miércoles, 28 de enero de 2015

Ante la ruptura del gobierno andaluz. Declaración de la UJCE de Andalucía

Desde la Juventud Comunista en Andalucía entendemos que la expulsión de IU del gobierno andaluz y el correspondiente adelanto electoral, ha puesto en evidencia una vez más algo que la UJCE venía planteando desde el principio; el carácter del PSOE como partido del régimen, más preocupado en garantizar el actual estado de las cosas, que en aplicar las políticas sociales de las que tanto hablan en su discurso político.
El pasado 21 de Diciembre, Izquierda Unida Andalucía realizó una asamblea de balance, donde la militancia pudo debatir y reflexionar sobre el papel de IU en el gobierno. Tras el debate colectivo se planteó la necesidad de iniciar una ofensiva política en la Junta de Andalucía que permitiera la aplicación de reformas y medidas urgentes, enfocadas a aliviar las consecuencias de una crisis económica que ha golpeado nuestra tierra con mucha más fuerza que en otros territorios del estado. La puesta en marcha de una renta básica, garantizar los suministros básicos de luz y agua, el impuesto a las grandes superficies o la creación de una banca pública, fueron algunas de las principales medidas a las que Izquierda Unida no estaba dispuesta a renunciar.
Andalucía vive actualmente una situación de verdadera emergencia social, en la que 3,5 millones de personas, casi el 40% de su población, vive en riesgo de exclusión y pobreza. Una cifra que, en el caso de la infancia, asciende al 45,3%. La pobreza azota a nuestra tierra con mayor virulencia que en el resto del estado, siendo el territorio con mayor número de desahucios: hasta 2.105 se registraron en el tercer trimestre de 2015, algo que podría haberse evitado en gran medida si la ley antidesahucios aprobada a propuesta de IU no hubiera sido bloqueada en el tribunal constitucional por un recurso del gobierno de Rajoy.
Ante esta situación, ya no basta con evitar recortes en educación o sanidad, sino que resulta absolutamente necesario poner en marcha medidas urgentes enfocadas a rescatar a las víctimas más golpeadas por la crisis capitalista. La conclusión de la asamblea de balance fue clara: IU no quería estar en el gobierno a cualquier precio ni para ocupar sillones, sino para aplicar políticas en favor de la mayoría social. Se escogió Julio de 2015 como fecha para evaluar el grado de cumplimiento de estas medidas, acordando la convocatoria de un referéndum sobre la salida del gobierno en caso de que no se hubieran podido cumplir los objetivos marcados. Esta apuesta decidida por aplicar políticas en favor de la clase trabajadora, así como las recientes multas millonarias que desde la Consejería de Vivienda se han impuesto a grandes bancos por incumplir con la función social de la vivienda, ha hecho disparar las alarmas de la oligarquía, que no está dispuesta a renunciar a ninguno de sus privilegios ni a paralizar sus planes austericidas.
Además, a la negativa del PSOE a aplicar políticas verdaderamente de izquierdas, hay que sumarle otros dos elementos fundamentales: Las ambiciones personales de Susana Díaz y el miedo a nuevos escándalos de corrupción de anteriores gobiernos andaluces. Parece evidente que el adelanto electoral y la fecha escogida forman parte del plan personal de la actual presidenta de la Junta, confiada en que logrará unos buenos resultados en Andalucía, ayudándola a reforzar su posición interna en el partido, como elemento clave ante unas futuras primarias contra el actual secretario general del PSOE.
Por otro lado, la declaración pública de que IU tenía la intención de abrir una comisión de investigación sobre la corrupción en Andalucía. El objetivo era no sólo esclarecer el escándalo de los cursos de formación gestionados por el anterior gobierno del PSOE, sino investigar toda la corrupción en nuestra tierra, incluidas ramificaciones del caso Bárcenas o de la trama Gürtel.
Finalmente, la amenaza de una comisión de investigación ha sido otro de los factores fundamentales que han llevado a la disolución del parlamento andaluz por parte de Susana Díaz. Una extraña "lucha implacable" contra la corrupción, a lo que se suma el nombramiento de tres parlamentarios pre-imputados por el caso de los ERE como miembros de la diputación permanente, manteniendo así su condición de aforados a pesar de la disolución del parlamento; evitando un posible enjuiciamiento.
La apuesta de la oligarquía: ¿Gran coalición en Andalucía?
A pesar de presentarse como proyectos políticos contrapuestos, lo cierto es que los dos partidos del régimen (PPSOE) han sabido ponerse de acuerdo cuando éste parecía tambalearse; la reforma del art. 135 de la constitución o el nombramiento de Felipe de Borbón como rey son dos ejemplos claros de ello.
En Andalucía ya hemos tenido dos tentativas de un pacto entre PP y PSOE, donde el Partido Popular se ofrecía a sostener un gobierno de Susana Díaz sin Izquierda Unida. La primera fue tras la crisis de gobierno que generó el realojo de las vecinas de la Corrala Utopía, y la segunda se realizó recientemente tras el anuncio del posible adelanto electoral.
Si bien este pacto de gobierno no ha llegado a materializarse por el momento, lo cierto es que ambos partidos han llegado a un acuerdo importante con la finalidad de blindar su poder institucional ante unas elecciones rodeadas de incertidumbre. La más que previsible derrota del bipartidismo será suavizada gracias al control de la Cámara de Cuentas, un órgano de fiscalización presupuestaria que pasará a estar en manos del PPSOE hasta 2017, tras un vergonzoso reparto de sillones. Esta no es más que la respuesta del bipartidismo ante la intención de investigar todos los casos de corrupción en Andalucía, que afectan tanto al PSOE como al PP y que, impidiendo el acceso a nuevos grupos políticos, pretenden ocultar el uso dado a los recursos públicos por su parte.
Nuestra tarea: Construir Poder Popular
Los objetivos políticos que la militancia de IU se marcó como acción de gobierno ya no son posibles en el corto plazo; sin embargo, eso no significa que las comunistas estemos dispuestas a renunciar a ellos. Nuestra tarea es pelear en la calle lo que judicial o políticamente se nos ha bloqueado desde las instituciones heredadas del régimen del 78; la movilización y la organización popular son elementos indispensables para una fuerza política que aspira a superar el actual marco institucional, dado que cualquier victoria electoral no traerá consigo un verdadero cambio si no va acompañada de un pueblo organizado capaz de resistir los ataques de una clase dominante que no está dispuesta a perder ninguno de sus privilegios.

Es la hora de centrar nuestros esfuerzos en impulsar y construir el poder popular en los pueblos y barrios de Andalucía, organizando a las víctimas de la crisis en la pelea por nuestros derechos, una lucha que debe estar siempre presente en las calles y en las instituciones.

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