José Luis Centella, Presidente del PCE: “La Asamblea de IU como oportunidad para poner en valor un proyecto de nuevo país”

José Luis Centella Gómez
Presidente del PCE
Vamos a celebrar la XII Asamblea de IU (15 y 16 de enero de 2021) en momentos excepcionales, cuando coincide nuestra presencia en el gobierno de coalición con la emergencia sanitaria que está sufriendo el planeta, provocada por la extensión del COVID19, y la crisis por la paralización de la actividad en la economía.
Es importante realizar una reflexión colectiva sobre cómo afrontar desde el PCE este proceso asambleario para asumir el reto de presentar un proyecto de Nuevo País, con medidas y propuestas que sean útiles para conseguir que esta crisis no la vuelvan a pagar la clase trabajadora y las capas populares como ocurrió en 2008.
Un proyecto que sea la base para defender que los recursos del Estado se pongan de manera prioritaria al servicio de rescatar a las personas que ven su vida gravemente afectada por la crisis, marcando diferencia con las medidas que impusieron los poderes económicos en 2008-2010, cuando se priorizó el rescate de la banca y el gran capital, sin importar los problemas y perjuicios que causaban en millones de personas que veían perder su empleo y su vivienda, al tiempo que privatizaban y deterioraban los servicios públicos.
De esta manera la XII Asamblea debe avanzar en una propuesta republicana federal que empiece por recuperar el carácter pacifista de la Constitución de la II República que proclamaba que España renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior, defendiendo un nuevo orden internacional de carácter multipolar que confronte activamente las intenciones del imperialismo de llevarnos a una nueva situación de guerra fría, construyendo una Comunidad Internacional de Destino Compartido que termine con las sanciones que Estados Unidos impone a Cuba, Venezuela y Siria, apostando por unas relaciones basadas en el beneficio mutuo.
Una propuesta que plantee un nuevo modelo productivo para España que permita terminar con la situación de dependencia de nuestro país, que se ha puesto de manifiesto en la crisis sanitaria, y se adquiera una soberanía alimentaria y económica, desmontando el patriarcado para construir una sociedad igualitaria que combata la violencia machista.
Un nuevo sistema que recupere la presencia del servicio púbico en sectores estratégicos como la banca, la energía y la comunicación, y fortalezca la sanidad y la educación que han sido duramente atacadas por las políticas neoliberales dictadas por la Unión Europea.

Frente Amplio
La asamblea está marcada por nuestra presencia en el gobierno de coalición, siendo el objetivo que la actual situación de emergencia no se utilice como excusa para enterrar el acuerdo de investidura sino que, al contrario, toda acción gubernamental esté marcada por la recuperación de los derechos sociales, laborales y ciudadanos que suprimieron los gobiernos del Partido Popular.
Cada vez es más evidente que la política que no se organiza no sólo no existe sino que se convierte en un elemento de frustración para la militancia, por lo que, junto con la discusión y aprobación de una propuesta política, resulta imprescindible debatir cómo organizar mejor nuestro trabajo para que sea más eficaz.
Para empezar a organizar nuestra respuesta, considero que en este momento, cuando nos jugamos el futuro de muchas generaciones, el PCE tiene que situarse en el camino que nos enseñaron Pepe Díaz y Dolores Ibárruri cuando abanderaron la Política de Frente Popular impulsada por la III Internacional para aplicar una política de alianzas sociales y políticas.
Solamente desde la construcción de un Frente Amplio se puede disputar la hegemonía a las políticas reaccionaras. Una política de alianzas que no significa ni disolución ni pérdida de perfil sino saber identificar bien al enemigo y tener claro, tal y como aprobó el Comité Central del PCE, que la presencia en el gobierno de coalición no es un fin en sí mismo sino un instrumento para tratar de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, mitigando las consecuencias de la crisis.

