Alberto Garzón (Logroño, 1985) es militante comunista, coordinador general de Izquierda Unida y ministro de Consumo. Esta semana, ha logrado que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto que limita la publicidad del juego. Una medida que puede suponer que desde agosto de 2021 los medios de comunicación dejen de ingresar unos 150 millones de euros al año y que la mayoría de los clubes de fútbol pierdan sus actuales patrocinadores. Garzón ha ganado el pulso a los clubes de fútbol, a los medios y a las empresas de apuestas y juego. La norma es similar a la que en su momento se estableció para el tabaco y el alcohol, y el ministro la justifica por los datos que muestran un aumento preocupante de estas actividades entre los más jóvenes. Garzón, además, habla sobre los Presupuestos, de los que se siente satisfecho, y de la monarquía, de la que concluye que "es evidente que Juan Carlos de Borbón ha sido un corrupto" y lamenta la falta de controles y la impunidad de la Corona.
PREGUNTA. Se dijo que su Ministerio carecía de contenido, después de nueve meses, ¿cómo se justifica?
RESPUESTA. Bueno, desde luego, a todos nos ha tocado gestionar la pandemia y eso ha trastocado los planes originales. Pero estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, porque hemos ido cumpliendo aspectos muy importantes de nuestro programa, como la normativa de juego que hemos aprobado para la restricción de la publicidad, que era una demanda social muy justificada que por fin esta semana se ha podido cumplir, después de nueve años sin hacerse. Ese es solo el primer paso, tenemos avanzados otros proyectos en ámbitos como el consumo saludable y responsable y otras cuestiones sobre el juego, entre otras líneas de trabajo. Es un Ministerio modesto en cuanto a dotación presupuestaria, pero con una enorme incidencia social, como con el juego.
P. ¿Por qué hay que limitar el juego?
R. El juego es una actividad legal y un ecosistema muy heterogéneo en el que caben desde las apuestas hasta la lotería de Navidad. Hay diferentes modalidades y lo que está claro es que en los últimos años hay una alarma social justificada, porque la expansión de las apuestas entre sectores vulnerables como los jóvenes, los menores o personas que puedan tener algún tipo de trastorno del juego, llegando a los extremos de la ludopatía, se han disparado. Se ha disparado el conjunto de apuestas, se ha disparado la inversión en publicidad y en este momento nuestra vida cotidiana está inundada, porque, por ejemplo, cuando uno ve un partido de fútbol ve básicamente más tiempo las apuestas que el propio deporte, y eso genera problemas a nivel social que son percibidos por la totalidad de la población.
R. Sí. El dato más reciente es que en 2019 el 40% de los nuevos jugadores eran jóvenes de entre 18 y 25 años, es decir, el sector está creciendo sobre la base de este grupo más vulnerable. Ese porcentaje era menos del 30% hace solo tres años. El crecimiento se produce en ese sector y lo vemos como una estrategia de los operadores de juego y como consecuencia de un modelo de ocio que se está promoviendo por parte de la sociedad. Hay ciudades con barrios, especialmente los más humildes, donde han proliferado tanto los salones de juego, tanto, que hay muchos más locales de este tipo que espacios verdes o deportivos o de ocio alternativo. La sociedad está mandando el erróneo mensaje de que el tipo de ocio preferente es que una pandilla de jóvenes se reúna en un bar con consumo de alcohol más barato apostando, invirtiendo un dinero que la mayoría de las veces se pierde, pero que incita a un consumo compulsivo que provoca problemas económicos y sociales muy profundos.
P. Si la situación es tan dura, ¿por qué se demora la entrada en vigor hasta agosto?
R. Entró en vigor con la publicación en el BOE y desde ese momento está prohibida la suscripción de nuevos contratos. Ningún medio de comunicación o equipo de fútbol puede hacer nuevos contratos con una casa de apuestas. Lo que sucede es que, por garantía de seguridad jurídica, los contratos que estaban en vigor en el momento de la entrada en funcionamiento tienen un tiempo de expiración, una transitoria que hemos concedido hasta final de temporada. Para hacernos una idea comparativa, en el caso de la publicidad del tabaco, fueron tres años. En este caso, es menos de un año.
