecologistas, pacifistas, estudiantiles. Creemos
firmemente en nuestras posibilidades como pueblo constructor de verdades. En
nuestra dimensión de hombres y mujeres de luz. En nuestro futuro.
Por ello llamamos a reinventar la rebeldía de la calle
frente a quienes hacen sumas y restas con nuestro futuro como pueblo.
Y para ello, llamamos a la construcción de la respuesta
ALTERNATIVA sobre los principios que hoy son la identidad de la mayoría social,
el rostro de la calle que sufre un modelo de explotación. Por todo ello
REIVINDICAMOS:
1.UN PODER ANDALUZ MÁS FUERTE. Por el pleno desarrollo
estatutario.
La defensa del Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 es hoy
referencia indispensable para preservar los derechos sociales y libertades
públicas. Convertir cada artículo en derechos en ejercicio es la base para un
autogobierno real, capaz, solvente y pleno.
2. LA
LUCHA CONTRA EL PARO. El pleno empleo y un nuevo modelo
productivo como objetivos.
No habrá freno al deterioro social hasta que no creemos
empleo. Debe exigirse la derogación de la actual reforma laboral y garantizar
los mecanismos de negociación colectiva como base para la defensa del empleo y
acabar con la precariedad laboral.
Hacer de la riqueza un bien al servicio del interés general
es el único camino para luchar contra las desigualdades. El Gobierno de
Andalucía tiene que intervenir en la economía, en el marco de la planificación
democrática de la misma, con apuestas estratégicas que respondan a la crisis de
demanda en la que estamos inmersos; lograr la transformación del modelo
productivo, crear una base industrial sólida, desarrollar una política
energética alternativa, propiciar un sistema financiero andaluz. Se trata, en
definitiva, de poner en valor los artículos 156 y 157.
3. EL RECHAZO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA.
POR LA JUSTICIA
FISCAL.
La reforma del Artículo 135 de la Constitución Española ,
acordada por el PP y el PSOE lastran el desarrollo de nuestra capacidad de
autogobierno, pues obliga a priorizar el pago de intereses de deuda sobre la
atención de las necesidades básicas de los ciudadanos. Abogamos por la
modificación de dicho artículo, colocando a las personas por delante de los
mercados.
Además, la fiscalidad progresiva debe ser uno de los
objetivos por los que luchar este 28F
de forma que se articule un sistema fiscal justo, progresivo y solidario basado
en una mejor distribución de la riqueza y el trabajo. En ese sentido, también
abogamos por la lucha decidida contra la corrupción y el fraude fiscal.
4. LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS. La lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Los servicios públicos no deben responder a criterios de
beneficio o rentabilidad económica y financiera. Proveer salud y educación no
es un gasto sino una inversión, lo que requiere de acceso universal y gratuito
para todos los ciudadanos, con o sin papeles.
Los derechos y la cohesión social se garantizan a través del
empleo y unos servicios públicos esenciales. Por lo tanto, deben garantizarse
las transferencias suficientes a las Comunidades Autónomas y a los
Ayuntamientos para hacer frente a las prestaciones de servicios. Abogamos por
la puesta en marcha de derechos de ciudadanía como la renta básica, y la
protección de desempleo a todas las personas en paro, como forma de confrontar
la pobreza y la exclusión social.
5. EL DERECHO A LA VIVIENDA. El techo da el derecho.
La vivienda debe ser definida como un “bien social”.
Andalucía debe declarar su insumisión a la ejecución hipotecaria, en tanto se
entiende que la vivienda es la base de gran parte de los derechos. No cabrá el
acaparamiento ni el uso especulativo de la misma. Para ello debe reformarse la Ley Hipotecaria y la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Deberán constituirse parques públicos con viviendas suficientes para que no
haya ni gente sin casa ni casas sin gente. La dación en pago debe formar parte
de los derechos que protejan a quienes firmen un crédito hipotecario.
6. LA
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.
Poner en valor el Patrimonio natural andaluz sobre la base
de un modelo de desarrollo productivo basado en los recursos endógenos. Apuesta
por los yacimientos de empleos verdes; nueva cultura del agua, de la Energía y del territorio;
gestión Pública y participativa de los recursos naturales; protección del
patrimonio natural y modelo productivo alternativo; la gestión pública de los
residuos; impulso a los tributos medioambientales; rechazo a los transgénicos y
respeto al sistema natural, litoral y orográfico andaluz evitando cualquier
agresión al patrimonio ecológico de nuestra tierra.
7. LA
TRANSPARENCIA , ÉTICA PÚBLICA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Hemos de seguir ahondando en el desarrollo de leyes
andaluzas que faciliten la participación y el empoderamiento ciudadano para un
control democrático y cívico de los poderes públicos, donde sean los andaluces
los que marquen las prioridades y co-decidan sobre aquello que consideran son
sus necesidades prioritarias. Para ello es fundamental la transparencia y la
ética pública frente a toda opacidad o corrupción. Debe fortalecerse la
participación social frente al clientelismo transitando hacia una democracia
participativa donde cada ciudadano sea un elemento activo y directo de la toma
de decisiones.
8.UNA ANDALUCÍA FEMINISTA.
Para conseguir que una democracia sea real y avanzada
debemos superar como pueblo todo tipo de discriminaciones que existen por
razones de género. El modelo actual de sociedad que defendemos pasa
obligatoriamente por el reconocimiento real de las mujeres como sujetos de
pleno derecho y copartícipes imprescindibles en la construcción de una democracia
justa, equitativa y plena en derechos y libertades individuales y colectivas.
9. UNA ANDALUCÍA EN PIE DE PAZ.
Andalucía es un territorio solidario y de acogida por el que
debemos renovar el 28F
nuestro compromiso con la solidaridad, la cooperación como base del
fortalecimiento de los lazos de unión de los pueblos. La creación de una nueva
conciencia de respeto pasa por una educación integral en materia de paz, en
materia de consumo justo ético, responsable, por lo que toda la ciudadanía
andaluza está llamada a construir unos valores de respeto, fraternidad y
respeto a los caminos que cada pueblo elige para su desarrollo.
Seguimos exigiendo el desmantelamiento de las bases de
utilización conjunta hispano-norteamericana de Rota y Morón.
10. UN MUNICIPALISMO FUERTE. ANDALUCÍA EN DEFENSA DE UN
ESTADO FEDERAL REPUBLICANO, PLURINACIONAL, COOPERATIVO Y SOLIDARIO.
Nos oponemos frontalmente a la reforma de la Administración Local
que ha planteado el Gobierno de Rajoy, que utilizando -una vez más- la crisis económica
como excusa, pretende desmantelar el municipalismo mediante la desaparición de
municipios, la disminución de concejales, la limitación de la autonomía local,
la intervención económica y la asfixia financiera, el fortalecimiento de las
diputaciones, la privatización de los servicios públicos básicos, etc. IULV-CA
defenderá la autonomía y la suficiencia financiera de las entidades locales,
así como el modelo municipalista de nuestro Estatuto
El Gobierno del PP está inmerso en una deriva recentralizadora,
con el objetivo de desmantelar el Estado de las autonomías. Pretende recortar
los derechos conquistados por Andalucía, sus competencias y su financiación,
mediante la asfixia financiera y la aprobación de legislación básica que limite
nuestro autogobierno. El Gobierno no quiere autonomías fuertes que sean un
contrapoder y un obstáculo en la ejecución de sus políticas neoliberales.
Por ello, defender nuestro Estatuto de Autonomía de
Andalucía de 2007, desplegar toda su potencialidad política y jurídica,
desarrollar sus competencias, impulsar su modelo económico y social y
fortalecer sus instituciones, son hoy una prioridad política para IULV-CA.
