Ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del
Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, el conjunto de Izquierda Unida de
Andalucía con su Coordinador general a la cabeza, Antonio Maíllo, así como
desde nuestro Grupo parlamentario y en nombre de nuestra militancia, queremos
expresar nuestra satisfacción por esta medida que es de justicia y que salda
una deuda con las víctimas de la represión franquista, con los luchadores por
la libertad y por la democracia y con la aspiración del pueblo andaluz en su
camino hacia la autonomía plena.
Hoy merece mención aparte la labor que desarrolla el
movimiento memorialista que ha trabajado mano a mano con la Dirección general de
Memoria Democrática para elaborar esta ley contra el olvido y el silencio, que
pretende cicatrizar las heridas aún no cerradas para una parte de las víctimas
y sus familiares. No pretende reabrir heridas, pretende cerrarlas
definitivamente para todos y todas. Sólo faltaba la voluntad política y hoy el
Gobierno andaluz ha demostrado tenerla.
Andalucía ha sido valiente. Lo fue ya el pasado 25 de marzo
de 2012, cuando logramos frenar al Partido Popular y a todo lo que sus
políticas representarían para Andalucía. Tal y como ha señalado el
vicepresidente del Gobierno y consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales, nuestro compañero Diego Valderas, este anteproyecto de ley
responde al compromiso del Gobierno andaluz con los derechos humanos, con los
derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
El Anteproyecto de Ley democrática de Andalucía pretende
fortalecer los pilares de la democracia porque solo conociendo la verdad se
puede evitar volver a actitudes del pasado y en este sentido, estamos
satisfechos con nuestro papel en la elaboración de esta Ley y a nuestros
compañeros de la Consejería
de Administración Local que con pocos recursos están dignificando, desde lo
público, la dignidad de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimas que pusieron
los pilares de nuestra democracia.
El Gobierno andaluz inicia la tramitación del anteproyecto
de Ley de Memoria Democrática
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha
autorizado la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de
Andalucía. Esta norma establecerá el régimen jurídico de las iniciativas que se
desarrollan en la comunidad autónoma para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista,
bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
El anteproyecto, que cuenta con el aval del relator de las
Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas en España,
supera y adapta a Andalucía el marco de la legislación estatal en vigor, además
de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República ,
la Guerra Civil
y la Dictadura
franquista, incluye la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del
Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de
1931 hasta el 11 de enero de 1982.
Entre otras novedades, el anteproyecto amplía la
consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados;
refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes
muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática;
incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Administración
autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados,
de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establece la
prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obliga a las
instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
El anteproyecto establece el marco de las políticas públicas
para saldar la deuda con las víctimas de la represión franquista y los
luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía de Andalucía. El texto
se estructura en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las
medidas de reparación, los documentos de la Memoria Democrática
de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación
administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis
disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.
Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta
consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados)
a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de
exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como
homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, prevé la elaboración de un censo que
tendrá carácter público y prevé iniciativas de dignificación de las fosas
comunes, de acuerdo con los ayuntamientos. Además, se señala el 14 de junio
como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En este día se conmemora la
primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín
(Granada) en 2003.
Lugares de Memoria
El anteproyecto refuerza el régimen jurídico de protección
de los denominados Lugares de Memoria Democrática, regulados actualmente por el
decreto autonómico de agosto de 2011 que por primera vez en España instauró
esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista
y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Entre
otras medidas, se recoge la creación del Catálogo de Lugares y Senderos y la
exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos
enclaves.
En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de
medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por
las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para
la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que
todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Aministración
autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.
Los artículos dedicados a las fosas comunes prevén un
conjunto de disposiciones destinadas a facilitar la recuperación e
identificación de los restos y la elaboración de un plan cuatrienal que dará
prioridad a las medidas de localización y exhumación. El anteproyecto establece
que estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los
ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los
investigadores. En este aspecto, también se prevé que, cuando los
enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su
consentimiento, el Gobierno andaluz deberá proceder a la expropiación temporal
de su uso. Asimismo, la Junta
estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación
y establecer un banco de datos de ADN.
Otra de las novedades de la futura ley será la atribución a la Junta del deber de denunciar
ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes
de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.
En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos
procedimientos en los que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el
principio de Justicia Universal, que no sólo reclaman los familiares de las
víctimas sino también organismos internacionales como la ONU.
Educación
Igualmente novedosa es la previsión de incluir los
contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de
la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Educación Permanente
de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que
ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y
después de la Guerra
Civil , con contenidos basados en las conclusiones de la
investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las
universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de
estudios.
En el ámbito de la actuación y la organización
administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática ,
como órgano consultivo de participación social; y del Instituto de la Memoria Democrática ,
que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para
garantizar el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones
muy graves, con multas de entre 10.001 y los 150.000 euros, remover o construir
en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de
estas o las excavaciones sin autorización. Incumplir la orden de retirada de
escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de
memoria democrática y trasladar restos humanos sin autorización, o no informar
del hallazgo casual de restos serán consideradas infracciones graves y podrán
ser sancionadas con multas de entre 2.001 y 10.000 euros.
Por último, serán consideradas faltas leves (con sanciones
de entre 200 y 2.000 euros) la exhibición pública de placas, escudos, insignias
y otros elementos, o impedir la visita pública, dañar los espacios o el
mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. Asimismo, la Junta no subvencionará o
dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
que sean sancionadas.
Las políticas de recuperación de la memoria democrática en
Andalucía se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una
proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las personas que
lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Dos años después, a través
del decreto 1/2001, se establecieron compensaciones para los andaluces que
fueron encarcelados y padecieron represalias políticas durante el régimen
franquista. En 2003, un nuevo decreto amplió el derecho a las personas que
estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de
entre tres meses y tres años. Estas ayudas han beneficiado a un total de 2.506
ciudadanos hasta 2013.
Asimismo, se han concedido 114 indemnizaciones, por importe
global de 205.200 euros, a mujeres represaliadas durante la postguerra civil y la Dictadura. Esta
iniciativa, recogida en un decreto de 2010, está dirigida a las andaluzas que
entre 1936 y 1950 vieron menoscabados su honor y su intimidad con acciones
vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o la exposición al
escarnio público. La cantidad fijada como indemnización es la misma que la de
aquellos que sufrieron penas de cárcel.
Fosas comunes
Las medidas de reparación también han incluido la
elaboración de un mapa de fosas de Andalucía, con la localización de 614,
realizado en colaboración con colectivos sociales y las universidades públicas
de la comunidad, así como la declaración de medio centenar de Lugares de
Memoria Democrática.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de
60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como
consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta
el momento, se han realizado 38 exhumaciones y están previstas 11 más en 2014.
Los lugares que acogerán estas actuaciones son Alfacar (Granada); Cañete la Real (Málaga) y los
cementerios de Almería, Cádiz (1ª fase), los granadinos de Cullar Vega, Órgiva
y Moclín, los sevillanos de Puebla de Cazalla, Puebla de los Infantes y Coria
del Río y el de Ronda (Málaga).
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