CCOO y UGT han
convocado para mañana jueves, 12 de diciembre, a las 12:00 horas una asamblea-concentración
de empleados públicos en la Diputación
Provincial
Para CCOO, la
Reforma de la Administración Local que está prevista que pase
el próximo 16 de diciembre al Senado y que el Gobierno espera que entre en
vigor en el mes de enero de 2014, va a suponer "el desmantelamiento del
sistema público de servicios sociales en todo el territorio español, así como
en Andalucía y en Málaga". En concreto, según han anunciado hoy en una
rueda de prensa los líderes sindicales, tan sólo en esta provincia se verían
afectados más de 600 trabajadores y se reduciría en cerca del 80% los servicios
sociales que se ofrece a la ciudadanía, quedándose fuera del sistema al menos
100.000 habitantes, siendo los más afectados los usuarios de la ley de
Dependencia y de ayuda a domicilio.
La secretaria general de la Federación de Servicios
a la Ciudadanía
(FSC) de CCOO de Málaga, Carolina Ortiz, y el responsable de servicios sociales
de dicha federación, Enrique Moyano, han realizado un balance negativo de las
consecuencias que va a traer la futura ley de Racionalización y Sostenibilidad
de las Administraciones Locales que prepara el Gobierno central. Por ello,
ambos han insistido en la necesidad de defender los servicios públicos
municipales frente a una posible aplicación, ya que calculan que podría afectar
a más de 600 puestos de trabajo de los servicios sociales comunitarios que se
ofrecen en cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Málaga.
En concreto, esta destrucción se realizaría entre los años
2014 y 2016, que es el periodo en que los servicios sociales tienen que estar
pasados a las comunidades autónomas según esta ley, y afectaría al personal
técnico, administrativo y auxiliar. En palabras de Carolina Ortiz, “se va a
pasar de un modelo que garantiza el acceso a unos servicios sociales públicos y
de calidad a otro basado en la beneficencia y en la caridad”.
En relación al Plan Concertado, el sindicato ha criticado
que el Gobierno del PP haya recortado para los próximos Presupuestos Generales
del Estado (PGE) un total de 532 millones de euros en los servicios sociales
comunitarios en todo el país. Según ha explicado Ortiz, “el Plan Concertado es
un plan financiero para ayudar a los distintos ayuntamientos con el fin de que
se garanticen dichos servicios sociales, sin embargo, con estos recortes se
reduce el 100% de las aportaciones que realiza a este Plan tanto el Estado como
las corporaciones locales, quedándose sólo la cantidad que realiza nuestra
comunidad autónoma”. En términos económicos, la líder sindical ha explicado que
“el Estado aporta unos dos millones y medio y las corporaciones locales cerca
de veintiocho millones de euros, la suma de las dos suponen el 78% del total,
es decir, la Junta
de Andalucía tan sólo aportaría el 22% de su presupuesto a este Plan
Concertado, una medida que nos parece totalmente insostenible y de
incalculables consecuencias”.
Respecto a la ciudadanía que cada año se beneficia de estos
servicios sociales comunitarios, normalmente suelen ser unas 135.000 personas de
media. En el caso en el que se aplique esta reforma local, Carolina Ortiz ha
advertido que “se quedaría fuera el 80% de los servicios que se ofrece a estos
habitantes”.
Para finalizar, la líder sindical ha informado que mañana,
12 de diciembre, “CCOO ha convocado una asamblea de empleados públicos en el
Centro Cívico de Málaga donde se va a informar sobre todo esto y el resto de
consecuencias que traerán la reforma local, que también afectará a servicios en
educación, sanidad y en la aprobación de tasas adiciones para servicios tales
como la basura, agua, saneamiento, etc.”.
Asimismo, ha asegurado que “estamos ante un paso más para la
privatización de los servicios sociales, ya que se va a pasar de ser un
principio fundamental de atención a la ciudadanía a un principio exclusivamente
mercantilista”. También ha señalado que “el carácter de proximidad de estos
servicios actualmente es algo primordial, pero sin embargo en el momento en el
que se presten desde las comunidades supondrá una conversión de la atención
directa a un mero trámite burocrático, lo que pondría en peligro en muchos
casos la salud de las personas mayores, ya que la gran mayoría son usuarios
mayores y que utilizan los servicios de ayuda a la dependencia”.
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