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viernes, 5 de abril de 2019

Enrique Santiago: “La garantía de la unidad territorial es un modelo republicano”. Entrevista al Secretario general del PCE y candidato de IU por Unidas Podemos por Madrid

Sato Díaz/cuartopoder.es
El Secretario general del PCE, Enrique Santiago (Madrid, 1964), será el candidato de Unidas Podemos de IU por la circunscripción de Madrid. La lista madrileña al Congreso la abrirá Pablo Iglesias, seguido de Irene Montero y del propio Santiago como número 3. Inmerso ya en la campaña electoral, Santiago no abandona su activismo y responsabilidades con el pueblo colombiano. Esta semana visitaba la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar los más de 350 asesinatos a líderes sociales y comunitarios colombianos de los últimos años. Conversación con este abogado que, por primera vez, entrará como diputado al Congreso la próxima legislatura.
Casas de apuestas, la heroína del S.XXI.
— Es el equivalente a lo que fue la heroína a finales del siglo XX. Hay unos datos de ludopatía en gente joven, entre 18 y 25 años, que nos dicen que se han convertido en una especie de sueño de la posibilidad de salir de la pobreza, cuando lo que hacen, en verdad, es generar todo tipo de rupturas sociales, familiares y personales.
Lamentablemente, una de las cuestiones que no se concretó en el pacto de los PGE fue el endurecimiento del régimen de publicidad, para que quedara en las mismas condiciones que la publicidad del tabaco, es decir, solo dentro de las propias casas de apuestas. Esto estaba recogido en el pacto entre el Gobierno y Unidos Podemos y no se llegó a llevar a cabo. Yo creo que no se aprobó por la presión del lobby.
Es preocupante también que tienen una tributación bajísima. La reforma de Montoro consiguió que solo tributen un 15% o un 10% si ponen la sede en Ceuta y Melilla. Codere ya ha trasladado su sede social a Ceuta. Es la máxima perversión del capitalismo: el enriquecimiento a costa de destrozar las vidas de las personas más vulnerables, los jóvenes, gente sin empleo. Es un auténtico cáncer con el que hay que acabar.
Afloran, además, en los barrios populares.
— Sí, en los barrios populares. Gente que apuesta dinero que no tiene. El otro día, el As publicaba una especie de fichas en las que presentaban a las apuestas como una opción laboral, como una especie de formación para en el futuro vivir de las apuestas. Esta falacia demuestra que están destinadas a clases populares con unas expectativas de vida poco claras y una baja formación técnica o profesional. En la calle Bravo Murillo de Madrid, en el tramo del barrio de Tetuán, hay más de 20. Lamentable.
Esto nos lleva a cuestionar la conciencia de clase. ¿Por qué las clases populares hoy caen en este tipo de negocios y adicciones, en la individualidad frente a la organización colectiva? ¿Qué análisis hacen desde el PCE?
— Es un problema de trabajo cultural y formación política. El capitalismo es capaz de generar una hegemonía cultural que descansa en el triunfo individual sobre cualquier proyecto colectivo. Es el concepto del loser norteamericano, personas que surgen de las clases populares están condenadas a ser perdedoras salvo unos pocos que pueden triunfar y coger el elevador social. Muy pocas pueden triunfar. Nos preocupa mucho en esta campaña que los nichos de abstención más elevados estén en zonas de clase trabajadora.
La campaña de Unidas Podemos y de IU, específicamente, se va a centrar en estos barrios, en primer lugar para acabar con la abstención y, en segundo, para que esos votos vengan a nosotros. Está claro que si los sectores populares, que son quienes padecen las mayores injusticias, no son capaces de tener conciencia de su situación, nos será mucho más complicado cambiar la sociedad.
¿Qué mensajes debe lanzar Unidas Podemos en esta campaña para combatir esa abstención de la que habla?
