lunes, 30 de diciembre de 2013

Izquierda Unida de Málaga califica de “despotismo sin ilustración” la nefasta gestión del PP en la Diputación durante el año 2013

El Grupo provincial de IULV-CA ha hecho hoy balance del año 2013 en la Diputación de Málaga, calificando el modo de gobierno del PP como “despotismo sin atisbo alguno de ilustración”. Ha criticado que 2013 ha sido un año nefasto en materia de empleo y política social, aderezado con “discrecionalidad, falta de transparencia y mal trato” a los pequeños municipios de la provincia.
A juicio del grupo de IULV-CA, “Bendodo ha implantado el mal gobierno en la Diputación, haciendo gala de una falta absoluta de transparencia, como pone de manifiesto la negación de información sobre el gasto en publicidad y propaganda del año 2013. Y la falta de discrecionalidad y partidismo en la distribución de recursos públicos, como ha vuelto a quedar patente con las subvenciones directas navideñas por valor de 3,2 millones de euros del pasado 26 de diciembre a ciudades gobernadas por el PP”. De este modo, la portavoz del Grupo, Toni Morillas, ha destacado que Bendodo gestiona el ente de manera absolutista. “La falta de transparencia, la discrecionalidad, arbitrariedad y partidismo identifican el 2013 como año negro en la Diputación”.
Según el Grupo de IULV-CA, el Partido Popular ha distanciado a la administración de sus cometidos principales, de aquellos que son una obligación competencial y también de aquellos que son una obligación pública, más aún cuando el desempleo afecta a 204.850 malagueños. Bendodo ha optado por financiar proyectos como la remodelación de pistas polideportivas en ciudades como Torremolinos, donde la gestión del PP ha llevado al ayuntamiento a una situación económica delicada, en detrimento de los municipios menores de 20.000 habitantes, con los que la Diputación tiene la obligación legal de atenderlos y a los que viene sistemáticamente recortándoles las transferencias de fondos para el mantenimiento de servicios básicos. “Bendodo ha salido al rescate económico de ayuntamientos gobernados por el PP, con la única pretensión de revalidar sus resultados electorales en 2015 y tapar las vergüenzas de los gobiernos municipales que dirige en la provincia”.
Asimismo, desde el grupo de IULV-CA han señalado a la Diputación provincial como, probablemente, la administración pública que más empleo ha destruido en la provincia de Málaga. En 2011 la plantilla de Diputación la componían 1.701 trabajadores. “Tras tres años de gobierno del PP, la forman 1.160 trabajadores, un 30% menos que en 2011, y ello, tras haber aplicado dos Expedientes de Regulación de Empleo y poner ahora en riesgo los 28 puestos de trabajo del Patronato de Turismo en extinción”.
La destrucción de empleo y el desmantelamiento de centros de servicios sociales ha caracterizado el año 2013.Al cierre de servicios hay que añadir un recorte superior al 76% con respecto a 2011 de los recursos destinados a igualdad de género, participación ciudadana, cooperación y solidaridad internacional. “La destrucción de empleo, la eliminación de servicios básicos a los municipios y el desmantelamiento de la política social han sido las prioridades de Bendodo durante 2013. Le pediremos a los Reyes Magos, que para 2014, traigan a la Diputación un poco de cordura, justicia, transparencia y participación”.

Toni Morillas ha recordado a Bendodo que “el absolutismo es propio de otra época y que, intentar reeditarlo, solo nos lleva a las cavernas de la historia”.

viernes, 27 de diciembre de 2013

El Gobierno andaluz declara Lugares de Memoria Histórica 34 enclaves representativos de la represión franquista, 6 de la provincia de Málaga

Fotografía: Cárcel de Mujeres de Málaga, hoy centro de la Policía Municipal.
Los espacios, en las ocho provincias, incluyen fosas comunes, cementerios, cárceles, antiguos campos de batalla, rutas guerrilleras y refugios antiaéreos. En Málaga la Prisión Provincial y la Cárcel de Mujeres de Málaga, el cementerio de Ronda, y las fosas de Istán, Villanueva del Cauche y Teba han sido declarados Lugares de Memoria Histórica.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la declaración de 34 Lugares de Memoria Histórica en las ocho provincias andaluzas, de acuerdo con el decreto autonómico de agosto de 2011 que instaura esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Con ellos son ya 50 los espacios de este tipo reconocidos en la comunidad autónoma.
Los nuevos enclaves declarados son los refugios antiaéreos de Almería; los muros de Puerta de Tierra en la ciudad de Cádiz, el Penal de El Puerto de Santa María, la 'Fosa de las Mujeres' de Grazalema y el Valle de la Sauceda de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz; las fosas comunes de los cementerios de la Guijarrosa y Santaella, la ruta guerrillera de Los Jubiles en Montoro, el Barranco de la Huesa y la zona de la Batalla de Valsequillo, en la provincia de Córdoba; el Barranco de El Carrizal de Órgiva, la desembocadura del río Guadalfeo en Salobreña, las estructuras defensivas del 'Cerco de Granada' y la puerta de la Prisión Provincial, en Granada; la cárcel provincial onubense, las fosas comunes de La Palma del Condado y del cementerio viejo de Almonte, la Isla de Saltés, el Membrillo Bajo en Zalamea la Real y el muro del Parque Moret de la capital, en Huelva; las fosas comunes de los cementerios de Andújar, Martos, Linares y Úbeda, en Jaén; la Prisión Provincial y la Cárcel de Mujeres de Málaga, el cementerio de Ronda, las fosas de Istán, Villanueva del Cauche y Teba, en la provincia de Málaga, y La Pañoleta de Camas, el Canal de los Presos, el Parque de los Luchadores por la Libertad de Fuentes de Andalucía y la fosa del cementerio de La Puebla de Cazalla, en Sevilla.
De acuerdo con el decreto regulador de esta figura, la consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obliga a la Administración pública titular a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio. Cuando la propiedad es privada, la Junta fomenta la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares.
Los Lugares de Memoria Histórica se inscriben en un catálogo específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea de utilidad para estudios e investigaciones.
La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.
Fotografía: Fosa de Teba
Grupo de expertos
El inicio del procedimiento es competencia de la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. El proceso se prolonga durante seis meses y cuenta con el apoyo de un grupo de seis expertos, coordinados por la persona titular de la citada dirección general. Tres de ellos representan a las asociaciones y colectivos memorialistas de la comunidad autónoma y los otros tres al Consejo Andaluz de Universidades.
Los 34 Lugares de Memoria Histórica declarados hoy forman parte de un conjunto de 61 propuestas realizadas por ayuntamientos, diputaciones provinciales y asociaciones. Las 27 restantes continúan en fase de estudio.
Estos nuevos enclaves se suman a los 16 ya declarados en Andalucía: el monumento a los asesinados en el Campo de Concentración de Mauthausen y la antigua cárcel del Ingenio, en Almería; el Castillo de San Sebastián, en Cádiz; la fosa común del Cortijo El Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz); los Muros de la Memoria en los cementerios de la Salud y de San Rafael, en Córdoba; las tapias del cementerio de Granada y la carretera entre los municipios granadinos de Víznar y Alfacar; la fosa común del cementerio de Nerva (Huelva); el refugio antiaéreo de Jaén y los vestigios de la Batalla de Lopera en este municipio jiennense; la carretera Málaga-Almería y el cementerio de San Rafael de Málaga, y las antiguas cárcel de la Ranilla y Comisaría de Investigación y Vigilancia de la calle Jesús del Gran Poder, en Sevilla, así como la Casa de Blas Infante en Coria del Río y el lugar de su fusilamiento en el kilómetro 4 de la antigua Carretera de Carmona, en el término municipal hispalense.
El Gobierno andaluz subraya la importancia de acuerdos como el adoptado hoy para hacer justicia a las víctimas de la represión franquista y reforzar los pilares de la democracia en un momento como el actual. En este sentido, el Ejecutivo recuerda que Andalucía es casi la única comunidad autónoma que mantiene políticas dirigidas a este fin, frente al desmantelamiento presupuestario de las mismas por el Gobierno de España, criticado por la Naciones Unidas.

