europa pressIULV-CA ha presentado una proposición de Ley en el Parlamento para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía, con la que persigue que la Junta se implique realmente en el impulso de las tareas de reconocimiento, individual o colectivo, a las víctimas andaluzas de la represión franquista, y de las medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura y de todos aquellos andaluces "víctimas del nazi-fascismo".
El Coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Diego Valderas, ha manifestado en rueda de prensa que esta ley es justa, oportuna, integral y superadora de los "déficits" que hay actualmente en la comunidad en materia de memoria histórica.
Asimismo, ha expresado que esta norma garantiza el derecho de la sociedad futura a conocer la verdad de lo que aconteció en la Guerra Civil y en la dictadura franquista, mientras que ha destacado como uno de los puntos más relevantes de la ley la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía.
Por su parte, el diputado de IULV-CA y Secretario General del PCA, José Manuel Mariscal ha querido dejar claro que su formación hará 'casus belli' para que esta proposición de ley sea admitida a trámite por el Pleno del Parlamento y ha indicado que servirá para "examinar el izquierdismo" del PSOE y de la Junta y si tienen en cuenta las propuestas de Izquierda Unida, sobre todo, "por lo que pueda pasar", dado que se acercan las elecciones municipales y autonómicas.
La proposición de ley de IULV-CA está integrada por 59 artículos y por diez disposiciones adicionales y una final. En ella, se recoge que corresponde a la Junta la divulgación de la memoria democrática en Andalucía, dando satisfacción al derecho de la sociedad a "conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este periodo, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos".
En la norma se prevé la creación de un Instituto Andaluz de la Memoria democrática, que se encargará, entre otras funciones, de elaborar un censo de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista con los datos aportados por las familias de las víctimas, junto con los obtenidos por los estudios científicos.
De igual manera, se recoge la creación de un Comité técnico para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, así como de un Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía.
Además, se contempla la constitución de un banco de ADN dependiente del Instituto de medicina forense de la Junta, en el que se conservarán muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo en la comunidad, con su secuencia de AND. Así, cualquier familiar que tenga víctimas en su familia podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se almacenen en este organismo.
En una de las disposiciones adicionales, se indica que por parte de las instituciones públicas de Andalucía se procederá, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen.
Asimismo, se señala que en el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley, la Junta iniciará acciones judiciales para la anulación del juicio contra Blas Infante, padre de la Patria andaluza.
El Coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Diego Valderas, ha manifestado en rueda de prensa que esta ley es justa, oportuna, integral y superadora de los "déficits" que hay actualmente en la comunidad en materia de memoria histórica.
Asimismo, ha expresado que esta norma garantiza el derecho de la sociedad futura a conocer la verdad de lo que aconteció en la Guerra Civil y en la dictadura franquista, mientras que ha destacado como uno de los puntos más relevantes de la ley la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía.
Por su parte, el diputado de IULV-CA y Secretario General del PCA, José Manuel Mariscal ha querido dejar claro que su formación hará 'casus belli' para que esta proposición de ley sea admitida a trámite por el Pleno del Parlamento y ha indicado que servirá para "examinar el izquierdismo" del PSOE y de la Junta y si tienen en cuenta las propuestas de Izquierda Unida, sobre todo, "por lo que pueda pasar", dado que se acercan las elecciones municipales y autonómicas.
La proposición de ley de IULV-CA está integrada por 59 artículos y por diez disposiciones adicionales y una final. En ella, se recoge que corresponde a la Junta la divulgación de la memoria democrática en Andalucía, dando satisfacción al derecho de la sociedad a "conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este periodo, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos".
En la norma se prevé la creación de un Instituto Andaluz de la Memoria democrática, que se encargará, entre otras funciones, de elaborar un censo de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista con los datos aportados por las familias de las víctimas, junto con los obtenidos por los estudios científicos.
De igual manera, se recoge la creación de un Comité técnico para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, así como de un Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía.
Además, se contempla la constitución de un banco de ADN dependiente del Instituto de medicina forense de la Junta, en el que se conservarán muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo en la comunidad, con su secuencia de AND. Así, cualquier familiar que tenga víctimas en su familia podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se almacenen en este organismo.
En una de las disposiciones adicionales, se indica que por parte de las instituciones públicas de Andalucía se procederá, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen.
Asimismo, se señala que en el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley, la Junta iniciará acciones judiciales para la anulación del juicio contra Blas Infante, padre de la Patria andaluza.
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