En su reunión del pasado sábado, 28 de septiembre, el Consejo
Político Federal de IU discutió un amplio documento que contiene las bases para
una alternativa de la organización, desde el punto de vista económico, a la
reforma del sistema público de pensiones que, con las aportaciones del debate,
será cerrado por la
Comisión Ejecutiva Federal y planteado ante el Grupo Parlamentario
de IU-La Izquierda Plural para su concreción en iniciativas legislativas y será
el fundamento de una amplia campaña de explicación a la ciudadanía y de
movilización.
El documento realiza un análisis de la reforma del PP y de
sus objetivos últimos, y establece su vinculación con la anterior reforma
vigente y aprobada por el Gobierno del PSOE. El recorte de 33.000 millones de
euros hasta el año 2022, que la propia memoria del proyecto de ley reconoce, se
suma a los habidos con la reforma del PSOE y los amplifica. Además, ese cálculo
responde a la idea de que el IPC aumentará una media del 1%, previsión que no
se corresponde con la experiencia en cuanto a la evolución del IPC. Los
sindicatos calculan que la pérdida media puede llegar hasta el 28% para cada
pensionista y hasta el CES reconoce la pérdida de poder adquisitivo.
Una propuesta para
aumentar los recursos del sistema y mejorar las pensiones.
Frente a la política dictada por la Troika de rebaja de las
pensiones y disminución del poder adquisitivo de los pensionistas, Izquierda
Unida presenta una alternativa para reforzar los recursos del sistema, mejorar
las pensiones, especialmente las más bajas, y avanzar en la disminución de la
edad de jubilación.
No se trata, por tanto, de volver a la reforma del PSOE,
sino de avanzar hacia un modelo más justo.
Los principios económicos de la alternativa de IU son:
a) No reconocer que el sistema público de pensiones esté
amenazado, a no ser por las políticas neoliberales y sus consecuencias.
b) Reforzar los ingresos del sistema mediante una nueva
política de recaudación.
c) Separar los gastos de servicios de protección social que
ejecuta el sistema de la
Seguridad Social de los gastos en pensiones contributivas.
a.Los gastos en servicios de protección social deben ser
financiados progresivamente por vía fiscal.
b.Los gastos en pensiones contributivas (esencialmente,
jubilación e incapacidad serán financiadas con cotizaciones sociales.
Las principales
medidas de la alternativa de IU son:
A) Medidas de sustitución de fuentes de financiación
1.- Sustituir todas las medidas de reducción de las
cotizaciones por medidas de bonificación y su financiación con cargo a la
imposición fiscal general.
2.- Financiación por los PGE de los programas y gastos de
personal de la
Seguridad Social que no se corresponden con las pensiones
contributivas (incluidas las prestadas por el INSS no vinculadas a jubilación o
incapacidad) y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias de la Seguridad Social.
3.- Acuerdo en el Pacto de Toledo para la financiación progresiva
en los PGE de las prestaciones por muerte o supervivencia.
4.- Recuperación por parte de la Seguridad Social
de la deuda del Estado para financiar la separación de fuentes, de acuerdo con
los plazos fijados en el Pacto de Toledo. Esta deuda se pagaría en 30 años, a
partir de 2015, e iría a engrosar el Fondo de Reserva.
Estos puntos responden a lo acordado en el Pacto de Toledo:
“Las aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para
garantizar las prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios
sociales y las prestaciones familiares. Asimismo, la fiscalidad general debe
hacer frente a la bonificación en las cotizaciones de contratos dirigidos a
grupos de especial dificultad en la búsqueda de empleo, así como a aquellas actuaciones
que en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a
sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del
sistema.
En el caso de que el cumplimiento de estos objetivos
requieran la adecuación del actual sistema fiscal, se incidirá en aquellas
figuras impositivas de menor repercusión en la capacidad competitiva y
generadora de empleo de la economía, sin excluir que se pueda contemplar la
aplicación de una contribución universal sobre todas las rentas”.
B) Medidas de aumento a corto plazo de recursos:
5.-Elevación de los topes de cotización máxima que
correspondan a partir del 1 de enero de 2014 en un 20%, pasando de 3.425,70
€/mes a 4.110,84 €/mes, manteniendo la revalorización correspondiente al IPC de
la pensión máxima, lo que aumentará el contenido solidario del sistema.
6.- Incremento de la cuota patronal en las contingencias
comunes (desincentivando así las formas de contratación precaria y temporales)
en los siguientes casos:
a) Horas extraordinarias en contrato a tiempo completo: 50%;
en contrato a tiempo parcial: 100%.
b) Incremento en un 10% sobre de los actuales tipos de la
cuota patronal en todos los tipos de contratos que no sean indefinidos a tiempo
completo.
7.- Combatir radicalmente la prácticas empresariales de
despedir a los 11 meses, de terminar los contratos en viernes o de contratar
falsos autónomos.
8.-Revisión de las cotizaciones y formalización de los
contratos de los trabajadores domésticos, para ampliar su regularización.
C) Medidas a medio plazo
9.- Equiparación progresiva de las bases medias de
cotización de los trabajadores autónomos con los del Régimen General.
10.- Lucha eficaz contra la economía sumergida. Se estima
que unos 800.000 trabajadores tienen relaciones laborales sumergidas sin alta
ni cotización en la
Seguridad Social. Dentro de este objetivo, reconocer la
validez a efectos de alta en la Seguridad Social de los contratos verbales o de
hecho, tal como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores.
11.- Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes en lo
que queda de legislatura.
12.-Programa eficaz para garantizar el principio de ‘a trabajo
igual, salario igual’ y conseguir la equiparación del salario de las mujeres
con el de los hombres.
13.-Programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos
la generación de los 3 millones de empleos destruidos por la crisis.
El informe cuenta con una estimación del impacto económico
de estas propuestas, en base a los datos disponibles.
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