— Las clases populares tienen que tener claro que son actores de su propia liberación. Es posible conquistar derechos, pero no se puede esperar a que vengan otros a solucionarles el problema o a ser el elegido y solventar su propia situación de forma individual. Esto, o se corrige colectivamente o no hay salvación en el sistema. Hay que generar un sentimiento de pertenencia a un colectivo y levantar la consciencia de que es poderosa la unidad y la movilización. Las clases populares activas y unidas son imparables. Para esa unidad, hay que superar la alienación individual y eso es lo que tenemos que meterle en la cabeza a tantas personas, esa es nuestra tarea y hay que conseguirlo.
Hace falta un proyecto colectivo que ilusione, con el que la clase trabajadora se identifique. Es más práctico organizarse que estar deambulando por el barrio esperando a que algo cambie. Es lo útil, para conseguir derechos en todo, organizar la reivindicación, exigir a las autoridades o poner en marcha actividades de economía social.
Si existe esta despolitización de las clases populares, ¿qué papel juegan en ello los medios de comunicación?
— Pablo Iglesias tiene mucha razón, es llamativo que sean los grupos financieros los que se han convertido en los propietarios de los grandes grupos de comunicación. Eso impide la independencia periodística porque esos grupos tienen intereses particulares. Los medios de comunicación son la principal herramienta para la construcción de conciencia social y hegemonía cultural, por eso hay que garantizar el libre acceso a los medios de comunicación. Y lo reconoce la Constitución: el derecho a una función social de los medios de comunicación.
Es necesario que, igual que hay sectores públicos y privados de la economía, los haya también en los medios. Pero, también, un tercer sector, un sector social, medios sociales que garanticen no solo la independencia, también la difusión de otros tipos de mensajes culturales y políticos que tengan que ver con las distintas realidades sociales plurales, más allá de la realidad social de los grandes propietarios y grupos financieros. Los medios son un poder, el control ciudadano plural de ese poder debe ser efectivo, igual que elegir un parlamento o un gobierno.
Cayo Lara, hace unos días, hizo unas declaraciones en Andalucía asegurando que si Catalunya se independizaba no se podría pagar el PER. ¿Qué valoración hace?
— No me imagino una España sin Catalunya, Catalunya es imprescindible para un proyecto de reconstrucción republicana en el Estado. España no sería España sin Catalunya, sería Castilla u otra cosa. El proyecto de Estado republicano y federal que defendemos no es porque Catalunya pague el PER, eso, además, no es correcto. De hecho, creo que Catalunya, contrariamente a lo que se cree, ha sido maltratada tributariamente y fiscalmente. Los servicios públicos catalanes se han deteriorado en buena parte gracias a la derecha catalana que ha gobernado tantos años, también en parte a la falta de inversiones del Estado, las privatizaciones también han tenido mucho que ver, por ejemplo, la de la red eléctrica. Las infraestructuras eléctricas en Catalunya no están al nivel de la modernidad de la sociedad catalana.
Barcelona es una ciudad a la que no se entra ni se sale sin pagar un peaje, en Catalunya es un lujo conseguir una plaza en una escuela infantil pública. En Catalunya hay riqueza, pero una riqueza tan mal distribuida como en el resto del Estado. El problema del necesario encaje de Catalunya en el Estado no es porque sea un contribuyente fiscal positivo neto.
Creo que es un gran problema para que avance un proyecto de izquierdas en todo el Estado el punto de confrontación al que ha llegado el conflicto territorial. La sustitución del eje entre capital y trabajo por españolismo e independentismo es lo peor que le puede haber pasado a las clases trabajadoras de Catalunya y del resto de España. Nos encontramos a parte de la izquierda catalana formando un bloque común con la oligarquía catalana que la explota, ha privatizado y permitido la degradación de servicios sociales. Hace falta mejorar las condiciones de vida del pueblo catalán volviendo a la confrontación capital-trabajo, un bloque de fuerzas de izquierdas soberanistas, federalistas e, incluso, españolistas. Nuestro modelo de Estado es el republicano y federal.
Comunistes participará en una candidatura conjunta junto a ERC, el PCE lo ha criticado. ¿Hasta qué punto esta decisión puede perjudicar al trabajo conjunto entre dos fuerzas hermanas después de las elecciones?
