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viernes, 13 de diciembre de 2013

José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA insta a Junta a que llame a los centros educativos andaluces a la insumisión ante la LOMCE

Castro reclama “desde la insumisión” frente a la LOMCE, la gestión y el control democráticos, que “traerán consigo la autonomía para los centros educativos y el carácter laico para la educación”
El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha pedido a la Junta durante la sesión de control del Parlamento andaluz celebrado ayer jueves, 12 de diciembre, que llame a la “desobediencia en cada uno de los centros educativos de Andalucía para construir una reforma de consenso”.
El portavoz denuncia que las reválidas introducidas en la Ley “pretenden justificarse como pruebas que garanticen la calidad educativa, cuando lo que realmente están haciendo es expulsando y desahuciando a los y las estudiantes de las aulas” haciendo referencia también a “los recortes en las becas y el aumento generalizado de las tasas en la etapa universitaria”.
Castro ha destacado que tal y como “coinciden todos los colectivos sociales que se han opuesto a la reforma” la LOMCE supone “el desmantelamiento de lo público a través de  la poca inversión, concediendo a la educación pública como subsidiaria de la privada” señalando que esta lógica “es la concepción neoliberal que se viene imponiendo a lo largo de estas últimas décadas”.
A su juicio este tratamiento de favor a la educación concertada supone un proceso de negociación de esta ley en el que se “ha tenido más en cuenta a las asociaciones de colegios concertados y a las asociaciones de padres católicos, que al resto de la comunidad educativa”.
Por ello ha afirmado que IU se mantiene coherente y que frente a las reformas que van contra la educación “insumisión” y ha pedido a la Junta que se muestre insumisa “por dignidad de clase y en defensa de lo público”. Por su parte, Junta ha anunciado a continuación que recurrirá la Ley al Tribunal Constitucional.

Así ha calificado de “derecha radical” a quienes “han decidido aprobar una ley segregadora, antidemocrática y sin consenso con la comunidad educativa, ni con la sociedad civil, que pretende privatizar y mercantilizar la educación pública”.

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