Un año más el PCE-PCM lejos de proclamar la nostalgia y caer en el letargo de conmemoraciones monótonas, año tras año, convoca este acto en conmemoración del asesinato de las 13 militantes y compañeras de las JSU junto a sus 43 compañeros en aquella nefasta madrugada del 5 de agosto de 1939, como un acto reivindicativo y renovando el compromiso con sus ideas y con la legalidad republicana.
Reivindicamos su figura como reivindicamos las figuras de todas y todos los fusilados en este mismo cementerio por defender la única legalidad democrática existente en ese momento representada en la apuesta republicano. Al igual que todas las figuras de todas y todos los represaliados por el franquismo por su condición política, social, religiosa o sexual.
Hombres y mujeres que fueron eliminados sin perjuicio de su dignidad como personas, como ciudadanos libres, y es por ello por lo que no vamos a reivindicarla hoy. Lo que si vamos a reivindicar y darle valor actual son las ideas por las que fueron perseguidos y por las que seguimos luchando para recuperar su merecido lugar en la historia democrática de España.
La falta de aplicación de la justicia imprescindible, en un estado democrático, para conseguir la nulidad de las sentencias que fueron aplicadas sin garantías y con la negativa reiterada una y otra vez por el poder jurídico español, hace que sea imprescindible la existencia de un marco legislativo que fuerce esta situación. El reconocimiento de las víctimas alcanzado por la conocida como ley de memoria se queda en un marco personal insuficiente para la aplicación de políticas de memoria colectiva propias de un estado de derecho.
Los mecanismos administrativos alcanzados por dicha ley en la búsqueda y aclaración de los desaparecidos tampoco son suficientes, pero no vamos a dar la razón a cuantos apuestan por su derogación recordándoles que “ninguna ley puede impedir a ningún juez la necesidad de investigar un hecho delictivo”; la apertura de fosas con restos de ciudadanas y ciudadanos, muchos compañeros nuestros, con indicios de muerte violenta y que se están tratando en la mayoría de los casos como meros restos arqueológicos, supone para nosotros un despropósito. Nosotros defenderemos un protocolo estatal que incluya la investigación judicial como está ocurriendo en otros países no muy lejanos.
Claro y alto defendemos, por tanto, los tímidos avances conseguidos por la conocida como ley de memoria pero exigimos que se garanticen la aplicación de políticas de memoria colectivas, la nulidad de las sentencias franquistas y la intervención de la administración pública y la judicialización de la búsqueda de los desaparecidos.
Por encima de extraños intereses mediáticos en adjudicar la memoria a empeños personales, nosotros defendemos la memoria como bien común y que, por tanto, debe depender de la administración pública.
Hoy en día vuelven a resonar los tambores del fascismo y de la intolerancia en Europa, que como siempre recargan su moral en la crisis. Debemos recordar que la mejor manera de combatir el fascismo es cultivar la memoria, combatir el olvido es combatir el fascismo. Y animamos a reconducir la más que justificada indignación hacia la vía transformadora del sistema y utilizar la política como vía; pero la política como la más alta característica de la sociedades garantistas y no el extraño circo mediático que hoy se nos trasmite.
Debemos rechazar el viejo lema de “todos son iguales” que esconde la intención de despreciar el juego democrático ocultando la espada fascista e intolerante detrás. Acaso no hay cuestión más política que morir desaparecido o sufrir represión por defender un estado democrático legal frente al autoritarismo, por defender la libertad sindical o por defender una condición sexual..? Por tanto se lo debemos a ellas y ellos.
Defendamos políticas de memoria colectivas y acordémonos de ello cuando vayamos a votar.
Amigos/as
Compañeros/as
Camaradas.
¡Verdad, Justicia y Reparación!
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