El Consejo de Gobierno destaca que esta políticas son fundamentales para no cometer errores en el futuro, consolidar las libertades y honrar la memoria de quienes defendieron la democracia contra regímenes totalitarios. Actualmente, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que es titular Diego Valderas, está finalizando los trabajos de elaboración del proyecto de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que permitirá consolidar y reforzar las medidas de la Junta en este campo.

José Luis Centella considera que la "alarma social" generada por la subida de la luz hace "imprescindible y urgente" que el Gobierno acuda al Congreso a dar cuentas

El portavoz parlamentario de IU-La Izquierda Plural afirma que sea cual sea el aumento del recibo que decida el Consejo de Ministros “la realidad es que estamos ante un gran montaje que terminará haciendo que la electricidad sea más cara.  El Gobierno ha huido del debate y se ha escondido detrás de una ley contraria a los intereses generales”
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, ha valorado que la anunciada subida del recibo eléctrico ha generado “alarma social” en la ciudadanía, más teniendo en cuenta el “escándalo” de la última subasta eléctrica finalmente anulada. Por ello, Centella ha exigido la “comparecencia imprescindible y urgente” del Gobierno del PP en el Congreso para explicar lo que tachó de “montaje” generado por todo lo que tiene que ver con “las subastas, la tarifa y las compañías eléctricas”, de las que dijo que, además, se presentan ante la sociedad como si fueran ONG’s.
En este sentido, el diputado de IU y Secretario General del PCE adelantó que la semana próxima –a partir de la cual ya pueden solicitarse comparecencias de ministros para que se celebren en periodo extraordinario de sesiones- su grupo concretará la petición para que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, acuda a la Cámara Baja para dar cuenta de este asunto en enero, antes de que se reanude el periodo ordinario de sesiones al mes siguiente. La aceptación o no de esta comparecencia deberá debatirse en una reunión de la Diputación Permanente -órgano que sustituye al Pleno del Congreso durante las vacaciones- alrededor de la segunda semana de enero.
Centella lamentó en una rueda de prensa en el Congreso que cientos de miles de personas, entre ellas “muchos pensionistas”, tengan que dejar de poner la calefacción por al aumento de la factura eléctrica. Consideró, además, que el Gobierno al final hará la “trampa” de aceptar una subida menor del 11% barajado en la última subasta y respaldado por las compañías eléctricas para “’venderlo’ como un avance”.
“La realidad –dijo- es que estamos ante un gran montaje que va a terminar haciendo que la electricidad sea más cara” y alertó de que si al final el ‘tarifazo’ es menor al anunciado y la gente lo ve como un avance, habrá triunfado una “gran trampa. A su juicio, “el Gobierno ha huido de este debate y se ha escondido detrás de una ley contraria a los intereses generales”.
José Luis Centella entiende que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene la obligación de dejar las cosas claras en el Parlamento “porque la luz no es un objeto de lujo. Queremos que el Gobierno explique por qué se ha mantenido un sistema de subastas claramente tramposo, que dejaba a las eléctricas la sartén por el mango. Ahora no vale que el Gobierno venga con la manguera a apagar el fuego porque al final siempre queda el rescoldo”.

Consideró que tras este asunto está “la liberalización y la privatización de servicios públicos, que lleva a estas consecuencias”. El diputado de IU considera imprescindible “un gran debate sobre el coste de la electricidad”, porque no es un artículo de lujo sino un derecho en el que “debe garantizarse ese mínimo de que a nadie se le corte la luz por cuestión económica”.

martes, 24 de diciembre de 2013

La UJCE de Málaga apoya la huelga de los trabajadores de LIMASA en defensa de sus puestos de trabajo y salarios, y reivindican su remunicipalización

COMUNICADO DE LA UJCE MÁLAGA EN APOYO A LA HUELGA DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DE LIMASA
Desde la Unión de Juventudes Comunistas en Andalucía (UJCE-A) apoyamos la huelga indefinida de los y las trabajadoras de LIMASA, convocada a raíz de las abusivas condiciones laborales que pretenden imponer a la plantilla de la empresa y agravada con la propuesta del Ayuntamiento de Málaga de un abusivo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esto dejaría a la ciudad con 300 operarios de limpieza menos, empeorando las condiciones de un servicio de especial importancia para la ciudadanía.
LIMASA es una empresa semiprivatizada desde el año 1989. Actualmente, mientras que el Ayuntamiento de Málaga tiene el 49% de la propiedad, el 51% restante es propiedad de 3 constructoras privadas, Sando, FCC y URBASER, y de UNICAJA. Estas constructoras tienen blindados sus beneficios por contrato, que desde el año 2004 ascienden a 51 millones de euros. Kos empresarios de Sando, FCC y URBASER serían los grandes beneficiados de este conflicto laboral, ya que se seguirían llenando los bolsillos a costa de la ciudad, mientras que los trabajadores de LIMASA ven empeoradas sus condiciones por el acoso del Ayuntamiento con el único objetivo de seguir beneficiando a estas empresas y la ciudadanía se ve desprovista de un servicio de calidad. Un servicio por el que se paga una de las tasas más altas de las capitales (aproximadamente 150 € por habitante al año). Sin embargo, la ciudad de Málaga está considerada una de las más sucias de España.
Esta gran afluencia de beneficios para los privados no se corresponde con la realidad que nos cuentan desde el Ayuntamiento y los propios empresarios, que pretenden hacer un recorte de casi 7 millones de euros a costa de los y las trabajadoras. 7 millones que no representan ni un 15% del ahorro que podría hacerse si se municipalizase, según estudios de la propia LIMASA y que se ven apoyados por la confirmación por parte del Tribunal de Cuentas de que la ciudadanía de municipios que tienen servicios de limpieza públicos paga hasta un 71% menos la de aquellos lugares donde está privatizada.
El alcalde, Francisco de la Torre, así como el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, están poniendo por encima de los intereses de la ciudad los intereses de FCC, SANDO Y URBASER, tres empresas privadas que, para más inri, aparecen como donantes del Partido Popular en los papeles de Bárcenas.
De la Torre y medios de comunicación como el diario SUR pretenden poner en contra a la ciudadanía malagueña de los y las trabajadoras de LIMASA haciendola creer que no están deacuerdo con la huelga indefinida y que esta ha sido impuesta por el comité de empresa.
Ante esto, la UJCE en Málaga llama a la solidaridad de clase con los compañeros y compañeras de LIMASA para ganar la huelga, así como a la participación en las acciones que se lleven a cabo para mostrarle al Ayuntamiento de Málaga y a las empresas privadas el apoyo de la ciudadanía malagueña a los y las trabajadoras, reivindicando la remunicipalización para que los servicios públicos no sean fuentes de negocio para los empresarios privados.
¡QUE ELLOS LIMPIEN SU BASURA!

NO ES BASURA EN TU ACERA, ES LUCHA OBRERA

domingo, 22 de diciembre de 2013

El Partido Comunista de Andalucía arranca el proceso hacia su XI Congreso que se celebrará del 21 al 23 de febrero del 2014. Andalucía frente a la Troika

