Intervención íntegra
del portavoz económico de IU-La Izquierda plural (ICV-EUiA, CHA) en el Pleno
del Congreso para responder a las explicaciones del ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas
"Señor ministro, usted ha hecho en su intervención una
descripción de la economía de España que es en exceso optimista,
desgraciadamente, por la situación en la que nos encontramos y que sólo
podríamos entender si, por ejemplo, fuésemos banqueros, grandes empresarios o
grandes empresarios de las autopistas.
Así entenderíamos ese optimismo que usted ha estado
señalando respecto a la situación actual que -dice usted- en este caso, en este
proyecto de ley se inserta en esa política general. Sin embargo, acabamos de
conocer una noticia reciente de hoy mismo: España es el segundo país con más
pobreza infantil de la
Unión Europea. Eso no se corresponde o no debería
corresponderse con un país desarrollado que se refleja en las palabras que
usted ha dicho. Parece ser que usted está haciendo un uso de las palabras, del
lenguaje, que no es coincidente con lo que los ciudadanos están viviendo en la
calle.
Eso, que es a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente
desde el comienzo de esta legislatura, tiene aún más ‘inri’ cuando nos
enfrentamos ante un proyecto de ley que utiliza el lenguaje de una forma quizás
demasiado torticera, porque el propio lenguaje -otros grupos han podido señalar
en las intervenciones anteriores algunas de estas cuestiones- lleva a claros
equívocos. Cuando hablamos de racionalización -que como otros han señalado
anteriormente, algunas instituciones, entre ellas el Consejo de Estado, es una
palabra excesiva para el contenido del proyecto de ley-, uno está pensando en
una radicalización del cambio de la estructura de las instituciones públicas en
nuestro país y, por desgracia, por lo que nosotros entendemos -a continuación
lo explicaremos-, no se trata de eso. Al contrario, de lo que estamos hablando
es de una reordenación bastante caótica, descontrolada y a continuación precisaremos
por qué nos lo parece esta forma.
No obstante, primero quiero señalar una cuestión general a
la que usted también se ha referido: el elemento de cómo relacionar una mejor
utilización de servicios públicos, cuestión que si se vendiera de esa forma todo
el mundo firmaría, porque todo el mundo quiere utilizar mejor los servicios
públicos y las instituciones públicas; hasta ahí no cabe ninguna duda. La
cuestión es que eso pueda encubrir una devaluación de la calidad de esos
servicios y de esas instituciones, que a nuestro juicio es lo que va a ocurrir
y es lo que se deriva de este proyecto de ley concreto.
Sin embargo, dentro de ese esquema general, cuando hablamos
de gastos tenemos que recordar que en el proyecto de ley presentado por el
Grupo Popular nos encontramos con que se reconoce que España es uno de los
países que menos gasta en gasto público con respecto al producto interior
bruto; estadísticamente es así.
De esa forma tenemos que empezar reconociendo, porque sería
deshonesto hacerlo de otra forma, que no es un problema de gasto lo que asola a
la economía española; al contrario, lo que estamos viendo es que es un problema
de ingresos. De ingresos, señor Montoro -lo hemos visto en esta legislatura-,
derivados del fraude fiscal, de ingresos derivados de un mal sistema fiscal y
de ingresos porque la crisis económica ha disminuido la actividad productiva.
Hay que incidir ahí, y el Gobierno incide mal. Además, usted ha aprovechado su
intervención para anunciar más reformas tributarias que van en la línea
contraria a lo que nosotros queremos, que es lo que usted ha anunciado:
disminuir los impuestos directos sin haber mencionado los impuestos indirectos,
que ya veremos finalmente cómo quedan; por tanto, esa política es errónea en
ese sentido.
Después, si hacemos mención al gasto, nos encontramos con
que la política que usted ha estado describiendo es hipócrita porque no es
coincidente con la realidad, porque este Gobierno es el Gobierno del
endeudamiento público, porque por mucho que demonice el gasto público o el
endeudamiento público, al final es el Gobierno que más ha desembolsado para
rescatar al sistema financiero, que más ha ampliado los créditos
extraordinarios del gasto militar, que más ha rescatado a las autopistas, como
recientemente hemos visto, y eso sólo se deriva de una interpretación
ideológica de lo que es el gasto.
Porque el gasto público no es bueno o malo per se, depende
del tipo de gasto público al que nos estemos refiriendo. Hay gasto público
productivo, gasto público productivo, señor ministro, que todos entenderemos
que permite estimular el crecimiento económico o sentar las bases de mayor
productividad, como es el gasto público en educación y en innovación. Ese es un
gasto público naturalmente positivo. También hay un gasto público que, siendo
en términos economicistas improductivo, es socialmente necesario, gasto que
permite que se articule mejor la ciudadanía, que se puedan promover
determinados valores y principios democráticos, también es necesario; también hay un gasto público improductivo que
se deriva del capitalismo de amiguetes y del despilfarro.
Si hacemos esa diferenciación, nosotros siempre firmaremos a
favor de acabar con ese gasto improductivo que tiene que ver con las redes
clientelares, con el ‘capitalismo de amiguetes’ y con todo lo que hemos tenido
oportunidad otras veces de denunciar. Sin embargo, este proyecto, que hubiera
sido la oportunidad para acabar con ese gasto improductivo y aumentar la
eficiencia del conjunto del gasto productivo y del gasto social necesario, no
responde a eso; en absoluto responde a ningún criterio de esa naturaleza.