Esta política de alianzas necesita conjugar la estrategia aprobada en nuestros congresos con una táctica adecuada que nos permita avanzar en la acumulación de fuerzas en favor del bloque rupturista y ayude a la construcción de unidad popular que se referencie en una convergencia social y política organizada en formato de Frente Amplio en el que puedan confluir fuerzas populares diversas con métodos de funcionamiento democráticos y participativos, en el que ninguna se disuelve, pierde su perfil, su estructura orgánica o sus relaciones internacionales.
En este sentido, tanto el XX Congreso del PCE como la Conferencia Política recientemente celebrada apuntan propuestas relacionadas con la necesidad de seguir avanzando hacia una IU organizada como Movimiento Político y Social que potencie los instrumentos de participación, elaboración y acción colectiva, Áreas o Redes, apostando por configurar la Asamblea Política y Social como un espacio que, al tiempo que valore anualmente el desarrollo de nuestro trabajo, sirva para el encuentro, la cooperación y el intercambio de ideas y experiencias entre los pilares social, territorial y político del Movimiento Político y Social para avanzar en la configuración de un potente Movimiento Popular que dispute la hegemonía a las fuerzas de la reacción.
Pero no nos engañemos, el debate sobre la política de alianzas no es una cuestión teórica, ni mucho menos burocrática, sino que es un proceso de confluencia de diversas fuerzas y colectivos en torno a luchas concretas. Por eso, la mejor forma de consolidar en la práctica una amplia Convergencia es acompañar el debate asambleario con la implicación de todas las organizaciones del Partido en la movilización que impulsa Unidas Podemos desde la campaña “Codo a Codo” en defensa de una salida de la crisis que garantice el trabajo digno, la vivienda, los servicios públicos y las libertades públicas individuales.

La lealtad del PCE con la actual dirección de IU
He dejado para el final referirme a la campaña con la que desde algunos medios tratan de presentar esta XII Asamblea como un enfrentamiento entre la dirección del PCE y la de IU, llegando incluso a insinuar que el PCE está preparando una candidatura alternativa a la que presente la actual dirección de IU, situándonos como el Caballo de Troya que trata de disolver la propia IU para entregársela a Podemos.
Pues bien, sentiremos una vez más defraudar a quienes llevan años anunciando la disolución de IU. El PCE ni va a defender su disolución en Unidas Podemos como paso previo para su integración en Podemos ni mucho menos vamos a confrontar con la actual dirección de Izquierda Unida, entre otras cuestiones porque formamos parte de la mayoría que se configuró en la XI Asamblea.
Pueden ahorrarse el esfuerzo quienes quisieran una asamblea de enfrentamiento y ruptura de la actual mayoría para pescar en ese río revuelto, porque se van a encontrar con un PCE decidido a implicarse en este proceso desde la lealtad al proyecto que la actual dirección de Izquierda Unida estamos construyendo para una salida social, ecológica, feminista y plenamente democrática a la situación de emergencia sanitaria y económica. En la mejor continuidad histórica del PCE de Pepe Díaz y Pasionaria, nuestro partido es consciente del valor de la unidad de la clase trabajadora, siendo por tanto el momento de poner en primer plano lo mucho que nos une y de superar desde la síntesis dialéctica las lógicas diferencias que en toda organización plural tienen que existir.
Publicado en el Nº 338 de la edición impresa de Mundo Obrero octubre 2020

Alberto Garzón reafirma la apuesta “inquebrantable” de IU por “mejorar la unidad política y por reforzarse” mucho más frente al “asedio de la extrema derecha y de la derecha radicalizada”

