miércoles, 30 de enero de 2013

Cayo Lara exige un Pleno dedicado a elaborar un Plan contra la Corrupción en España

La Junta y colectivos sociales de la Memoria histórica presentan el programa de actos y marchas en homenaje a las víctimas del genocidio de la carretera de Málaga-Almería


Fotografía: Luis Naranjo, director gral. de la Memoria Democrática; Ana García Sempere, concejal de IULV-CA; Eduardo Zorrilla, Coordinador Local de IULV-CA; José Dorado y Francisco Espinosa, por Asoc. Contra el silencio y el Olvido de RMH; Efraín Campos, Secretario Político del PCA de la Prov. Málaga y Juan Fº Arenas, Asesor de la dirección Gral de Memoria Democrática.
Los actos de la provincia se inician el próximo domingo y culminan el 10 de febrero con una Marcha Veléz Málaga-Torre del Mar que presidirá Diego Valderas
El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, junto a la responsable de la Oficina de la Vicepresidencia en Málaga, Fátima Berlanga, ha presentado el programa de actividades que se van a llevar a cabo desde hoy y hasta el próximo 24 de febrero para homenajear a las víctimas de la represión franquista que tuvieron que huir de Málaga a Almería en 1937 y evitar que caiga en el olvido ese trágico episodio de nuestra historia, “el objetivo - ha apuntado- es situar a la ciudadanía en el conocimiento de lo que ocurrió, recordar que aquí se cometió un genocidio, un delito de lesa humanidad que es, por tanto, imprescriptible, y hacer que se considere, igual que el Guernica, como un símbolo contra el fascismo”.
Los actos del programa, que se distribuyen entre las provincias de Málaga, Almería y Granada, han sido consensuados por la Junta y los diferentes colectivos memorialistas, cuyos representantes han participado también en el acto de presentación celebrado esta mañana en la Delegación del Gobierno andaluz.
En la provincia de Málaga se inician el próximo domingo, día 3 de febrero, con una marcha que partirá desde el cementerio de San Rafael y llegará al paseo de los Canadienses en el Peñón del Cuervo. La salida del cementerio, a las 10 horas, estará precedida de una intervención en recuerdo de los asesinados. En el recorrido habrá una parada a las 10.30 ante la antigua cárcel provincial donde se procederá a la lectura de un manifiesto de la plataforma en defensa de su uso público y de la preservación de la memoria, y otra en el Ayuntamiento para leer un manifiesto pidiendo el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la retirada del nombre del parque Pedro Luis Alonso. Como colofón, a las 13 horas se señalizará el Peñón del Cuervo como Lugar de Memoria Histórica.
El programa continúa el 7 de febrero, con un Homenaje a las Víctimas en el Centro del Exilio de Velez Málaga- a las 19 horas- organizado por el Foro de la Memoria de la Axarquía, en el cual se espera la participación de aproximadamente medio centenar de supervivientes del genocidio de la carretera Málaga-Almería.
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, presidirá el último de los actos de la provincia: una Marcha Vélez Málaga-Torre del Mar que se celebrará el día 10 a partir de las 9.30 horas.
El programa general andaluz que se inicia hoy mismo en Motril (Granada) con un curso sobre “Educación y Memoria”, se compone- según ha informado Fátima Berlanga- de cuatro marchas, que culminan el 24 de febrero en el Ingenio (Almería), igualmente presidida por Diego Valderas, así como cursos, conferencias, senderos, exposiciones y actos diversos. “Compendia - ha precisado- actividades, algunas de ellas con larga tradición, que, de forma generosa y unitaria, diversos colectivos han ofrecido co-organizar por el conjunto del movimiento memorialista y democrático de Andalucía”.
Luis Naranjo ha reseñado que “une lo cultural, lo académico, lo popular y la reivindicación política” en torno a un compromiso fundamental “situar la memoria democrática en el marco público que se merece, por justicia para las víctimas y reparación, evitando que caiga en el olvido lo que ocurrió porque la memoria es el futuro del pasado y debemos tenerlo presente para luchar por un mundo mejor que es lo que buscaban las víctimas de aquella masacre”.

martes, 29 de enero de 2013

Cayo Lara presenta 41 medidas de Izquierda Unida para luchar contra la corrupción "sin taparla ni poner cortinas de humo" como hace el PP


El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, presentó hoy en rueda de prensa en el Congreso una iniciativa parlamentaria para luchar contra la corrupción, dentro de los planes concretos que está elaborando esta formación para luchar contra esta lacra y que se completarán en los próximos días. La propuesta contiene 41 medidas, incluidas en una proposición no de ley que ha sido registrada hoy, con las que Lara quiere “meter el dedo en la yaga a fondo y debatir la verdad desnuda, sin taparla ni poner cortinas de humo”.
De esta forma, el máximo responsable de IU sale al paso también de las tímidas reacciones puestas en marcha desde el Gobierno y desde algunas formaciones políticas a raíz de que saltaran a la luz pública recientemente algunos casos importantes de corrupción, especialmente el ‘caso Bárcenas’, que afecta al ex tesorero del PP implicado en la trama Gürtel y en la supuesta financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.
Para Lara no caben medias tintas para atajar este asunto y considera que el debate para abordarlo “tiene que ir al Pleno (del Congreso), discutir por qué hay corrupción en España y que cada palo que aguante su vela”.
“Hay que decir –insistió- por qué no se ha legislado, por qué la corrupción está explícita en ciertos partidos, por qué se descubren cuentas en Suiza con 20 millones, si es verdad que ha habido sobres o no, quién ha puesto el dinero en ‘negro’ y cuáles son concesiones administrativas que se han hecho y cuánto les han costado más a los ciudadanos esas concesiones”.
Entre las medidas concretas que Izquierda Unida incluye en la proposición presentada hoy se plantea ampliar los tipos penales relacionados con la corrupción –para corruptos y corruptores- y endurecer las penas que se les apliquen, incluyendo inhabilitaciones de hasta 30 años. En el mismo sentido, se establezcan procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.
Para mejorar la actuación de todo lo que tiene que ver con posibles casos de corrupción política se recogen distintas propuestas relacionadas con los cargos públicos, como la regulación de sus salarios, la prohibición de que reciban obsequios o invitaciones de contratistas de la institución y una nueva regulación de las incompatibilidades.
También se establecen medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de control de los procesos de contratación en las administraciones públicas y de control interno y externo de los procedimientos urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia.
Se completa con la exigencia de refuerzos para la Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC), la Fiscalía Anticorrupción o las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades.
La iniciativa parlamentaria de IU insta también a la reglamentación de los ‘lobbies’, la limitación de los gastos en las campañas electorales, la prohibición de las donaciones a los partidos políticos, así como a fundaciones y asociaciones ligadas a ellos por parte de empresas contratadas por las administraciones públicas.
Especial significación tiene también la obligación por ley que se plantea para que los diputados tránsfugas devuelvan su escaño a la candidatura en la que fueron elegidos.
En la exposición de motivos del texto se incluyen nombres como los de Urdangarin, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar y Bárcenas, casos como los de La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria o Palma Arena, y “extraños indultos” que enmiendan la acción de la Justicia y que “están agravando extraordinariamente la alarma social y el descrédito de la política y del propio sistema democrático”.
Preguntado por los periodistas, Cayo Lara mostró su desacuerdo con el ofrecimiento hecho la semana pasada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de llegar a un pacto contra la corrupción por considerarlo una “especie de mesa camilla que se le ha ocurrido” que se concretaría en un “documento de expertos” sin más alcance real.
Frente a ello, insistió en que debe haber un “debate público y transparente, con luz y taquígrafos” en el Congreso, que excluye que IU vaya a entrar en “ningún jueguecito para lavar la imagen y que continúe el sistema de la misma manera”. Consideró que los “responsables mayoritarios” son el PP y el PSOE, por no legislar de manera efectiva contra la corrupción, ni perseguirla seriamente.