Asimismo, rechazamos con igual fuerza las propuestas de
fuerzas políticas soberanistas que plantean modelos asimétricos e insolidarios
que cuestionan la igualdad de los derechos de la ciudadanía en función de la
comunidad en la que residan.
En este momento, por tanto, IULV-CA debe contribuir, desde
nuestra autonomía organizativa y desde nuestra alternativa política, a
fortalecer la voz de Andalucía en el debate sobre el modelo de ordenación
territorial del Estado, para cerrar un modelo –el de las autonomías- inacabado,
que ha generado profundas asimetrías de derechos políticos y marcos de
insolidaridad financiera. La aportación imprescindible del pueblo andaluz será
actuar como factor de equilibrio para generar la simetría necesaria en un
Estado cooperativo y solidario donde se acomode correctamente la realidad
plurinacional y plurilingüística que se da en España. Y la mejor aportación de
IULV-CA será defender con firmeza el que siempre ha sido nuestro modelo: un
Estado Federal plurinacional, solidario y cooperativo, en el que se delimiten
con nitidez las competencias de la federación y de las entidades federadas y se
constitucionalice un modelo de financiación suficiente, justo y solidario.
Este debate, sin embargo, debemos situarlo en la perspectiva
más amplia y de mayor recorrido: en la necesidad de iniciar un proceso de
acumulación de fuerzas, en la calle y en las instituciones, que impulse un
proceso constituyente que concluya en un nuevo sistema constitucional
republicano, plurinacional, federal, solidario, profundamente democrático y
participativo, con un sistema económico y social al servicio de las personas y
no de los mercados.
Desde IULV-CA hacemos un llamamiento al conjunto de la
ciudadanía andaluza para:
-Mantener y ampliar la rebelión democrática frente a los
mercados y a las políticas neoliberales que nos están imponiendo desde las
instituciones de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo
Monetario Internacional) y desde el Gobierno del PP.
-Ampliar y consolidar un gran Bloque Social y Político, una
alianza para construir una alternativa política, social y económica democrática
y anticapitalista
-Fortalecer el poder andaluz para defender con firmeza los
derechos y las competencias conquistados por Andalucía, reivindicar una
financiación justa y suficiente e intervenir con fuerza en la definición de un
nuevo modelo de Estado.
martes, 26 de febrero de 2013
El camarada Manolo García "Teniente" interviene en el X Congreso de las CCOO
Manolo García, portavoz de la minoría de la delegación de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO
"Detrás del relato del
informe general hay muchos esfuerzos y sacrificios de los hombres y
mujeres de CCOO que han peleado sin descanso y sin perder el ánimo". Así
arrancó su intervención en el X Congreso de CCOO el portavoz de la
minoría de FECOHT. "Nos nos hemos arrugado antes las dificultades",
añadió a continuación, para después que "es digno de elogio" que se haya
hecho "en el peor momento que nos ha tocado vivir tras la dictadura".
Manolo García no quiso abandonar el atril sin explicar que no comparten
tres de los grandes acuerdos que se han firmado estos años, el segundo
acuerdo de negociación colectiva y el de pensiones.
Manifiesto del Partido Comunista de Andalucía para el 28 F
El 28 de Febrero de 1980 el pueblo andaluz conquistó en las
urnas el derecho de Andalucía a tener un Estatuto de Autonomía al mismo nivel
de competencias y poder político que las denominadas “Nacionalidades
históricas”, Cataluña, Euskadi y Galicia. Andalucía enlazaba así el proceso
autonómico iniciado en la
II República , abortado por el golpe fascista del 18 de julio
del 36, con la gran movilización del 4 de diciembre de 1977 en el que millones
de andaluces y andaluzas tomaron las calles de las ocho capitales y de muchos
pueblos de nuestra tierra para reivindicar la autonomía para Andalucía.
El pueblo andaluz exigió su condición nacional y su derecho
al techo máximo de competencias que otorga el art. 151 de la constitución, y esa reivindicación desembocó en el 28 de
febrero de 1.980 rompiendo el esquema diseñado en Madrid, y compartido por los
nacionalismos vascos y catalanes, que consistía en “confederar el norte y
regionalizar el sur”. Con ésta victoria se abrió la posibilidad a todos los
territorios de España de optar a un autogobierno en igualdad de condiciones y,
por tanto, de abrir el debate sobre el Estado Federal.
Sin el impulso del 4-D nunca se hubiese podido dar con tanta
fuerza la batalla que desembocó en la victoria del 28-F y sin ésta victoria, la
fecha del 4-D hubiera quedado
desdibujada en la historia.
En este contexto histórico, el asesinato en Málaga por una
bala de la policía de Manuel García Caparrós, militante de CC.OO, añadió al 4-D
la sangre derramada de un joven sindicalista. Este crimen no fue un hecho
aislado, se suma, a los otros muchos que, entre 1.976 y 1.981, la llamada “modélica
y pacífica transición”, fueron cometidos por grupos de la ultraderecha o de las
propias fuerzas de orden público, y que nunca fueron investigados.
La lucha por la autonomía andaluza fue, y seguirá siendo, la
lucha de la izquierda frente a la derecha. La historia de Andalucía, desde la
segunda mitad del Siglo XIX, siempre se ha situado en el vórtice de la lucha de
clases. Aquí no hubo ni hay una reivindicación identitaria-etnicista ni
separatista. En Andalucía el hecho diferencial siempre fue la reivindicación de
la igualdad y el enfrentamiento con los que, dentro y fuera de la misma,
impedían e impiden la consecución de ese objetivo. Andalucía es imprescindible
para la transformación del conjunto de los pueblos de España. Ningún otro lugar
del estado tiene en su historia una conjunción tan natural entre las
reivindicaciones de clase y las aspiraciones autonomistas o nacionales.
Treinta y tres años después, Andalucía es la Comunidad Autónoma
con mayor índice de paro del conjunto del Estado. En los últimos años hemos
sufrido el desmantelamiento y/o deslocalización de los escasos sectores
industriales y productivos que quedaban. La agricultura andaluza sufre las
consecuencias de una política comunitaria contraria a sus intereses. La
estructura social de la propiedad de la tierra aumenta la escandalosa
concentración en pocas manos, en un porcentaje superior a 1930. Y todo ello
agravado por la situación de general de crisis económica-financiera, ofensiva
del gran capital contra los derechos del pueblo trabajador y corrupción
generalizada de las principales instituciones del Estado y del sistema
bipartidista.
La condición periférica de la economía andaluza es lo que nos
sigue caracterizando, y eso es lo que no han corregido los sucesivos gobiernos
autonómicos y central, en época de “bonanza”. Las escandalosas cifras de paro
que arroja la EPA
son la consecuencia de ese modelo de crecimiento. Y si le sumamos la continua
regresividad fiscal y la permanente desregulación laboral, tendremos el cuadro
del capitalismo en Andalucía.
Desde el Partido Comunista de Andalucía nos unimos a las
voces que cada vez con más fuerza plantean la necesidad de auditar la deuda
pública para identificar que parte de la misma no se ha utilizado para el
sostenimiento de los servicios públicos, sino para comerciar a su vez por parte
de los especuladores y una banca que utiliza impunemente las ayudas públicas
para equilibrar sus balances, en vez de hacer fluir el necesario crédito a
pymes y trabajo autónomo. Pedimos que la deuda ilegítima no se pague, porque no
ha servido al pueblo.
Hoy, 33 años después de aquel 28 de febrero, constatamos que
el impulso cívico y de justicia social ha sido demolido por las prácticas
serviles de los sucesivos gobiernos autonómicos. Hoy, el PCA sigue, como
entonces, llamando a la movilización del pueblo trabajador andaluz en defensa
de sus intereses de clase. Hoy, los y las comunistas recordamos al pueblo
andaluz que el atraso histórico, la dependencia económica, la situación
periférica que ocupa nuestra fuerza de trabajo, el paro, la cuestión agraria y
la merma en derechos y justicia social siguien ocupando un lugar central. Y
hacemos un llamamiento a la movilización unitaria en defensa de las siguientes
reivindicaciones:
1.
