El Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, compareció
esta mañana tras la reunión del Consejo del Gobierno andaluz para presentar el
anteproyecto de Ley Andaluza de Participación Ciudadana, que impulsará en la
comunidad autónoma nuevas formas de democracia directa complementarias del
modelo representativo. El texto regula la ampliación de los derechos de
participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya
recogidas en el Estatuto de Autonomía, posibilitando su ejercicio dentro de los
límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de
16 años con vecindad en Andalucía.
De acuerdo con el anteproyecto, se abren tres líneas fundamentales
para hacer posible la intervención ciudadana en las decisiones de gobierno: las
consultas participativas, los presupuestos participativos y la presentación
directa de propuestas e iniciativas. Este ejercicio será efectivo tanto
directamente como a través de entidades de participación (organizaciones sin
ánimo de lucro, plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin
personalidad jurídica). Asimismo, los actuales órganos colegiados dependientes
de las administraciones serán reforzados para facilitar el control ciudadano de
las políticas públicas.
El ámbito de aplicación abarca las decisiones derivadas de las
funciones de gobierno y administración de la comunidad autónoma y de los entes
locales dentro de sus competencias. Respecto a los asuntos, destacan las
medidas para hacer posible la participación en la elaboración de los
presupuestos de la Junta
de Andalucía. El objetivo es que la ciudadanía pueda marcar prioridades en las
partidas de gasto.
El anteproyecto establece mecanismos de participación para
la adopción de actuaciones públicas de singular impacto o relevancia; la
elaboración de planes, programas y presupuestos; las propuestas normativas; la
prestación de servicios, y el seguimiento y evaluación de las políticas
públicas. Con el fin de agilizar al máximo esta intervención, está prevista la
creación de una unidad específica de referencia para la democracia digital, así
como de la
Organización Administrativa de la Participación Ciudadana.
Si bien los procesos participativos regulados no tienen
carácter vinculante, el anteproyecto obliga a las administraciones públicas a
tomar en consideración sus resultados y, en caso de no incorporarlos, ofrecer
públicamente una respuesta motivada.
En relación con las consultas participativas, el texto las
define como votaciones no vinculantes sobre asuntos de interés público de
competencia autonómica o local, excluyendo todos aquellos que sean contrarios
al ordenamiento jurídico, la dignidad de las personas o los derechos fundamentales.
Para ellas se regula un mecanismo de votación específico que no requerirá de la
autorización del Gobierno central ni de la intervención de la Junta Electoral de
Andalucía, y que utilizará como base el padrón de habitantes y los residentes
mayores de 16 años.
Las consultas podrán ser de iniciativa ciudadana o
institucional y de ámbito autonómico o local. En el primer caso, deberá crearse
una comisión promotora compuesta de tres miembros con derecho a voto, que no
sean parlamentarios, alcaldes o concejales. Este órgano deberá presentar una
memoria explicativa y el texto de la pregunta ante la persona titular de la Presidencia de la Junta , que autorizará la
convocatoria vía decreto. La iniciativa de ámbito autonómico requerirá el apoyo
de un mínimo de 40.000 firmas.
Por su parte, la iniciativa institucional corresponderá a la Presidencia de la Junta o al 10% de los
ayuntamientos de la comunidad, por acuerdos adoptados en sus plenos por mayoría
absoluta, con presencia en todas la provincias y que representen a una población
mínima de 500.000 habitantes.
En las consultas participativas locales, la iniciativa
institucional corresponde a la
Corporación local mediante acuerdo adoptado por mayoría
simple a propuesta de la
Presidencia , de al menos dos grupos políticos o de un tercio
de los miembros del Pleno.
La convocatoria de la iniciativa ciudadana local requerirá
de un apoyo mínimo de firmas en función de los tramos de población. Así, se
fija un 10% para los municipios de menos de 5.000 habitantes; 500 más del 7% de
la población si se trata de localidades de entre 5.000 y 50.000 habitantes;
3.650 firmas más del 5% de la población para las que excedan los 50.000, y en
las localidades de más de 100.000 habitantes, deberán reunirse como mínimo un
total de 6.150 firmas más del 3% de la población, con el límite máximo de
40.000.
El anteproyecto se completa con diversas medidas para
incorporar el derecho de participación ciudadana a todas las políticas de la Junta y, desarrollar
iniciativas de difusión y formación sobre el tema.
Maíllo: "La Ley andaluza de Participación
reivindica la buena política"
El Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha
considerado "muy positiva" la
Ley de Participación Ciudadana cuyo anteproyecto ha sido
aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque
reivindica "la buena política" y supone una "gran señala de
complicidad" con la ciudadanía.
En declaraciones a los periodistas en Granada, Maíllo ha
señalado que con este anteproyecto IU demuestra que, en Andalucía, quiere
gobernar "obedeciendo a la mayoría social", "desde el compromiso
ético que tiene para dar la vuelta a las reglas democráticas".
En su opinión, la de Participación Ciudadana "es una
ley audaz", que "trata de reivindicar la buena política frente a
tantas malas prácticas y tanta corrupción", desde esa vinculación "a
una democracia mas profunda que tiene que ser base también para la salida de la
crisis". Según ha sostenido, es necesario no sólo cambiar para ello el
modelo económico "sino también el modelo democrático".
"Esta ley es una gran señal de complicidad a la
ciudadanía para que de una forma activa intervenga en los asuntos de gobierno y
en los asuntos andaluces", ha indicado el líder regional de IU, para quien
además esta nueva ley abre la puerta a "mecanismos de participación",
de consultas "democráticas", ya sean generales para Andalucía como
sectoriales, por lo que concede un "protagonismo activo de los
andaluces".
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