lunes, 28 de enero de 2013

No a la supresión de los presupuestos participativos en el Ayuntamiento. Firma el manifiesto “Málaga quiere participar”


El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Málaga anunció oficialmente la supresión de los Presupuestos participativos en nuestra ciudad, que de hecho ya estaban paralizados años atrás. El PP no puede soportar siquiera su propia ínfima visión de los que es la participación del pueblo en los asuntos de la ciudad, en como se gastan los recursos de todos y todas en beneficio de la colectividad, cómo se dan prioridad a unos proyectos sobre otros. Su visión privatizadora de que todo lo que es del pueblo, solo sirve para que se beneficien unos pocos, los de siempre, les hacen huir como de la peste de todo lo que signifique  una ciudadanía activa. De ahí que su anuncio de liquidar los tímidos esbozos de presupuestos participados, no sea más que la confirmación de la visión de una democracia mínima que siempre han preconizado las derechas, que se instalan en las formas para negarle el contenido real.
Ante la preocupante erradicación de la participación ciudadana como eje básico de lo que debe ser la conformación de la democracia misma, se ha lanzado el manifiesto "Málaga quiere participar" para que sea suscrito por personas y colectivos de nuestra ciudad en el que se pide recuperar esta herramienta de participación ciudadana.
El manifiesto puede firmarse  en http://www.iumalaga.org/node/9827 o enviando un correo electrónico consejomunicipaliu@gmail.com ., agradecemosr vuestra colaboración:
Málaga quiere participar
Las personas y colectivos que firmamos este manifiesto queremos elevar nuestra protesta al Ayuntamiento de Málaga, por la supresión del proceso de Presupuestos Participativos en nuestra ciudad anunciada el pasado mes de diciembre.
Los Presupuestos Participativos puestos en marcha por el Ayuntamiento, a pesar de las limitaciones que todos conocemos, suponían abrir por primera vez en nuestra ciudad el proceso de decisión sobre en qué gastamos los malagueños nuestro dinero.
Sabíamos que el camino para ampliar y democratizar la forma en que se toman las decisiones en nuestra ciudad iba a ser lento, pero no sospechábamos que podía imponerse este retroceso.
El argumento dado para dar este hachazo a la participación (la escasez de presupuesto sobre el que decidir debido a las políticas de austeridad) nos parece contradictorio, ya es en estos momentos de crisis cuando es más importante abrir el proceso abrir el proceso de toma de decisiones sobre en qué gastar el poco dinero disponible.
Nos ha parecido especialmente doloroso el hecho de que esta decisión se haya tomado sin ningún tipo de consulta a las personas y colectivos que nos hemos implicado con el Ayuntamiento en sacar adelante los presupuestos participativos, hurtando a la ciudadanía la posibilidad de debatir sobre los problemas que pudiesen haber surgido y proponer soluciones.
La profundización democrática sólo será posible reformando las formas de hacer política y apostando por la democracia participativa tendente a conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético desde la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público, únicas dos vías posibles para prevenir la corrupción y la consecuente degradación de la imagen de La Política.
Por ello pedimos al Ayuntamiento de Málaga que devuelva a la ciudadanía la capacidad decidir  y tome las medidas necesarias para que los presupuestos municipales de los próximos años sean aprobados de manera participativa, poniendo en marcha todos los mecanismos  que requiere desarrollar unos “presupuestos participativos” autorreglamentados, deliberativos, vinculantes; universales, con  un sistema de seguimiento, control social del proceso y rendición de cuentas.

viernes, 25 de enero de 2013

CCOO denuncia la intención de la patronal de grandes empresas de distribución de degradar el empleo y ligar el salario con el consumo


El Sindicato ha convocado una concentración por un Convenio digno del sector de grandes almacenes el 1 de febrero frente al Centro Comercial Vialia de 11:00 a 14:00 horas.
El Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Málaga inició el 24 de enero una campaña informativa consistente en el reparto de cientos de octavillas en las inmediaciones de las grandes empresas de distribución de la provincia para informar sobre la propuesta anunciada por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que representa a empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlín o Alcampo, entre muchas otras, en relación al nuevo convenio colectivo, que elimina derechos al aumentar la jornada, recortar los salarios y suprimir la antigüedad, entre otras medidas. Además, los trabajadores y trabajadoras del sector están convocados a una gran concentración el 1 de febrero frente al Centro Comercial Vialia.
La situación para los trabajadores y trabajadoras del sector de grandes almacenes en la provincia de Málaga, que suponen alrededor de 5.600 personas, es bastante preocupante tras haber anunciado la patronal de grandes empresas de distribución (ANGED) una serie de medidas en la negociación del nuevo convenio colectivo. Entre ellas, según ha explicado la secretaria general del Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Málaga, Lola Villalba, se contempla la "eliminación de una paga extraordinaria, la obligatoriedad de que se trabajen todos los festivos de apertura, sin complemento salarial, un aumento de la jornada laboral pasando de las 1.770 horas a las 1.826 horas anuales sin ello suponga un aumento del salario, justo todo lo contrario".
Al respecto, Villalba ha explicado que "esta patronal pretende que el salario base se quede igual al del año 2012, por lo que estos trabajadores perderían poder adquisitivo, ya no sólo por el IPC sino por el aumento de las horas a trabajar, esto supondría un 3% menos con relación al año pasado".
Además, la líder sindical ha señalado que "entre las propuestas de esta patronal también destaca su intención de que la jornada laboral sea irregular con calendarios mensuales que se conocerán con una antelación únicamente de diez días". Sin embargo, ha explicado Villalba, "la patronal quiere que después de la entrega de los horarios éstos puedan ser modificados, hasta 16 horas mensuales. Tampoco indica que se tenga que dar los calendarios al comité de empresa". También quieren según la representante sindical "inventarios obligatorios para todos los trabajadores sin compensación económica, eliminación de la antigüedad y que las vacaciones sean fraccionadas en dos turnos, de 15 y 16 días a libre designación por parte de la empresa".
Otra de las medidas que nos sorprenden por parte de esta patronal es que "quieren dar parte del salario a sus trabajadores en especies, que en la semana de ventas especiales y balances puedan variar la jornada al trabajador, que se suprima el artículo de riesgos del embarazo así como el de excedencia por motivos familiares, ponen problemas para poder solicitar concreciones horarias y desaparece la referencia en el convenio colectivo a la jubilación parcial, entre otras muchas medidas".
Por todo ello, ha afirmado la secretaria general de dicho sindicato, "vamos a realizar una campaña de protesta para que tanto los trabajadores del sector como la ciudadanía en general conozca las pretensiones de esta patronal y hacemos un llamamiento para que acudan a la gran concentración que hemos convocado para el próximo viernes, 1 de febrero, en la entrada del Centro Comercial Vialia".