Tras primera fase congresual que culminó con el XIX Congreso del PCE, el Partido Comunista de Andalucía, tal y como recoge sus Estatutos, convoca su propio Congreso para el que renovará sus órganos de dirección y debatirá los documentos andaluces.
Por ello, el Comité central, máximo órgano entre congresos, en el día de ayer ha aprobado los documentos iniciales para este proceso donde destaca la propuesta de Manifiesto-Programa del PCA, principal documento de la ponencia que aborda desde las cuestiones como el nuevo modelo productivo necesario para Andalucía hasta la democracia económica y la soberanía política de Andalucía dentro de un Estado federal. El documento, que se hará público el lunes 23 de diciembre, pretende servir a los comunistas andaluces para los próximos años.
El Congreso del PCA contará con 350 delegados de los que 35 son miembros natos y 15 son miembros de la Unión de Juventudes Comunistas y el resto se elegirán desde las provincias, bien desde las listas provinciales o bien desde las agrupaciones de base y se celebrará durante los días 21, 22 y 23 de febrero.
Los documentos a debate durante este proceso congresual serán cuatro: el Informe de Gestión del Comité central saliente, el Manifiesto-Programa del PCA, las propuestas organizativas y financieras y la propuesta de Estatutos.
Según el calendario también aprobado, a partir del 22 de diciembre y hasta el 4 de febrero, se debatirán los documentos al XI Congreso en las agrupaciones y ámbitos inferiores al Comité Provincial y elección de delegados. El día 9 de febrero se establece como fecha límite para el debate de los documentos en las estructuras provinciales y la elección de delegados al Congreso andaluz.
Durante su intervención ante el Comité Central, el Secretario general del PCA, José Manuel Mariscal ha manifestado su disponibilidad y la del vicesecretario general, Juan de Dios Villanueva, para seguir al frente de la dirección andaluza.
Tras agradecer el trabajo a la dirección saliente, ha valorado que “hace 4 años afrontamos el X Congreso con la unidad necesaria para llevar a cabo con lealtad el proyecto que emprendimos” y “este es el momento adecuado para mostrar nuestra disponibilidad para continuar con el trabajo emprendido desde la secretaría y vicesecretaría general del PCA”.
Haciendo alusión a la fortaleza del Partido en este undécimo congreso, “debemos darle continuidad pero si el Partido considera que otra cosa es mejor, pues avanzaremos hacia otra cosa” dado que “el Partido es lo primero”.
Mariscal ha instando a emprender un proceso congresual enmarcado en las movilizaciones del 28 de febrero, día de Andalucía y la campaña electoral hacia las europeas. “El 28 de febrero debe ser la movilización de clase en defensa de la soberanía política de Andalucía, frente a la Troika y en vísperas de las elecciones europeas” ha señalado por lo que “no podemos separar el Congreso de la movilizacón del 28 F y la campaña de elecciones europeas”. “Depende de nosotros y nosotras a cuantos aglutinemos en el discurso”.
Resolución del Comité Central del PCA contra el Anteproyecto de Ley del Aborto
El Comité Central del Partido Comunista de Andalucía expresa su rechazo y condena Al Anteproyecto de Ley del Aborto, que se presentó ayer en el último Consejo de Ministros y que viene a confirmar la regresión de derechos para las mujeres que trata de imponer el Partido Popular.
El aborto, ya de por sí restringido, deja de ser considerado un derecho, aunque fuera excepcional, para convertirse en un delito salvo excepciones.
El derecho a decidir implica la libertad para ser madres y también para no serlo. Si lo primero es una falacia en el sistema económico actual, lo segundo es condenado con esta Ley a la clandestinidad, al crimen y al riesgo para la vida y la salud de las mujeres.
Por todo ello, el Partido Comunista de Andalucía hace un llamamiento a todas las mujeres y hombres de nuestra Comunidad para movilizarse en contra de este anteproyecto, contrario ala vida, la libertad y el reconocimiento de la capacidad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y su desarrollo vital.

Llamamos a la movilización que ha de plasmarse en la calle todos los primeros viernes de cada mes en los lugares simbólicos que se determinen (especialmente órganos del Gobierno de la Nación) a las 19 horas, de forma unitaria y continuada, para evidenciar ostensiblemente el clamor contra esta Ley.

Cayo Lara considera que la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo supone una "involución de treinta años en los derechos de las mujeres"

El Coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha advertido de que su formación “dará la batalla” a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo a la que ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros el pasado viernes. Para Lara, los cambios impulsados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suponen una “involución de treinta años en los derechos de las mujeres”.
Sobre los cambios que niegan a las mujeres poder ejercer como hasta ahora su derecho a interrumpir el embarazo, Lara valoró que esta circunstancia está asumida “de una manera normalizada” por la sociedad con la ley en vigor, sobre la que no hay ninguna reclamación mayoritaria para que cambie. De ahí que tachara la reforma que va a tratar de imponer el Gobierno de Mariano Rajoy como “un paso atrás” que el Ejecutivo realiza “forzado por los sectores más conservadores”, especialmente vinculados a la jerarquía de la Iglesia católica.
Lara rechazó con contundencia el argumento del PP de que está obligado a aprobar esta reforma por ser un compromiso electoral. Recordó que el programa de la formación de derechas sólo incluye este asunto “de forma ambigua”.
“A ver si va a resultar –dijo- que el Partido Popular lo único que va a tratar de cumplir de su programa electoral es lo del aborto. Esto podría ser así mientras no está cumpliendo ninguno de los compromisos y promesas que Rajoy hizo con los ciudadanos”.
Contra la reforma regresiva del derecho al aborto y el recorte en materia de derechos y libertades de las mujeres
En el mismo sentido se ha pronunciado el Área Federal de la Mujer de IU, que ha manifestado que el viernes las mujeres han sido las víctimas del único compromiso cumplido del programa electoral del Gobierno del Partido Popular, dirigido además contra la libertad y los Derechos de las Mujeres
El Consejo de Ministros, con el Titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a la cabeza del Gobierno del Partido Popular, ha dado su visto bueno al proyecto de reforma de la ley del aborto que, además de eliminar los plazos de la actual ley, aprobada en 2010, volverá a un sistema de supuestos similar al de la ley del 85, entre los cuales, se limitará el referido a la malformación fetal.
A la espera de conocer detalladamente los términos de la misma, y tras las declaraciones emitidas al respecto por el Gobierno, su aprobación supondrá el fin de los plazos que actualmente permiten interrumpir un embarazo libremente hasta las 14 semanas y que permite abortar a las jóvenes de  16 a 18 años sin la obligación de contar con la autorización paterna y materna.
Asimismo, supondrá un grave retroceso en el avance de los derechos y la libertad de las mujeres, con la vuelta a una ley de  supuestos, la fórmula empleada en la ley de 1985 y a la que hemos estado sometidas hasta el 2010; y que nos coloca junto con los países europeos más restrictivos, y a la cola de los más avanzados en materia de libertades y Derechos Humanos.
En relación al anuncio de que se va a despenalizar para las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo, hay que adelantar que es una despenalización parcial, ya que la penalización sigue para los y las profesionales que asistan a las mujeres y por tanto será un arma para impedir el ejercicio de nuestro derecho; aunque también tenemos que resaltar que debe ser motivo de vergüenza para el PSOE que ha mantenido dicha penalización.
No nos cabe duda de que esta ley es un ataque frontal a los derechos fundamentales de las mujeres, y por ello, hacemos un llamamiento a la sociedad en su conjunto a participar activamente en las convocatorias de denuncia y movilización que en el día de hoy y en los próximas semanas se realicen en las diferentes ciudades del Estado.

Izquierda Unida y el Área de la Mujer, se movilizarán activamente en contra de dicha reforma restrictiva de Derechos y por la defensa de un Derecho al Aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código Penal.

sábado, 21 de diciembre de 2013

Diego Valderas Sosa, Vicepresidente de la Junta de Andalucía: “Garantizar los suministros mínimos vitales”