Sistema
financiero público andaluz, para intervenir desde el poder público en unas
finanzas al servicio de las clases dominantes.
2.
Puesta
en marcha de un Banco Público de Tierras en Andalucía. “PER” especial y Cero
peonadas para acceder al subsidio agrario.
3.
Democracia
Participativa y control social de los servicios públicos. No hay mayor
transparencia que la que proporciona la democracia real y ciudadana.
4.
Dación
en pago retroactiva, alquiler social de viviendas enajenadas, paralización de
los desahucios. Al gobierno andaluz le pedimos que adopte las medidas
oportunas, en su marco de competencias, para garantizar la función social de la
vivienda, incluyendo la sanción a las viviendas vacias.
5.
Renta
Básica, en desarrollo del artículo 23.2 del estatuto de Autonomía, y Banco
Público de Alimentos controlado participadamente.
6.
Cierre
de las bases militares de Rota, Morón y Gibraltar. Como decía nuestro partido
en el Documento de las Amapolas de 1984: “Autonomía andaluza que no sea ajena a la defensa de la dignidad y
soberanía nacionales frente a las actitudes serviles y claudicantes para con
otros estados. Se trata de avanzar en la necesidad de una política inequívoca
de independencia nacional y, en este sentido, Andalucía tendría que decir mucho
sobre la paz, contra las bases extranjeras (Rota y Morón) y a favor de la
soberanía española de Gibraltar”.
7.
Defensa
a ultranza del carácter público y universal de los servicios que garantizan los
derechos sociales como la educación y la sanidad. Pedimos al gobierno andaluz
que avance en el abandono de los conciertos en estos ámbitos. Lucha contra la LOMCE.
8.
Derogación
de la reforma laboral que da la puntilla a los derechos históricos de la clase
trabajadora y que hace especial daño en economías débiles como la andaluza.
9.
Defensa
del sistema público de pensiones, disminución de la edad de jubilación y
reparto del trabajo.
10. Defensa y organización del movimiento
feminista, que debe volver a jugar el papel central que le corresponde en
defensa de otra Andalucía posible, libre también de patriarcado.
Antonio Romero: “El 28 de febrero de 2013 y la Autonomía Andaluza”
Carta abierta a la ciudadanía
Estimados ciudadanos, estimadas
ciudadanas:
Tras la noche de la dictadura en
la transición democrática, el pueblo andaluz se movilizó el 4 de diciembre de
1977 y la policía franquista asesinó al joven obrero malagueño, Manuel José
García Caparrós. Era la
Andalucía trabajadora la que derramaba su sangre en la lucha
por la autonomía y los derechos de nuestro pueblo.
Los ayuntamientos andaluces,
acordaron en sesiones plenarias a lo largo y ancho de nuestra tierra exigir al
gobierno central de la UCD
la convocatoria de un referéndum, el del 28 de febrero de 1980 en el que frente
a la oposición del Gobierno Central de España, se ganó en las urnas la
autonomía máxima que contempla la Constitución española en su Título VIII del Art.
151 al mismo nivel que las llamadas nacionalidades históricas.
La autonomía andaluza no ha sido
por tanto regalada, concedida, otorgada por el poder central del Estado, ha
sido arrancada, conquistada y amasada con la movilización, los votos y la
sangre de nuestro pueblo.
Han tenido que transcurrir 35
años y la llegada de IU al gobierno, para que se reconozca a García Caparrós
como Hijo Predilecto de Andalucía, hoy nos felicitamos de esta decisión.
Blas Infante figura en nuestro
Estatuto de Autonomía como padre de la patria andaluza y aún pesa sobre él una
condena de los tribunales franquistas. La recuperación de la memoria histórica,
el reconocimiento de los fusilados por la defensa del gobierno legitimo y
constitucional de la República
está recibiendo ahora desde el gobierno andaluz un impulso importante después
de tantos años.
Andalucía y sus gobiernos no han
desarrollado todas las potencialidades de los Estatutos de Autonomía hasta
ahora, el de Carmona y el nuevo Estatuto de Autonomía fruto de la Reforma del 2007, aunque
se ha avanzado en infraestructuras, redes de atención sanitarias, educativas,
tecnológicas, Universidades, vivienda, prestaciones de derechos, etc. Tenemos
la esperanza que la incorporación de IU-LVCA al gobierno en esta nueva etapa
profundice en el despliegue de todas las herramientas que nos da el Estatuto de
Autonomía.
Andalucía cerró el año 2012 con
una tasa de desempleo del 35,86%, la mayor de su historia, 1.442.600 parados.
La pobreza es más intensa, extensa y más crónica, el número de personas en el
umbral de la pobreza y la exclusión social aumenta y se está encarnizando con
las mujeres y los niños, según confirma UNICEF. España ha batido un récord
histórico en desahucios desde el 2007 la cifra de ejecuciones hipotecarias en
España son de 374.230. Andalucía con 72.900 en este periodo se sitúa a la
cabeza, seguida de Cataluña, 70.663.
La ausencia de una ley de
modulación de ayudas agrarias origina la injusticia de que 304 grandes empresas
y terratenientes reciban cada año cerca de 400 millones de euros de subvención,
el 80%, la misma cantidad que reciben cerca de 14.000 explotaciones agrarias
pequeñas y medianas.
Las tierras hoy están más
concentradas que en el año 1930. En 1930 el 48% de las tierras pertenecían a
los grandes propietarios, hoy en el 2013 el 54% de las tierras pertenecen a los
grandes propietarios, al 3% de los grandes terratenientes.
Ahora asistimos a una ofensiva
del capital neoliberal y de la derecha política para desmantelar los derechos
de los trabajadores y las prestaciones sociales, y recortar las libertades
democráticas y los niveles de autogobierno alcanzado.
Blas Infante escribía que la
causa de los fracasos de los gobiernos que ha tenido España en el siglo XX ha
sido la defensa de un estado centralista.
Se impone como salida a la
situación actual abrir un proceso constituyente hacia la III República
Federal y solidaria, donde tengan encaje todas las CC.AA. sin privilegios, con
simetría y solidaridad.
Finalmente, llamamos a la
movilización en defensa de una salida a la crisis que contemple la reforma
agraria, la soberanía alimentaria, el banco público de tierras, un PER especial
y cero peonadas para acceder al subsidio, la banca pública y un sistema
financiero público andaluz, la renta básica, la dación en pago y garantizar la
función social de la vivienda, la derogación de la reforma laboral, que da la
puntilla a los derechos de los trabajadores, reducción de la jubilación y
reparto del trabajo, cierre de las bases militares de Morón, Rota y Gibraltar,
defensa del carácter público, de los servicios y derechos sociales como la
educación y la sanidad, una democracia participativa, real y ciudadana,
igualdad entre hombres y mujeres, y transparencia para luchar contra la
corrupción y la plena igualdad en Andalucía acabando con el machismo y el
patriarcado. La solidaridad y la distribución de alimentos para luchar contra
la pobreza, la exclusión social y el hambre.
Una movilización que frene las
privatizaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa siguiendo las
directrices del Banco Central del fondo monetario internacional, de la troika,
en una política de genocidio social, de terrorismo económico. Decía un viejo manifiesto andaluz: la provincia
es una creación artificial, Andalucía es una
pasión política y el municipio es una verdad concreta. Ante el ataque a
la autonomía municipal del Gobierno del PP para tutelar a los ayuntamientos y
violar su autonomía que hemos de defender, toda la ciudadanía empezando por la Junta de Andalucía, que ha
de ser solidaria y leal con los ayuntamientos como ellos lo fueron en la
conquista de la autonomía el 28 de febrero. Como dice nuestro himno, andaluces
levantaos, pedid tierra y libertad.
