La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena
Cortés, ha destacado este miércoles que el Gobierno central cuenta con margen
para dirimir en la Comisión
bilateral las diferencias sobre vivienda, después de que el lunes se retomara
este espacio, tras la suspensión cautelar del Decreto antidesahucios de Andalucía por el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Rajoy y ante la aprobación
este martes en el Parlamento andaluz de la Ley de función social de la vivienda.
En una entrevista en Canal Sur, la Consejera de izquierdas
ha advertido de que "Andalucía no se va a rendir" para defender el
derecho a la vivienda de la mayoría social y ha destacado que en Andalucía hay
unas 700.000 viviendas vacías, mientras hay numerosos andaluces que demandan su
derechos constitucional a una vivienda digna, algo, a su juicio
"insostenible".
Cortés ha recordado que la Junta aprobó el conocido como decreto
antidesahucios y el presidente del Gobierno, dentro del plazo de tres meses
contemplado, invocó el artículo 161.2 de la Constitución en su
recurso de inconstitucionalidad, que provocó su suspensión cautelar por parte
del Tribunal Constitucional (TC) sin entrar en el fondo del mismo.
Elena Cortés ha señalado que la Administración
andaluza reclamó la celebración de la Comisión bilateral para solventar las
diferencias, pero si bien "dos días después" el Gobierno presentó el
recurso. No obstante, "tres días antes de aprobar la Ley de Función Social de la Vivienda se retoma este
espacio".
"El Gobierno central tiene margen para no recurrir la Ley ante el Tribunal
Constitucional", ha subrayado la Consejera de Fomento y Vivienda, quien, sin
embargo, ha señalado que otra cosa es que "el Gobierno quiera imponer un
camino para Andalucía".
Además, la dirigente comunista de Izquierda Unida y Consejera ha
apuntado que si no se utiliza la vía de la Comisión bilateral para dirimir los asuntos
problemáticos en este ámbito, el Gobierno "lamentablemente" podría
volver a recurrir la Ley ,
lo que lo situaría "al lado de la elite financiera y los fondos
buitres". En este punto ha recordado la Ley catalana en este mismo ámbito de 2007, que se
debatió en Comisión bilateral, y no fue recurrida ante el TC.
Respecto a las novedades de la Ley de Función Social de la Vivienda , Cortés ha
destacado, entre otras, que la expropiación temporal del uso de la vivienda podrá
ser solicitada por más personas, al incorporarse a esta posibilidad los
avalistas, los autónomos y las familias con hipotecas puente.
Preguntada sobre que no se haya aceptado en el trámite
parlamentario ninguna de las 82 enmiendas del PP sobre esta Ley, Cortés ha
señalado que "estaban hechas para que la Ley pierda su validez" y ha considerado que
parecían "más dictadas por las asociaciones de la Banca que por la realidad
social". Asimismo, ha señalado que esta ley es "hija de las
movilizaciones" de la sociedad civil organizada.
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