martes, 8 de julio de 2014

Los sindicatos y numerosos colectivos sociales del Compromiso Social denuncian la criminalización del derecho de huelga y de la protesta social ¡No nos van ha callar!

Concentración en Málaga: Miércoles 9 de julio a las 12:00 horas ante la sede del PP de en la Avenida Andalucía.
La Plataforma "Compromiso Social para el Progreso de Andalucía" denuncia la creciente y preocupante criminalización del derecho de huelga y de la protesta social que desde el Gobierno de España, en muchos casos promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, se viene dando, lo que, a nuestro entender, supone una restricción ilegítima de los derechos democráticos más elementales.
Los ataques que el Gobierno  viene ejerciendo sobre la mayoría social de este país en forma de recortes, ajustes y falsa reformas están provocando situaciones insostenibles en el conjunto de la ciudadanía y un empobrecimiento paulatino del conjunto de la sociedad española. Cabe destacar los seis millones de personas en paro (más de 1,4 en Andalucía), los constantes aumentos de las personas sin ningún tipo de prestaciones sociales (más de tres millones en nuestro país, más de 700.000 en Andalucía), y por tanto, situadas en los umbrales de las pobreza, los desahucios, el brutal deterioro de las condiciones laborales y salariales, el desmantelamiento de los sistemas públicos de educación, sanidad, dependencia…
Ante esta situación y como respuesta a estos constantes ataques y agresiones promovidas por la Troika y concretadas por el Gobierno de España, la ciudadanía ha ido generando distintas formas de protesta social como reacción a estas políticas antisociales. Estas protestas van desde las concentraciones y manifestaciones hasta las Huelgas Generales  convocadas por las organizaciones sindicales más representativas.
Ante la creciente acciones de protesta social el Gobierno  ha endurecido la actuación administrativa y judicial con el objetivo de reprimirlas y acallarlas tomando medidas “ejemplarizantes” para amedrentar a la ciudadanía.
Así, en los últimos años han proliferado en nuestro país la incoación de numerosos procedimientos administrativos y penales contra los trabajadores y trabajadoras, cargos sindicales y activistas derivados del ejercicio de derecho de huelga y el derecho de manifestación.
En numerosos casos, “la acusación penal que acarrea  la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel, supone una injerencia de los poderes públicos en el funcionamientos de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de los derechos democráticos, y de manera singular del derecho de huelga”.
Cabe recordar que el derecho de huelga es parte esencial de los derechos fundamentales y de las libertades publicas que rigen nuestro Estado Social y de Derecho del artículo 28 de la Constitución Española, la médula espinal de los derechos de orden público internacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación Convenio 87) de la Organización internacional del Trabajo (OIT).
Toda estas situaciones no pueden disociarse de las varias reformas penales planteadas en estos dos últimos años al hilo de las muchas movilizaciones ciudadanas y con la clara intención de reprimirlas y amedrentar a la ciudadanía en general, y a los trabajadores y trabajadoras en particular, con mayor dureza (ya veremos cómo queda el tan criticado proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana).
Llama la atención el solemne silencio político e informativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical y de activismo social.  Situación esta que contrasta con la fuerte corriente de solidaridad promovida a nivel nacional e internacional con el caso de los granadinos Carlos y Carmen y de los 8 sindicalistas de Airbus, entre otros.
Desde la Plataforma “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía” exigimos la inmediata revocación, y en su caso el indulto, de las sentencias condenatorias por ejercer  los derechos fundamentales y constitucionales de libre expresión, el derecho de manifestación y el derecho de huelga. A la vez, que animamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse a todas las acciones convocadas con motivo de la defensa de dichos derechos, comenzando por las convocadas  por los sindicatos de clase UGT y CCOO para el próximo 9 de julio en las capitales andaluzas.
Integran la Plataforma:
- Comisiones Obreras de Andalucía-CCOO-A
- Unión General de Trabajadores de Andalucía-UGT-A
- Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A)
- Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA)
- Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (ALANDALUS)
- Federación de Asociaciones de Consumidores en Acción  (FACUA-Andalucía)
- Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
Comité de entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMI-    Andalucía)
- Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa
- Asociación de Progresistas de Andalucía
- ATTAC-Andalucía
- Plataforma 2015 y más
   Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA)
- Unión Federal de Policía
- Sindicato Unificado de la Policía
- Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
- Unión de Guardias Civiles de Andalucía
- Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía- ADSP
- Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
- Coordinadora Girasol
- Forum Política Feminista de Andalucía
Coordinadora Andaluza de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CAONGD)
- Federación Andaluza de Deporte para Ciegos (FADEC)
- Federación Andaluza de Cultura para Ciegos (FACUC)
- Plataforma Andaluz para la Defensa de los Derechos de Mayores
- Asociación Primavera Andaluza

- APJP Pablo Iglesias

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