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sábado, 14 de diciembre de 2013

Elena Cortés, Concejera de Fomento y Vivienda de la Junta: “No nos vamos a rendir, no nos van a doblegar” defendiendo el derecho humano a la vivienda en Andalucía

Izquierda Unida de Andalucía lanza una campaña de defensa de la Ley de la Vivienda ante el recurso del Gobierno del PP
Nuestra compañera Elena Cortés, dirigente del Consejo Andaluz de IU y consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sido tajante ante el anuncio realizado por el gobierno del PP: “no nos vamos a rendir, no nos van a doblegar. La lucha comenzó en la calle y seguirá en la calle. El gobierno andaluz ha defendido el derecho a la vivienda y lo seguirá defendiendo”. En este sentido, IU impulsará la defensa de la ley y del derecho a la vivienda desde la Junta y en la calle, junto con las organizaciones sociales implicadas en la lucha contra los desahucios.
Cortés ha denunciado con contundencia la negativa del gobierno central a constituir la Comisión Bilateral, acusándolo de “huir del debate”. “Estamos ante un gobierno cobarde, nadie ha dado la cara”, recalcó, achacando esta decisión al objetivo de la acción de gobierno del PP que “es el empobrecimiento de la mayoría social y debilitar su poder”. En este sentido destacó que el recurso “ataca” a la clase trabajadora y a las clases populares, y de especialmente manera a las mujeres, recordando que estas “han estado a la cabeza en la lucha por la vivienda”.
IU considera que el recurso responde a la incapacidad del PP para soportar “una ley que demuestra que hay alternativa, ni que la mayoría social se empodere” y que provoca que “los y las andaluzas sean hoy más débiles por un recurso que se hace a mayor gloria de banqueros y especuladores”. Cortés señala que este persigue tres objetivos: “defender a la élite financiera, poner alfombra roja a los especuladores y evitar que se abarate el alquiler”, ya que además de paralizar los desahucios, la ley pretendía movilizar las 700 mil viviendas vacías existentes en Andalucía, según calcula la Consejería.
Cortés defiende la plena constitucionalidad de la ley, recordando que gracias a ella se ha abierto un proceso de expropiación al día: “150 días en vigor, 150 expedientes”. En este sentido considera que esta tiene su anclaje constitucional en el artículo 33 que reconoce el derecho a la propiedad privada pero obliga a que esta esté delimitada por su función social.

Por último Cortés anunció que la Junta se dirigirá a los juzgados para que no proceda al desahucio de las 35 familias cuyos expedientes están en trámite.

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