Viva Andalucía.
Antonio Romero
Presidente de honor del PCA
Miembro de la Comisión Ejecutiva
de IU-LVCA
Coordinador de la Red de municipios por la III Republica
lunes, 25 de febrero de 2013
domingo, 24 de febrero de 2013
José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz: "son los poderes bancarios los que mueven en España el día a día"
Lucas Martín/La Opinión de Málaga
El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz asegura que la
entrada en la Junta
le ha hecho ver con nitidez las diferencias entre «estar en el gobierno» y
disponer del poder para cambiar las cosas. «Son los poderes bancarios los que
mueven en España el día a día; es necesario revertirlo», dice. También manda un
recado al alcalde a propósito del metro: «De la Torre es muy listo. Prefiere
la confrontación antes que explicar a los ciudadanos que tendría que buscar
decenas de millones para cumplir con su parte del convenio y del compromiso»,
señala
A sus 38 años, y casi a su pesar, José Antonio Castro se ha
situado casi en el precipicio de una nueva aventura política. Los analistas lo
señalan como el sustituto de Valderas al frente de IU en Andalucía. Ajeno a las
especulaciones, al menos de puertas para afuera, mantiene su discurso en la
misma línea gravitatoria. Sin paños calientes. Ni siquiera para sus colegas
ocasionales en la Junta.
El Ayuntamiento
quiere a toda costa que el metro llegue al centro bajo tierra. ¿IU está
dispuesta a ceder o continuará la bronca en los próximos meses?
Lo primero que hay que decir es que el planteamiento que
hace la consejería de Fomento no se debe a una posición programática,
ideológica y por lo tanto un dogma que se derive de esas posiciones. A nosotros
lo que nos hubiera gustado es cumplir con el convenio que existe. El problema
es que cuando hemos entrado en la consejería hemos empezado a conocer la
realidad nunca contada del metro, que es un proyecto que ha ido duplicando sus
costes en cada tramo y que en la crisis actual tiene muy pocos visos de
viabilidad. Al menos en los términos factualmente planteados. Es por eso, y
desde la obligación que tenemos de tratar cada euro con responsabilidad, porque
es dinero público, por lo que debemos dar una respuesta que genere certidumbre
técnica y económica. Esperemos llegar a un consenso con el Ayuntamiento y que
podamos hacer un metro que al final no nos salga más caro de lo que nos ha
salido.
El alcalde amenaza,
incluso, con retirar la aportación municipal si no se cumplen los plazos y el
proyecto aprobado en el convenio.
El alcalde es muy listo. Es consciente de la parte que le
correspondería poner sobre la mesa al Ayuntamiento con la propuesta que él
defendía y de que eso implica tener que dar explicaciones a los ciudadanos.
Especialmente, acerca de dónde va a ir a buscar las decenas de millones que
tiene que aportar según el convenio. En lugar de explicar eso a los malagueños,
prefiere seguir con la polémica que nos ha acompañado durante toda la historia
del metro, la permanente lucha entre PSOE y PP que nosotros no queremos que se
repita.
La política de metros
y tranvías de la Junta
ha estado salpicada de dificultades. Problemas de financiación, redes
inauguradas y sin uso...
Es obvio que ha sido una apuesta errónea desde el principio,
pero nosotros no queremos entrar ahora en ese debate. Nuestra postura
tranviaria era en su día radicalmente distinta, pero se abogó por una fórmula
de difícil salida.
Quizá dentro de poco
se lo pueda decir a Griñán en la reunión de líderes del partido. En todas las
quinielas aparece su nombre como reemplazo de Valderas...
Lo que lamento de todo este asunto, aunque, por otra parte,
resulta inevitable, es que el debate se esté dando en términos nominalistas.
Seguramente voy a formar parte de la próxima dirección andaluza del partido;
soy el actual portavoz y voy a seguir ahí echando una mano, el sitio que ocupe
ya se decidirá en la asamblea de junio. Lo importante, insisto, es la política,
decidir qué va a hacer IU en los próximos cuatro años, a buen seguro
vertiginosos y llenos de cambios.
Entiendo, en
cualquier caso, que ser el líder regional de un partido es una aspiración muy
legítima cuando se forma parte de ese mismo partido....
Sí, claro que es legítima. Yo personalmente no la tengo,
pero es muy legítima.
¿Y si se lo piden sus
compañeros?
Ya veremos.
La perspectiva
electoral no es mala para Izquierda Unida. La mayoría de los pronósticos
apuntan a que seguirá el crecimiento de las últimas convocatorias.
Ese es precisamente el peligro: crecer mucho electoralmente
y no hacer crecer el proyecto político que sustenta ese crecimiento electoral.
Por eso es tan importante la asamblea; debemos evitar que IU se convierta en un
flan que crece y crece en el horno para luego desbaratarse muy rápido. De lo
que se trata no es de situar a IU en una buena situación electoral, sino del
proyecto político y de ver cómo se le rompe el espinazo al bipartidismo como
expresión o ejecutor de un sistema económico y político que no compartimos.
Últimamente se habla
mucho de transparencia y de la necesidad de cambiar el funcionamiento interno y
la financiación de los partidos.
Eso hay que hacerlo. Nosotros hemos presentado un proyecto
de ley sobre la financiación que incluye una propuesta para prohibir la
donación de empresas privadas. Si se forma parte de un partido y se aceptan
donaciones de una constructora y luego se gobierna, ¿qué es lo que se debe
presuponer? Es un punto de partida viciado. De todas formas no creo que la
cuestión sean solo las normas y límites que se le ponen a los partidos. La
salida a la crisis no va a venir solo por eso, ni siquiera porque cambie el
sentido del voto. Necesitamos construir algo nuevo, abrir un proceso
constituyente que venga desde abajo y en el que todos–no sólo los partidos–
decidamos qué puñetas queremos hacer para salir de esto. Se echan en falta unos
Pactos de la Moncloa
adaptados al siglo XXI.
¿Hacia donde llevará
tanta frustración y descontento?
Una de nuestras preocupaciones precisamente es que toda esa
energía, como ya ha ocurrido en otras situaciones de crisis, encuentre acomodo
en la extrema derecha y el discurso fácil.En España es difícil que ocurra
porque la derecha está aglutinada en torno a PP, pero sigue siendo preocupante
que no haya una visión de conjunto de cómo el pueblo puede tomar las riendas,
ya sea como consumidores, como usuarios o como trabajadores. Ahora que hemos
entrado por primera vez en el gobierno autonómico de Andalucía me he dado
cuenta de que una cosas es estar en el gobierno y otra muy distinta tener el
poder para cambiar las cosas. Poderes como el que tienen los bancos son los que
mueven este país día a día y eso hay que revertirlo para que el depositario del
poder sea la gente llana, que, además, es la mayoría.
¿Qué lectura hace de
ese «estar en el poder» con el PSOE en la Junta de Andalucía?
El balance es moderadamente satisfactorio, lo cual resulta
un eufemismo que te inventas cuando no quieres decir que no ha estado mal pero
que tampoco da para tirar cohetes. La situación económica es muy complicada;
sabemos que no vamos a transformar nada en este periodo pero decidimos entrar a
formar parte de la Junta
con el objetivo de contribuir a parar los golpes que se le están danto a la
ciudadanía. Creo que hemos cumplido en ese sentido y en el de intentar corregir
cosas que nos estamos encontrando en una administración de 30 años creada y
amamantada por un mismo partido.