jueves, 24 de enero de 2013

En el 36 Aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha


Un año más, el Partido Comunista de Madrid homenajea a los abogados laboralistas asesinados por el fascismo un 24 de enero de 1977. Aquella fecha queda imborrable en la historia colectiva de la clase trabajadora, y por ello año tras año, las organizaciones con las que nuestros abogados más luchas emprendieron, les rendimos homenaje para preservar no sólo su recuerdo, sino también sus luchas, sus principios políticos, sus reivindicaciones de democracia, justicia y libertad.
Los difíciles momentos que vivimos hacen necesario este homenaje y la recuperación de los valores que llevaron a los trabajadores a las conquistas que hoy el capitalismo no está dispuesto a consentirnos. Así debemos entender la política de recortes que nos han llevado a un retroceso importante en educación, en sanidad, en derechos laborales y sindicales. Cada recorte, cada medida de ajuste es un batalla más en la lucha de clases en la que nos encontramos. Cada medida es un motivo para rebelarnos, pero también un motivo para reforzar nuestra identidad de clase, un motivo para fortalecer nuestros ideales para defender y conquistar nuestros derechos.
Pero el capitalismo sabe de la fortaleza de nuestros principios y nuestros ideales, y por ello persiste en criminalizar cada respuesta, cada lucha, cada movilización. Estamos en estos días presenciando cómo se recrudece la criminalización de los movimientos sociales y políticos que luchamos contra la injusticia de este sistema, cómo crece la represión y cómo se anteponen las soluciones policiales a las políticas. Junto a las nuevas represiones, aún tenemos que exigir que la Justicia reconozca los crímenes de la dictadura, que se investiguen y se repare la memoria colectiva, de víctimas y familiares, como única posibilidad de construir un futuro. Nada de esto quiere saber ni la Justicia ni quien nos gobierna. Tristes días para la Justicia, tristes días para la Democracia.
Días tristes a lo que se suma la evidencia de un sistema fundamentado en la corrupción, hechos que soportamos la clase trabajadora con los recortes salariales, los recortes sociales, los incrementos de la carestía de la vida. Mientras la clase dominante se aprovecha de lo público para lucrarse, para enriquecerse, para mantener sus privilegios, la clase trabajadora tiene que soportar el desmantelamiento del sistema público como un ataque a sus conquistas. Si pretenden medirnos a todos por igual, si pretenden justificarse con el rasero del “todos son lo mismo”, debemos recordar que como en aquellos tristes días de 1977, luchar contra la corrupción es luchar por la Democracia, luchar contra la corrupción es luchar por nuestros derechos de clase, luchar contra los corruptos es luchar contra quienes nos roban el empleo, el salario, el futuro.
Es hora de cambio, es hora de construir decididamente una alternativa al sistema, que necesariamente debe pasar por la unión de los trabajadores, pues sólo desde la unidad de la clase trabajadora podremos superar al capitalismo.
El año próximo volveremos a encontrarnos en la Plaza de Antón Martín, y “El abrazo” volverá a ser el símbolo de nuestra unión frente al capitalismo, la represión y la injusticia. El año próximo habremos avanzado un paso más en la alternativa que estamos construyendo.
Daniel Morcillo, Secretario General del Partido Comunista de Madrid

miércoles, 23 de enero de 2013

Izquierda Unida coincide con CCOO y UGT en exigir al Gobierno del PP un cambio radical en sus medidas fracasadas y en la necesidad de seguir con las movilizaciones


Tras la reunión del grupo parlamentario con los secretarios generales de ambos sindicatos, Cayo Lara valora que “lejos de la resignación y de la irreversibilidad ante estas medidas hay una alternativa posible, real y aplicable”
El Grupo Parlamentario de IU-La Izquierda Plural, encabezado por Cayo Lara se reunió ayer, martes 22 de enero, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez respectivamente y han coincidido en su análisis del agravamiento de la crisis a raíz de las medidas de ‘ajuste duro’ y de recortes impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por ello, que han exigido al Ejecutivo del PP un cambio radical en sus recetas anticrisis ante el “demostrado fracaso” de las actuales y se ha coincidido también en la necesidad de seguir con las movilizaciones como forma de combatirlas.
La valoración por parte del Grupo parlamentario de la Izquierda la realizó su presidente portavoz, Cayo Lara, al término de la reunión que por espacio de casi hora y media ha tenido lugar en el Congreso con sendas delegaciones de los sindicatos. Éstos han presentado a los diputados de IU –cuya delegación la completaban sus portavoces José Luis Centella, Secretario General del PCE, Joan Coscubiela (IC-EUiA) y Chesús Yuste (CHA)- el documento ‘Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis de la economía española’.
Sí existe una alternativa
Lara, en declaraciones a los medios tras el encuentro, constató la “coincidencia muy amplia” con CC.OO y UGT sobre los temas abordados, tanto en lo que respecta a la necesidad de políticas alternativas en España “que las hay y son de izquierdas”, como en lo relativo a las medidas a adoptar por la Unión Europea.
Para el Coordinador federal de IU, “lejos de la resignación y de la irreversibilidad de las medidas del Gobierno, hay una alternativa posible, real y aplicable. Pasa por una profunda reforma fiscal, la lucha contra el fraude e incorporación de recursos a la Hacienda Pública, y no por las políticas de austeridad y recortes que llevan a más paro y recesión”.
Cayo Lara aseguró con vehemencia que “sí existe una alternativa que puede ilusionar y abrir una vía de esperanza” y que ésta también puede darse a nivel de la Unión Europea. Para ello, indicó que debe conseguirse una “política de inversión activa” desde el Banco Europeo de Inversiones (BEI), una bajada de tipos de interés del crédito y una “intervención directa” del Banco Central Europeo (BCE) para que compre deuda soberana al 0,75, igual que presta directamente a los bancos.
Para el presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA este es el único camino para “evitar el desastre económico, la desestructuración social y la pobreza que también se están produciendo”.
En este sentido, apostilló que “lo importante ayer, hoy y mañana es el empleo y el desarrollo social. Seguiremos intentando que la agenda no se desvíe frente a los que parece que tienen mucho interés en que se desvíe el foco de atención del empleo y de las políticas sociales”.
Los sindicatos denuncian que el PP está desmantelando el sistema de bienestar
Los sindicatos han recordado que enviaron una carta el presidente del Gobierno, al de la CEOE, Juan Rosell, y al resto de grupos del Congreso para recordarles que las políticas del Ejecutivo centradas exclusivamente en la reducción del déficit han fracasado. A la carta adjuntaron un documento con las “Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis de la economía española”.
Para Toxo la defensa del modelo social europeo, el crecimiento, la reconquista de los espacios propios de la política frente a los mercados, la protección a las personas, un nuevo sistema fiscal y la reforma del sistema financiero con la presencia de una banca pública, como elementos para "una política alternativa a la que nos ha llevado al desastre".
Para Cándido Méndez, ante la "cifra fatídica" de los 6 millones de parados que reflejará la Encuesta de Población Activa (EPA) el próximo jueves "no cabe seguir insistiendo en un camino fracasado" que el Gobierno ha venido desarrollando durante el último año. A su juicio, la prioridad absoluta para el Gobierno y para Europa debería ser el empleo y la lucha contra el paro.
Méndez ha subrayado que, “ante una situación como ésta, no caben lamentaciones. Tenemos que combatir dos falsedades, la de que estas políticas darán resultado y la de que no hay alternativa. Si hay alternativa. En España y en Europa lo que hay que hacer es definir como prioridad absoluta el objetivo del empleo”.
“La lucha contra el paro debe ser la prioridad absoluta en la definición de las políticas económicas, sociales y laborales. Hasta el momento la prioridad absoluta que se ha planteado ha sido la reducción del déficit público y este Gobierno tampoco lo está consiguiendo”.
Méndez ha señalado que la población española está "tremendamente preocupada" por la triple realidad del paro, "el expolio" de los servicios públicos y los derechos laborales, y la impunidad de todos los responsables de lo que "ha acontecido y acontece".
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha advertido de que el conflicto social puede continuar si el Gobierno no cambia su política económica y el modelo que se plantea para "restringir las libertades".
También Górriz ha considerado que la destrucción de empleo es el mayor problema en España y que las políticas del Gobierno han generado más paro, además de que "están desmantelando" el sistema de bienestar.
Górriz ha acusado al PP de "aprovecharse" de la crisis para cambiar la sociedad y "poner al servicio de las elites económicas y financieras dominantes una situación de derechos que habíamos conseguido y ahora se van a recortar"