El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado esta mañana que en medio del actual clima político, caracterizado por el recrudecimiento de las estrategias de confrontación política y el “asedio de la extrema derecha y de la derecha radicalizada”, no cabe otra situación “que no pase por mejorar la unidad política y por reforzar Izquierda Unida” para hacer frente a esta ofensiva con garantías de éxito.
Garzón abrió con su intervención la reunión por medios telemáticos de la Coordinadora Federal de IU -máximo órgano ejecutivo de esta formación-, que durante buena parte del día de hoy debatió y votó los distintos documentos que componen la Ponencia de cara a la XII Asamblea Federal, que culminará el fin de semana del 15-16 de enero próximo. Documentos que fueron ampliamente apoyados por el 88’5% de los miembros del Consejo, con apenas el 10% en contra y el 7’5% de abstenciones.
Al también ministro de Consumo le ha correspondido hacer un balance de la gestión de la dirección de IU que ha encabezado durante los últimos cuatro años, pero también desarrolló algunos de los contenidos del documento ‘Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país’, uno de los que hoy debaten y votarán los/as miembros de la Coordinadora Federal. Este documento será también a partir de mañana la base del proceso asambleario que acabará en enero.
Alberto Garzón ha reafirmado la idea que defiende desde hace años de que “el compromiso de esta organización con la unidad política es inquebrantable”, lo que unido a la actual situación política general “lo hace inevitable y absolutamente necesario”.
“La unidad -detalló- no debería ser solo electoral, sino también política, social y sindical, para trabajar así desde todos los ámbitos con la sociedad civil y no solo desde las instituciones y el Estado”.
Del mismo modo, explicó que “reforzar Izquierda Unida” pasa por “reconocer el trabajo y mérito de nuestra gente” por hacer posible todo el trabajo realizado y por “mejorar los mecanismos” para poder seguir trabajando en la mejor dirección.

Garzón insistió en la necesidad de “consolidar” todo el proceso de unidad, que hasta ahora sí ha tenido una “realidad electoral” en el marco de la coalición de Unidas Podemos, pero que hay que ampliar. En ese camino hacia la unidad popular, que hasta ahora “ha costado mucho” y también “falta mucho para estar en esa línea”, hay que seguir “venciendo dificultades” para responder a la “ola reaccionaria” que se vive tanto en España como a nivel internacional.
Valoró a nivel interno que durante los cuatro años que lleva al frente de IU se ha “consolidado” el proceso de unidad política por el que se trabaja, pero no eludió la autocrítica al reconocer que “para construir el movimiento político y social” que IU busca conseguir “necesitamos trabajar con más gente “y no es sencillo”.
Alberto Garzón aseguró que el espacio transcurrido desde 2016 y, muy especialmente, el 2019 con cinco elecciones, “simboliza un tiempo volátil y frenético” y señaló con vehemencia que “han sido cuatro años que parecen veinte”.
De todo este tiempo, se mostró especialmente “orgulloso” del Gobierno de coalición al que pertenece y de que en él esté representada la “izquierda transformadora” de la que forma parte IU. Celebró que antes se pudo construir una “mayoría de investidura heterogénea y plural”. Ésta no solo sustenta al Ejecutivo en el Congreso, sino que es la “cristalización” de la alternativa y la “otra forma de concebir España y buscar soluciones” frente a la “alternativa centralista y reaccionaria” que representa la “derecha política y sociológica de este país”.
El máximo responsable de IU y ministro de Consumo llamó explícitamente a “cuidar a esa mayoría”, dado que “la derecha tiene miedo de que este Gobierno triunfe y demuestre que se pueden hacer mejor las cosas” a nivel económico, social y político. Advirtió también de que si “somos capaces de sacar adelante los Presupuestos Generales, de gestionar adecuadamente los fondos europeos y si somos capaces entre todos los países europeos de vencer por fin a la pandemia y encontrar una vacuna, todos los excesos verbales de la derecha quedarán en el vacío”.

Esta es la mejor forma de cerrar el espacio a ese “bloque reaccionario, movido por el rencor”, con una extrema derecha sustentada en “valores de odio y que demuestra actitudes muy preocupantes en la calle”. Puso el ejemplo de los “actos vandálicos contra la Memoria Histórica” o los ataques a los más vulnerables, como en el caso de los menores migrantes.
Garzón avisó también de que no se debe “banalizar” el crecimiento de la extrema derecha y su “capacidad de influir en otros partidos”. Por eso ya es “muy difícil diferenciar a PP y a Vox”, que coinciden en hacer declaraciones “neofranquistas y neofascistas” como que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que el actual.
El Coordinador federal de Izquierda Unida puso en primera línea de la acción de esta formación para los próximos años “seguir protegiendo a la clase trabajadora, nuestra gente. Esa es nuestra fortaleza”.
IU impulsará también de forma más decidida aún su apuesta por una “República federal y descentralizada”, por el feminismo y por las políticas medioambientales, todo ello mientras se trabaja por una clara mejora económica y por un país más justo e igualitario. Todo ello es objeto del debate que hoy se desarrolla en la reunión de la Coordinadora Federal.