P. Afecta a los medios de comunicación en plena crisis por la pandemia y en los propios medios. Son unos 150 millones de euros anuales en publicidad. ¿No es dar la puntilla a medios de comunicación necesarios en democracia?
R. Pienso que no, por cómo hemos diseñado la norma. En el ecosistema del que hablamos, hay tres operadores fundamentales: las empresas de juego, los medios de comunicación y los clubes de fútbol. Todos son muy poderosos y tienen una gestión de altos presupuestos y se ven afectados por esta norma, de ahí la complejidad para aprobarla. Hemos fundamentado la norma en la defensa de la salud pública por encima de cualquier otro criterio. Pero los medios de comunicación y los equipos de fútbol tendrían una merma si esta norma se aplicara de forma inmediata: al tener un tiempo de adaptación hasta final de temporada, tienen tiempo de buscar otros patrocinadores y no creo que tengan ningún problema en encontrar financiación alternativa a un sector tan problemático.
P. Respecto al fútbol, casi todos los equipos tienen patrocinios de casas de apuestas y juego.
R. Tanto entre los medios de comunicación como en el fútbol, había pocas excepciones a este proceder. En los medios, EFE, entre otras, y en el fútbol, la Real Sociedad. En el resto, la mayoría dependía en mayor o menor medida de este tipo de financiación. Algunos clubes de fútbol, cuando avisamos durante el verano de que iba a aprobarse, fueron muy responsable porque cambiaron ya sus patrocinios, de uno que va a estar prohibido a uno legal. Otros equipos han sido bastante más 'peleones' e incluso cerraron acuerdos por dos o tres años con empresas y operadores de juego, pese a que sabían que iba a ser ilegal, y esto es una irresponsabilidad porque te enfrentas a una norma con un consenso social amplio y, segundo, das una visión del deporte que no comparto, porque hay que tener una visión social por encima del negocio. Un equipo de fútbol tiene que ser rentable, evidentemente, pero tiene que trasladar principios y valores que no son los de apostar compulsivamente.
R. La Ley del Juego se aprueba en 2011 y establece que se debe aprobar una reglamentación sobre la publicidad. Han pasado nueve años y es ahora cuando se elabora, por tanto, es fácil deducir que el hecho de que no haya llegado a puerto nunca en estos nueve años, con dos experiencias previas con borradores de gobiernos anteriores que estaban finalizados, es expresión clara de que hay enormes dificultades para aprobarla. Lo hemos conseguido con la versión más estricta, la más radical, la que va más a la raíz del problema. Y que nos pone a la vanguardia de la UE. Hay muchos intereses con mucho poder que no estaban de acuerdo con esto, pero hay una conciencia social abrumadora en la sociedad civil y en los grupos parlamentarios. Es muy difícil para un grupo parlamentario como el PP mantener una posición crítica con lo que hemos hecho. Y eso que algunos de ellos pertenecen a ese mundo, por ejemplo, Rafael Catalá, exministro de Justicia y ahora alto directivo de una empresa operadora de juego. Les costará mucho mantener la crítica en público. "Es evidente que hay costes también de otro tipo cuando hacemos una norma como esta, que pretende preservar la salud pública"
P. Entiendo que ha habido reuniones y negociaciones con los empresarios del juego y que no ha habido acuerdo.
R. Efectivamente. En cualquier caso, ya en febrero les dije a los operadores del juego que íbamos a una versión muy estricta, que solo podrían hacer publicidad en radio y televisión de una a cinco de la mañana. Lógicamente, no estaban de acuerdo, y luego hemos hecho un avance gradual, más por consideraciones técnicas que políticas. Siempre supieron que íbamos hacia un modelo que estaba en el acuerdo de coalición.
P. Otra objeción es que en momentos de grave crisis y de pandemia se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.
