Izquierda Unida quiere que el Gobierno informe de cómo ha
afectado a la ciudadanía malagueña la subida de la luz en el año 2013 y cuántos
cortes en el suministro se han producido por impagos, tal y como ha explicado la
parlamentaria malagueña Dolores Quintana, que ha alertado de los “desahucios
energéticos” que se están produciendo en las familias.
A través de iniciativas ante el Congreso, Izquierda Unida
quiere saber cuántas familias malagueñas han sufrido cortes de luz por falta de
pago en el pasado año, la media de los retrasos en el pago de los recibos y
cuántos autónomos y pequeñas empresas han sufrido cortes por impago, datos que
permitirán saber cuál es la envergadura real del problema.
Según un reciente estudio de la organización de consumidores
Facua, las ofertas de las empresas eléctricas encarecen el recibo hasta un 16%, lo que se traduce en
que desde el año 2008 hasta 2014 el importe del recibo ha sufrido una subida
del 63%. En Málaga esto repercute especialmente en la pequeña industria y en el
sector agrario. La agroindustria desde el 2003 ha visto su factura
energética incrementada un 53%, así como una subida en el coste de los regadíos
de un 125% de media.
Las familias padecen estos incrementos energéticos con
muchos problemas, ya que la última subida del 2,3% en el recibo de la luz ha
acumulado un aumento de un 63% desde el
año 2008 hasta este 2014. Quintana ha
reclamado una reforma real que permita a los ciudadanos conocer cada año cuál
será el precio del suministro y no tener a las familias en un constante “sin
vivir” con subastas cada tres meses.
Frente a ello, la
diputada de Izquierda Unida ha explicado que la organización de izquierdas
promueve políticas sociales que protegen a las familias más vulnerables, como
la que anunció en su día desde el Gobierno Andaluz el vicepresidente Diego
Valderas, para evitar los desahucios energéticos y de agua a las familias necesitadas.
Quintana registrará en el Parlamento Andaluz una pregunta
dirigida a la Consejería
de Administración Local y Relaciones Institucionales para saber en qué punto se encuentra la
creación de una normativa justa que garantice un suministro mínimo vital que
permita combatir este “desahucio energético”. Lo que se pretende desde la
formación es la creación y puesta en marcha de políticas que estén al lado de
las capas populares, que están siendo las más afectadas por la crisis.
Dolores Quintana ha hecho un balance somero de la situación
con que inician el año las familias malagueñas, con una bajada “insuficiente y
ficticia” del paro. “No se ha creado empleo neto, sino que los malagueños no se
inscriben en los servicios públicos de empleo por la desesperanza. De los
contratos que se firman en nuestra provincia 5 de cada 100 son indefinidos. El
trabajo que se está creando es precario, no de calidad”, ha apuntado la
parlamentaria.
La representante de IULV-CA
ha hecho hincapié en la situación de los pensionistas, a los que la
subida de las pensiones de un 0,25% frente a la previsión de la inflación de un
1,5% supone en la realidad una bajada de las mismas y una pérdida de poder
adquisitivo. En la provincia de Málaga existen actualmente 236.559
pensionistas, cuya pensión media es de 780€.
Izquierda Unida alerta, sin embargo, que la realidad es que
hay pensiones que apenas superan los 300 euros al mes, por lo que es necesario
ponerse al lado de aquellos que más lo necesitan y eso se ha hecho desde la Junta de Andalucía. Las
pensiones no contributivas y las de fondo no contributivas, que en Málaga suponen aproximadamente 23.500
perceptores, se incrementarán un dos por ciento desde el gobierno andaluz.
Además, en el caso de las no contributivas, “el 72% de las personas que las
perciben son mujeres, por lo que estamos hablando de nuevo de una feminización
de la pobreza”.
Quintana recuerda que hay también un sector social muy
afectado y es la de una familia cuyo único trabajador se encuentra en paro
desde hace más de dos años y agotadas todas las prestaciones y que no pueden
hacer frente a los servicios básicos como es el electricidad, convirtiéndose en
excluidos sociales que tienen que pasar por verdaderas dificultades.
En la provincia de Málaga, el 6,4% de los malagueños viven
con menos de 307€ al mes, dato que se agudiza con las políticas de ajustes que
se están llevando a cabo desde el gobierno central y la prolongación de la
situación de desempleo. 1 de cada 3 niños malagueños vive en una familia con
dificultades económicas.
Finalmente, Quintana ha explicado la creación de un grupo de
trabajo en el Parlamento Andaluz para la redacción de otra ley fundamental en
la situación en la que nos encontramos: la ley de inclusión y de renta básica,
que garantice un mínimo de ingresos, en este caso a las familias malagueñas.
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