lunes, 21 de enero de 2013

Grimau, la primera víctima de Fraga


El 20 de abril de 1963, Julián Grimau, dirigente del PCE, fue ejecutado por el régimen de Franco bajo la acusación de “rebelión militar continuada”. Manuel Fraga formó parte del Consejo de Ministros que lo condenó a muerte.
Alejandro Torrús/diariopublico.es
Julián Grimau fue llevado al paredón la madrugada del 20 de abril de 1963. Tenía 52 años. En un plan vertiginoso del régimen fue condenado por un delito de “rebelión militar continuada” y fusilado en menos de 72 horas. Jueves por la mañana, Consejo de Guerra; viernes, Consejo de Ministros y no-conmutación; sábado en la madrugada, ejecución. “Fue ejecutado a las cinco de la madrugada, ante los faros de unas camionetas. Los reclutas del pelotón de fusilamiento estaban muy nerviosos. Dispararon 27 balas, pero el oficial al mando tuvo que rematarle con tres tiros de gracia. Nunca lo olvidaré", explicó el abogado defensor de Grimau Alejandro Rebollo.
Este año se conmemora el 50 aniversario de su ejecución e Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno rehabilite su figura. El Ejecutivo, de momento, no se ha pronunciado al respecto. La cuestión está pendiente desde enero de 1990, cuando su viuda pidió la revisión de la condena que le llevó al paredón, pero la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se la denegó por “coherencia jurídica”.
Pero, ¿quién fue Grimau? ¿Por qué fue asesinado sin piedad por el régimen de Franco? ¿Por qué la dictadura, en pleno proceso de apertura, ignoró los más de 800.000 telegramas que llegaron a Madrid pidiendo clemencia, entre ellos los del papa Juan XXIII, J.F. Kennedy, Willy Brandt, Harold Wilson, Aldo Moro, Jean Paul Sartre o Nikita Jruschov?
Las acusaciones del régimen nunca fueron probadas. "Fue una burla a la verdad", dijo su abogado defensorEl día de su ejecución, el 20 de abril de 1953, ABC publicó su supuesto expediente policial. Grimau, según el régimen, había sido jefe de una checa situada en el número 1 de la Plaza de Berenguer el Grande, de Barcelona, donde se había procedido a la detención y tortura de diversas personas. “Fraga diseñó una campaña de propaganda bestial para convencer a los españoles. De hecho, se entregaba un folleto explicativo sobre las acusaciones de Grimau a todas las personas que entraban y salían de España”, asegura Antonio Ortiz, historiador.
Las acusaciones del régimen nunca fueron probadas. Su juicio, según las palabras de su abogado defensor Alejandro Rebollo, fue una “burla a la verdad” que “vulneró hasta las propias leyes ilegales del franquismo”. “Grimau fue asesinado porque era un alto dirigente del PCE y el régimen quería dar un golpe sobre la mesa. Eran tiempos revueltos. Acaban de producirse las huelgas mineras en Asturias y CCOO comenzaba a tener peso en las fábricas de Madrid. El asesinato de Grimau era un aviso a la oposición al régimen: No tenemos problema en volver a coger las armas”, asegura Victor Díaz-Cardiel, dirigente del PCE y compañero y amigo de Grimau.
“Soy la última persona que lo vio en libertad”
Díaz-Cardiel fue la última persona que vio a Grimau en libertad. Fue el 7 de noviembre de 1962. Grimau, Díaz Cardiel y Valentín Andrés Álvarez, escritor de la Generación del 27 acudieron a una reunión junto a otro “camarada”. Tras finalizar el encuentro, Grimau y Díaz-Cardiel caminaron juntos hasta la calle Ibiza [en Madrid].
“Nos despedimos como cada día y él tiró hacia su casa, primero, y me dijo que luego iba a reunirse con algún contacto que le iban a facilitar papel y una máquina para hacer octavillas. En el autobús lo detuvieron”, relata Díaz-Cardiel a Público. Grimau fue detenido en un autobús de Madrid en el que sólo viajaban él y dos hombres más (dos agentes de la Brigada Político-Social). Después, se supo que le había delatado su contacto, Francisco Lara, quien poco antes había estado en prisión. “Nunca más supimos de Lara”, afirma Díaz-Cardiel.
La noticia de la detención tardó en llegar a la cúpula del PCE varios días. Grimau había desaparecido, literalmente, de la faz de la tierra. Durante los interrogatorios a los que fue sometido llegó a ser lanzado por la ventana del primer piso de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol (hoy sede del Gobierno de Madrid) por sus torturadores.
Armando López Salinas formaba parte de la comité central del PCE durante aquellos años, junto a otros históricos dirigentes como Javier Pradera, Manolo López o Romero Marín, líder del partido en el interior. “Tres o cuatro días antes de su detención estuvo en mi casa. Le conocí en aquel tiempo. Complicado y difícil. Se acababa de producir la crisis de los misiles de Cuba. Había habido huelgas en la construcción y en las cuencas mineras. Todo indicaba que iban a por la dirección del PCE”, recuerda López Salinas.
Aunque si alguien conocía bien a Grimau, ese era Díaz-Cardiel, quien asegura que su relación con Grimau era de “honestad” y “complicidad”. “Me sacaba 15 años. Era una relación cercana a un padre y un hijo”, asegura Díaz Cardiel, quien define al histórico dirigente del PCE asesinado como una persona “bondadosa”, “detallista” y “atenta”.
“Hay una anécdota -explica Díaz-Cardiel- que define la personalidad de Grimau. Una tarde, en plena crisis de los misiles de Cuba, yo paseaba con Julián por la calle de Atocha de Madrid. Entonces, vimos una cola enorme de gente en la entrada del cine Monumental. Julián me pregunto que de qué hablaría la gente un día como hoy y se puso en la cola para escuchar las conversaciones de los demás. Charlaba con mucha afabilidad con todo el mundo”.
Los verdugos
Tras cinco meses detenido, el 18 de abril de 1963 llegó la hora del Consejo de Guerra. Los detalles, cuanto más profundos, más escabrosos son. El vocal ponente de la acusación, Manuel Fernández Martín, ni siquierda tenía la titulación en derecho. Como se demostró más adelante, había falsificado su título universitario durante la guerra. “Sólo había aprobado tres asignaturas”, asegura Antonio Ortiz. El Consejo lo condenó a muerte.
“Julián no tenía salvación. Durante los cinco meses que estuvo detenido los miembros de la dirección del PCE nos reunimos casi todos los días para mover nuestros contactos e intentar que fuera liberado. Lo hacíamos en la Clínica de Medicina Preventiva de Armando Calva, un amigo del Partido”, asegura Armando López Salinas. “Romero Marín era el más pesimista de todos. Desde el primer día que estuvo desaparecido sostuvo que Grimau sería asesinado. Nos tenían ganas y a él es al que pillaron”, prosigue.
El día después del Consejo de Guerra, se celebró un Consejo de Ministros extraordinario para atender las peticiones de indulto. Se reunieron 19 ministros más Franco. Entre ellos, Manuel Fraga, un recién llegado al Gobierno que se había encargado de vender a la sociedad española la verdad del régimen sobre Grimau. Todos votaron en contra de conceder el indulto. Como se pudo saber con el paso de los años, Fraga también.
Manuel Fraga no se opuso a la condena a muerte de Grimau “La única oposición interior que tuvo el régimen fue la del ministro de Asuntos Exteriores,  Fernando María Castiella, que ya estaba trabajando por la integración europea y, posiblemente, los ministros del Opus encargados de los planes de desarrollo, que veían también como este asesinato ponía piedras en el camino”, asegura Ortiz, que asevera que Fraga no alzó la voz para evitar la condena. “Muy al contrario, trató de mantenerse a favor para ganar puntos como un adepto al régimen”, agrega.
El busto y la “seguridad jurídica”
No hubo nada que hacer. La sentencia de muerte de Grimau estaba escrita antes de ser juzgado, torturado e incluso interrogado. "Me enteré de su muerte por la radio y me sumí en un llanto enorme. Era un año clave, la dictadura tenía miedo. El fusilamiento de Grimau quería amedrentarnos, pero no lo consiguió", recuerda Díaz-Cardiel.
López Salinas se enteró del fusilamiento de la boca de José Antonio Novais, corresponal de 'Le Monde' en Madrid, cuando paseaba por el Paseo de la Castellana junto a Romero Marín. “Planteamos a Grimau, semanas antes de su detención, que debía abandonar el país por su seguridad. Él se negó en rotundo. Se veía a sí mismo como el capitán que no debía abandonar el barco cuando este estaba en peligro de hundimiento”, asegura López Salinas.
En los archivos de la justicia española Grimau sigue apareciendo como un delincuente. Un asesino. Por contra, Manuel Fraga, uno de sus verdugos, recibió este lunes un homenaje en el Senado, donde fue inaugurado un busto que honra la memoria del ministro de Franco y posterior fundador de Alianza Popular. “No puede ser considerado un demócrata alguien que no luchó contra la dictadura de Franco”, sentencia Díaz-Cardiel.