Mundo Obrero
La Vicepresidencia de la Junta de Andalucía plantea garantizar suministros mínimos de agua potable y energía eléctrica
Podemos definir la pobreza energética como la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar más de un 10% de sus ingresos a pagar los recibos de luz, agua y gas.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres factores: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia. Actualmente 4 millones de personas en España son “pobres en términos de acceso a los suministros vitales”. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. En relación al abastecimiento de agua, actualmente en el mundo 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de abastecimiento.
En el conjunto del Estado, y sólo en 2012, se han producido 1,4 millones de cortes de suministro de energía eléctrica, de ellos 510.864 se han producido en Andalucía entre el 1 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012. Según el estudio de Creu Roja Catalunya «Vivienda y Colectivos Vulnerables» de julio de 2013, el 71% de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30% acumula facturas impagadas. El 58% manifiestan no poder mantener su casa a una temperatura óptima, hace dos años este porcentaje era del 42%.
Según los datos de Eurostat para el último trimestre de 2013, Andalucía lidera la pobreza en España con el 38,6% de su población sin los recursos económicos mínimos, a lo que hay que sumar el incremento de personas en riesgo de exclusión y pobreza, que ha aumentado ocho puntos en los últimos cuatro años. En Europa 50 millones de ciudadanos deben elegir a diario entre comer o calentarse.
Vivimos en uno de los países donde los consumidores pagan la electricidad más cara. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.
Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.
Para hacer frente a esta situación, desde la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía planteamos la necesidad de garantizar los suministros mínimos vitales de agua potable y energía eléctrica para los 54.181 andaluces que hoy son perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad. A través de este proyecto pretendemos dar continuidad a la Ley andaluza que garantiza la función social de la Vivienda, impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda, dando un paso más hacia la materialización de los derechos de habitabilidad de la población más vulnerable.
Las medidas que proponemos pasan por garantizar un mínimo de 3 m³ de agua al mes a cada perceptor y 1.400 Kwh/persona/año. Garantizamos así un mínimo de 100 litros por perceptor y día para atender las necesidades de agua potable y una cantidad suficiente de energía eléctrica para poder atender el gasto de 2600 Kcal/día que fijan los organismos internacionales. Pretendemos mediante estas garantías mínimas vitales que no se produzcan cortes de suministro en los hogares andaluces convirtiendo a nuestra Comunidad en un territorio libre de desahucios energéticos.
Andalucía pretende articular estas medidas apoyada en el Derecho Internacional Público, las Observaciones del Comité Europeo de Derechos Económicos Sociales y Culturales, las directivas europeas, los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo dispuesto por nuestro Estatuto de Autonomía. Creemos que el corte del suministro de luz y agua, sometidos hoy a una gestión estrictamente mercantil y alejada de su naturaleza como bienes públicos que nunca hubieron de estar sometidos a las leyes del mercado desregulado, aboca a quienes sufren el corte del suministro en sus hogares a la caída en la exclusión social y la pobreza.
Las propuestas contenidas en nuestro proyecto de garantía de suministros mínimos vitales se encuadran en la lucha contra la pobreza energética iniciada por numerosos Estados europeos como Alemania, Eslovaquia, Suiza o Reino Unido. Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia. En el resto del mundo países como Sudáfrica, Panamá, México, Ecuador o Colombia reflejan en su ordenamiento jurídico medidas para garantizar el acceso de sus ciudadanos a los suministros mínimos vitales.
El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan que quien más los necesite se queda fuera. El objetivo de Andalucía es garantizar un Derecho y por lo tanto estas medidas no responden a fórmulas asistenciales o constituyen un subsidio. Se trata de construir garantías para una vida digna.
La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo.
La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
La aprobación de medidas que impidan que la espiral de exclusión social y pobreza se siga reproduciendo debe ser una obligación de todo Gobierno de izquierdas y es un compromiso básico con la mayoría social que sufre la crisis económica impuesta por los mercados financieros. Las medidas que proponemos son viables, inciden sobre un colectivo altamente vulnerable y consolidan un derecho de ciudanía. Las medidas que garanticen los suministros mínimos vitales a los andaluces son una aportación más al debate de fondo que debe iniciar el parlamento andaluz para hacer realidad una Ley de Renta Básica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Pero junto a las medidas que desde el Gobierno puedan impulsarse, y que han sido elaboradas junto a un gran número de colectivos y entidades, debemos ganar estas medidas en la calle, a través de la información, difusión y movilización social. Sólo gobernando con mentalidad de movimiento social podremos establecer un nuevo modelo de decisión, de gobierno de la mayoría y de oposición eficaz a las medidas impulsadas por la TROIKA que operan contra los pueblos de Europa. Proponer, organizar, movilizar, convencer, generan la alternativa. Esa y no otra debe ser la manera de estar en los Gobiernos. Al servicio de la mayoría social. En lucha contra las desigualdades.

Publicado en el Nº 267 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2013

viernes, 20 de diciembre de 2013

Alberto Garzón: "De Guindos ha rebajado su credibilidad al mismo nivel que la vergüenza de un gobierno que saquea"

Antonia Morillas, portavoz de IULV-CA denuncia que el PP quiere criminalizar a los alcaldes que defienden los derechos e intereses de sus vecinos y vecinas

La responsable de Política Institucional de Izquierda Unida de Málaga, Toni Morillas, ha recordado esta mañana a los dirigentes provinciales del Partido Populares que el cierre de ayuntamientos y servicios de ayer era “un acto para visualizar qué ocurrirá con estos cuando entre en vigor la ley para la reforma de la administración local” del Gobierno de Rajoy. Morillas ha añadido que en lugar de preocuparse por este simbólico acto democrático, lo que tiene que hacer el PP de Málaga es preguntarse qué supondrá para los municipios de la provincia y sus habitantes esta destructiva ley cuando el Gobierno Central la ponga en marcha. “Se privatizan servicios y se destruye empleo público y se lesiona la democracia local y muy especialmente en los municipios menores 20.000 habitantes”.
La reforma de la administración local forma parte de la ruta trazada para la economía española por la Troika  con la connivencia del partido del gobierno de la derecha. Viene a desarrollar los principios de la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al mínimo la administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor negocio de unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría.
Esta regresiva reforma elimina la posibilidad de que servicios esenciales puedan ser prestados, y más aún, que estos puedan ser prestados desde lo público y por ende, accesibles y universales. La aprobación de esta antidemocrática ley, significará dejar a miles de ciudadanos privados del acceso a servicios públicos como guarderías, bibliotecas, consultorios médicos, centros de información y prevención de violencia de género e incluso sin mercados municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de esta reforma: “la eliminación de servicios que atienden las necesidades sociales más básicas desde la administración más próxima y accesible, que representan los ayuntamientos” señaló Morillas.
La responsable de IULV-CA ha añadido que los pequeños municipios de la provincia usan estos mismos servicios con dos fines, el de responder a la necesidad y demanda de sus ciudadanos y el de crear empleo en sus pueblos que evite que se despueblen y sus habitantes se vean obligados a desplazarse de nuevo.

“Los ayuntamientos fueron vitales para la obtención de la autonomía plena de Andalucía. Su movilización y el trabajo de canalización de las reivindicaciones ciudadanas fue el motor de aquellos años pre-estatutarios en nuestra Comunidad y son los alcaldes los que saben de primera mano qué pasará en sus municipios cuando la ley entre en vigor y su obligación es defender los intereses de sus vecinos contra aquello que les agrede. Entonces, como ahora, la derecha está a otra cosa”, concluyó Morillas.

jueves, 19 de diciembre de 2013

Izquierda Unida de Málaga promovió cierres de ayuntamientos y servicios, concentraciones y actos informativos en los municipios para protestar contra la reforma local del PP