Los presupuestos de la Junta han comprimido
partidas especialmente sensibles. El PP no se traga eso de que todo es culpa
del Gobierno central.
¿El PP de Málaga? El Ayuntamiento por ejemplo ha practicado
un recorte presupuestario porcentualmente mayor que el de la Junta. Nadie puede
negar que existe discriminación del Gobierno hacia todas las comunidades
autónomas. Sobre todo, cuando les impone un objetivo de déficit del 1,5% y el
Estado se reserva el 6% pese a que las competencias más caras está en manos de
las comunidades. En Andalucía se nota además que no está gobernada por su
propio partido. El nuevo equipo de la
Junta fue recibido por una campaña feroz del ministro Montoro
que hizo que se bloquearan todos los mercados. Andalucía no podía emitir ningún
bono de deuda ni acudir a ninguna entidad a pedir un crédito porque había sido
tildada por el Gobierno de insolvente. A otras regiones, como Extremadura, se
les devolvió parte de los 800 millones arrebatados a las políticas activas de
empleo.
¿Se van a desmarcar
entonces de los objetivos de déficit?
Todos se van a desmarcar. Nadie va a cumplir con los
objetivos, ni siquiera el Gobierno, que tiene un margen más generoso. El
discurso es que hay que acabar con el déficit de la administración y éste se
sigue incrementando. Lula contaba alucinado cuando iba a pagar y el FMI no
quería que le devolvieran el dinero porque el déficit es una manera más de las
que disponen los poderes financieros para arrasar un país; son nichos de
negocio, completamente desregularizados. Esto tiene mucho que ver con el origen
de la crisis, que no es algo que nos haya venido, ni un ciclón ni un terremoto.
Ni siquiera una fatiguita de Dios.
Su partido ha sido
muy crítico con la propuesta de reforma de la administración local.
Es un paso más. No sólo hay crisis económica o alimentaria o
medioambiental, sino también de soberanía y eso comporta el desmantelamiento de
una democracia ya de por sí bastante mejorable. Se está haciendo que los
resortes de los que dispone el ciudadano para intervenir en la política cada
vez estén más vacíos y desprovistos de sentido. Y esto va precisamente en esa
línea. Volvemos a unos ayuntamientos que son extensión en el territorio de
Madrid, como en los tiempos de Franco. Esta reforma quita competencias, y
presume la fiscalización permanente, lo que en la práctica hará que lo de la
autonomía local se quede sólo en local. Y, además, eso del ahorro es, en este
caso, el chocolate del loro.
¿Cómo se podría
evitar la duplicidad de competencias?¿Qué recursos administrativos se podrían
recortar sin demasiado coste para la sociedad?
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la supresión de
las diputaciones provinciales, que curiosamente son las que se verán
beneficiadas con esta reforma. Pero también hay maneras de proceder. En Fomento
nos hemos encontrado con un mecanismo que es un auténtico disparate: la famosa
colaboración público-privada para las grandes infraestructuras. Hay carreteras
tasadas en 237 millones que con esta fórmula, por la que la empresa privada
consigue la financiación, tienen un coste final para la administración de más
de 400. Es lo que algunos expertos llaman la burbuja de las grandes
infraestructuras. Lo que hemos hecho ha sido suspender todos los proyectos cuyo
desarrollo estaba previsto con este mecanismo, que es el que se han acogido la
mayoría de las regiones por los límites a la inversión introducidos por el
control del déficit. Este sistema es perverso.
La famosa comisión
parlamentaria de los ERE finalizó sin dictamen. ¿Una oportunidad perdida o un
alivio para sus socios de gobierno?
Para nosotros ha sido muy frustrante. Estuvimos preparando
la comisión de junio a noviembre y nos hemos encontrado con que las
conclusiones no existen. La parte positiva es que hubo comparecencias y gracias
a eso pudimos saber algo más del caso; además, no estábamos acostumbrados a
este tipo de comisiones en Andalucía. Da la sensación, no obstante, de que
había dos que representaban papeles distintos en una misma obra: a uno lo único
que le interesaba del dictamen era la cabeza del presidente de la Junta y al otro, y por
encima de cualquier cosa, la defensa de los suyos.
La política española
se ha acostumbrado a convivir con la sospecha, sin necesidad, incluso, de tomar
decisiones. ¿No le da miedo que se transmita un mensaje de impunidad y
tolerancia hacia la corrupción?
Parece que sí, efectivamente, que la sensación es de
impunidad. Pero, además, en todas direcciones. En Málaga hemos visto a alcaldes
que después de ser condenados han vuelto a ganar elecciones y por mayoría. Esa
tolerancia hacia los que delinquen es muy grave. Por momentos da la sensación
de que es más recomendable robar mil millones del erario que participar en un
piquete en una huelga. La respuesta, además, tampoco es convincente. Publicar
la declaración de la renta no es actuar con transparencia. En primer lugar
porque no demuestra nada y, sobre todo, porque transparencia es que cualquier
ciudadano pudiera acceder a cualquier tipo de información pública y saber qué
se hace hasta con el último euro.
En el caso del SAE se trata de los trabajadores contratados
como asesores y promotores de empleo en 2008, que se han visto afectados por
los fondos que ahora nos quita el Gobierno. Y es verdad que eso ha supuesto que
un montón de oficinas se queden con dos personas, lo justo para sellar. Campo
libre para la ETT.
Nosotros hemos estado con ellos y hemos conseguido que se
convoquen a pulmón 310 plazas para las sedes más endebles. En sanidad, IU ha
denunciado muchas carencias, pero la prioridad ahora es que no se venda ningún
hospital ni centro de salud, porque las directrices que llegan del Gobierno y
de la troika, ese poder que nadie ha votado, van en esa línea.
sábado, 23 de febrero de 2013
Alberto Garzón: "Hay que formatear las actuales instituciones del Estado"
El diputado de IU presenta su último libro, 'La gran
estafa'. Reclama un nuevo proceso
constituyente en España y propone romper con el capitalismo y nacionalizar las
grandes empresas como vías para salir de la crisis económica y política
Jorge Otero / diario Público
En un país donde la norma es que el paro juvenil supere el
50%, Alberto Garzón, de 27 años, es una notabilísima excepción. Diputado de IU
por Málaga en el Congreso de los Diputados, este joven economista, curtido en
los movimientos sociales desde hace años, saltó a la primera línea política al
calor del 15-M y desde entonces no ha parado: además de su actividad como diputado,
Garzón escribe libros y participa en charlas, conferencias y actos por todo el
país. Estos días está presentando La gran estafa (Editorial Destino), su
segundo libro en solitario en menos de un año.
En el epílogo de su
libro afirma que hace mucho tiempo que ya nadie le pregunta cuándo acabará la
crisis. Quizá la pregunta sea si la crisis acabará algún día y, sobre todo, en
qué condiciones saldremos de ella.
Es verdad, la gente me preguntaba mucho al principio de la
crisis cuando acabaría. Quien hacía esa pregunta veía la crisis como un
accidente, una cuestión temporal y azarosa que terminaría pasando. Pensaba que
luego podría seguir con su vida normal. Pero eso ya no ocurre: la gente ha
interiorizado que esta crisis está aquí para quedarse y que es estructural. Es
cierto que tarde o temprano saldremos de ella, pero lo que no está tan claro es
en qué condiciones, efectivamente, y de qué forma. Ahora mismo la preocupación
de la ciudadanía no es tanto salir, sino cómo sobrevivir hasta la salida.
Ahora vamos al
título: La gran estafa. Contundente.
Hablamos de la gran estafa porque la ciudadanía es
consciente de que está siendo robada, estafada y saqueada. Los ciudadanos notan
que trabajan más por menos salario, que incluso pierden el trabajo y la vivienda.