Ana García Sempere: “¡Primero las personas!”


http://anagsempere.blogspot.com.es/
Empecé mi andadura como nueva concejala por Izquierda Unida con una palabras, muy breves, que sirvieran como breve presentación de las líneas que regirán mi trabajo en el Ayuntamiento de Málaga.
Prometí en primer lugar hacer cumplir el Estatuto de Autonomía porque no se está cumpliendo habiendo sido aprobado por unanimidad y con gran consenso social. Un Estatuto donde los andaluces y andaluzas nos hemos dotado de un instrumento jurídico-político de gran potencialidad para abrir paso a políticas de progreso y de transformación social y económica de nuestra Comunidad Autónoma, para seguir avanzado en cohesión social y generación de riqueza, y que ésta se reparta de un modo más equitativo, permitiendo mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.
También prometí , esta vez por imperativo legal, acatar la Constitución. Y el elegir esta fórmula no estuvo fundamentado única y exclusivamente por mi condición de republicana, sino porque no puedo sentirme corresponsable de una Carta Magna modificada casi con nocturnidad y alevosía por los dos partidos mayoritarios, de manera dictatorial con el único objetivo de priorizar la deuda sobre los derechos sociales. Y, como representante de la ciudadanía malagueña, mi mayor compromiso es trabajar por ese 99 % que sufre o está en riesgo real de sufrir situaciones de paro y necesidad. Ese 99% que queda fuera de las prioridades de la Constitución.
Por ese motivo mi artículo se titula: Primero las personas
Porque en Málaga, repartidos en cada uno de sus once distritos, son miles los malagueños y malagueñas que se están viendo afectad@s por esta gran estafa: hay viviendas donde todos sus miembros están en paro, incapaces de afrontar los pagos de luz, agua o gas, y que no reciben ningún tipo de ayuda o prestación.
Son más de 55.000 personas las que acuden en Málaga a bancos de alimentos, más de 80.000 parad@s en la capital y alrededor de 1.500 familias fueron desahuciadas en 2012 mientras siguen deshabitados más de 120.000 pisos vacíos.
En definitiva, una Málaga azotada por el paro, la pobreza y la precariedad.
¿Y cómo reacciona el equipo de gobierno del Partido Popular ante estos números? Pues en la línea de su Presidente: “que no les consta”
Y no nos confundamos, desde el ámbito municipal se puede hacer mucho y bien por aplicar medidas que palíen esta situación de emergencia. Bastaría con racionalizar el destino del presupuesto municipal y priorizar el bienestar de las personas frente el despilfarro económico al que nos tiene sometidos el PP. Y para ello sólo se necesita una cosa: voluntad política.
Si en lugar de subcontratar servicios los realizan los funcionarios, si los contratos blindados para altos cargos desaparecen, si se evitan contrataciones para puestos cuya función se desconoce, si aparcamos las inversiones de millones y millones de euros en megaproyectos (ahí tenemos el Art Natura, Tabacalera, el Cubo del Puerto, pago del canon del CAC, transferencia directa al Museo Thyssen...), si apostamos por la remunicipalización y rompemos con el afán privatizador de empresas públicas...
En definitiva, si el Ayuntamiento apostara por las personas en lugar de presentarnos un Plan de Ajuste municipal que prioriza en pago de la deuda municipal sobre los derechos sociales, la ciudadanía malagueña podría empezar a respirar.
Pero solos no podemos: ha llegado el momento de bajar a las calles, a los barrios, a los pueblos y construir entre tod@s la herramienta que corte las cadenas....
Si no somos nosotr@s, ¿quién?
Si no es ahora, ¿cuándo?

 Ana García Sempere, es concejal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Málaga, sustituyendo a Pedro Moreno Brenes, y Secretaria de Organización del Comité Local del PCA de Málaga

domingo, 20 de enero de 2013

Cayo Lara insta a Rajoy a "dar la cara" por la actuación de Bárcenas y por la supuesta entrega regular de sobres con 'dinero negro' a altos cargos del PP


El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha instado hoy al presidente del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a “dar la cara” por la actuación del ex tesorero de su partido al que él nombró en el cargo, Luis Bárcenas.
En una rueda de prensa realizada el viernes a las puertas del Ayuntamiento de Alicante, en protesta por el veto impuesto por la alcaldesa del PP, Sonia Castedo, a que pudiera ser en la sala de prensa del Consistorio, Lara ha afirmado que “Rajoy tiene que comparecer y dar explicaciones por el ‘caso Bárcenas’”, ya que nos enfrentamos a un asunto “tremendamente preocupante y que hace mucho daño a la democracia y a la política”.
“Rajoy –recalcó- tiene que dar la cara y tiene que dar muchas explicaciones; no como presidente del Gobierno, pero sí del PP por en ese tiempo en que se habla de 22 millones de euros en una cuenta de Bárcenas”.
El Coordinador federal reclamó también “celeridad y rapidez” a la Justicia para que de una forma ágil y rápida se puedan sustanciar las posibles responsabilidades penales que se determinen en este caso. “Cada día que no actúa es un día de pérdida para la democracia”, dijo.
Pero para Lara, además de las responsabilidades penales están las políticas, por los altos cargos internos que Bárcenas ocupó en la dirección nacional del PP “durante muchos años”. Insistió en que durante el periodo en el que pudo ingresar la mayor parte del dinero ahora detectado -entre 2005 y 2009- tenía “su despacho muy cerquita” y estaba “bajo la tutela de Rajoy” en la sede ‘popular’.
Tras los últimos datos conocidos en prensa, consideró también imprescindible que Mariano Rajoy “tengan que responder” sobre la posibilidad de que “se hayan repartido sobres con ‘dinero negro’ a distintos personajes del PP” y sobre la procedencia de éste.
Valoró que los principales dirigentes del Partido Popular “no pueden alegar sólo que tenían desconocimiento de la situación que hoy publica un medio de comunicación, donde dice que se daban sobres a las personas que trabajaban” en esta formación.
Cayo Lara avisó de que si la Justicia “no tiene medios suficientes, que los exijan también los jueces y la Fiscalía Anticorrupción para que estos casos no puedan dormir en los cajones de los juzgados”, como ha pasado con otros. Aprovechando que estaba en el País Valencià citó el amplio número de ejemplos vinculados al ex presidente de la Diputación de Castellón, el también ‘popular’ Carlos Fabra.
“Creo que en España necesitamos una Justicia que sea mucho más eficaz, ágil y rápida, especialmente en casos que tienen que ver con supuesta corrupción, como en éste, de presunta financiación ilegal del PP”, argumentó.
Lara trasladó también el mensaje a la ciudadanía de que entre 2000 y 2008 “se produjeron situaciones de posibles comisiones irregulares para mantener determinadas estructuras” y destacó que en ese tiempo “hubo una parte muy importante de la sociedad que miró para otro lado porque a ellos les iba bien y había un clima de crecimiento económico importante”.
“Debemos tener la responsabilidad de no mirar para otro lado en los temas que tengan que ver con situaciones de irregularidad de este nivel y naturaleza, reclamó.
IU reclama todos los datos sobre corrupción vinculada a partidos y pide la comparecencia de Montoro para que detalle quienes se acogieron a la amnistía fiscal
Izquierda Unida ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado trasladen al Congreso de los Diputados y den explicaciones, tanto oralmente como a través del envío de una amplia documentación solicitada, sobre diversos temas relacionados directamente con la corrupción política y vinculados también a los detalles que se van conociendo sobre el caso del ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas.
Así, el presidente portavoz del grupo parlamentario, Cayo Lara, ha concretado lo que parlamentariamente se denomina ‘Solicitud de datos, informes o documentos’, al amparo del artículo 7º del Reglamento, para que el Ejecutivo a través de su Ministerio de Justicia remita, entre otras cuestiones, el “número de investigaciones abiertas desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos”.
De igual forma, pide información sobre “cuántos procedimientos judiciales se han abierto desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos” y el “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fecha de incoación de diligencias previas”.
Lara completa su iniciativa con la solicitud del “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fase procesal en que se encuentran cada uno de ellos”, así como el “número de sentencias condenatorias desde 2004 por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos”.
A través del diputado y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, IU solicita también la comparecencia del fiscal anticorrupción en el seno de ésta “para informar sobre las medidas que se piensan impulsar para hacer frente a la corrupción que está generando una creciente alarma social”.
Además, con la firma del portavoz del grupo, José Luis Centella, se reclama la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas para que antes de la reanudación del periodo ordinario de sesiones comparezca su titular, Cristóbal Montoro, para que detalle “los resultados del proceso de amnistía fiscal e informe de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la misma”.
Esta petición se ha registrado doblemente, también como comparecencia ordinaria en comisión a partir de febrero, dado el demostrado bloqueo sistemático de comparecencias de miembros del Gobierno que realiza el PP cuando éstas se debaten en la Diputación Permanente gracias a su mayoría absoluta. La primera de las peticiones va firmada conjuntamente con el PNV, como obliga el Reglamento al ser extraordinaria.
Para completar este punto, Centella y Llamazares firman otra solicitud de datos e informes para que desde el Gobierno se traslade al Congreso toda la documentación relativa al “listado de sociedad y personas físicas que se han acogido a la regularización fiscal especial (amnistía fiscal) acordada por el Gobierno mediante el Decreto Ley 12/2012”, especificando los nombres específicos y la cuantía correspondiente regularizada en euros”.
Para terminar, Cayo Lara ha registrado también una pregunta por escrito dirigida al Gobierno para que aporte datos sobre “¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para que sea posible conocer en el Congreso la famosa lista de defraudadores anunciada por el ministro Montoro a finales del año pasado con el fin de actuar inmediatamente contra ellos?”.
“¿Cuál es la fecha prevista para dar a conocer la lista?”, “¿Qué motivos existen para que esta lista no esté ya en manos de la Fiscalía, eliminando de esta forma la posible existencia de un caso de presunta prevaricación?”, prosigue la pregunta registrada por Lara, que concluye con la cuestión de “¿Qué opinión le merece al Gobierno que antiguos cargos del partido que le sustenta en el poder se haya acogido a esta amnistía fiscal?”  