El PCA de Málaga ante el acto de extrema derecha realizado en la antigua cárcel provincial del pasado 25 de septiembre

“En este maldito lugar de horror fascista, juramos ante el mundo entero que no abandonaremos la lucha hasta que el último responsable haya sido condenado.
El exterminio del nazismo y sus raíces es nuestro lema.
Nuestro ideal es la construcción de un mundo nuevo en paz y libertad.
Se lo debemos a nuestros compañeros muertos y a sus familias.
Levantad las manos para jurar que estáis dispuestos para esta lucha y repetid conmigo:
¡¡NOSOTROS LO JURAMOS!!"

Estas palabras son la parte final del Juramento de Buchenwald, pronunciado hace 75 años y que removió las conciencias del mundo entero. 75 años y, por desgracia algunos se han propuesto reescribir la historia poniendo al mismo nivel a víctimas y verdugos; a los prisioneros y a los carceleros; a los que luchaban por un mundo libre y a los que no permitían soñar.
El ignominioso acto que el 25 de septiembre se celebró a las puertas de la antigua cárcel provincial de Málaga, encabezado por Antonio Nadal y un representante de la Iglesia católica, es un suma y sigue en eso que la extrema derecha ha venido en llamar batalla cultural y no es más que un intento de borrar la historia de crueldad, asesinatos y felonías que el franquismo desarrolló en nuestro país durante cuatro décadas.
Seguramente acusarán a estas líneas de equiparar nazismo y franquismo, y en efecto lo hacen, porque fueron expresiones de la misma idea de impedir el libre desarrollo del pueblo; el franquismo sumió a España en 40 años de oscuridad y aislamiento con la complicidad de algunas potencias occidentales, para las que permitir la dictadura española era un mal menor para frenar el avance del marxismo en Europa ¡Qué le pregunten a los asesinados, a los exiliados, a los represaliados si realmente mereció la pena!

Se dirá también que asesinatos hubo en los dos bandos, y también es cierto, la Guerra de España trajo consigo demasiadas muertes, demasiada brutalidad. Pero permitidme que os diga que los muertos, los asesinados, todos, los de uno y otro bando, se los apunten los que dieron el primer tiro, los que no aceptaron las reglas democráticas y dieron un golpe de estado que perdieron y desembocó en la Guerra de España, que, por cierto, solo ganaron gracias al apoyo de las potencias fascistas, Italia y Alemania. Y fíjense que se cuenta que hasta los soldados extranjeros estaban aterrados por la brutalidad demostrada por el bando rebelde.
40 años han sido suficientes para reivindicar la memoria de los caídos del bando franquista, todos los fallecidos que se quisieron recordar tuvieron homenajes, enterramientos dignos y todo lo que se consideró; pero los defensores de la República desaparecieron durante 40 años, la muerte del dictador parecía que iba a dar la vuelta a aquello, pero no fue así, los muertos siguen en las cunetas y desde las instituciones no se ha reconocido su papel en defensa de la Democracia.
Y por acabar, solo señalar una última cosa: No lo conseguirán; las personas que luchamos por la libertad y la igualdad no tenemos nostalgia, tenemos memoria; porque la justicia es también una memoria de elefante. No olvidamos los crímenes del franquismo, no olvidamos los años que le robaron a gente buena y honrada solo por no pensar como ellos. Somos los hijos e hijas de los luchadores por la libertad que no consiguieron matar y que hoy seguimos luchando como ayer por un mundo de paz, justicia e igualdad social.
Efraín Campos
Secretario Político Provincial del PCA en Málaga