Izquierda Unida de Málaga ayer miércoles llevó a cabo una acción provincial de protesta y concienciación sobre el peligro que corren en el futuro muchos de los servicios municipales cuando entre en vigor la reforma de la ley de la administración local del Gobierno de Rajoy. 
Así ayuntamientos o servicios municipales han permanecido cerrados y cargos públicos concentrados e informando a la ciudadanía sobre la gravedad de las políticas de la derecha contra los municipios y los servicios públicos que hoy disfruta la ciudadanía malagueña y española en general. Estas son algunas de las acciones que están teniendo lugar hoy y que pretenden visibilizar que esta ley tendrá un impacto directo sobre todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre sus vidas, pues “se privatizan servicios y se destruye  empleo público y se lesiona la democracia local y muy especialmente en los municipios menores 20.000 habitantes”, ha explicado la responsable provincial de Política Institucional de IULV-CA, Toni Morillas, quien ha enumerado algunos servicios que se verán afectados en estas localidades como son bibliotecas, guarderías, centros de Servicios Sociales, de información a las mujeres,  instalaciones deportivas, culturales, etc.  Además “Hay servicios, como la limpieza viaria que sirven en los pequeños municipios para crear bolsas de empleo y los ayuntamientos tienen así un instrumento  para paliar el desempleo en zonas rurales” ha señalado la diputada provincial de izquierdas.
Morillas ha añadido que el Partido Popular cierra con la nueva ley estos servicios, pero ha recordado que la reforma no se vence sólo con la aritmética parlamentaria, sino con la movilización social y ciudadana y con la de aquellos cargos públicos “cuya misión principal es representar y defender los intereses de sus vecinos y de que estos tengan los mismos servicios y derechos, vivan en grandes o pequeñas ciudades”.
¿Qué ha dicho el senador De la Torre?
En la capital, el acto informativo se ha desarrollado ante centros de Servicios Sociales de distintos distritos como de la Carretera de Cádiz, El Palo o Centro. En este último han estado los concejales de la capital, cuyo portavoz, Eduardo Zorrilla, se ha preguntado cuál es el papel que ha tenido “el senador De la Torre, el alcalde, el autoproclamado municipalista convencido que siempre ha defendido más competencias y financiación”. En la Asamblea de Carretera Cadiz, han estado repartiendo propaganda, contra la Reforma de la administración Local, en el Centro de Servicios Sociales y otro grupo en el mercadillo de Virgen de Belén.
El edil de IULV-CA ha añadido que como alcalde, Francisco de la Torre no ha dicho palabra en contra y que como senador, se le supone que ha votado a favor de las tesis del Partido Popular “en grave contradicción con su discurso tradicional de que los ayuntamientos debían tener mayores competencias y financiación para las mismas, y promoviendo con su acción un grave perjuicio para servicios de su ciudad como los sociales, más demandados ahora por la situación de crisis en la que se encuentra inmerso el país”.
EL BALANCE DE LA MOVILIZACIÓN A LAS 14,00 HORAS DE AYER:
Humilladero: Cierran Ayuntamiento, excepto el registro, la biblioteca municipal y el pabellón polideportivo.
Alameda: Cierran Ayuntamiento, excepto el registro, y la limpieza viaria y de servicios municipales están en servicios mínimos; servicios sociales no atenderán al público y la guardería ha abierto una hora más tarde de su horario habitual
Ardales: Cierran Ayuntamiento, excepto el registro, y limpieza del consultorio, escuela de adultos, colegio, mercado municipal y calles del municipio, servicios mínimos. Cierre de biblioteca y guadalinfo.
Almáchar: Cierran Ayuntamiento, excepto el registro, y biblioteca, guardería, instalación deportiva, juzgado de paz, guadalinfo y monitores deportivos.
Archidona: Cierra a partir de las 11horas cierran Ayuntamiento, excepto el registro, y, biblioteca, guadalinfo y pabellón polideportivo. El microbús funciona, pero ha habido cargos públicos en el mismo informando sobre la reforma.
Archez: Cierran Ayuntamiento, excepto el registro, y celebran un pleno municipal.
Villanueva de Algaidas: Cierran Ayuntamiento, excepto el registro, y biblioteca municipal.
Villanueva de Tapias: Cierran Ayuntamiento, excepto el registro.
Casabermeja: Se ha celebrado asamblea con los empleados y empleadas municipales a las 10.30 horas.
Monda: Concentración en las puertas del Ayuntamiento y acción informativa en la puerta de los servicios municipales.
Casares: Concentración en las puertas del Ayuntamiento durante una hora.
Cuevas de San Marcos: Cuelgue de pancarta en el Ayuntamiento e información en los servicios municipales.
Marbella: Los concejales del Grupo de IULV-CA en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, comparecieron ante los medios de comunicación para alertar de la amenaza que supone la reforma de la ley que regula el funcionamiento de los Ayuntamientos aprobada en solitario por el Partido Popular, considerando que "es un ataque a los principios de democracia local y a los servicios públicos que se prestan desde las administraciones locales; pierden los ciudadanos y sus derechos y ganan los conglomerados económicos a los que se les va poner en bandeja un negocio millonario mediante la privatización de servicios públicos que dejarán de regirse por la satisfacción del interés general para atender a los beneficios económicos".
Por su parte Díaz ha explicado que "esta contrarreforma da carta blanca al PP en su estrategia planificada para acabar con los servicios públicos y alejar a los ciudadanos de la toma de decisiones". 

sábado, 14 de diciembre de 2013

Cayo Lara ante la la consulta catalana afirma que IU "defiende un Estado federal y republicano" porque el "soberanismo" no arregla los problemas de los trabajadores

El Coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha mostrado esta tarde su “respeto” hacia la doble pregunta para la consulta sobre la independencia en Cataluña pactada por diversas formaciones políticas catalanas, si bien ha mostrado sus “dudas razonables” en relación a que su redacción final “reconozca todas las sensibilidades” políticas existentes en el pueblo catalán. Lara ha destacado que IU “defiende el Estado Federal y no un Estado independiente”.
En respuesta a las cuestiones sobre la celebración de una consulta soberanista catalana en noviembre de 2014 planteadas por los informadores en los pasillos del Congreso, Lara indicó con claridad que la formación que dirige respalda el derecho de Cataluña a decidir sobre su estatus, si bien defiende sin rodeos un Estado “federal, solidario y republicano”, ya que las soluciones “soberanistas” no van a arreglar los problemas de la clase trabajadora.
Poco antes se había hecho público el contenido de la doble pregunta pactada de cara a la consulta: ‘¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y ¿Quiere que sea independiente?’. Frente a este planteamiento concreto, Lara insistió en que en el primer apartado no se recogen adecuadamente “todas las sensibilidades” existentes entre la ciudadanía catalana. Mostró un mayor distanciamiento hacia el segundo, dado que IU “desde tiempos inmemoriales” apuesta por la construcción “de un Estado federal” y no uno independiente.
El máximo responsable de Izquierda Unida destacó que su formación respeta el derecho democrático a decidir “sobre todo. Nadie le tiene que tener miedo a la democracia”. Valoró que las cuestiones puestas sobre la mesa abren un debate “rico” en Cataluña en el que se acabará imponiendo la razón de la necesidad de avanzar hacia un Estado Federal porque el problema en Cataluña “no son las banderas sino las clases sociales”.
“El problema que tiene la mayoría social y la clase trabajadora en Cataluña –dijo- es un problema de aplicación durante años de políticas neoliberales, que son las que de verdad les están haciendo daño”.
Recordó el acuerdo que tiene firmado IU con ICV y EUiA para apoyar una consulta y buscar la manera de que se pueda celebrar en “condiciones de legalidad”, algo que tendrá mucho que ver con la actuación práctica que mantengan finalmente otras fuerzas políticas y, muy especialmente, el Gobierno del PP.
Willy Meyer valora que sería un "verdadero disparate" que el Gobierno de Rajoy pueda plantearse la suspensión de la autonomía de Cataluña para impedir la consulta
Por otro lado, el eurodiputado de Izquierda Unida y responsable de Política Internacional, Willy Meyer, ha asegurado hoy que sería un “verdadero disparate” que el Gobierno del Mariano Rajoy pueda plantearse decretar la suspensión de la autonomía de Cataluña para contrarrestar la convocatoria de la consulta sobre la soberanía catalana.
Meyer respondió a las preguntas que le plantearon los periodistas durante la rueda de prensa previa a la inauguración esta tarde del IV Congreso del Partido de la Izquierda Europea (PIE). Indicó que estamos ante “un problema político que no deben resolver los jueces ni se puede resolver en un marco de excepción. Estamos en el siglo XXI. Hay que hablar”.
El dirigente federal de IU advirtió de que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le toca hacer ahora “lo que no ha hecho en estos últimos meses” con el fin de que “se pueda formular en términos legales una consulta desde el principio del derecho a la decisión de una comunidad, como es Cataluña”.
Para Willy Meyer, “ha habido una falta de diálogo por parte del Gobierno del Estado, que es el más interesado en que todo lo que significa el encaje de las distintas comunidades en el proyecto común del Estado sea negociado”.
Sobre qué postura va a adoptar IU en todo este proceso, explicó que es de sobra conocido que esta formación respeta el derecho a decidir, al tiempo que consideró que la redacción concreta de la doble pregunta conocida ayer “deja fuera algunas sensibilidades” políticas catalanas. Abogó porque la consulta posibilite que puedan expresarse “las distintas posibilidades de encaje en un proyecto federal”.

 “A partir de ahí, hay que evitar que haya una confrontación inútil y, por lo tanto, el Gobierno del Estado tiene que garantizar el derecho a decidir de forma clara para que el pueblo catalán pueda ejercer ese derecho y buscar los encajes legales pertinentes”, dijo Meyer.