Sienten que viven peor que sus padres y que ya no pueden esperar que sus hijos
vayan a vivir mejor que ellos. En el libro intento explicar cómo el
funcionamiento del propio sistema capitalista va carcomiendo los espacios
públicos como la sanidad y la educación. Esta crisis es una forma de empobrecer
a la mayoría y enriquecer a una minoría. Además, en el relato construido
oficialmente en torno a la crisis se intenta culpar a sectores que en absoluto
tienen esa responsabilidad, como son los hogares y las familias.
¿Se podría haber
evitado la crisis?
No podemos olvidar que estamos en un sistema capitalista y
que las crisis son un recurrente en este sistema económico. Pero hay diferentes
formas de gestionar la crisis y hay diferentes formas de darle salida. Las
alternativas eran múltiples: o bien moderar el impacto de la crisis o bien
romper con el capitalismo. Lo que sí se podría haber evitado era hacer recaer
todo el coste de la crisis sobre la mayoría de la población. Ahora estamos
viendo otra vuelta de tuerca que tarde o temprano nos conducirá a una crisis
mayor; de hecho, yo creo que ya estamos abocados a esa crisis mayor.
¿No cree entonces en
las previsiones del Gobierno, que fechan el inicio de la recuperación para
finales de este año o principios de 2014?
Si seguimos esta política de austeridad nos encontraremos
con el desastre, diga lo que diga el Gobierno. El caso de Grecia es
ilustrativo: en el año 2010 el FMI dijo que si Grecia seguía sus instrucciones,
en 2012 saldría de la crisis creciendo un 1,1%. El año pasado el PIB griego
cayó un 6%. Lo cierto es que la recesión se está agudizando y de hecho Alemania
ya ha caído en ella. Ahora estamos entrando en una fase distinta: el
capitalismo español quiere salir de la crisis siendo competitivos por la vía de
los salarios bajos. Esa es la estrategia. En ese sentido hemos de interpretar
la reforma laboral y toda la política económica del Gobierno. Esa estrategia
podría conducir a una posible salida de la crisis pero en unas condiciones
absolutamente tercermundistas, propias de un país subdesarrollado. Pero ni
siquiera es seguro que eso vaya a ocurrir.
¿Por qué?
El Gobierno cree que si bajamos mucho los salarios tal vez
nos compren a nosotros los productos en vez de a China, por ejemplo. Pero no
está nada claro que en ese caso China no bajase a su vez los salarios un
poquito más. Desde un punto de vista económico es imposible que todos los
países puedan ser exportadores netos. Es una cuestión contable: no todos los
países pueden exportar más de lo que importan. Además, la ciudadanía no va a
aguantar un proceso de regresión social que nos va a llevar al siglo XIX en
cinco años. No sin un estallido social.
Usted plantea que hay
que romper el capitalismo para tener una verdadera democracia. ¿Qué sistema
económico deberíamos adoptar entonces?
Aquel sistema económico que, independientemente del nombre y
del apellido que le queramos dar, no haga que se produzcan las cosas sólo por
la rentabilidad, que es el motor que empuja al capitalismo junto con la
ganancia. El capitalismo es incompatible con la democracia porque en este
sistema económico los votos se determinan en función del dinero, de modo que
aquellos que más tienen son los que más mandan. Si los recursos no están
gestionados por la sociedad, si no son recursos públicos democráticamente
gestionados, evidentemente el poder y la capacidad de decidir qué se produce y
hacia dónde vamos estará en un espacio privado y alejado de la ciudadanía.
Debemos tener claro que las grandes empresas y los grandes sectores estratégicos
tienen que ser públicos para decidirlo todo democráticamente y que
efectivamente exista una democracia. Pero sobre todo hay otro imperativo, que
es el ecológico: nuestro planeta no aguanta un sistema competitivo como el
actual modelo de producción y consumo que representa el capitalismo.
La comparecencia a
puerta cerrada de Mario Draghi en el Congreso de los Diputados la semana pasada
es la prueba más palpable de lo que usted denuncia: la subordinación del poder
político a los llamados mercados. Su intervención en esa reunión fue muy
comentada. ¿Qué responsabilidad tiene el BCE en la crisis?
Todo el diseño institucional de la UE es claramente responsable de
lo que está sucediendo. Por muchos motivos: por habernos llevado a una
especialización productiva basada en la construcción y en el turismo, por
habernos desindustrializado y por habernos hecho más dependientes del centro de
Europa. En términos económicos la
UE está configurada como un modelo simbiótico: Alemania y
España se necesita mutuamente para crecer. El BCE tenía instrumentos para
evitar una sangría y un saqueo a las arcas públicas. Hemos visto especuladores
presionando sobre la deuda pública, hemos visto todo tipo de circunstancias que
hacían que un Estado tuviera que endeudarse al 7% mientras los bancos podían
hacerlo al 1% o incluso menos. Todo eso está diseñado por la UE y por ahí tiene una
responsabilidad muy importante porque ha permitido que se pueda especular
contra un país y que se le pueda chantajear desde los mercados. Yo creo que el
mejor ejemplo, y se lo dije a Draghi, al que evidentemente no le hizo ninguna
gracia, es que el BCE tardó cuatro años en hacer todo lo que tenía que hacer y
eso calmó, temporalmente, pero calmó a los mercados. ¿Por qué tardó cuatro
años? Durante ese tiempo se permitió que se presionara a los países y llegó la
crisis de la deuda pública. El BCE tiene una responsabilidad política e incluso
yo diría que penal. Jean-Claude Trichet [el anterior presidente del BCE] y
Draghi deberían pasar por un juzgado, dado que sus decisiones han provocado
recortes en sanidad, educación y en los servicios públicos básicos. Son
responsables directos de todo el sufrimiento actual.
Otra de sus
propuestas para superar la crisis es dejar atrás el modelo constitucional de
1978. Propone un nuevo proceso constituyente y aboga por una regeneración
democrática. Pero sin los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, ese proceso no
podría salir adelante. ¿Se puede contar con ellos?
Yo creo que la mayoría de la población aceptaría un nuevo
proceso constituyente. La gente está deseando una regeneración democrática, un
nuevo modelo de país, un nuevo modelo de Estado y tener una democracia más
participativa. Claro que no creo lo mismo de los dos grandes partidos, por lo
menos de la oligarquía que los dirige. Hay una desconexión entre los dirigentes
de los dos grandes partidos y la base social. Por eso es importante superar esa
barrera, esa barrera que se crea del hecho de que un militante de base del PSOE
sí quiera ir a un proceso constituyente y Rubalcaba no. Afortunadamente, esa
barrera está desapareciendo.
¿Usted cree?
Hay una caída en la intención de voto de los dos grandes
partidos. Y la tendencia es continuar en esa línea. El PSOE no tiene
credibilidad. La credibilidad se gana en años y se pierde en poco tiempo, y el
PSOE la ha perdido durante sus años de gobierno. El PP, con toda la política
que está haciendo, se desgasta y ese desgaste no lo capitaliza el PSOE.
Desgraciadamente la crisis va a continuar bastante más tiempo, así que podemos
asistir a un escenario político que no podemos predecir del todo, pero que sí
podría estar caracterizado por un proceso constituyente, por una especie de
formateo de las instituciones actuales para iniciar una construcción distinta.
Hablando del PSOE: en el libro usted habla de la socialdemocracia como una ideología casi en vías de extinción.
