El derecho social a
la vivienda en Andalucía permite dar cobertura a esta familia mediante la
expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha
aprobado hoy la expropiación a la entidad financiera Banesto de la vivienda en
la que residen Omar Abattouy, de 43 años, y Umkiltoun Sarroukh, de 33, marido y
mujer, y sus cuatro hijos menores de edad, de 16, 15, 12 y 7 años. Residen en
la calle Río Trueba, número 5, 1º A de Torremolinos (Málaga), en una casa de 55,62 metros cuadrados .
Esta expropiación es la segunda que culmina el Gobierno
andaluz tras la entrada en vigor de la
Ley de Función Social de la Vivienda , impulsada por la Consejería de Fomento y
Vivienda que dirige la compañera Elena Cortés, después de que ya se expropiara
la vivienda de María del Carmen Andújar y su familia, residentes en Huelva. Hay
otras 33 ya publicadas en BOJA y a la espera de llegar a Consejo de Gobierno.
Existen además más de un centenar de expedientes iniciados que se irán
publicando en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía conforme los técnicos completen todos los
trámites previos.
Los dos miembros de este matrimonio, Omar y Umkiltoun, están
desempleados y actualmente no perciben tampoco ninguna prestación. Sus únicos
ingresos derivan de la ayuda de amigos y familiares y de la venta ambulante
esporádica. Omar llegó a España en 1994 y pasó dos décadas trabajando en la
construcción. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria él y su familia han
quedado en situación de extrema vulnerabilidad.
Concretamente, el Gobierno andaluz ha declarado la utilidad
pública de la expropiación del uso de esta vivienda durante un máximo de tres
años. Ello permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la
vivienda que le había sido embargada por Banesto.
Como requisito previo, la Consejería ha
acreditado que esta familia se encuentra en riesgo de exclusión social, y que
el desahucio amenazaría gravemente su integridad e incluso su salud. Esta
familia también cumple todos los requisitos socioeconómicos establecidos de
forma pública y transparente por la
Ley de Función Social de la Vivienda , y que a grandes
rasgos implican que los ingresos mensuales son inferiores a 540 euros y que la
economía familiar ha sufrido un notable menoscabo desde la firma de la
hipoteca.
La entidad financiera tiene 15 días para pronunciarse sobre
el mutuo acuerdo. Si no acepta, el Gobierno andaluz actuará en defensa del
derecho a la vivienda de esta familia y hará efectivos los trámites para
ejercer la ocupación de la vivienda. La Consejería ha remitido al juzgado una
notificación informando de este acuerdo, con el objetivo de que el desahucio no
se ejecutara bajo ningún concepto.
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