Elena Cortés, Concejera de Fomento y Vivienda de la Junta: “No nos vamos a rendir, no nos van a doblegar” defendiendo el derecho humano a la vivienda en Andalucía

Izquierda Unida de Andalucía lanza una campaña de defensa de la Ley de la Vivienda ante el recurso del Gobierno del PP
Nuestra compañera Elena Cortés, dirigente del Consejo Andaluz de IU y consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sido tajante ante el anuncio realizado por el gobierno del PP: “no nos vamos a rendir, no nos van a doblegar. La lucha comenzó en la calle y seguirá en la calle. El gobierno andaluz ha defendido el derecho a la vivienda y lo seguirá defendiendo”. En este sentido, IU impulsará la defensa de la ley y del derecho a la vivienda desde la Junta y en la calle, junto con las organizaciones sociales implicadas en la lucha contra los desahucios.
Cortés ha denunciado con contundencia la negativa del gobierno central a constituir la Comisión Bilateral, acusándolo de “huir del debate”. “Estamos ante un gobierno cobarde, nadie ha dado la cara”, recalcó, achacando esta decisión al objetivo de la acción de gobierno del PP que “es el empobrecimiento de la mayoría social y debilitar su poder”. En este sentido destacó que el recurso “ataca” a la clase trabajadora y a las clases populares, y de especialmente manera a las mujeres, recordando que estas “han estado a la cabeza en la lucha por la vivienda”.
IU considera que el recurso responde a la incapacidad del PP para soportar “una ley que demuestra que hay alternativa, ni que la mayoría social se empodere” y que provoca que “los y las andaluzas sean hoy más débiles por un recurso que se hace a mayor gloria de banqueros y especuladores”. Cortés señala que este persigue tres objetivos: “defender a la élite financiera, poner alfombra roja a los especuladores y evitar que se abarate el alquiler”, ya que además de paralizar los desahucios, la ley pretendía movilizar las 700 mil viviendas vacías existentes en Andalucía, según calcula la Consejería.
Cortés defiende la plena constitucionalidad de la ley, recordando que gracias a ella se ha abierto un proceso de expropiación al día: “150 días en vigor, 150 expedientes”. En este sentido considera que esta tiene su anclaje constitucional en el artículo 33 que reconoce el derecho a la propiedad privada pero obliga a que esta esté delimitada por su función social.

Por último Cortés anunció que la Junta se dirigirá a los juzgados para que no proceda al desahucio de las 35 familias cuyos expedientes están en trámite.

viernes, 13 de diciembre de 2013

José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA insta a Junta a que llame a los centros educativos andaluces a la insumisión ante la LOMCE

Castro reclama “desde la insumisión” frente a la LOMCE, la gestión y el control democráticos, que “traerán consigo la autonomía para los centros educativos y el carácter laico para la educación”
El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha pedido a la Junta durante la sesión de control del Parlamento andaluz celebrado ayer jueves, 12 de diciembre, que llame a la “desobediencia en cada uno de los centros educativos de Andalucía para construir una reforma de consenso”.
El portavoz denuncia que las reválidas introducidas en la Ley “pretenden justificarse como pruebas que garanticen la calidad educativa, cuando lo que realmente están haciendo es expulsando y desahuciando a los y las estudiantes de las aulas” haciendo referencia también a “los recortes en las becas y el aumento generalizado de las tasas en la etapa universitaria”.
Castro ha destacado que tal y como “coinciden todos los colectivos sociales que se han opuesto a la reforma” la LOMCE supone “el desmantelamiento de lo público a través de  la poca inversión, concediendo a la educación pública como subsidiaria de la privada” señalando que esta lógica “es la concepción neoliberal que se viene imponiendo a lo largo de estas últimas décadas”.
A su juicio este tratamiento de favor a la educación concertada supone un proceso de negociación de esta ley en el que se “ha tenido más en cuenta a las asociaciones de colegios concertados y a las asociaciones de padres católicos, que al resto de la comunidad educativa”.
Por ello ha afirmado que IU se mantiene coherente y que frente a las reformas que van contra la educación “insumisión” y ha pedido a la Junta que se muestre insumisa “por dignidad de clase y en defensa de lo público”. Por su parte, Junta ha anunciado a continuación que recurrirá la Ley al Tribunal Constitucional.

Así ha calificado de “derecha radical” a quienes “han decidido aprobar una ley segregadora, antidemocrática y sin consenso con la comunidad educativa, ni con la sociedad civil, que pretende privatizar y mercantilizar la educación pública”.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

CCOO advierte que la Reforma de la Administración Local en Málaga podría afectar al empleo de más de 600 trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales

CCOO y UGT han convocado para mañana jueves, 12 de diciembre, a las 12:00 horas una asamblea-concentración de empleados públicos en la Diputación Provincial (C/ Pacífico)
Para CCOO, la Reforma de la Administración Local que está prevista que pase el próximo 16 de diciembre al Senado y que el Gobierno espera que entre en vigor en el mes de enero de 2014, va a suponer "el desmantelamiento del sistema público de servicios sociales en todo el territorio español, así como en Andalucía y en Málaga". En concreto, según han anunciado hoy en una rueda de prensa los líderes sindicales, tan sólo en esta provincia se verían afectados más de 600 trabajadores y se reduciría en cerca del 80% los servicios sociales que se ofrece a la ciudadanía, quedándose fuera del sistema al menos 100.000 habitantes, siendo los más afectados los usuarios de la ley de Dependencia y de ayuda a domicilio.
La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga, Carolina Ortiz, y el responsable de servicios sociales de dicha federación, Enrique Moyano, han realizado un balance negativo de las consecuencias que va a traer la futura ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que prepara el Gobierno central. Por ello, ambos han insistido en la necesidad de defender los servicios públicos municipales frente a una posible aplicación, ya que calculan que podría afectar a más de 600 puestos de trabajo de los servicios sociales comunitarios que se ofrecen en cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Málaga.
En concreto, esta destrucción se realizaría entre los años 2014 y 2016, que es el periodo en que los servicios sociales tienen que estar pasados a las comunidades autónomas según esta ley, y afectaría al personal técnico, administrativo y auxiliar. En palabras de Carolina Ortiz, “se va a pasar de un modelo que garantiza el acceso a unos servicios sociales públicos y de calidad a otro basado en la beneficencia y en la caridad”.
En relación al Plan Concertado, el sindicato ha criticado que el Gobierno del PP haya recortado para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) un total de 532 millones de euros en los servicios sociales comunitarios en todo el país. Según ha explicado Ortiz, “el Plan Concertado es un plan financiero para ayudar a los distintos ayuntamientos con el fin de que se garanticen dichos servicios sociales, sin embargo, con estos recortes se reduce el 100% de las aportaciones que realiza a este Plan tanto el Estado como las corporaciones locales, quedándose sólo la cantidad que realiza nuestra comunidad autónoma”. En términos económicos, la líder sindical ha explicado que “el Estado aporta unos dos millones y medio y las corporaciones locales cerca de veintiocho millones de euros, la suma de las dos suponen el 78% del total, es decir, la Junta de Andalucía tan sólo aportaría el 22% de su presupuesto a este Plan Concertado, una medida que nos parece totalmente insostenible y de incalculables consecuencias”.
Respecto a la ciudadanía que cada año se beneficia de estos servicios sociales comunitarios, normalmente suelen ser unas 135.000 personas de media. En el caso en el que se aplique esta reforma local, Carolina Ortiz ha advertido que “se quedaría fuera el 80% de los servicios que se ofrece a estos habitantes”.
Para finalizar, la líder sindical ha informado que mañana, 12 de diciembre, “CCOO ha convocado una asamblea de empleados públicos en el Centro Cívico de Málaga donde se va a informar sobre todo esto y el resto de consecuencias que traerán la reforma local, que también afectará a servicios en educación, sanidad y en la aprobación de tasas adiciones para servicios tales como la basura, agua, saneamiento, etc.”.

