José Antonio Viera, barón sevillano del PSOE, y su
viceconsejero Fernández diseñan en 2001 un mecanismo para eludir el control de la Intervención de la Junta mediante un convenio
por el que la Consejería
resolvía a quién y cómo se daban las subvenciones
Mundo Obrero Redacción
A finales de los años 90, la empresa jienense Cárnicas
Molina, tras una dilatada crisis, pasa a manos del IFA, un ente instrumental de
la Junta de
Andalucía. En 1999, la Junta
decide transferir esta empresa a Campofrío que, para hacérselo más fácil a la
multinacional, se le dota de un componente digestivo en forma de acuerdo por el
que se prejubila a una parte de la plantilla, aquellos que estuvieran por
encima de los cincuenta años.
El sistema elegido para la prejubilación fue contratar una
póliza de seguros mediante la cual los trabajadores prejubilados seguirían
cobrando su salario hasta llegar a la edad de jubilación. La Junta de Andalucía
subvencionaría esas pólizas de seguros, socializando así el coste de lo que no
dejaba de ser el despido de los trabajadores afectados.
Este acuerdo tropezó con un obstáculo, la Intervención de la Junta de Andalucía que puso
pegas a las subvenciones, lo que dio lugar a una historia interminable de
trabas e incumplimientos. La situación de los trabajadores, a la espera de ser
recolocados y prejubilados, que no cobraban, se arrastraría hasta 2009. Entre
los artífices de esta “solución” aparecen Juan Lanzas, del sindicato de
alimentación de UGT; el entonces viceconsejero de empleo, Antonio Fernández; y
el director general, Francisco Javier Guerrero que acabaron resultando
protagonistas del culebrón de los EREs.
Cuando esto sucede ya se llevaban bastantes años de
experiencia con las prejubilaciones, un invento surgido para paliar los
problemas emanados en la época de la reconversión industrial que excluía a
trabajadores mayores, de difícil recolocación, y que no podían pasar todavía a
la jubilación.
El Ministerio de Trabajo, dirigido precisamente por José
Antonio Griñán, diseñó para ello un procedimiento por el que la Seguridad Social
se hacía cargo de estos trabajadores siempre y cuando las empresas afectadas
aportaran una parte del coste, siendo el restante subvencionado.
Pero esta solución imponía un control muy preciso de quiénes
podían ser los beneficiarios y, lo más importante, obligaba a las empresas a
aportar una parte del coste. Para soslayar ambas cuestiones se decide acudir a
pólizas de seguro con compañías privadas. No obstante, el fondo de la cuestión
es que no dejaba de ser una subvención, lo que ocasionó los reparos del
interventor.
Aprendida la lección, en lugar de seguir el procedimiento
reglado, el consejero de empleo, José Antonio Viera, barón sevillano del PSOE,
y su viceconsejero Fernández diseñan en 2001 un mecanismo para eludir el
control de la
Intervención de la
Junta mediante un convenio por el que la Consejería resolvía a
quién y cómo se daban las subvenciones pero quien las pagaba era el IFA, un
organismo que no estaba sujeto a la fiscalización previa de la Intervención pública.
Aprovechando el mecanismo se decide incluir también unas
“ayudas a empresas en crisis” que ya no son subvenciones a trabajadores sino
directamente a empresarios. Durante diez años se distribuyen por esta vía
fondos con un coste total de 1.200 millones de euros, según estima la Cámara de Cuentas de
Andalucía, de los que 127 millones lo han sido en forma de ayudas directas a
empresas.
La distribución de los fondos es un catálogo de
irregularidades e incumplimientos legales difíciles de igualar, como se puede
comprobar en las conclusiones de los diputados de IU en la Comisión de Investigación
del Parlamento de Andalucía o en el propio informe de la Cámara. Ambos
documentos presentan los hechos con rigurosidad y en el caso de la propuesta de
Dictamen de la Comisión
de los diputados de IU, un pormenorizado relato de los hechos.
La información publicada en la prensa, siendo escandalosa,
está sesgadísima. Por un lado, la información de la prensa pretende dar a
entender que todas las ayudas a trabajadores han sido arbitrarias y hay que
precisar que cuando hablamos de los más de 6.000 casos, los denominados
“intrusos”, es decir personas que ni siquiera trabajaban en las empresas
afectadas, son apenas 150.
Por otro lado, la información de la prensa ha resaltado las
ayudas a empresas de determinadas zonas de donde provenían los cargos
socialistas responsables, pero no se señalan las ayudas entregadas a
multinacionales, empresas públicas saneadas o entes como la Fundación San Telmo,
una “escuela de negocios” cercana al Opus Dei, de cuyos titulados se nutren por
igual administraciones controladas por el PSOE, por el PP y grupos
empresariales regionales.
Es importante señalar que el caso de los EREs es un ejemplo
del “régimen” de la mayoría absoluta del PSOE en Andalucía, basado en el
clientelismo, la opacidad y la colaboración acomodaticia de los llamados
“agentes sociales”, verdaderos huéspedes invisibles en el trámite de la Comisión de
Investigación.
Es igualmente destacable el filibusterismo del PP que ha
trabajado desde el primer momento por desacreditar al Parlamento andaluz,
llegando a votar con el PSOE contra cualquier conclusión que responsabilizara a
la administración de la Junta
a fin de reafirmar su tesis inicial: que la investigación del Parlamento no
servía para nada. Como el que asiste a una investigación y no atiende a los
datos. Así el PP ha preferido esperar que los tribunales de justicia, en este
caso la jueza Alaya, le hiciera el trabajo sucio a pesar de la inexplicable reticencia
de ésta a imputar al verdadero responsable: José Antonio Viera, cuya inclusión
en el sumario retiraría el caso de las manos de Alaya, dada la condición de
Viera como Diputado en el Congreso.
En última instancia, hemos podido ser testigos de una descarada
operación de socialización de costes con auténticos rasgos de chantaje, donde
algunos miles de trabajadores en situación social desesperada han sido tomados
como rehenes para justificar una política clientelar y fracasada. En primer
lugar porque se han aprovechado los fondos para favorecer intereses en zonas
como la Sierra Norte
de Sevilla y el Marco de Jerez, zonas de alto interés electoral y personal de
altos cargos del PSOE. En segundo lugar porque los 6.000 casos que se han visto
implicados son apenas la quinta parte de las 32.000 víctimas de ERE extintivos
en Andalucía en el periodo comprendido entre 2001 y 2010 de los que nadie se ha
ocupado. En tercer lugar porque los fondos implicados son una cantidad ínfima
comparada con los ahorros conseguidos por los empresarios con esos ERE y con un
número aún mayor de expedientes temporales, todo ello sin contar con las ayudas
directas a empresas. Y cuarto y último, porque una parte significativa de los
casos son la manifestación de la desastrosa política industrial de la Junta como las citadas
Cárnicas Molina o Santana Motor, la franja pirítica, los restos de la industria
textil reconvertida en los ochenta, etc.
Publicado en el Nº 256 de la edición impresa de Mundo Obrero
enero 2013
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