R. Es evidente que hay costes también de otro tipo cuando hacemos una norma como esta, que pretende preservar la salud pública. En todo caso, el sector del juego no debería verse afectado por esta circunstancia, porque lo que se afecta es la publicidad, el negocio puede seguir manteniéndose porque tiene otras vías de ingresos con su actividad. Hay que ser muy honestos y es un paso de gigante, porque estábamos en la ley de la selva: podías publicar cualquier tipo de mensaje incitando al consumo compulsivo a cualquier hora y en cualquier soporte publicitario. Ahora eso se ha acabado, pero no podemos caer en el error de creer que porque no exista la publicidad, porque no la veamos, el problema se ha resuelto. Es un problema complejo que necesita abordajes integrales, que van mucho más allá de la publicidad.
P. ¿Ha habido problemas con otros ministerios?
R. No, en este caso no, porque desde el primer momento estaba claro cuál es el objetivo y estaba asumido por el Gobierno de manera íntegra. He contado con el apoyo de Pedro Sánchez y él tenía claro que había que hacerlo.
P. No entra Lotería Nacional, que sí puede hacer publicidad.
R. La norma incluye a la ONCE y Loterías, lo que ocurre es que, aunque se les restrinja mucho más la publicidad, el tratamiento que hemos dado a la norma es el tratamiento más preciso. Se diferencia entre 'juego reservado', que son ONCE y Loterías y el resto, por la naturaleza de su actividad. Para entendernos, no es lo mismo el juego diferido —compras un billete de lotería en septiembre y ves el resultado en diciembre—, que lo hace más del 80% de la población española, que una apuesta de carácter inmediato, porque el juego instantáneo es el más peligroso y el que más provoca las posibles patologías de ese consumo compulsivo. Se apuesta quién va a meter el próximo gol y como no ganas, sigues metiendo dinero en otras apuestas. La Ley del Juego ya hacía esa diferenciación y nosotros la desarrollamos. "Ver la alternativa que hay al Gobierno de coalición nos cohesiona"
P. Pero es una contradicción que el Estado límite el juego y, mientras, recaude y fomente otro juego como la lotería.
R. Ese problema ha existido siempre, desde el momento en que una de las instituciones del juego de azar es pública, como es el caso de Loterías desde su fundación. Ese dilema siempre ha existido y es un debate muy razonable. Lo que es cierto es que el 80% de la población juega a lotería en Navidad, está asumido como el inicio de la Navidad, como un elemento cultural instalado, y la evidencia científica muestra que los problemas no vienen de ahí. Una persona con problemas de juego termina jugando a todo, pero normalmente la forma de entrar no es ese juego diferido en el tiempo.
P. Sobre el juego presencial, hay barrios trabajadores colonizados por casas de apuestas, ¿cómo se evita que haya tal proliferación y que entren menores?
R. Esto es una normativa de competencia autonómica y nosotros lo que estamos empezando a elaborar es una estrategia para coordinar las políticas públicas en las comunidades autónomas, a partir de los principios que recoge esta norma aprobada. Hay una asimetría muy clara, por ejemplo, la norma en Valencia es muy distinta a la de Madrid. Tiene que ver con la coordinación. Hemos armonizado con las comunidades autónomas el llamado Registro de Autoprohibidos, que es una lista en la que cada uno se puede incorporar para que te prohíban jugar y es competencia de las comunidades autónomas, de manera que si estás en el sur de Madrid, puedes ir a Toledo a jugar.
P. ¿Por qué ocho meses después no se ha reducido el IVA de las mascarillas?
R. Siempre hemos estado preocupados por el precio de las mascarillas que, desgraciadamente, se han convertido en un bien de primera necesidad, y por eso fijamos los precios máximos y por eso hemos promovido la producción nacional. El problema cuando llegó la pandemia es que en España no se producía prácticamente nada y poner en marcha una producción nacional lleva tiempo. Hay 30 empresas españolas que producen, aunque de manera muy asimétrica. Hay algunas que producen dos millones y medio a la semana y otras 30.000, y los precios de coste son muy diferentes. A eso hay que sumarle el IVA, que estamos en conversaciones con Hacienda y con la Comisión Europea para ver si es posible hacerlo, porque la normativa europea impide hacerlo y vemos que otros países se están saltando la normativa europea. Estamos dando fondos a las comunidades autónomas, ya hubo uno de 16.000 millones para productos sanitarios —entre ellos, las mascarillas— para colectivos vulnerables, porque es una carga presupuestaria adicional.