Asimismo, ha asegurado que “estamos ante un paso más para la privatización de los servicios sociales, ya que se va a pasar de ser un principio fundamental de atención a la ciudadanía a un principio exclusivamente mercantilista”. También ha señalado que “el carácter de proximidad de estos servicios actualmente es algo primordial, pero sin embargo en el momento en el que se presten desde las comunidades supondrá una conversión de la atención directa a un mero trámite burocrático, lo que pondría en peligro en muchos casos la salud de las personas mayores, ya que la gran mayoría son usuarios mayores y que utilizan los servicios de ayuda a la dependencia”.

martes, 10 de diciembre de 2013

En Torremolinos se lleva a cabo la segunda vivienda expropiada en Andalucía para evitar el desahucio de una familia en riesgo de exclusión

El derecho social a la vivienda en Andalucía permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy la expropiación a la entidad financiera Banesto de la vivienda en la que residen Omar Abattouy, de 43 años, y Umkiltoun Sarroukh, de 33, marido y mujer, y sus cuatro hijos menores de edad, de 16, 15, 12 y 7 años. Residen en la calle Río Trueba, número 5, 1º A de Torremolinos (Málaga), en una casa de 55,62 metros cuadrados.
Esta expropiación es la segunda que culmina el Gobierno andaluz tras la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige la compañera Elena Cortés, después de que ya se expropiara la vivienda de María del Carmen Andújar y su familia, residentes en Huelva. Hay otras 33 ya publicadas en BOJA y a la espera de llegar a Consejo de Gobierno. Existen además más de un centenar de expedientes iniciados que se irán publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme los técnicos completen todos los trámites previos.
Los dos miembros de este matrimonio, Omar y Umkiltoun, están desempleados y actualmente no perciben tampoco ninguna prestación. Sus únicos ingresos derivan de la ayuda de amigos y familiares y de la venta ambulante esporádica. Omar llegó a España en 1994 y pasó dos décadas trabajando en la construcción. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria él y su familia han quedado en situación de extrema vulnerabilidad.
Concretamente, el Gobierno andaluz ha declarado la utilidad pública de la expropiación del uso de esta vivienda durante un máximo de tres años. Ello permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto.
Como requisito previo, la Consejería ha acreditado que esta familia se encuentra en riesgo de exclusión social, y que el desahucio amenazaría gravemente su integridad e incluso su salud. Esta familia también cumple todos los requisitos socioeconómicos establecidos de forma pública y transparente por la Ley de Función Social de la Vivienda, y que a grandes rasgos implican que los ingresos mensuales son inferiores a 540 euros y que la economía familiar ha sufrido un notable menoscabo desde la firma de la hipoteca.

La entidad financiera tiene 15 días para pronunciarse sobre el mutuo acuerdo. Si no acepta, el Gobierno andaluz actuará en defensa del derecho a la vivienda de esta familia y hará efectivos los trámites para ejercer la ocupación de la vivienda. La Consejería ha remitido al juzgado una notificación informando de este acuerdo, con el objetivo de que el desahucio no se ejecutara bajo ningún concepto.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Izquierda Unida homenajea a Manuel José Caparrós y llama a la movilización entre el 4-D y el 28-F para decir basta a los recortes y en defensa de Andalucía

IULV-CA recuerda a García Caparrós y anuncia que pedirá su reconocimiento como víctima de terrorismo en el Congreso, tras su reconocimiento como hijo predilecto de Andalucía.
Izquierda Unida de Andalucía ha celebrado en Málaga el 36 aniversario de las históricas movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 que abrieron camino a la autonomía andaluza y a su reconocimiento como nacionalidad histórica, y ha reivindicado la memoria del joven obrero de CCOO, Manuel José García Caparrós, en el lugar en el que cayó asesinado por disparos de las fuerzas del “orden” cuando enarbolaba una bandera andaluza durante aquella jornada de lucha.
En este acto de reivindicación de la memoria democrática de Andalucía ha estado presente el Coordinador de IULV-CA, Antonio Maillo, que estuvo acompañado del portavoz del Grupo parlamentario andaluz t Coordinador Provincial, José Antonio Castro, la diputada Lola Quintana, el diputado en las Cortes, Alberto Garzón; el Delegado Provincial de Administración Pública de  la Junta de Andalucía, Manuel García Peláez; el Secretario Político del Comité Provincial del PCA de Málaga, Efraín Campos; el Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, Antonia Morillas y Ana García Sempere; compañeros del Sindicato de Sanidad de CCOO y su Secretario General Rafael González Delgado; Antonia Morera y Guzmán Ahumada, Alcaldesa y concejal de Casares respectivamente; Miguel Ángel Sánchez Díaz, Coordinador de Vélez Málaga y responsable de Organización Provincial de IULV-CA; Juan Calderón, Alcalde de Ardales y Álvaro Carreño, Coordinador de la Comarca de Ronda de IULV-CA, entre otros muchos simpatizantes y afiliados de las asambleas de IULV-CA y agrupaciones comunistas de la capital malagueña.
El Coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo ha realizado un llamamiento solemne a la movilización sostenida desde el 4-D, hasta el 28-F “que sirva para decir basta de recortes, basta de eliminación de derechos y basta de represión”. “O nos movilizamos o nos devoran los poderes invisibles que no han sido votados por el pueblo”, recalcó el coordinador andaluz, recordando “que todo lo avanzado en estos años de autonomía no ha sido otorgado, si no ganado a pulso con la lucha del pueblo trabajador” y reivindicando el poder andaluz como elemento de impulso de un cambio social, económico e, incluso, cultural".
Maíllo apeló a “la tradición de lucha del pueblo andaluz” y a “la identidad de sociedad que resiste y no se resigna”, para hacer frente a las reformas “privatizadoras y recentralizadoras del PP” con “la misma contundencia” que el 4 de diciembre del 77 y el 28 de febrero del 81. En este sentido, el máximo responsable de IU Andalucía considera que ambas fechas están enlazadas en el imaginario colectivo, anunciando la realización de asambleas, actos públicos y encuentros en los meses que separan a ambas fechas, para preparar una gran manifestación unitaria el próximo 28-F.
Además del Coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, han tomado la palabra la parlamentaria andaluza Lola Quintana y el diputado Alberto Garzón, haciendo todos y todas mención al hecho de que se celebra el primer 4D tras el nombramiento de García Caparrós como hijo predilecto de Andalucía a propuesta de IU.  Además Garzón ha anunciando que IU solicitará en el Congreso el reconocimiento de García Caparrós como víctima del terrorismo.
Lola Quintana ha destacado que IU rinde homenaje a Caparrós “en un momento en el que la autonomía y los ayuntamientos están siendo atacados, en el que Andalucía sigue sufriendo el paro y sigue siendo necesaria la lucha por el reparto de la riqueza y por la función social de la tierra”.
Garzón ha denunciado que “al igual que en 1977 se intentó silenciar mediante el asesinato, hoy otros, vinculados ideológicamente a aquellos, intentan silenciar por otros medios: las multas y la represión”, planteando que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Antiprotesta” surge para frenar las luchas por lo más básico – el trabajo, la luz, el agua, la vivienda, la comida y defendiendo la necesidad de continuar con la protesta social.

A pocos días del 35 Aniversario de la Constitución, Garzón ha llamado a lanzar un proceso constituyente “desde abajo”, ante el agotamiento del modelo surgido de las Transición, planteando que “la Constitución es la gran coartada para ser reformada por el PSOE y del PP a favor de las grandes fortunas y los grandes bancos” y que “es incapaz de dar respuesta a las necesidades fundamentales de la ciudadanía”.

martes, 3 de diciembre de 2013

Sindicatos, empresarios, consumidores, vecinos y otros colectivos ciudadanos se unen en una plataforma para defender una tasa a las grandes superficies

