Izquierda Unida de
Andalucía lanza una campaña de defensa de la Ley de la Vivienda ante el recurso del Gobierno del PP
Nuestra compañera Elena Cortés, dirigente del Consejo
Andaluz de IU y consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sido
tajante ante el anuncio realizado por el gobierno del PP: “no nos vamos a
rendir, no nos van a doblegar. La lucha comenzó en la calle y seguirá en la
calle. El gobierno andaluz ha defendido el derecho a la vivienda y lo seguirá
defendiendo”. En este sentido, IU impulsará la defensa de la ley y del derecho
a la vivienda desde la Junta
y en la calle, junto con las organizaciones sociales implicadas en la lucha
contra los desahucios.
Cortés ha denunciado con contundencia la negativa del
gobierno central a constituir la Comisión Bilateral , acusándolo de “huir del
debate”. “Estamos ante un gobierno cobarde, nadie ha dado la cara”, recalcó,
achacando esta decisión al objetivo de la acción de gobierno del PP que “es el
empobrecimiento de la mayoría social y debilitar su poder”. En este sentido
destacó que el recurso “ataca” a la clase trabajadora y a las clases populares,
y de especialmente manera a las mujeres, recordando que estas “han estado a la
cabeza en la lucha por la vivienda”.
IU considera que el recurso responde a la incapacidad del PP
para soportar “una ley que demuestra que hay alternativa, ni que la mayoría
social se empodere” y que provoca que “los y las andaluzas sean hoy más débiles
por un recurso que se hace a mayor gloria de banqueros y especuladores”. Cortés
señala que este persigue tres objetivos: “defender a la élite financiera, poner
alfombra roja a los especuladores y evitar que se abarate el alquiler”, ya que
además de paralizar los desahucios, la ley pretendía movilizar las 700 mil
viviendas vacías existentes en Andalucía, según calcula la Consejería.
Cortés defiende la plena constitucionalidad de la ley,
recordando que gracias a ella se ha abierto un proceso de expropiación al día:
“150 días en vigor, 150 expedientes”. En este sentido considera que esta tiene
su anclaje constitucional en el artículo 33 que reconoce el derecho a la propiedad
privada pero obliga a que esta esté delimitada por su función social.
Por último Cortés anunció que la Junta se dirigirá a los
juzgados para que no proceda al desahucio de las 35 familias cuyos expedientes
están en trámite.
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