Mundo Obrero
Podemos definir la pobreza energética como la situación que
sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía
suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve
obligado a destinar más de un 10% de sus ingresos a pagar los recibos de luz,
agua y gas.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres
factores: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la
vivienda en cuanto a su eficiencia. Actualmente 4 millones de personas en
España son “pobres en términos de acceso a los suministros vitales”. Se trata
todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su
interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. En
relación al abastecimiento de agua, actualmente en el mundo 884 millones de
personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.500 millones
no disponen de servicios mejorados de abastecimiento.
En el conjunto del Estado, y sólo en 2012, se han producido
1,4 millones de cortes de suministro de energía eléctrica, de ellos 510.864 se
han producido en Andalucía entre el 1 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de
2012. Según el estudio de Creu Roja Catalunya «Vivienda y Colectivos
Vulnerables» de julio de 2013, el 71% de sus usuarios admite dificultades
graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30% acumula
facturas impagadas. El 58% manifiestan no poder mantener su casa a una temperatura
óptima, hace dos años este porcentaje era del 42%.
Según los datos de Eurostat para el último trimestre de
2013, Andalucía lidera la pobreza en España con el 38,6% de su población sin
los recursos económicos mínimos, a lo que hay que sumar el incremento de
personas en riesgo de exclusión y pobreza, que ha aumentado ocho puntos en los
últimos cuatro años. En Europa 50 millones de ciudadanos deben elegir a diario
entre comer o calentarse.
Vivimos en uno de los países donde los consumidores pagan la
electricidad más cara. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de
electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49%
más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del
pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica,
agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más
vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de
suministro.
Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de
clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro.
Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más
casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales
incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las
referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de
suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del
6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por
deudas irrisorias.
Para hacer frente a esta situación, desde la Vicepresidencia de
la Junta de
Andalucía planteamos la necesidad de garantizar los suministros mínimos vitales
de agua potable y energía eléctrica para los 54.181 andaluces que hoy son
perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad. A través de este proyecto
pretendemos dar continuidad a la
Ley andaluza que garantiza la función social de la Vivienda , impulsada por la Consejería de Fomento y
Vivienda, dando un paso más hacia la materialización de los derechos de
habitabilidad de la población más vulnerable.
Las medidas que proponemos pasan por garantizar un mínimo de
3 m³ de
agua al mes a cada perceptor y 1.400 Kwh/persona/año. Garantizamos así un
mínimo de 100 litros
por perceptor y día para atender las necesidades de agua potable y una cantidad
suficiente de energía eléctrica para poder atender el gasto de 2600 Kcal/día
que fijan los organismos internacionales. Pretendemos mediante estas garantías
mínimas vitales que no se produzcan cortes de suministro en los hogares
andaluces convirtiendo a nuestra Comunidad en un territorio libre de desahucios
energéticos.
Andalucía pretende articular estas medidas apoyada en el
Derecho Internacional Público, las Observaciones del Comité Europeo de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, las directivas europeas, los principios
rectores de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo dispuesto
por nuestro Estatuto de Autonomía. Creemos que el corte del suministro de luz y
agua, sometidos hoy a una gestión estrictamente mercantil y alejada de su
naturaleza como bienes públicos que nunca hubieron de estar sometidos a las
leyes del mercado desregulado, aboca a quienes sufren el corte del suministro
en sus hogares a la caída en la exclusión social y la pobreza.
Las propuestas contenidas en nuestro proyecto de garantía de
suministros mínimos vitales se encuadran en la lucha contra la pobreza
energética iniciada por numerosos Estados europeos como Alemania, Eslovaquia,
Suiza o Reino Unido. Existen experiencias a nivel europeo donde además de
ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas
al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos,
se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a
consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad,
salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de
garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia. En
el resto del mundo países como Sudáfrica, Panamá, México, Ecuador o Colombia
reflejan en su ordenamiento jurídico medidas para garantizar el acceso de sus
ciudadanos a los suministros mínimos vitales.
El Estado español carece de una política específica dirigida
a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más
familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las
familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las
compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias
más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo
provocan que quien más los necesite se queda fuera. El objetivo de Andalucía es
garantizar un Derecho y por lo tanto estas medidas no responden a fórmulas
asistenciales o constituyen un subsidio. Se trata de construir garantías para
una vida digna.
La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno
hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética
y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los
precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la
consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables,
sin un diagnóstico previo.
La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido
para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit
tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las
tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de
los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
La aprobación de medidas que impidan que la espiral de
exclusión social y pobreza se siga reproduciendo debe ser una obligación de
todo Gobierno de izquierdas y es un compromiso básico con la mayoría social que
sufre la crisis económica impuesta por los mercados financieros. Las medidas
que proponemos son viables, inciden sobre un colectivo altamente vulnerable y
consolidan un derecho de ciudanía. Las medidas que garanticen los suministros
mínimos vitales a los andaluces son una aportación más al debate de fondo que
debe iniciar el parlamento andaluz para hacer realidad una Ley de Renta Básica
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 del vigente Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
Pero junto a las medidas que desde el Gobierno puedan
impulsarse, y que han sido elaboradas junto a un gran número de colectivos y
entidades, debemos ganar estas medidas en la calle, a través de la información,
difusión y movilización social. Sólo gobernando con mentalidad de movimiento
social podremos establecer un nuevo modelo de decisión, de gobierno de la
mayoría y de oposición eficaz a las medidas impulsadas por la TROIKA que operan contra
los pueblos de Europa. Proponer, organizar, movilizar, convencer, generan la
alternativa. Esa y no otra debe ser la manera de estar en los Gobiernos. Al
servicio de la mayoría social. En lucha contra las desigualdades.
Publicado en el Nº
267 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2013
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