— El PCE está dispuesto, y siempre lo hemos estado y lo estaremos, a tener vías abiertas y de colaboración con todas las fuerzas políticas democráticas, federalistas, españolistas e independentistas. Lo importante es salvaguardar un sistema democrático y un modelo que garantice cada vez más derechos a los trabajadores. Dicho esto, nos parece que ha sido un grandísimo error el paso que se ha dado. Un error en dos sentidos. En primer lugar, no nos parece que personas que se indentifican como comunistas puedan hacer prevalecer un proyecto nacional sobre un proyecto federal e internacionalista.
En segundo lugar, no creemos que responda a una estrategia, ha sido un movimiento tacticista que debilita el proceso de construcción de un espacio referente de la izquierda en Catalunya, concretamente los comunes. Además, ha generado un problema en el espacio hermano de IU, EUiA.
Hay que ser coherente. Para dejar abiertos puentes para garantizar una relación futura de colaboración y de trabajo, no se puede tener como rehén a EUiA. Aquellas personas que han optado por concurrir a las elecciones con otra fuerza política, deben tener la lealtad y coherencia para abandonar las responsabilidades en EUiA. Ahora hay una situación de indefinición en EUiA donde estas personas siguen ocupando puestos de dirección y se bloquea que EUiA parezca claramente trabajando en el espacio de En Comú y de Unidas Podemos-IU.
¿Qué fuerzas no considera democráticas de las que concurren a estas elecciones?
— Indudablemente Vox no lo es y el PP, cada vez, lo es menos. Observamos con preocupación, y actuaremos en consecuencia, que dirigentes del PP, en dos ocasiones, hayan dejado caer la posibilidad de ilegalización del PCE en los últimos meses. Sería la cuarta vez. Las derechas de este país han ilegalizado al PCE en tres ocasiones.
Nosotros estamos orgullosos de haber sido la fuerza política que más ha luchado por la democracia, sin duda, en la historia de España. Además, en muchas ocasiones, hemos tenido el triste privilegio de haber sido el único partido que lo hacía y eso lo hemos pagado duramente con la libertad, integridad física, psicológica, el bienestar de sus familias y con la vida de algunos de nuestros militantes. El sector social que representa el PP sustentó la dictadura franquista, sus fundadores eran piezas del régimen. El hecho de que a estas alturas no hayan condenado la dictadura lo pone de manifiesto. Al PP lo tenemos bajo observación, cada día es una fuerza política menos democrática.
Vox es una fuerza mucho menos democrática, nada constitucionalista como ellos se llaman. La prueba es cómo quieren acabar con el modelo territorial de descentralización del Estado, cómo persiguen con listas negras a quienes defienden a las mujeres o quieren acabar con el modelo de sanidad pública y de calidad. Además, son unos liberticidas, son una formación política que exacerba el recurso a la violencia para resolver conflictos políticos y crean conflictos, además, donde no los hay. Eso es una actitud poco patriótica, están dispuestos a enturbiar la convivencia social en España a cambio de beneficios económicos. Son una fuerza de ultraderecha claramente ultraliberal.
Cada vez se conocen más informaciones sobre la supuesta “policía política” del PP y las interferencias para que Podemos no llegara al gobierno. ¿En qué lugar queda la calidad democrática de España?
— En el PP se creen con una designación divina para ordenar el destino de todos los españoles, propio de personas con escasos valores democráticos que no consideran a sus semejantes como iguales. Es obvio que en el Ministerio de Interior hay cloacas, que todavía no se han depurado. La muestra es que salvo el caso de Villarejo y el otro comisario, García Castaño, nadie más ha recibido ningún tipo de medida disciplinaria. Es evidente que una policía de esa índole no se organiza solo con dos personas.
Hay mucho que aclarar y la prueba de que no está aclarado es la negativa del PSOE de poner en marca una comisión de investigación. El PSOE tendría que haber dado ya una información detallada de cuáles han sido las medidas para corregirlo y no debería poner problemas para que se conozca todo con detalles y transparencia. Al margen de cuestiones estrictamente políticas, como la intervención para desprestigiar a fuerzas independentistas o a Podemos, ha habido una utilización partidista de la Policía Nacional, como fue en el caso Bárcenas, para la ocultación y destrucción de pruebas. La evidencia es que el chófer de Bárcenas ingresara en la policía con más de 40 años. Alguien tiene que tener responsabilidades penales de esto.