Cuando vino Draghi al Congreso, el portavoz del PSOE fue
absolutamente servil. No cuestionó en ningún momento su legitimidad a pesar de
que Draghi no es una persona electa y nosotros, los diputados, sí lo somos. Se
limitó a pedirle ayuda como hicieron el resto de grupos. El BCE persigue un
modelo de sociedad muy determinado: el propio Draghi habló de rebaja de costes
salariales para lograr una situación competitiva. Añadió que nuestro país tenía
que buscar sus ventajas comparativas, lo que quiere decir que nos está mandando
a un mercado mundial a competir contra todo el mundo y a ver quién vende sus
productos más baratos. En ese espacio institucional la socialdemocracia no puede
sobrevivir porque para poder competir y vender más barato que tus competidores
necesitas tener trabajadores más baratos y necesitas tomar medidas económicas
que hacen inviable mantener el Estado del bienestar. En un capitalismo tan
flexibilizado, tan desregularizado y tan competitivo la socialdemocracia pierde
los espacios. Claro que el PSOE ni siquiera es socialdemócrata a mi modo de
ver. Podríamos decir, siendo generosos, que es socioliberal. En términos
teóricos la socialdemocracia está agotada en un entorno institucional que te
obliga a competir contra el resto del mundo. Así que, o se regulan los mercados
y se vuelve a espacios de proteccionismo y a una industrialización interna, o
la socialdemocracia tendrá que desaparecer como teoría.portada del libro de
Alberto Garzón
¿Qué opina de Beatriz
Talegón? ¿Qué opina de los abucheos que recibió en la manifestación contra los
desahucios en Madrid?
No la conozco. Sólo he visto ese vídeo de su intervención en
la
Internacional Socialista en Portugal y alguna intervención
posterior en televisión. En el vídeo dice cosas que son muy ciertas. La verdad
es la verdad la diga quien la diga. Tenemos una democracia formal, de mínimos,
que algunos llaman de baja intensidad en la que casi que te limitas a votar
cada cuatro años a quien va a mandar. Los partidos políticos son estructuras
muy rígidas, sobre todo aquellos partidos que han estado enquistados en el
poder durante mucho tiempo y que permiten la existencia de oligarquías
políticas que se unen con la oligarquía empresarial y al final terminan
rompiendo con la voluntad de las bases. Yo creo que por ahí iba la intervención
de Talegón. Creo que fue sincera, pero luego creo que no ha sido capaz de
criticar la política del PSOE en los años que ha gobernado, ni ha sido capaz de
asumir que ella también es corresponsable en la medida en que es militante del
PSOE y una cara visible. Yo no abuchearía jamás a una persona en una
manifestación, me parece una falta de respeto y de educación democrática, pero
sí que aprovecharía para preguntarle a Talegón dónde estaba cuando ya en los
tiempos de Zapatero muchos estábamos parando desahucios. La gente se puede
temer que es una vía de oportunismo y desgraciadamente puede llevar a
situaciones como la de la manifestación que es absolutamente anecdótica.
En esa manifestación
se visualizó otro de los problemas más graves que tiene el país: la desafección
de los ciudadanos por la clase política. A ello hay que añadir la corrupción.
Pese a todo, usted reivindica la política.
El problema político no es sólo una cuestión de caras.
Evidentemente hay que erradicar a los Bárcenas, a los Camps y a los Fabra del
escenario político porque son manzanas podridas. Pero el problema también es de
las instituciones: si hay un corrupto es porque hay un corruptor, y si hay
corrupción es porque se permite que haya corrupción. No hay suficiente
transparencia, no hay suficientes mecanismos institucionales para penalizar,
sancionar e impedir la corrupción. Necesitamos nuevas instituciones;
necesitamos una justicia más ágil, más rápida y más justa; necesitamos
transparencia en la gestión de dinero público; necesitamos acabar con la redes
clientelares, con el caciquismo y el enchufismo, que son prácticas que tienen
más que ver con la mafia que con la política. Yo reivindico la política, pero
la política en el sentido noble. En el sentido de que una sociedad se reúna y
decida colectivamente cómo se va a organizar, qué va a producir, de qué
instituciones, reglas y normas se va a dotar para llegar a la paz social. Eso
es la política.
A veces da la
impresión de que el PP y el PSOE no hacen gran cosa por reducir esa brecha con
la ciudadanía. Igual necesitan llevarse un buen susto en alguna convocatoria
electoral para decidirse a actuar.
La propia sociedad es la ola que arrastra a la cúpula
dirigente de los partidos. Hace cinco años era impensable hablar de la reforma
de la Constitución
y ya el PSOE, dándose cuenta de que se está quedando lejos de la ciudadanía,
empieza a hablar de esa reforma. Pero tenemos muchos frentes abiertos. Por
ejemplo, el de la Casa Real ,
infectada de corrupción y desprestigiada absolutamente, intentando ser
sostenida por todo tipo de propaganda institucional. Su desprestigio arrastra a
las instituciones. El desprestigio de la llamada clase política y del sistema
político provoca que al final nos encontremos con que la gente quiere algo
nuevo, algo distinto, referencias distintas y una Constitución distinta que se
aplique de verdad, porque al final el problema no es la Constitución en sí:
también se trata de que lo que está escrito en el papel se aplique.
¿Y cómo lo hacemos?
Los constitucionalistas distinguen entre constitución
formal, lo que está en el papel, y constitución material, que es lo que al
final uno disfruta. Tenemos una constitución muy bonita en muchos artículos. El
artículo 128 dice que la riqueza de un país está subordinada al interés general
y, sin embargo, eso no sucede. Hemos vivido un proceso deconstituyente desde
hace mucho tiempo que ha vaciado de poder la Constitución y se ha
llevado a las instancias supranacionales como el BCE que no tienen legitimidad.
Y menos mal que no tenemos una constitución europea porque la que íbamos a
tener era para echarse a llorar. Lo que hay que hacer es lo contrario y llevar
a cabo un proceso constituyente que permita recuperar también los instrumentos
para poder aplicar la
Constitución.
¿Está usted
proponiendo menos Europa o incluso una salida del euro? ¿Qué pasa con la unión
bancaria y la unión fiscal?
No se trata de menos Europa. Se trata de hacer otra Europa
sobre unas bases de solidaridad entre sus diferentes pueblos y no sobre las
bases de la unión bancaria. La unión fiscal es retórica, eso no va a suceder.
Es la misma retórica que tenía la refundación del capitalismo por Sarkozy o que
tenía lo de prender fuego a los paraísos fiscales. Eso sólo es una llamada de
atención para mantener la
Europa que tenemos ahora que es la Europa de los mercaderes, la Europa de las grandes
fortunas y de los grandes bancos. En esa Europa no cabemos, no cabe nuestro
proyecto. La cuestión del euro es distinta, el euro es una moneda, un
instrumento monetario. Nuestros problemas no derivan de un origen monetario
sino de una estructura productiva. Tenemos un problema de inserción en la
economía mundial y en la UE.
Salir del euro no nos soluciona nada, como mucho nos
proporcionaría ciertas herramientas para quizás empezar a pensar en salir de la
crisis dentro de dos o tres años. Pero no es el problema, el problema es la
estructura productiva, la economía real.
Esa otra UE que usted
reclama, ¿es posible?
Hay que decir claramente que o cambiamos la correlación de
fuerzas en la UE o
se producirá una implosión del euro que sería desastrosa para toda Europa. Lo
que hay que hacer es forzar y negociar desde la correlación de fuerzas con la
troika y con las instituciones europeas para recuperar la democracia. Digo
forzar para que quede claro que no es una relación de iguales: es una
negociación entre quienes tienen la sartén por el mango, que en este caso somos
nosotros, los ciudadanos, y ellos, que se están beneficiando. Si quisiéramos,
podríamos adoptar toda una serie de medidas para que la troika tuviera claro
que no le queda más remedio que ceder y la troika está compuesta por parte de
Europa.
