Antonio Romero: Ante el aumento de la pobreza en Andalucía los ayuntamientos deben ser trincheras de defensa de los derechos básicos de la ciudadanía

CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA

El 30% de la población andaluza vive en una situación de pobreza. Los casos desahucio, cortes de luz, agua y otros suministros básicos seguirán aumentando

Se calcula –según el defensor del pueblo andaluz José Chamizo- que en estos momentos el 30% de la población andaluza viven en una situación de pobreza moderada- con recursos inferiores al 60% de la renta media en Andalucía- y unas 500.000 personas sufren pobreza extrema –con recursos inferiores al 30% de la renta media.

Una de cada tres familias andaluzas que viven en la pobreza es monoparental y, en la mayoría de los casos, es la madre la que se encarga de los hijos y lucha por salir adelante. El 41% de éstas son familias numerosas y un 34,7% sufren hacinamiento en sus viviendas, entre otros problemas.

Según José Chamizo, en Andalucía han aparecido nuevos perfiles de personas en exclusión social que se han encontrado con una situación de pobreza sobrevenida a raíz de perder su empleo, fenómeno que-alerta- seguirá avanzando.

Las quejas y demandas a su institución han aumentado principalmente en temas de desahucios, suspensión de suministros básicos como la luz y el agua por impagos, o el aumento de personas sin hogar y vinculadas a la incidencia de la pobreza infantil derivada de las dificultades económicas por las que pasan las familias.

Ocho millones y medio de españoles viven bajo la línea de la pobreza. La política neoliberal de los organismos internacionales de la Unión europea, del gobierno de Rodríguez Zapatero y del gobierno andaluz son una fábrica de pobreza y de exclusión social. El caso de Andalucía es especialmente sangrante, no se puede mantener un discurso oficial planteando que Andalucía se encuentra ya en la tercera modernización con un aumento de la pobreza, de la exclusión y del hambre. ¿Cuántas modernizaciones –habría que preguntarle al señor Griñán- necesita Andalucía para acabar con al vergüenza, en pleno siglo XXI, de casos de desnutrición y de hambre? La reforma laboral, la ampliación de la edad de jubilación, aumentarán –lo están haciendo ya- el porcentaje de pobreza y de exclusión en Andalucía y en España. Los ayuntamientos deben ser puntas de lanza contra la pobreza y la exclusión social. En esta nueva etapa, los ayuntamientos tienen que organizar y garantizar que no se acuestan sin comer niños o personas mayores en sus términos municipales por causa de la pobreza.

El primer compromiso es organizar la lucha y la movilización para conseguir los recursos de los que no disponen los ayuntamientos y que están en manos de la Junta de Andalucía, del Estado y de la Unión Europea. Necesitamos ayuntamientos que se comprometan a erradicar la pobreza, a acabar con la exclusión. Una sociedad con un 30% de población pobre es una sociedad que ha fracasado en su autorganización política, social y económica.

Con estos datos en crecimiento, como consecuencia de la crisis y de la precariedad, la alternativa no es acometer reformas parciales. Se trataría de plantear abiertamente una alternativa económica y social, un modelo republicano que contemple la austeridad y el reparto de los recursos, la garantía de una vida digna para todas y todos, y eso sólo se logrará con la caída del actual sistema que no podemos tolerar que se prolongue con nuestra pasividad o con nuestras reivindicaciones integrables en su escala de valores. Los nuevos ayuntamientos han de ser trincheras de defensa de los derechos humanos y de los derechos básicos de la ciudadanía por lo que deben “prevaricar”, reagrupando todos los recursos que tengan para que la prioridad número uno sea combatir la desnutrición infantil, el hambre y la pobreza.