¿Se producen estas elecciones generales en plenas condiciones de garantías democráticas?
— Me parece que la calidad democrática de este país, cada vez es peor. Además, se ha demostrado en los últimos años que el poder judicial no está suficientemente democratizado. Estamos asistiendo a demasiados espectáculos en los que vemos un alto grado de nepotismo en el judicial, familiares de altos magistrados en oposiciones donde se cogen más plazas de las originariamente convocadas, por ejemplo. Además, la radiografía sociológica del poder judicial no se corresponde con la sociología de este país. ¿Cómo es que un poder del Estado democrático no se representa con la sociología española, que haya tantos jueces de derechas en posiciones claramente politizadas? La afiliación a organizaciones conservadoras de jueces, fiscales y secretarios judiciales ronda el 80%, y eso no representa a la sociedad española.
El juez en ejercicio que ha paralizado la exhumación de Franco publicaba artículos defendiendo a un dictador, y ese señor administraba justicia en nombre de una constitución democrática. ¿Cómo es posible que a fecha de hoy los únicos funcionarios de las Fuerzas Armadas sancionados son los que salieron en defensa de la Constitución cuando otros sacaron un manifiesto defendiendo a Franco? Ya hay tres sanciones al cabo Marcos Santos Soto mientras que no se conoce ninguna sanción a los militares que defendían valores anticonstitucionales. Es decir, esto pone de manifiesto que España no está lo suficientemente democratizada o que, si lo estuvo en algún momento, ha habido una involución clara.
La teoría del Tribunal Supremo en el juicio del independentismo criminaliza el ejercicio de las protestas sociales y reivindicaciones legislativas diferentes a la legislación en vigor. El Supremo defiende que cuando se reivindica algo que no está previsto en la legislación española se convierte en coacción y una coacción es equivalente a violencia, por lo que se convierte en rebelión, nada más y nada menos. La reivindicación de algo que no está en la legalidad en vigor deja de ser parte del derecho de la libertad ideológica o de expresión para convertirse en una criminalización de las ideas políticas. Es sumamente grave.
Policía política, hemos visto cómo el PP ha ido “dopado” a anteriores elecciones… Le repito la pregunta, ¿hay garantías de que estas elecciones se celebrarán en condiciones de calidad democrática?
— No, no las tenemos. Tras varios años de ver cómo el PP iba dopado a las elecciones, no se han corregido los vacíos legales que han permitido esta situación. La ley electoral sigue siendo una ley muy laxa, se ha introducido alguna reforma del Código Penal, pero no mecanismos de control. El Tribunal de Cuentas no se ha fortalecido y tampoco se ha creado ningún cuerpo especial de verificación de las campañas y recursos de los partidos. En el mejor de los casos, estos problemas los seguiremos corrigiendo en el futuro. Esto no tiene eficacia para evitar que se concurra dopado a las elecciones.
La reforma legal que habría que introducir como factor disuasorio es la nulidad de los procesos electorales en los que se demuestre que se ha concurrido vulnerando la legislación de financiación electoral. Cuando se apruebe esto, funcionará como factor disuasorio. Aunque se demuestre dos años después, si se declaran nulas las elecciones, los que están acostumbrados a concurrir dopados se lo pensarán dos veces. No nos engañemos, permitir que se concurra en desigualdad de armas a las elecciones favorece siempre a los grandes grupos económicos y a las derechas, los que pueden aportar esas cantidades económicas a las formaciones son los grandes grupos del capital especulativo y financiero y quienes las van a recibir son las que defienden sus intereses.
Unidas Podemos está usando un lenguaje muy beligerante contra los propietarios de los grandes medios de comunicación. ¿Veremos una campaña también republicana, con críticas a la institución monárquica?