Quería aprovechar para citar cuatro puntos de reformas
concretas que están insertas en este proyecto de ley y que, sin embargo, nos
parecen de las más peligrosas y de lo menos necesario de hacer. En primer
lugar, la integración en el INTA de diversos organismos, sin que ello repercuta
en el empleo público; es decir, no se garantiza de ninguna de las formas que el
empleo público se vaya a mantener. Y usted ha hecho una referencia al empleo
público casi como un sacrificio; ha venido a decir que toda la pérdida del
empleo público acometida desde el inicio de la crisis es un sacrificio
necesario. Pues bien, eso no es compatible con estar diciendo continuamente que
el objetivo de este Gobierno es el empleo. Es una situación de nuevo hipócrita
y que necesariamente en el caso particular y concreto al que se refiere este
proyecto de ley, que es el del INTA, y la inserción de otros organismos dentro
del mismo, debería garantizar el empleo público.
En segundo lugar, el Instituto de la Mujer. No contentos con
acabar con el ministerio, ahora se devalúa el Instituto de la Mujer. Proponemos
en cambio que se pueda adscribir este instituto al Ministerio de la Presidencia para
demostrar el carácter trasversal que tienen que tener las políticas de
igualdad. Es necesario y en el proceso de las enmiendas parciales seguiremos
insistiendo en ese punto.
En tercer lugar, el Observatorio Nacional de Salud, también
devaluado, a nuestro juicio, como consecuencia de este proyecto de ley. Sabemos
que la Sanidad Pública
es fundamental, lo defendemos y lo defenderemos aquí y en la calle como lo
estamos haciendo hasta el día de hoy, pero sabemos que hacen falta también
instituciones que estén fiscalizando continuamente todo lo que tiene que ver
con la salud en nuestro país y los servicios públicos en general. Es un paso en
falso por parte de este Gobierno devaluar aquellas instituciones que consolidan
y mejoran la posición de la salud y del sistema sanitario en nuestro país.
En último lugar, algo que no es menos importante y, sin
embargo, está potencialmente mucho más claro en la política del Gobierno a la
hora de elaborar este proyecto de ley. Tiene que ver con el Consejo de la Juventud de España, señor
ministro, porque nos deja muy claro por qué y cómo se ha elaborado este
proyecto de ley y por qué y cómo se han elegido determinadas instituciones para
suprimir y para reordenar y cuáles son los criterios elegidos.
El Consejo de la
Juventud de España es una plataforma de organizaciones
juveniles que son autónomas, es decir, no tienen que ver de forma directa con
el Gobierno de España. Por tanto, permiten una pluralidad también política a la
hora de hacer sus informes, a pesar de tener una financiación pública. Ese
Consejo de la Juventud
de España, que ha tenido unos grandes resultados y con el que la juventud está,
en general, contenta con lo que ha sido su percepción, a pesar de que se pueden
hacer críticas pasadas de insuficiencia en la presupuestación, es ahora un
organismo que se ha suprimido en este proyecto de ley.
Sin embargo, se mantiene el instituto conocido como Injuve,
que sí es dependiente directamente del Gobierno. Teníamos una aparente
duplicidad de instituciones, el Injuve, dependiente del Gobierno, y el Consejo
de la Juventud
de España, que no dependía del Gobierno. Este Gobierno ha elegido -ahí se ve
muy bien el criterio- eliminar el que no depende del Gobierno para mantener y
cambiar el nombre al que depende directamente del mismo, que va a ser mucho
menos crítico con las políticas gubernamentales.
Este ejemplo representa muy bien la política y el criterio
con los que se ha hecho este proyecto de ley. Si este proyecto de ley se
hubiese hecho, como decía al principio, para eliminar el gasto público
improductivo -el de los despilfarros, el del amiguismo o el de las redes
clientelares-, tendría la aprobación de toda la Cámara. Sin embargo,
no hay criterio de esa naturaleza. Hay un criterio oscuro y poco transparente,
siempre envuelto en grandes discursos retóricos de que es lo mejor para España,
de que es eficiente y productivo. Pero luego, cuando bajamos a la realidad,
vemos lo que está ocurriendo: una devaluación de instituciones públicas que son
necesarias. Naturalmente tienen una financiación, pero son socialmente
necesarias; incluso, como en el caso del INTA, tienen que ver con la
investigación y con la capacidad potencial de la economía española de cara al
futuro. Sin embargo, se las devalúa; cuando no directamente, como en el caso
del Consejo de la Juventud ,
se las elimina aprovechando que eran organizaciones no adscritas al Gobierno.
Por lo tanto, es un despropósito.
Teniendo la oportunidad tan clara para poder optimizar los
gastos y hacer paralelamente políticas de ingresos adecuadas para tener
servicios públicos de calidad -como, por cierto, dice la Constitución
española, que tanto sale a relucir estos días-, este proyecto de ley va en la
dirección contraria, que es la misma dirección que están llevando las políticas
del Gobierno y que hemos venido denunciando últimamente. La noticia de hoy de
que España es el segundo país con más pobreza infantil también es consecuencia
en parte de la política de este Gobierno -aunque sea de una forma más
indirecta, lo es- y es también reflejo de lo insuficientes que son las medidas
legislativas que se están tomando, incluso de los efectos directos que pueden
llevar a tener este tipo de políticas en el medio y en el largo plazo.
Muchas gracias."
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