El II Encuentro Republicano avanza en la unidad de acción y convoca una gran manifestación estatal el próximo 14 de abril


http://www.larepublica.es
El II Encuentro Estatal Republicano avanza en la unidad de acción del movimiento republicano estatal y acuerda llamar a la ciudadanía a desbordar las calles en una gran manifestación en Madrid para el 14 de abril.
Más de cien personas en representación de unas 40 organizaciones han participado en Rivas Vaciamadrid (Madrid) en el II Encuentro Estatal Republicano. El movimiento republicano de Asturias, Aragón, Catalunya, Andalucía, Galicia, Madrid, Castilla–La Mancha, Castilla y León y País Valencià han avanzado en su proceso de coordinación iniciado en enero de 2012, que dio lugar a la creación de la Junta Estatal Republicana.
Según su declaración final, la JER “no pretende ser una organización republicana más, ni un medio a favor de ninguna opción política en particular, sino un instrumento para hacer posible de manera más efectiva un espacio de convergencia plural republicana para conseguir una República Federal, Laica, Participativa y Solidaria, con respeto a la identidad de los pueblos y su derecho a decidir”.
La JER considera que “no es posible que el amplio conflicto social existente, producto de estas políticas y de este modelo de Estado, pueda tener vías reales de solución en beneficio de la mayoría si no es con una ruptura y un cambio por otro modelo más democrático que no puede ser otro sino en clave republicana”. Por eso la JER se pone como objetivo “republicanizar el conflicto social y sus reivindicaciones, sumando ciudadanía en favor de una marea tricolor, principalmente con participación de la juventud y sus colectivos”. Para la JER “es la hora de la marea tricolor”, del “rescate de la República, para un orden social justo, de recuperar los resortes estratégicos de la economía para garantizar el pleno empleo y los derechos sociales”.
El debate desarrollado en este Encuentro en torno a estos planteamientos reafirma “la voluntad de trabajar con lo mejor de nuestra inteligencia y compromiso colectivo para traer la III República a través de un Proceso Constituyente Republicano” y “impulsar la ruptura con el actual régimen, reivindicando la legalidad republicana que toma su origen en la II República, para alcanzar la proclamación de la III República”.
En el Encuentro, la JER ha reclamado la dimisión del actual gobierno por el deterioro económico y político de la situación del país. También ha criticado, mediante una resolución, “la corrupción generalizada” que “es algo intrínseca al sistema, por la falta de transparencia y de herramientas de control democrático”.
En el Encuentro se ha renovado la Junta Estatal Republicana en la que están representados el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Republicana (IR), la Unidad Cívica por la República (UCR), el Movimiento por la Tercera República (Mp3-Aragón), la Red de Municipios por la Tercera República, Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) y la plataforma Ciudadanos por la República (CxR), y se han incorporado Izquierda Unida (IU), Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), Republicanos (RPS), Unión Republicana (UR) y la Asamblea Republicana de Vigo.
En Rivas Vaciamadrid, a 19 de enero de 2013

sábado, 19 de enero de 2013

La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés firma con 21 ayuntamientos de Málaga la adhesión al programa contra los desahucios


La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de 21 municipios malagueños el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Con esta rúbrica, los ayuntamientos de Alameda, Alfarnatejo, Almachar, Archez, Archidona, Ardales, Benamargosa, El Borge, El Burgo, Campillos, Cartajima, Casabermeja, Casares, Cuevas de San Marcos, Humilladero, Istán, Macharaviaya, Monda, Ojén, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia se suman al acuerdo marco ya rubricado en septiembre pasado por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP).

Cortés ha destacado en su intervención que "estos 21 alcaldes demuestran su compromiso claro con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que ya desde la ONU se advierte de que se está pisoteando sistemáticamente en España, donde demasiados andaluces han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo".
Asimismo, la titular de Fomento y Vivienda ha precisado que "aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas", sí está haciendo un importante esfuerzo en el ejercicio de sus competencias "para plantar cara a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas". Además, ha subrayado que "en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda".
En Málaga esta oficina abrió el 8 de octubre y hasta final de diciembre ha atendido a 222 personas. En el ámbito de la intermediación, se han tramitado 152 expedientes, de los cuales se han resuelto positivamente 59, en torno al 40%. En la negociación con las entidades financieras se han alcanzado soluciones mediante la dación en pago, la refinanciación de la deuda, la renegociación de los años de carencia o el alquiler social.
En opinión de Cortés, "el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda demuestra que la política sirve para plantar a cara a acciones absolutamente injustas e insolidarias", por ello anima a los ayuntamientos a continuar sumándose a este instrumento "para constituir un gran bloque político contra un drama que está afectando a demasiadas familias". Para la titular de Fomento "este Plan es eminentemente participativo y requiere además de la colaboración de colectivos sociales, una pieza clave de esta lucha por su capacidad de anticipación y por su apoyo constante a los afectados. Debemos trabajar muy en sintonía con estas organizaciones para ofrecer el mejor servicio a las familias".
Junto a esta iniciativa, la consejera Cortés también ha detallado otros ejemplos de esa política de compromiso como la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo.
Por otro lado, la titular de Fomento y Vivienda ha recordado las preocupantes ci-fras de desahucios producidos en Andalucía, donde en el primer semestre de 2012 se produjeron 7.551, de los que 2.055 correspondieron a la provincia de Málaga. Estos datos ponen de manifiesto un incremento del 14,1% respecto del mismo periodo del año anterior. A juicio de Cortés, "esta subida es directamente atribuible a la subida del paro facilitada por la reforma laboral, asentada en el falso precepto de que, a mayor facilitad para despedir, mayor contratación habrá, y como es lógico no ha sido así".
La Consejera perteneciente a Izquierda Unida, Elena Cortés, ha aprovechado también para animar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para que, con su firma, apoyen la Iniciativa Legislativa Popular que a final de mes será presentada en el Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios, promover el alquiler social y la dación en pago además de la modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

viernes, 18 de enero de 2013

Antonio Romero: “Montoro lava más blanco. Bárcenas con 22 millones de euros en cuentas secretas en Suiza”


