La diputada de IULV-CA, Alba Doblas señala como “violencia
institucional” aquella ejercida sobre las mujeres que optan por la interrupción
del embarazo y acusa a Gallardón de querer poner el aparato coercitivo del
Estado al servicio de la moral católica.
El Pleno del Parlamento andaluz pide que el Gobierno central
"no atente" contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por
lo tanto, no modifique de manera "restrictiva" la actual ley Orgánica
2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE), en virtud de una proposición no de ley presentada por IULV-CA
que ha contado con los votos en contra del PP-A y el apoyo del PSOE-A.
También se señala la inclusión de los derechos sexuales y
reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros estudios que
capaciten para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto
quirúrgica como farmacológica y la elaboración de un protocolo común para todo
el Sistema Nacional de Salud (SNS), que asegure el derecho efectivo a la
interrupción voluntaria del embarazo a través de la prestación íntegramente
financiada por el SNS.
De igual modo, el Parlamento ha aprobado instar a la Junta de Andalucía a que se
comprometa, dentro de las competencias que le son propias, a asegurar que la
interrupción voluntaria del embarazo se financie íntegramente por el Sistema
Sanitario Público de Andalucía, en tanto no pueda asegurarse en los términos
exigidos al Gobierno central.
"VIOLENCIA INSTITUCIONAL"
La diputada de IULV-CA Alba Doblas, portavoz en materia de
igualdad, fue la encargada de defender
la proposición no de ley y lo hizo, tal y como indicó en su intervención, “como
madre y como mujer que ha tenido que enfrentarse en la adolescencia al pánico
de no saber por qué narices no me bajaba la regla si había usado medios".
"Ese miedo es algo que ustedes, señorías del sexo masculino, no lo vivirán
jamás", justificó.
"Les hablo por tantas adolescentes que se sienten solas
y que no están preparadas para un embarazo", ha afirmado Doblas, quien
también se ha referido a las mujeres que descubren su cáncer pasadas las 22
semanas de gestación y se ven obligadas a seguir con el embarazo a riesgo de su
propia vida, o a la adolescente violada que cree que es su culpa y deja pasar
las semanas de embarazo "aterrada" por lo ocurrido.
La parlamentaria de IULV-CA, que ha defendido que el punto
de partida ha de ser la libertad y la capacidad para elegir y que imponer la
maternidad a quien no la quiere es un "acto de violencia
institucional", ha insistido también en que las mujeres son seres
autónomos y que sus vidas y sus cuerpos no pueden estar tutelados por elementos
ideológicos, administrativos, políticos y, mucho menos, religiosos.
"Intentar gobernar nuestro cuerpo en nombre de dios se llama
Inquisición", ha manifestado.
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