P. ¿Ha tenido que tragarse muchos sapos en el Gobierno?
R. La verdad es que no tengo la impresión de que estemos haciendo nada a contracorriente. Tengo la sensación de que hay un gran consenso en el Gobierno y en la sociedad sobre la coalición, a pesar de lo que vimos en 2019. La situación nos cohesiona y ver que la hipotética alternativa es un Gobierno de la derecha con la extrema derecha, y nos cohesiona que en una adversidad como la pandemia debe preservarse la salud pública por encima de todo y hay que desplegar un escudo social y preservar el tejido productivo. Estas líneas de trabajo han permitido que las diferencias estructurales lógicas de un Gobierno de coalición no sean determinantes. "El resultado de los Presupuestos está muy por encima de las expectativas que teníamos"
P. ¿Qué le hubiera gustado incluir en los Presupuestos?
R. Al final, el resultado es muy razonable, por encima de las expectativas, quizá, más conservadoras que algunos teníamos. Somos el actor pequeño de un Gobierno de coalición y con esta correlación de fuerzas una visión más progresista como la que nosotros proponemos en fiscalidad hubiera sido difícil de lograr y, sin embargo, al final, hemos conseguido un acuerdo con una subida a las grandes fortunas, una modificación de la fiscalidad en sentido de progresividad. Estoy muy contento, porque creo que junto con los fondos europeos nos da una oportunidad de compensar parte de las pérdidas de la pandemia y una línea de reindustrialización que nos dé un modelo productivo acorde con las democracias avanzadas.
P. ¿Hubiera sido conveniente un gesto del Gobierno, como congelar sus salarios?
R.- Bueno, creo que es muy importante la ejemplaridad en política, especialmente en los momentos actuales, por eso, en casos como los que tienen que ver con decisiones individuales como viajes, nosotros hemos reducido al máximo para dar ejemplo. En el caso de los salarios, en el Congreso y el Senado se ha actuado bien y no se va a subir como a los funcionarios, y eso es una buena señal: la clase política manda un mensaje de empatía. Y el Gobierno está siendo austero.
R. La monarquía es la institución más protegida de la Constitución, y en una democracia precisamente tiene que estar sujeta a crítica toda institución, especialmente las que están más protegidas que ninguna. El delito de injurias a la Corona desgraciadamente sigue activo y es algo que es verdaderamente contrario a los principios democráticos. ¿Es Juan Carlos de Borbón una mala persona? No lo creo, pero sí parece evidente por los indicios que ya son categoría de pruebas que ha sido un corrupto, y él mismo se ha marchado del país casi dando la razón a las sospechas que había. Como país, ¿cómo podemos evitar que esto pase? Pues evidentemente ha pasado porque no ha habido controles, hay una jefatura de Estado que por su propio diseño no tiene que rendir cuentas y eso les ha permitido tener una impunidad que estamos viendo en diferentes dimensiones y cada mes tenemos algo nuevo. Por eso, es oportuno señalar dónde está el foco de los problemas, y no tiene que ver con la personalidad de nadie, si me llevo bien o mal con sus representantes coyunturales, sino que es un problema de instituciones. Por eso soy republicano, porque creo que es mucho más democrático en cuanto a principios y mucho más útil. La ventaja de la democracia es que cuando alguien no te gusta le puedes echar, el problema de las monarquías es que cuando alguien está ahí no tiene que rendir cuentas, vive en la impunidad y cuando lo hace mal, no hay consecuencias.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-09/juan-carlos-bordon-corrupto-viven-impunidad_2823427/
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