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sábado, 16 de mayo de 2015

“Málaga para la Gente” llevará al Ayuntamiento de Málaga la política social de la Vivienda que impulsó Elena Cortés, para acabar con los desahucios y defender a las familias

El candidato de “Málaga para la Gente” a la Alcaldía de Málaga, Eduardo Zorrilla, manifestó, ayer viernes, que los ayuntamientos deben tomar el relevo en la defensa de una vivienda para cada familia y que el primero será el de Málaga cuando la coalición de izquierdas gobierne.
Zorrilla, que dio una rueda de prensa junto a la ex-consejera de Fomento y Vivienda y candidata a la Alcaldía de Córdoba, Elena Cortés, ha comentado que desde que Izquierda Unida salió de esa Consejería, han aumentado los desahucios en toda Andalucía y en Málaga, como lo demuestra el informe elaborado por el Colegio de Registradores de la Propiedad.
Por eso, añadió Zorrilla, “Málaga para la Gente” tomará el relevo de esa política andaluza en el Ayuntamiento para lo cual lleva en su programa diversas medidas entre ellas la creación de un fondo destinado a las familias en riesgo de exclusión social.
Este fondo, incluido en el plan de lucha contra la pobreza y exclusión social que lleva la coalición de izquierdas en su programa, tendrá un presupuesto de cinco millones de euros y beneficiaría a 5.000 familias  al año.
Zorrilla ha anunciado también la puesta en funcionamiento de una oficina de apoyo que además de información apoyará  a las personas en riesgo de desahucio para que a la hora de negociar ante las entidades bancarias lo hagan en posiciones más igualitarias. 
También se ha comprometido a realizar desde el Ayuntamiento un censo de viviendas vacías, para que “vean la luz” aquellas de miles de casas que están en manos del conocido como “banco malo”  y otras entidades y puedan ponerse en alquiler.
Otra pieza básica del programa de Málaga para la Gente es la rehabilitación de espacios públicos  que hagan la ciudad “más igualitaria”.
Zorrilla ha hecho alusión a la fecha, aniversario del 15M, y de cómo se puso sobre la mesa cuestiones que afectaban a la gente, como cuestiones de vivienda.
Por su parte, Elena Cortés, ha propuesto que los gobiernos locales sean activos en la consecución del Derecho a Ciudad, que en el caso de la vivienda significa luchar contra los desahucios. La ex consejera ha alertado de la vuelta de los denominados fondos buitres a la construcción de viviendas, cuando hay miles de ellas deshabitadas. También ha pedido que éstos fondos se alejen de los planes de rehabilitación porque sólo buscan especular y obtener “pingues” beneficios.
El coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha recordado que unas 50 familias se ven obligadas a salir de sus casas por no poder pagar la hipoteca por culpa de un Gobierno, el del PP, que no hace caso a Europa que ha alertado de que sus acciones no se adecuan a la legislación comunitaria. También porque el Ejecutivo “popular”  impide que se pongan en práctica soluciones como la Ley de la Función Social de la Vivienda (la cual recurrió), “con una actitud que machaca y persigue a los más débiles”. Castro ha señalado al candidato Francisco de la Torre como uno de los cómplices de esta situación al “apretar inmisericordemente los botoncitos que facilitaban que echaran a la gente de su casa”, en referencia al paso del alcalde por el Senado”.
Por la Remunicipalización progresiva y sostenible de las instalaciones deportivas
Málaga para la Gente se ha comprometido a realizar una auditoría de todas las instalaciones deportivas municipales y elaborará un calendario rescate y recuperación de las que han sido privatizadas, según anunció, el pasado miércoles 13 de mayo, el cabeza de lista de esta formación, Eduardo Zorrilla.
Según las obligaciones contraídas en los contratos firmados entre los gestores privados y el Ayuntamiento y atendiendo al grado de cumplimiento de los mismos, se prevería ir organizando el proceso de la remunicipalización progresiva de los servicios y de manera sostenible para las arcas públicas.

En aquellos casos en que haya que esperar a la conclusión del contrato, para Remunicipalizar las instalaciones, tras la auditoria del conjunto de ellas y ver el cumplimiento de las obligaciones contraídas de los contratos y vigilará que se cumplan estándares de servicios y la dignidad del trabajo de los empleados.