Carta abierta a la ciudadanía

Todas las corrupciones tienen terminales en los paraísos fiscales
A los 425 días del calendario Mariano:
Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:
El ex-tesorero del PP y ex-senador Luis Bárcenas llego a tener en cuentas secretas en Suiza más de 22 millones de euros, a nombre de una fundación panameña utilizando los escondrijos del dinero negro y criminal que son los paraísos fiscales, donde se dan cita todas las terminales de la corrupción, Urdangarín, la familia de los nacionalistas catalanes Pujol y Mas y otros representantes políticos empresariales y deportivos, el mundo de la Mafia.
Hay 60 paraísos fiscales en el mundo, mas de 3,5 millones  de sociedades tapaderas y los gobiernos dejan de ingresar más de 350.000 millones de euros por la existencia de esta caja B del capitalismo mundial. Llama la atención que la amnistía fiscal de Montoro que como en los anuncios de los detergentes, “lava más blanco”, haya permitido a Bárcenas blanquear 10 millones de euros a través de una sociedad.
Estamos ante un máximo dirigente del PP, un partido hoy en el gobierno de España, al tiempo que era senador del reino y ostentando estos dos altos cargos partidarios e institucionales hizo fraude, operó con dinero negro, utilizó sociedades tapadera en los paraísos fiscales y en Suiza, lo que constituye delitos gravísimos y desde el punto de vista ético y político una deslealtad y una traición a España y a los intereses generales. Rajoy es avalista de Bárcenas y siempre lo avaló, ese estilo de decir una cosa y la contraria que recuerda al humor inglés: un señor en la estación de Londres pregunta a un empleado de los ferrocarriles británicos “¿a qué hora llega el tren de Manchester?”, el empleado responde “depende”, a lo que responde el ciudadano “¿de qué depende?” y el empleado contesta “Ah amigo, eso sí que depende”.
Rajoy como los malos gobernantes tiene dos carpetas en la mesa una que dice “Problemas que el tiempo resolverá” y otra que dice “Problemas que el tiempo resolvió”.
Recordemos que este caso de presunta financiación ilegal del Partido Popular se llevo por delante al juez Baltasar Garzón junto con la investigación de los crímenes del franquismo. El juez más brillante que ha tenido en sus manos casos de defensa de los derechos humanos en España y en el mundo con reconocimientos en varios países latinoamericanos.
Los casos en los que se han visto envueltos dirigentes del PP del País Valenciano, de Madrid, de Castellón, de Galicia, y algunos personajes como el ex-presidente de la CEOE y de la Corona ponen de manifiesto que el actual sistema es un sistema corrupto y criminal, que tolera y ampara y protege a los grandes defraudadores y persigue a los desempleados y a los pensionistas pobres. A Botín, a los grandes banqueros y a los filiares que tienen la banca privada en paraísos fiscales invitaciones a café en la Moncloa, a los jornaleros y a los desempleados y a los jubilados, guardia civiles, inspectores de trabajo y helicópteros persiguiendo sus actividades.
Cabe traer a colación los casos de Felipe González  y José María Aznar que cobran 82.000 euros de pensión vitalicia de ex presidentes con los sueldos de 126.000 de Gas Natural y de 198.000 de Endesa respectivamente.
Al grito de Cristóbal Montoro de que no hay dinero hay que responderle que aquí está el dinero, en los paraísos fiscales, entre ellos en Gibraltar, el dinero que ha existido siempre  y al que hay que incorporar la fuga de capitales que hasta mayo de 2012 sumaban  259.000 millones de euros.

Antonio Romero Ruiz
Coordinador de la Red de Municipios por la III República
Presidente de honor del P.C.A.
Ex parlamentario de I.U.

José Antonio Castro: “Valderas va a Palestina a mostrar la solidaridad de Andalucía frente a la barbarie de Israel. El PP verá con quién se posiciona”


El portavoz parlamentario de IU Andalucía (IULV-CA), José Antonio Castro ha valorado la visita a Cisjordania que comenzó el miércoles, 16 de enero, el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas en atención a la invitación realizada por la Autoridad Nacional Palestina y tras ser reconocida esta nación como observadora en las Naciones Unidas. Para Castro esto constituye una muestra inequívoca del carácter solidario que Izquierda Unida está imprimiendo a la acción del gobierno de la Junta, frente a actuaciones en la arena internacional de otros actores institucionales y políticos que son “pura injerencia en los asuntos internos de los pueblos” (como las intervenciones militares en Irak, Afganistán, Libia,…).
Para el portavoz parlamentario “la Junta acierta al ponerse del lado del pueblo palestino frente a la barbarie sionista”, lo que para Castro es coherente con lo demostrado por el pueblo andaluz a través de las sucesivas movilizaciones a favor del pueblo palestino, de su autodeterminación y el cese de la ocupación y del genocidio que perpetra Israel.
Para IULV-CA no son comparables los fines solidarios que persigue esta visita, con las protagonizadas por otros representantes autonómicos que “solo buscan hacer negocio para beneficio de bancos y empresas”.
Castro responde a las críticas del PP
Para Castro las quejas del PP no se deben a una supuesta pérdida de tiempo del Vicepresidente, al tratarse de una visita institucional en el desempeño de su cargo, o por el coste del mismo, ya que el viaje se ha realizado en clase turista con varias escalas y el resto de los gastos corren a cargo de la ANP, sino que es “descaradamente ideológica y se alinea con la posición de Israel”.
La delegación, que visitará las ciudades de Belén y Ramalah, tiene “el formato más modesto posible”, ya que solo acompañan a Valderas un periodista de la Consejería y un técnico de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que acude para supervisar sobre el terreno el trabajo que desarrolla dicho organismo en los Territorios Palestino. Castro considera que este viaje es “ejemplar tanto por su significado político, que dignifica a la Junta y al pueblo andaluz”, como por la “austeridad” del mismo, contraponiéndolo a la “desvergüenza” de los diputados del PP que cobran dietas de alojamiento cuando poseen varias viviendas en Madrid.
Valderas: “No se puede dejar de apoyar a otros pueblos, como el palestino duramente castigado”
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha destacado la inversión de seis millones de euros realizada por la Junta en los últimos cuatro años en proyectos de cooperación en Palestina durante la primera jornada de su visita oficial a Cisjordania, que también ha aprovechado para visitar la tumba de Yasser Arafat acompañado por representantes de la Autoridad Nacional Palestina.
Valderas que inició su actividad con una rueda de prensa en Ramallah junto al presidente de la Asociación Española de Cooperación en Palestina (Asecop), Jeehad Kamel Suleiman Rashid, durante la que ha resaltado la labor de cooperación desarrollada por la Junta en Palestina entre 2008 y 2012, con seis millones invertidos en colaboración con ONG y admnistraciones locales en 22 proyectos relativos a construcción de hospitales y mejora de centros educativos, condiciones sociolaborales y capacidades de desarrollo social comunitario, entre otras cuestiones.
Valderas también ha recordado que el pasado mes de diciembre se firmó un convenio con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con el objetivo de desarrollar un programa de salud materno infantil en los campos de refugiados de Palestina, un proyecto que permitirá atender a los menores de un año y a mujeres en estado de gestación, unos 200.000 beneficiarios según cálculos de la organización. Según ha detallado, la Junta ha destinado a través de la UNRWA entre 2008 y 2012 diez millones de euros en ayuda humanitaria dirigida a los refugiados palestinos.
El vicepresidente de la Junta ha expresado su deseo de que "entre todos contribuyamos a un mundo mejor", señalando la decidida apuesta del Gobierno andaluz de seguir apoyando la cooperación internacional, aún viviendo en estos momentos nuestro país situaciones muy difíciles. "No se puede dejar de apoyar a otros pueblos, como el palestino duramente castigado, y los andaluces han dado siempre muestras de ser un pueblo solidario con los más desfavorecidos", ha defendido.
Tras la rueda de prensa, el vicepresidente de la Junta se ha reunido con el presidente del Comité de Juventud y Deportes, Gebril El Rujoob, para analizar los proyectos vinculados con la juventud en los territorios. A continuación, acompañado por representantes de la Auroridad Nacional Palestina, Valderas, ha visitado la tumba de Yasser Arafat.

