Comunicado de la
Secretaría de Memoria Histórica y Movimiento Republicano del
Comité Central del Partido Comunista de Andalucía
Desde el PCA nos felicitamos por
la resolución dictada, en la que se inscribe la orden internacional de
detención contra responsables de violaciones de derechos humanos en nuestro
país. La “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa
humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio
de 1936 y el 15 de junio de 1977”
instruida por la juez Dña. María Servini De Cubría en el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal nº1 de la República Argentina
( Buenos Aires) está abriendo nuevos cauces de trabajo sobre los crímenes
cometidos durante el franquismo, que en el ámbito internacional están
claramente definidos como “crímenes contra la Humanidad ”,
imprescriptibles y perseguibles, y que rechazan en todo caso “leyes de punto y
final”. El Partido Comunista de España
se ha personado en dicha causa como querellante, en la búsqueda de VERDAD,
JUSTICIA y REPARACIÓN para las víctimas del franquismo, presentando un listado
de más de 30.000 personas desaparecidas, formando igualmente parte de la Plataforma de
apoyo a la querella argentina creada recientemente en Andalucía.
En España las posibilidades de
juzgar a las personas responsables de los crímenes cometidos son bastante escasas, a pesar de lo cual, en
esta línea de trabajo basada en la defensa de los derechos humanos, el Gobierno
de Andalucía, a través de su Dirección General de Memoria Democrática, dirigida
por IULV CA, está poniendo en conocimiento de los jueces los hallazgos de fosas
comunes, claros testimonios de dichos crímenes (Viznar, Ronda, Cañete la Real , Órgiva). Con la
“transición” no llegó la restitución de
derechos ni la condena de los crímenes cometidos desde el golpe militar de 1936
al final del franquismo, un telón de silencio cubrió el pasado en un intento de
acallar el ruido de sables, pero a pesar de todo el 23 F llegó, y con él, el
cierre definitivo de la reivindicación de justicia contra los crímenes
cometidos. La sociedad civil con su movilización ha conseguido transformar
paulatinamente esa realidad, obligando al debate parlamentario y a la condena
del franquismo por algunas de las instituciones del Estado. Fue la calle la que
obligó a la redacción de una “Ley de Memoria” (Ley 52/2007), que para muchos
supuso un fraude más en la reivindicación de VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN, ya
que dejaba en el tintero la posibilidad de una justicia realmente efectiva y la
anulación de las sentencias del franquismo. Una última vuelta de tuerca la dio
el Tribunal Supremo, que en la sentencia 101/2012 el que dice textualmente que “...aún
cuando los Tratados Internacionales sobre la materia fijaran la
imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigenia que ha
sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno, tiene una aplicación de
futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva por
impedirlo la seguridad jurídica...”. En definitiva, se cerró un marco de impunidad
sobre los “crímenes de lessa humanidad” cometidos.
La “querella argentina” abre
nuevamente la puerta a la
Justicia , basándose en el principio de “justicia
universal”, el mismo por el que Pinochet fue encausado por la justicia
española, y el mismo por el que se realizaron los juicios contra militares
argentinos implicados en violaciones de los derechos humanos durante la
dictadura en su país. La jueza María Servini introduce nuevamente el debate
sobre las violaciones de derechos cometidas por el Estado Español durante la
dictadura franquista, y junto a ello, el propio debate sobre cómo se cerró esta
página de la Historia
de España sin querer leerla. La orden de detención internacional que aparece en
la resolución judicial, va contra miembros de las Fuerzas del Orden Público que
formaron parte del aparato represor franquista, rompiendo esa idea de que todos
los responsables estaban ya muertos. La reivindicación de Justicia que desde
las organizaciones, personas y partidos (el PCE) querellantes, no se vinculan
únicamente a la guerra o inmediata posguerra, sino que se amplian a todo el
desarrollo de la dictadura. No se puede
olvidar el papel de la Brigada Político Social, la Dirección General
de Seguridad, la
Policía Armada... no sólo a los responsables directos
ejecutores de la represión, sino también a los políticos que los
propiciaron. La espada de Damocles de la Justicia está sobre las
cabezas de muchas de esas personas que hicieron posible el desarrollo en España
de la represión y de las violaciones de los derechos humanos cometidas. Los
abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera
órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen
franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de
Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos
ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han
pasado a estar procesados en la causa.
Ante esta situación, ¿en qué
lugar queda España y su sistema judicial?. Sin lugar a dudas, en un lugar
oscuro, donde nunca debería estar nuestro país, ese lugar en donde se pone en
juicio el respeto a los derechos humanos por parte de los que precisamente
deberían ser sus garantes. Vemos como se suceden declaraciones y actuaciones de
la derecha española que reivindican el franquismo y sus políticas, que quedan
sin una respuesta clara y condenatoria de la Dictadura por parte de
sus máximos dirigentes. No nos podemos permitir eso, salir de la crisis es
crucial, pero no con una pérdida absoluta de derechos, con el olvido, con la
nostalgia de “otros tiempos” . La jueza Servini y la Justicia Argentina
empiezan a allanar el camino, el Gobierno y la Justicia Españolas
deben tomar parte en defensa de los derechos de las víctimas, en defensa de los
derechos humanos. Por desgracia, hasta ahora, no lo han hecho.
Sevilla 20 de
septiembre de 2013
Juan Francisco Arenas
de Soria
Secretario de Memoria
Histórica y Movimiento Republicano
PARTIDO COMUNISTA DE
ANDALUCÍA (PCA)
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