FIN DE LA
ULTRAACTIVIDAD
Dice el profesor Umberto Romagnoli que el siglo XX fue el
siglo del Derecho del Trabajo, aunque siempre en una relación conflictiva
con la economía. Y si algo le
caracteriza es que es ley y pacto, así como su carácter tuitivo, es decir,
protector del sujeto más débil de la relación laboral: el trabajador. Pero el
neoliberalismo mantiene el planteamiento de la “tabula rasa”, en el sentido de
que para ayudar supuestamente a los parados hay que desproteger a los
empleados. Es una coartada teórica, porque en la práctica busca un aumento
brutal de la tasa de explotación de todos los trabajadores. Lo que podríamos
llamar modelo neoesclavista de relaciones laborales impuesto por el PP y la CEOE , que debilita, a la vez,
la ley y la negociación colectiva y nos adentra en la selva.
En esta dirección se sitúa la reforma laboral del PP -Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero y ley 3/2012, de 6 de julio-, contra la que se realizó la huelga general
del 29 de marzo de 2012. Además de facilitar y abaratar el despido, lo que ha
producido una destrucción masiva de empleo, contenía una carga en profundidad
contra la negociación colectiva. Se pretendía una gran devaluación de los
salarios, liquidando la fuerza vinculante de los convenios y desplazando el
centro de gravedad a los convenios de empresa, lo que reduce la protección a
los trabajadores de las Pymes. Pero lo más grave era acabar con la
ultraactividad de los convenios o la vigencia de su aplicación hasta no ser
sustituido por otro. El nuevo artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores
dice: “Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se
haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá,
salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo
de ámbito superior que fuera de aplicación”.
El Gobierno de Rajoy ha regalado a la patronal su
maximalista reivindicación de acabar con la ultraactividad, si el empresario
aguanta un año sin negociar. Es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado
histórico y los derechos conseguidos por los trabajadores en décadas de
negociación colectiva. No hay que olvidar que un convenio colectivo es el
acuerdo entre representantes de los trabajadores y de las empresas para regular
las condiciones colectivas de trabajo, que refleja una relación de fuerzas
conseguidas a lo largo de muchos años y que es un precipitado de derechos
conseguido con mucha inversión de esfuerzos, luchas, negociaciones y
equilibrios. Pero en la situación actual cuando un convenio decae, para cubrir
el vacío normativo se está a lo dispuesto en el convenio de ámbito superior y,
en última instancia, en el Estatuto de los Trabajadores, que solo aplicaría los
mínimos de derecho necesario, el Salario Mínimo Interprofesional, y el máximo
legal de jornada, etc. Aunque habrá empresarios sensatos que seguirán
cumpliendo el convenio ¿no es un sueño para los empresarios desaprensivos, que
no son pocos, poner el marcador a cero como dice alguno de sus dirigentes?
Un año después de la reforma laboral cada vez se firman
menos convenios, se producen descuelgues patronales para no pagar las tarifas
salariales y los nuevos convenios son, en muchas ocasiones de pura
supervivencia para los trabajadores. Y hay una situación más delicada aún: la
patronal se ha dedicado a bloquear la negociación de cientos de convenios a la
espera de que venza el plazo que fija la reforma laboral para que decaigan y así los
trabajadores pierdan sus derechos. Se han visto con una estrategia ganadora,
con una ley que maniata a los trabajadores, y aprovechan la reforma laboral y
la crisis para un ataque sin precedentes a los derechos laborales.
Los datos del problema son contundentes: antes de la crisis
se registraron 6.000 al año, que cubrían a unos diez millones de trabajadores.
En 2012 los convenios se han reducido a casi la mitad y los trabajadores
afectados, a unos siete millones. Hasta mayo de 2013 apenas se han firmado 547
convenios para 1.800.000 trabajadores. También se han producido un millar largo
de descuelgues de empresas que no aplican el convenio por supuestas
dificultades económicas. Ahora mismo, según los sindicatos, quedan 1.400
convenios que afectan a casi dos millones de trabajadores que están a punto de
caducar y perder la ultraactividad. Y aquí está el problema. El convenio dejará
de ser efectivo si no se negocia uno nuevo.
Estamos ante la crónica de un atraco anunciado a los
convenios. A partir de mañana, 8 de julio de 2013, afectará a dos millones de
trabajadores. Veamos la cronología:
a) Reforma laboral de 2012 y plazo de un año que se fija en
el trámite parlamentario.
b) La patronal ha bloqueado los convenios: es fácil aguantar
sin negociar ni renovar el convenio sabiendo que al final hay premio, en un
contexto de desmovilización y miedo de los trabajadores con un ejército de
reserva de más de 6 millones de parados.
c) El parche del acuerdo sindicatos-patronal del 23 de
mayo para ampliar el plazo: las partes podrían acordar ampliar el periodo de
negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo o un nuevo periodo
máximo de ultraactividad más allá del 8
de julio. En el caso de que no se alcanzase un acuerdo antes de esa fecha se
someterían a una mediación obligatoria o a un arbitraje para un laudo de
obligado cumplimiento. Esta vía conduce a que en cada arbitraje se vaya
perdiendo la mitad de la mitad de los derechos que van quedando.
¿Qué hacer ahora? Los sindicatos han pedido al Gobierno que
se replantee el límite de un año dado a la prórroga automática de los convenios
colectivos. No parece que Rajoy, que deja pudrir todo, vaya a hacer mucho caso.
El juego de las prórrogas sólo sirve para retrasar los efectos de la expiración
de los convenios, y es equivalente a un cigarro antes del fusilamiento. Hay
importantes juristas que defienden que las condiciones que tenían los
trabajadores en su convenio colectivo vencido deberían considerarse
incorporadas a sus respectivos contratos de trabajo como condiciones
contractuales individuales (no así los de nueva contratación), pero no se puede
fiar todo a la acción jurídica que puedan emprender los sindicatos disparándose
los litigios judiciales.
Quizá haya que empezar por hacer un poco de autocrítica
sindical, por no haber dado continuidad a la movilización. Replantearse el
diálogo social tal y como ha venido funcionando y que tan bien refleja la
viñeta de El Roto, donde los trabajadores llevan siempre las de perder al ser
muy desequilibrado y aplicarse erróneas estrategias sindicales para aminorar el
coste de las agresiones. Repensar las relaciones con aquellos que rompen todas
las reglas de juego para expoliar los derechos de generaciones de trabajadores.
Iniciar una estrategia de movilización, como ya han empezado a hacer algunos
sectores, y de luchas coordinadas para defender los convenios y los derechos
laborales. Y aplicar una política de alianzas con otros movimientos sociales y
de la izquierda para acumular fuerzas y
terminar con un Gobierno que está acabando con todo y no puede tener impunidad.
Si los derechos laborales se saquean con leyes, habrá que cambiar los gobiernos
y las leyes para recuperarlos.
Agustín Moreno,
es un destacado sindicalista del Sector Crítico de CCOO, activista de las
Mareas ciudadanas en defensa de la
Ecuación y militante de Izquierda unida y del PCE
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