El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261
desahucios en su primer año de funcionamiento, según explica en el Parlamento
Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, al hacer
balance de los primeros doce meses de funcionamiento de este servicio público y
gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y
protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año
pasado. “El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que,
entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el
Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las
víctimas”.
Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las
oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un
total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido
a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando
aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse
sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro,
conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o
pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones.
“Son familias que antes de firmar, quieren saber, porque saben que el
conocimiento las empodera. Las oficinas les han proporcionado información y
asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su
derecho a la vivienda”, señala Cortés.
La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un
total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. “Son hombres
y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar,
pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería , siguen en
sus casas. Hemos evitado su desahucio”.
De estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo
de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La
solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas
como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la
reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las
oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de
lanzamientos y justicia gratuita.
En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han
acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de
las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de
amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés
aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de
lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.
En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un
11,4% del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de
desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la
vivienda. La Consejería
emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas
familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del
Programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación
del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de
viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las
entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y
colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar
soluciones conjuntas.
Cabe destacar el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase
de protección la aprobación de la
Ley de Función Social de la Vivienda , que prevé la
expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras
a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además
la consejera ha vuelto a reiterar su petición al Gobierno central, ya formulada
oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del 'banco malo'.
“Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un
propósito especulativo”, ha remarcado.
“Estos resultados reivindican la utilidad social de la
política puesta al servicio de las clases populares, pero triunfalismo,
ninguno. Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de
muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que
el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo soporta no legisle a su favor.
La situación de alerta persiste”.
Cortés ha explicado que “la herramienta verdadera y
profundamente transformadora” de la que dispone la Consejería de Fomento y
Vivienda es la Ley
de Función Social de la
Vivienda , aprobada por el Parlamento andaluz el mes de
septiembre. “Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado
a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de
vivienda vacía existente en Andalucía”, ha señalado la consejera.
229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han
adherido ya mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores
Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de
adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(Famsi). “El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social
sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional
contra los desahucios en Andalucía”, instando a las entidades financieras a que
se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios.
"La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la
sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus
responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la
vivienda”.
Rompiendo la neutralidad y situándose del lado de las
víctimas, Izquierda Unida ha llevado a la Junta de Andalucía a aliarse con los movimientos
sociales en defensa del derecho humano a la vivienda.
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