— La crisis independentista ha puesto de manifiesto que la mayor garantía para la unidad del Estado es avanzar hacia un modelo republicano. Por dos consideraciones. La primera, simbólica, el papel que respecto a Catalunya tiene la Casa de los Borbones. La fiesta nacional catalana conmemora la entrada a sangre y fuego de las tropas borbónicas sobre Barcelona, reprimiendo duramente al pueblo catalán, algo por lo que la Casa de los Borbones no ha pedido nunca excusas.
En segundo lugar, en el plano político, la torpeza del jefe del Estado a la hora de incumplir su función constitucional de garantizar el normal juego político a la hora de posicionarse claramente en la posición de las fuerzas de la derecha para solventar el conflicto catalán. Eso, le ha quitado cualquier credibilidad para ser parte de la solución.
Pablo Iglesias ha hecho bastantes referencias a la voluntad expresa de entrar en un gobierno del PSOE si dieran los números. Si fuera así, ¿entraría a formar parte también IU y el PCE?
— No lo hemos discutido, pero nos da muchos reparos. La experiencia pone de manifiesto que en los casos en los que la izquierda transformadora entra en gobierno con la socialdemocracia neoliberal, al final, no ha servido para impedir políticas neoliberales y que el barniz social que le ha dado a los socialdemócratas les ha servido para blanquearse ante el electorado de izquierdas, por lo que la izquierda acaba perdiendo fuerza. Ese es un problema que nos preocupa.
Nuestra primera opción es conseguir formar gobierno y que sea la socialdemocracia neoliberal la que tenga que darnos el apoyo para llevar adelante políticas transformadoras que garanticen los derechos. Si eso no es posible, buscaremos la forma de que nuestros escaños garanticen que se llevarán a cabo políticas de izquierdas. Hay varias formas de hacerlo, no solo entrando en el gobierno, como con acuerdos legislativos. Ojalá se garantizara que con un gobierno conjunto se avanzara en garantizar derechos, pero no está claro que eso ocurra. Ya veremos, no nos pongamos a discutir por un problema que luego no surja.
En todo caso, ¿IU y el PCE tendrían garantizada su independencia dentro del grupo parlamentario para estas decisiones?
— Todas las fuerzas que conforman Unidas tienen garantizada su independencia. Por supuesto, siempre dentro de unos parámetros de lealtad a los acuerdos alcanzados. Es cierto que hoy, sobre este factor concreto de si va a haber gobiernos conjuntos o apoyos parlamentarios, no ha habido una posición adoptada, es decir, no hay acuerdos que respetar. Por ello, los distintos componentes deben tener su propio criterio. Hay acuerdos como el programa que si están adoptados a los que nos debemos todas las fuerzas hermanas.
Esta semana participaba en la Corte Penal Internacional de La Haya denunciando el genocidio que están sufriendo los activistas sociales de Colombia. ¿Qué debería hacer el Gobierno de España sobre este conflicto?
— Debería utilizar su influencia en la UE para que las políticas de esta con Colombia antepongan el respeto a los derechos humanos. Es decir, la crisis de derechos humanos que hay en Colombia es incomparablemente mayor que la que se vive en Venezuela. Imaginemos que en Venezuela se hubieran asesinado 350 dirigentes políticos en los últimos años. ¿Qué diría la comunidad internacional? Venezuela está sufriendo una situación de acoso político, económico y militar.
Es impresionante las dos varas de medir. El hambre, en Colombia hay regiones donde los niños mueren de hambre y de sed, como La Guajira. En Venezuela no se conoce ningún caso de muerte por hambre o sed. El Gobierno de España es sumamente permisivo con un régimen en Colombia que está gobernado por un partido de ultraderecha, que ha despreciado la soberanía nacional colombiana y se comporta como un vulgar peón de los Estados Unidos en la región.
Que España sea incapaz de exigir el respeto de los derechos humanos en Colombia pone de manifiesto que nuestro país tiene muy acotado el ejercicio de su soberanía nacional y está supeditada a las órdenes de los Estados Unidos, tal y como se evidenció en la reunión mantenida esta semana de la OTAN en Washington y las impertinencias dichas por el secretario de Estado estadounidense contra el ministro de Exteriores español. Cualquier gobierno digno habría cursado una protesta diplomática por la brutal injerencia en su política.

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