Todos defienden un comercio de proximidad, sostenible y creador de empleo
Representantes de asociaciones de vecinos, sindicales, de consumidores, empresarios y otros colectivos sociales se han reunido esta mañana en la sede provincial de Izquierda Unida para crear la plataforma en Málaga a favor de un impuesto sobre grandes superficies que promueve la organización política en Andalucía.
Con esta tasa se pretende favorecer y promover el pequeño comercio de cercanías, tradicional, sostenible “que ha cambiado en los últimos años con la implantación de grandes superficies, que creemos que ha condicionado los modos de vida de forma negativa de la ciudadanía”, ha explicado el portavoz del grupo municipal de IU en la capital, Eduardo Zorrilla.
En la provincia de Málaga hay 96.646 trabajadores del comercio, de los que 67.354 lo son por cuenta ajena y 29.292 son autónomos, frente a los 12.000 empleos que generan las grandes superficies, según ha puesto de manifiesto la diputada andaluza de Izquierda Unida, Dolores Quintana, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.
“Hoy en Málaga damos un salto cualitativo. El pequeño comercio y las Pymes representan el 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz. Entendemos que es necesaria la implantación de esta tasa, por un principio básico, no hay igualdad entre los pequeños formatos comerciales y las grandes multinacionales del sector con presencia en la provincia de Málaga. Los pequeños comercios no pueden competir y tienen dificultades con la financiación, tienen mayores problemas debido a los modos de compra, a los modos de consumo distintos que tienen que ver con la liberalización de horarios que están haciendo daño”.
IU apuesta por que la administración ponga herramientas al servicio de la protección de este servicio que mantiene empleos de calidad. “Se ha roto un modelo que se venía aplicando en Málaga a nivel de horarios. La liberalización de horarios rompe con este modelo. Lo hacemos desde la defensa a un sector, el pequeño comercio, que resiste los envites de la crisis”.  La diputada malagueña de IU ha señalado que la Consejería de Comercio ha aumentado la partida en un 11 por ciento, entendiendo que es un sector a atender “y en breve se dará a conocer el plan de reactivación del comercio andaluz, redactado con la escucha y participación de los diferentes agentes sociales. Partiendo de la premisa de que no pueden competir en igualdad el pequeño comercio con las grandes superficies, es justo y necesario poner esta tasa, que no va contra nadie, que va a favorecer la protección del empleo actual y el comercio de proximidad, que entendemos desde un comercio cada vez más sostenible y cada vez más responsable”.
Por su parte, Enrique Gil, presidente de la Federación del Comercio de Málaga (Fecoma)  y que ha hablado en nombre del resto de los presentes, ha hecho hincapié en  que los autónomos de la provincia son empresarios, pero también trabajadores y vecinos que consumen en sus barrios, con lo que su aportación económica a la vida de las ciudades y pueblos se multiplica, frente a las grandes superficies cuyas plusvalías salen fuera del país. Gil rechazó que la tasa provoque la pérdida de empleo y añadió que son los pequeños comercios los que generan empleo estable, que en Málaga es el 85 por ciento.
Igualmente, ha aportado datos como que la tasa ya se aplica en seis comunidades autónomas, entre ellas País Vasco y Cataluña y que los tribunales han dado la razón a quienes han implantado la tasa. “Defendemos la actividad en el entorno, en los barrios y no sólo en esos espacios donde operan las grandes multinacionales cuyas plusvalías no se quedan en el territorio”.
La plataforma pondrá  en marcha en la provincia una campaña informativa y de recogida de firmas a favor de que el Gobierno Andaluz aplique este impuesto sobre grandes superficies, ha explicado Quintana,
Además, del mencionado presidente de Fecoma, al encuentro han asistido la secretaria provincial de la Federación de Comercio de CC.OO., Dolores Villalba, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, Francisco Núñez; el responsable de la Federación Unidad, Juan Campoy, así como representantes de ATTAC, Elías Alarcón, y Ecologistas en Acción, Carmen San Segundo. Han excusado su ausencia los responsables de UGT y Facua, si bien ambos tienen el mismo compromiso con la plataforma andaluza y han confirmado su apoyo a la malagueña.

Así, en el encuentro se han hecho muchas incorporaciones de propuestas y se ha puesto de manifiesto la importancia de defender un comercio cercano y sostenible.

Izquierda Unida de Málaga reivindica el uso social del edificio de La Tabacalera y pide recuperar del actual abandono el Acueducto de San Telmo

Izquierda Unida de Málaga ha vuelto a reclamar el uso social y ciudadano de las instalaciones de la antigua Tabacalera, incluyendo en las mismas el segundo centro social de Carretera de Cádiz y el Museo del Patrimonio Industrial de la ciudad. Ambas propuestas están avaladas, además, por los propios vecinos/as y colectivos culturales, ha explicado el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, durante la rueda de prensa que se celebró el pasado lunes, en la que también han participado representantes de la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga.
El edificio de Tabacalera reúne las condiciones para albergar un museo de esas características, puesto que allí se ubicó la antigua fábrica en la zona industrial del siglo XIX de la ciudad de Málaga, “que tiene una historia y un patrimonio disperso en varios sitios pendiente de encontrar ubicación’’.  Este uso museístico, además, sería de bajo coste,  al contrario que la política “de franquicias” y los “megaproyectos superdeficitarios”, como el fallido museo de las gemas, para el cual se destinaron aproximadamente 20 millones de euros, y serviría para la difusión cultural de la industria malagueña a la ciudadanía, que podría ser provechoso tanto por estudiantes como a modo de reclamo turístico.
Ambas propuestas responden a la política que IULV-CA defiende para la gestión de los recursos públicos y es que deben tener como beneficiarios a la gran mayoría de los ciudadanos y no a una minoría. Eduardo Zorrilla ha recordado que los presupuestos municipales del próximo año incluyen una partida de 1,7 millones de euros para rehabilitar parte del edificio de Tabacalera  y que cuando ha sido interrogado al gobierno de Paco de la Torre sobre el proyecto se ha dado la callada por respuesta. Sin embargo, al día siguiente la respuesta estaba en los medios de comunicación y es que se podría ceder las instalaciones a un centro universitario privado. Estos usos y otros similares que promueve el Partido Popular en edificios y equipamientos públicos de la ciudad son a juicio de Zorrilla “una distribución de riqueza a la inversa, que nos hace a la mayoría más pobres y beneficia únicamente a una minoría’’.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga, José Antonio Ruiz, ha explicado que las instalaciones de la antigua Tabacalera es el lugar idóneo para instalar el museo que la entidad ciudadana lleva defendiendo desde hace 16 años y que dicha propuesta viene avalada por los ciudadanos y profesores universitarios.
Ruiz recuerda que la asociación dispone de un importante material del desarrollo industrial y tecnológico de Málaga que se almacena en distintos espacios públicos e incluso en las casas de sus miembros y que pueden servir no sólo como un reclamo cultural y turístico, sino que tiene un carácter docente y educativo. Entre este material hay piezas únicas de los dos últimos siglos, entre ellos de las producciones textiles y azucareras o aceiteras de Málaga. “Queremos darle vida a estas piezas únicas que han supuesto el desarrollo no sólo industrial, sino tecnológico de Málaga y aquí (por Tabacalera) se le puede dar”.
El Acueducto de San Telmo debe recuperarse y convertirse en reclamo turístico
Son 11 kilómetros de complicada ingeniería hidráulica con 240 años de historia a las espaldas que se adentran desde los Montes en la ciudad. El Acueducto de San Telmo no debería pasar inadvertido: ni por sus dimensiones, ni por su valor arquitectónico ni por su importancia histórica, ya que fue la obra que permitió la llegada de agua potable a Málaga. Y sin embargo es un monumento que sigue siendo invisible para la gran mayoría de los ciudadanos. Contra el abandono que sufre este bien de interés cultural se ha pronunciado el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Eduardo Zorrilla, que participó el pasado sábado en un paseo por el acueducto junto a militantes y simpatizantes. La formación de izquierdas exige medidas para proteger este monumento de agresiones como las que ha sufrido recientemente; rehabilitar sus partes dañadas y habilitarlo como reclamo turístico, para que malagueños y turistas puedan disfrutar de él.
Lo que propone IULV-CA, en consonancia con los planteamientos de la Asociación de Amigos del Acueducto de San Telmo, es habilitar una senda peatonal por el acueducto de forma que se pueda pasear de forma cómoda y segura por él. Para ello, la primera medida tendría que ser liberar su trazado, ya que actualmente varias fincas por donde discurre la canalización tienen cortado el paso. Además, habría que arreglar las partes más dañadas de un monumento en el que no se han hecho actuaciones significativas desde 2009, según sus defensores. Pero no menos importante sería la labor de difusión y promoción necesaria para que San Telmo se convierta en un reclamo turístico más de la ciudad.

Zorrilla recordaba que en septiembre se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento una moción, presentada por IULV-CA, para desarrollar un plan director de conservación y resguardo de la obra. Por eso ha exigido al Consistorio que se ponga manos a la obra para proteger y poner en valor, antes de que sea demasiado tarde, la que fue considerada la segunda mayor obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII en España, por detrás del Canal de Isabel II de Madrid.