EREs, la red clientelar del PSOE en Andalucía


José Antonio Viera, barón sevillano del PSOE, y su viceconsejero Fernández diseñan en 2001 un mecanismo para eludir el control de la Intervención de la Junta mediante un convenio por el que la Consejería resolvía a quién y cómo se daban las subvenciones
Mundo Obrero Redacción
A finales de los años 90, la empresa jienense Cárnicas Molina, tras una dilatada crisis, pasa a manos del IFA, un ente instrumental de la Junta de Andalucía. En 1999, la Junta decide transferir esta empresa a Campofrío que, para hacérselo más fácil a la multinacional, se le dota de un componente digestivo en forma de acuerdo por el que se prejubila a una parte de la plantilla, aquellos que estuvieran por encima de los cincuenta años.
El sistema elegido para la prejubilación fue contratar una póliza de seguros mediante la cual los trabajadores prejubilados seguirían cobrando su salario hasta llegar a la edad de jubilación. La Junta de Andalucía subvencionaría esas pólizas de seguros, socializando así el coste de lo que no dejaba de ser el despido de los trabajadores afectados.
Este acuerdo tropezó con un obstáculo, la Intervención de la Junta de Andalucía que puso pegas a las subvenciones, lo que dio lugar a una historia interminable de trabas e incumplimientos. La situación de los trabajadores, a la espera de ser recolocados y prejubilados, que no cobraban, se arrastraría hasta 2009. Entre los artífices de esta “solución” aparecen Juan Lanzas, del sindicato de alimentación de UGT; el entonces viceconsejero de empleo, Antonio Fernández; y el director general, Francisco Javier Guerrero que acabaron resultando protagonistas del culebrón de los EREs.
Cuando esto sucede ya se llevaban bastantes años de experiencia con las prejubilaciones, un invento surgido para paliar los problemas emanados en la época de la reconversión industrial que excluía a trabajadores mayores, de difícil recolocación, y que no podían pasar todavía a la jubilación.
El Ministerio de Trabajo, dirigido precisamente por José Antonio Griñán, diseñó para ello un procedimiento por el que la Seguridad Social se hacía cargo de estos trabajadores siempre y cuando las empresas afectadas aportaran una parte del coste, siendo el restante subvencionado.
Pero esta solución imponía un control muy preciso de quiénes podían ser los beneficiarios y, lo más importante, obligaba a las empresas a aportar una parte del coste. Para soslayar ambas cuestiones se decide acudir a pólizas de seguro con compañías privadas. No obstante, el fondo de la cuestión es que no dejaba de ser una subvención, lo que ocasionó los reparos del interventor.
Aprendida la lección, en lugar de seguir el procedimiento reglado, el consejero de empleo, José Antonio Viera, barón sevillano del PSOE, y su viceconsejero Fernández diseñan en 2001 un mecanismo para eludir el control de la Intervención de la Junta mediante un convenio por el que la Consejería resolvía a quién y cómo se daban las subvenciones pero quien las pagaba era el IFA, un organismo que no estaba sujeto a la fiscalización previa de la Intervención pública.
Aprovechando el mecanismo se decide incluir también unas “ayudas a empresas en crisis” que ya no son subvenciones a trabajadores sino directamente a empresarios. Durante diez años se distribuyen por esta vía fondos con un coste total de 1.200 millones de euros, según estima la Cámara de Cuentas de Andalucía, de los que 127 millones lo han sido en forma de ayudas directas a empresas.
La distribución de los fondos es un catálogo de irregularidades e incumplimientos legales difíciles de igualar, como se puede comprobar en las conclusiones de los diputados de IU en la Comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía o en el propio informe de la Cámara. Ambos documentos presentan los hechos con rigurosidad y en el caso de la propuesta de Dictamen de la Comisión de los diputados de IU, un pormenorizado relato de los hechos.
La información publicada en la prensa, siendo escandalosa, está sesgadísima. Por un lado, la información de la prensa pretende dar a entender que todas las ayudas a trabajadores han sido arbitrarias y hay que precisar que cuando hablamos de los más de 6.000 casos, los denominados “intrusos”, es decir personas que ni siquiera trabajaban en las empresas afectadas, son apenas 150.
Por otro lado, la información de la prensa ha resaltado las ayudas a empresas de determinadas zonas de donde provenían los cargos socialistas responsables, pero no se señalan las ayudas entregadas a multinacionales, empresas públicas saneadas o entes como la Fundación San Telmo, una “escuela de negocios” cercana al Opus Dei, de cuyos titulados se nutren por igual administraciones controladas por el PSOE, por el PP y grupos empresariales regionales.
Es importante señalar que el caso de los EREs es un ejemplo del “régimen” de la mayoría absoluta del PSOE en Andalucía, basado en el clientelismo, la opacidad y la colaboración acomodaticia de los llamados “agentes sociales”, verdaderos huéspedes invisibles en el trámite de la Comisión de Investigación.
Es igualmente destacable el filibusterismo del PP que ha trabajado desde el primer momento por desacreditar al Parlamento andaluz, llegando a votar con el PSOE contra cualquier conclusión que responsabilizara a la administración de la Junta a fin de reafirmar su tesis inicial: que la investigación del Parlamento no servía para nada. Como el que asiste a una investigación y no atiende a los datos. Así el PP ha preferido esperar que los tribunales de justicia, en este caso la jueza Alaya, le hiciera el trabajo sucio a pesar de la inexplicable reticencia de ésta a imputar al verdadero responsable: José Antonio Viera, cuya inclusión en el sumario retiraría el caso de las manos de Alaya, dada la condición de Viera como Diputado en el Congreso.
En última instancia, hemos podido ser testigos de una descarada operación de socialización de costes con auténticos rasgos de chantaje, donde algunos miles de trabajadores en situación social desesperada han sido tomados como rehenes para justificar una política clientelar y fracasada. En primer lugar porque se han aprovechado los fondos para favorecer intereses en zonas como la Sierra Norte de Sevilla y el Marco de Jerez, zonas de alto interés electoral y personal de altos cargos del PSOE. En segundo lugar porque los 6.000 casos que se han visto implicados son apenas la quinta parte de las 32.000 víctimas de ERE extintivos en Andalucía en el periodo comprendido entre 2001 y 2010 de los que nadie se ha ocupado. En tercer lugar porque los fondos implicados son una cantidad ínfima comparada con los ahorros conseguidos por los empresarios con esos ERE y con un número aún mayor de expedientes temporales, todo ello sin contar con las ayudas directas a empresas. Y cuarto y último, porque una parte significativa de los casos son la manifestación de la desastrosa política industrial de la Junta como las citadas Cárnicas Molina o Santana Motor, la franja pirítica, los restos de la industria textil reconvertida en los ochenta, etc.
Publicado en el Nº 256 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2013