La responsable de Política Institucional de Izquierda Unida
de Málaga, Toni Morillas, ha recordado esta mañana a los dirigentes
provinciales del Partido Populares que el cierre de ayuntamientos y servicios
de ayer era “un acto para visualizar qué
ocurrirá con estos cuando entre en vigor la ley para la reforma de la administración
local” del Gobierno de Rajoy.
Morillas ha añadido que en lugar de preocuparse por este simbólico acto
democrático, lo que tiene que hacer el PP de Málaga es preguntarse qué supondrá
para los municipios de la provincia y sus habitantes esta destructiva ley
cuando el Gobierno Central la ponga en marcha. “Se privatizan servicios y se destruye empleo público y se lesiona la
democracia local y muy especialmente en los municipios menores 20.000
habitantes”.
La reforma de la administración local forma parte de la ruta
trazada para la economía española por la Troika con
la connivencia del partido del gobierno de la derecha. Viene a desarrollar los
principios de la Ley
de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al mínimo la
administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor negocio de
unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría.
Esta regresiva reforma elimina la posibilidad de que
servicios esenciales puedan ser prestados, y más aún, que estos puedan ser
prestados desde lo público y por ende, accesibles y universales. La aprobación
de esta antidemocrática ley, significará dejar a miles de ciudadanos privados
del acceso a servicios públicos como guarderías, bibliotecas, consultorios
médicos, centros de información y prevención de violencia de género e incluso
sin mercados municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de
esta reforma: “la eliminación de
servicios que atienden las necesidades sociales más básicas desde la
administración más próxima y accesible, que representan los ayuntamientos”
señaló Morillas.
La responsable de IULV-CA ha añadido que los pequeños
municipios de la provincia usan estos mismos servicios con dos fines, el de
responder a la necesidad y demanda de sus ciudadanos y el de crear empleo en sus
pueblos que evite que se despueblen y sus habitantes se vean obligados a
desplazarse de nuevo.
“Los ayuntamientos
fueron vitales para la obtención de la autonomía plena de Andalucía. Su
movilización y el trabajo de canalización de las reivindicaciones ciudadanas
fue el motor de aquellos años pre-estatutarios en nuestra Comunidad y son los
alcaldes los que saben de primera mano qué pasará en sus municipios cuando la
ley entre en vigor y su obligación es defender los intereses de sus vecinos
contra aquello que les agrede. Entonces, como ahora, la derecha está a otra
cosa”, concluyó Morillas.
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