Camaradas, compañeros y compañeras, amigos y cómplices del
PCA:
La ley de Memoria Democrática de Andalucía que acaba de
pasar al Consejo de Gobierno de la
Junta , comenzó a gestarse en los inicios de la anterior
legislatura, cuando el grupo parlamentario de IU, a instancias de nuestro Partido
Comunista de Andalucía, impulsó la creación de un grupo de trabajo
interdisciplinar que elaboró un texto ambicioso y un tanto provocador, que
ponía en cuestión las políticas de memoria de sesgo equidistante, marcadas en
aquel entonces por la mayoría absoluta del PSOE, con su buque insignia de la Ley estatal de Memoria de
2007, que delegaba la respuesta pública a los derechos de las víctimas en la
voluntad subvencionable de las asociaciones de familiares, y situaba las
exhumaciones como un hecho técnico-arqueológico, asumiendo así de facto la
reaccionaria jurisprudencia y contraria al derecho internacional sostenida por
el Tribunal Supremo, según la cual los crímenes del franquismo o bien han
prescrito o están amparados por la
Ley de Amnistía de 1977.
Este primer proyecto de ley fue rechazado en el año 2010 por
la mayoría parlamentaria aplastante de PSOE, y también del PP, pero en él se
encontraban ya las líneas maestras de la actual ley:
1. La
Memoria Democrática es una construcción conceptual que
integra y amplia la idea y la práctica de la conocida como Memoria Histórica.
En primer lugar porque, junto a la memoria de la represión y de las víctimas,
incluye el relato de las luchas por las libertades y por los derechos sociales
que se dan ya en el inicio del régimen republicano y se perpetúan tras la
muerte del dictador hasta las masivas movilizaciones sociales por las que el
pueblo andaluz conquistó el acceso al autogobierno, en 1982. Además, porque se
ocupa de rememorar la larga resistencia popular contra la dictadura,
protagonizada por cierto durante décadas por el Partido Comunista de España.
2. El Deber Público de la Memoria , como respuesta a los derechos de verdad,
justicia y reparación, corresponde esencialmente al Estado democrático. Se trata
de crímenes cometidos por el estado fascista español encarnado en la Junta de Burgos o en la
posterior dictadura; por tanto, es su sucesor, el actual estado
monárquico-parlamentario, el que debe asumir la responsabilidad de establecer
oficialmente el relato veraz de lo ocurrido, de honrar a las víctimas y de
juzgar a los culpables. Frente a la privatización de las actuaciones
memorialistas que establece la Ley
de 2007, la Ley
de Memoria Democrática de Andalucía se sustenta en un principio radicalmente
opuesto: La Junta ,
como parte del Estado democrático, asume como propio el deber público de
memoria. Esto no supone la suplantación o el debilitamiento del movimiento
memorialista. Al contrario, la ley contempla la creación del Consejo Andaluz de
Memoria Democrática, como organismo de coordinación e impulso del amplísimo
campo de actuaciones memorialistas que lleva a cabo la ciudadanía organizada en
foros y asociaciones.
Los dos puntos anteriores constituyen los ejes
teórico-prácticos sobre los que se desarrolla todo el conjunto de propuestas
planteadas en la ley: el establecimiento de un censo oficial de víctimas, la
presencia obligatoria de la DGMD
en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de víctimas,
la exigencia de presentar denuncia judicial en cuanto aparezcan restos de
asesinados, la obligatoriedad para los ayuntamientos de retirar la simbología
franquista en un plazo establecido ya que en caso contrario será la Junta quien los retire de
oficio, el establecimiento de un régimen sancionador con tipificación de
delitos y cuantificación de sanciones…sin olvidar la obligatoriedad de
introducir en el currículo escolar los contenidos propios de la memoria
democrática, la protección territorial de los Lugares de Memoria, o la creación
del Instituto Andaluz de MD, que de cuerpo e impulse todas las tareas de
recuperación de testimonios orales, historias de vida y documentos
archivísticos que den luz sobre el genocidio franquista y la resistencia
popular.
Estos son, a grandes rasgos, las líneas estratégicas y las
aplicaciones tácticas que constituyen nuestra forma de entender y de practicar
la lucha por la memoria. El proyecto de ley actual, que se encuentra a las puertas del trámite
parlamentario, los recoge todos, los desarrolla y mejora el lenguaje
técnico-jurídico que otorga precisión y fundamentación legal a las ideas y las
intenciones expresadas. Sin duda, el amplísimo proceso de participación y
debate de la propuesta inicial, en el que han participado decenas de foros,
asociaciones y grupos de expertos, más el trabajo propio del equipo de la Consejería que preside
Diego Valderas, ha enriquecido y mejorado el articulado de la ley. También sin
duda, la prevista resistencia del partido socialista ha moderado o matizado
algunas de nuestras posiciones iniciales, pero sin desnaturalizar o anular en
ningún caso lo sustantivo del texto que planteamos, lo que sin duda supone un
éxito (aun provisional) de la estrategia de negociación desarrollada, y de la
capacidad de elaborar un discurso al mismo tiempo ambicioso, radical y posible,
apoyado actualmente por la mayoría del movimiento memorialista.
En conclusión, la
LMD no constituye, en absoluto, un “desarrollo” o
“profundización” de la ley estatal del 2007. Por el contrario, se trata de una
ruptura con los principios políticos y la propia concepción del ejercicio de la
memoria de la mencionada ley de 2007, al afirmar la presencia pública y el
deber inexcusable del estado, al reconocer el profundo déficit de olvido que
supuso la transición al régimen monárquico, al exigir la presencia judicial
ante evidencias de crímenes imprescriptibles, así como la anulación de los
consejos de guerra franquistas.
Pero no olvidemos que esta ley, como todas, será solo un
elemento más de la superestructura jurídica y que, por si misma, no va a
cambiar ni un rasgo de la realidad presente. Para convertirla en una
herramienta revolucionaria a su manera, puesto que busca la transformación
radical de lo ahora existente, será preciso seguir luchando con más fuerza si cabe,
para acumular fuerzas en los dos planos que la dialéctica marxista siempre ha
considerado como necesarios y confluyentes. Me refiero, claro está, a la
organización y la presencia en la sociedad y en las calles, junto con la
ocupación de los espacios de poder político que nos permiten promulgar leyes
como esta y otras, que recojan las demandas y los intereses de los trabajadores
y trabajadoras, de los que protagonizaron la resistencia contra el franquismo y
de los que ahora se enfrentan a las nuevas formas del fascismo.
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