El Secretario General del Partido Comunista de España José Luis Centella ha anunciado, que su formación ha decidido iniciar una campaña de movilización para exigir que el llamado Pacto en Defensa del Euro, que pretende aprobar la Unión Europea el próximo fin de semana, sea sometido a Referéndum en España, ya que proyecta la necesidad de realizar modificaciones constitucionales.
Para Centella, el Gobierno de la Unión Europea trata de seguir imponiendo que la salida de la crisis la sigan pagando los trabajadores y trabajadoras de Europa y denuncia que el Pacto concreta el llamado Plan de Salvación del Euro basado en la necesidad del recorte de salarios a escala continental como principal garantía de aumentar "competitividad" europea, y añade además la necesidad de limitar constitucionalmente los gastos sociales de los estados miembros, llegando incluso a plantear la aprobación de sanciones millonarias para los países que se salten la "disciplina". Según Centella “se trata de implantar constitucionalmente una salida antisocial de la crisis, ya que el Pacto plantea que (las normas) el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre niveles de déficit público y deuda pública deben incorporarse a los ordenamientos jurídicos nacionales, mediante reforma constitucional o ley marco y deberán afectar también a las instancias administrativas subnacionales”.
Para el PCE, una vez más, los Gobernantes de la Unión Europea intentan hacer recaer el peso de la competitividad en las reformas del sistema de negociación colectiva y en particular en los procedimientos para determinar los salarios. “Siguen tratando de que sean los trabajadores a través de sus salarios directos e indirectos quienes paguen las consecuencias de una crisis que han generado los bancos y grandes empresarios” declaró Centella, “ya que se pretende un control de los costes laborales lo que lleva a plantear una revisión de los acuerdos de fijación de salarios y, cuando sea necesario, del nivel de centralización de los procesos de negociación colectiva, con lo que ataca directamente al sistema de negociación colectiva, tal y como viene defendiendo la patronal española”.
Por otra parte, el Pacto trata de imponer que los salarios del sector público contribuyan a los esfuerzos de competitividad del sector privado, es decir, se mantiene el sacrificio para los funcionarios.
En el mismo sentido, desde el PCE denunciamos la intención del texto del Pacto de continuar el ataque a las políticas sociales, emplazando a la Comisión y al Consejo a evaluar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, de pensiones y de otras prestaciones sociales, a través de “los indicadores de la brecha de sostenibilidad”, recientemente acordados por la Comisión para evaluar la sostenibilidad fiscal, una forma cínica de avanzar en la privatización de la sanidad y otras prestaciones sociales.
En relación con las pensiones, se sigue avanzando en la necesidad de ajustar la edad de jubilación a la esperanza de vida o mediante el incremento de la tasa de actividad, a la vez que impone limitar los planes de jubilación anticipada y el uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad.
En definitiva según el Secretario General del PCE, el llamado Pacto por el Euro supone la imposición de medidas antisociales que afectan gravemente a los derechos laborales y sindicales, y trata de limitar la autonomía de los interlocutores sociales en el diálogo social y la negociación colectiva.
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