El camino se antoja
largo y complicado
Es complicado, sí. Pero ahí está el ejemplo de América
Latina, que nos enseña mucho: en los años 80 y 90 el FMI impuso los planes de
ajustes, —por cierto que a esos años se les llamó la década perdida—. América
Latina da modelos muy distintos: da Venezuela, da Ecuador, da Bolivia,
Argentina, Brasil... países que han logrado romper con esa tradición
neoliberal. Eso demuestra que se puede hacer. Es obvio que no es fácil porque
actualmente no se da la correlación de fuerzas suficiente: aquí gobierna el PP,
en Grecia sigue gobernando también la derecha, pero ya se dan elementos de un
cambio: Syriza encabeza las encuestas en Grecia. Aquí hay una tendencia
decreciente del bipartidismo y, dado que la situación es de absoluta
emergencia, los cambios sociales se producirán con mayor rapidez. Es
complicado, sí, pero es el único camino.
jueves, 21 de febrero de 2013
Cayo Lara y la IU- Izquierda plural denuncian la política ruinosa y corrupta del Gobierno y exige elecciones
Debate sobre el estado de la Nación 2013 - Cayo Lara, IU. Joan Coscubiela, ICV. Chesús Yuste, CHA
Alberto Garzón: Construir base social a partir de las ruinas del régimen
Hay un régimen viniéndose abajo. Tanto el sistema económico
como el sistema político están sumidos en una crisis de legitimidad en cuyo
desarrollo se está hundiendo la sociedad y dinamitando la cohesión social.
Algunos sectores, entre los que se encuentran muy claramente las direcciones de
los dos grandes partidos, intentan apuntalar como pueden un diseño
institucional y económico que durante décadas les ha permitido reproducirse
tanto en el Gobierno como en el poder.
En ambos ámbitos, económico y social, la directriz oficial
es tomar la vía de la huida hacia delante. Así, el Gobierno espera que la
modificación rápida del modelo de crecimiento económico dé pronto sus frutos.
Esos frutos esperados son un crecimiento del empleo de carácter precario,
prácticamente esclavista, y una calma en los mercados financieros que sea
bendecida por el todopoderoso e independiente Banco Central Europeo. El camino
es tortuoso, especialmente para los más desfavorecidos, y sin un final feliz
garantizado, pero al Gobierno se le va agotando el tiempo. Todo parece indicar
que el estallido social puede llegar mucho antes que la esperada meta económica
del Gobierno.
En el otro ámbito, el del sistema político y la
representación política, las cosas están aún peor. Según Metroscopia, un 80% de
los ciudadanos piensa que los diputados del Congreso no les representan, y
hasta un 85% cree que los diputados y los banqueros son deshonestos. La
corrupción y la sensación dominante de impunidad de los delincuentes fiscales y
financieros es algo desolador.
Y para enfrentar esto tenemos la necesidad no sólo de
diseñar propuestas factibles en ambos ámbitos, con un proyecto político y
económico que sea viable y sustancialmente distinto al empujado por el Gobierno
en su huida. Es decir, es insuficiente con poner encima de la mesa un proceso
constituyente y un modelo económico alternativo al actual. Sobre todo
necesitamos también encontrar la forma de aglutinar todo el descontento
generalizado y transformarlo en una fuerza que sea catalizadora del cambio
social y económico. Esto es, crear una base social.
Efectivamente, suele haber acuerdo en que cualquier proceso
de transformación de las características apuntadas requiere la existencia
previa de una base social, esto es, un colectivo que comparta unas determinadas
condiciones objetivas, una amplia cohesión y un grado de intervención
suficiente. Se trata, en definitiva, de lograr que la ciudadanía que sufre
bajadas salariales, recortes en los servicios públicos y desahucios vean las
mismas causas en el origen de esos distintos procesos. Que compartan, dicho de
otra forma, un diagnóstico político de lo que está fallando. Desde ese punto de
partida es posible cohesionar a la ciudadanía en torno al proyecto político y
económico, y si existe una organización de ese proyecto será factible poner en
marcha el proceso de cambio.
Esta teórica hoja de ruta choca con un obstáculo perverso
del actual sistema político. A saber, que la voluntad de la ciudadanía está
mediada por los partidos políticos, los cuales cohesionan en torno a otro tipo
de valores. Dicho de otra forma, los partidos funcionan como fuerzas
centrípetas de la frustración ciudadana y logran la absorción de fuerzas que
son necesarias para la configuración de esa base social, la cual naturalmente ha
de ser más amplia que la que potencialmente pueden alcanzar estos mismos
partidos en las condiciones actuales.
En la práctica esto deriva en una guerra de siglas, cada una
de ellas presentadas como los mejores instrumentos de cambio. Así, el debate se
traslada desde el fondo –el proyecto ideológico – hacia la forma –las siglas y
la pertenencia o la identidad política a un partido – . En consecuencia,
personas que en otras circunstancias compartirían espacios políticos se
encuentran enfrentadas por la mediación de los partidos políticos y el ciclo
electoral.
En otros países esta realidad ha conllevado la implosión de
gran parte de los partidos políticos, abriendo espacios a nuevos proyectos de
transformación –como en Ecuador, Bolivia o Venezuela– o a nuevos partidos que
heredaron las viejas prácticas –como en Italia–. El perfil que marca
actualmente España es el de la descomposición paulatina pero firme de los dos
grandes partidos, especialmente con un acentuado nivel de pérdida de identidad
en el Partido Socialista.
Lo que a mi juicio corresponde hacer es tratar de convertir
instrumentos políticos como Izquierda Unida en elementos que catalicen la
creación de esa base social que requerimos. Ignorar el análisis anterior puede
convertir a IU en un partido que se limite a ver pasar de largo el proceso de
transformación, no necesariamente positivo, llevado a cabo entonces por otros
actores políticos.
Izquierda Unida debería aspirar a ser el dispositivo que
active la creación de esa base social, sin pretender ser el centro dirigente
del cambio. Ese centro corresponde a las personas cuya ideología busca dicho
cambio. Otros colectivos, organizados en la periferia ideológica de IU, forman
parte de esa base social potencial que necesitamos y, en consecuencia, son
también compañeros de viaje.
Así, hay que romper con las viejas prácticas y mentalidad de
un sistema político decadente. La lucha no puede darse enfrentando siglas o
banderas, sino ideas, y ello conlleva aceptar también que hay un sector muy
importante en la base social del PSOE que es igualmente necesario.
El reciente abucheo a la dirigente socialista Beatriz
Talegón, en la manifestación del 16F ,
pone de relieve que aún nos queda camino por recorrer. Porque sin duda hay que
combatir la hipocresía y oportunismo de quienes, como López Aguilar,
pertenecieron a un Gobierno que agilizó los desahucios y ahora defienden lo
contrario. Pero tampoco podemos ignorar que muchos militantes y votantes del
PSOE no son corresponsables de las prácticas infames llevadas a cabo por los dirigentes
de su partido.
En Alemania y Francia, importantes dirigentes socialistas,
repletos de honestidad, dieron el salto hacia proyectos alternativos en Die
Linke y Front de Gauche. En Grecia, la base social de Syriza proviene también,
y lógicamente, de gran parte de la base social del antiguo PASOK. Y tanto en
las recientes elecciones de Galicia como las de Catalunya, los votos de
Alternativa Galega e ICV-EUiA también provenían de la antigua base social
socialista. Y esa aglutinación de fuerzas probablemente ha generado círculos
virtuosos que han animado a más personas a participar en el proyecto de
transformación, al percibir utilidad y eficacia en el mismo.
En consecuencia, sería injusto y contraproducente
estigmatizar a quienes han pertenecido o votado siglas que hoy representan el
gran capital y el neoliberalismo más salvaje, puesto que las transformaciones
no se realizan desde espacios minoritarios sino desde aquella base social de la
que hemos hablado. Y el trabajo es construirla en torno al proyecto político y
económico, es decir, en torno a un proyecto ideológico.
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