La Conferencia Política del PCE aprueba consolidar y ampliar Unidas Podemos para construir un nuevo instrumento político de la unidad popular

La Conferencia Política del PCE sobre unidad popular y convergencia aprobó el documento, con el apoyo del 76.32% de las delegadas y delegados, que contiene las líneas políticas que marcarán la actividad del Partido de cara a su política de alianzas. En concreto, se ha avanzado en la definición de la posición del PCE de cara a la próxima Asamblea de Izquierda Unida, así como para el proceso de desarrollo de Unidas Podemos (UP).
La fase final, pospuesta desde el pasado abril en atención a cumplir con las medidas preventivas frente a la pandemia de Covid-19, se desarrolló mediante una votación telemática celebrada entre las 17 horas del viernes 2 y las 17 horas del lunes 5 y que contó con una participación de cerca del 90% de los 236 delegados y delegadas llamadas a participar.
Nuestro objetivo de configurar un espacio político unitario como reflejo de la unidad popular solo será creíble si combina ser una fuerza plural, Democrática y cohesionada con la puesta en marcha de soluciones para los problemas de la gente, dando certidumbres y seguridad a la clase trabajadora. El PCE mantiene la apuesta por la unidad actual en torno al espacio de Unidas Podemos y propone su ampliación, trascendiéndolo de una mera alianza electoral a un proyecto de convergencia política donde quepan todos los actores que se reclamen de izquierdas y suscriban un programa de garantía de los derechos de los trabajadores frente a las políticas neoliberales.
Izquierda Unida sigue siendo el instrumento político a través del cual el PCE realiza su política de convergencia con todos los que se proponen la ruptura con el régimen del 78 para conseguir la mayor unidad popular posible.

Izquierda Unida debe seguir avanzando en su caracterización como movimiento político y social pero resulta necesario construir un nuevo instrumento político que, recogiendo a la actual militancia y las experiencias de IU, la supere de una manera dialéctica y no burocrática.
La militancia comunista debe participar activamente en Izquierda Unida, haciéndolo compatible con la participación en las plataformas o espacios unitarios más amplios. Solo con la participación de los comunistas se podrán sintetizar de manera dialéctica nuestras propuestas con las del resto de integrantes de Izquierda Unida así como dirigir y hegemonizar el proceso para su superación. Necesitamos estructuras más flexibles, órganos más ágiles, más coordinación y menos dirección y mayor participación de las bases en la toma de decisiones.
Afrontamos el objetivo de la reorganización de la izquierda desde el convencimiento de avanzar hacia una consolidación estratégica de la unidad popular y con el reconocimiento de que no somos el actor hegemónico en el actual espacio que padece además de acusadas debilidades organizativas y sociales.
La propuesta de convergencia tiene que sostenerse en la construcción de alianzas con otras organizaciones políticas, con los sectores más avanzados del movimiento sindical, con los movimientos sociales y con el ecologismo y el feminismo para construir una alternativa común.
Para forzar la ruptura democrática y abrir un proceso constituyente, se necesita la más amplia convergencia social, política y cultural que tenga una clara y unitaria referencia institucional basada en alianzas estables y organizadas democráticamente.

Hay que organizar el respaldo popular al gobierno de coalición, empezando por asegurar el cumplimiento efectivo y puntual del programa pactado, para impedir que las contradicciones que surjan en su gestión se resuelvan en el campo de las relaciones institucionales por falta de presión social.
Nuestro objetivo de configurar un espacio político unitario como reflejo de la unidad popular solo será creíble si conseguimos una fuerza plural, democrática y cohesionada que ponga en marcha las soluciones para los problemas de la gente, dando certidumbres y seguridad a la clase trabajadora.
El PCE asume dos tareas inmediatas: impulsar y facilitar los espacios de convergencia y participar activamente en la elaboración de cómo debe ser ese nuevo instrumento político que represente a la unidad popular.
Documento aprobado en la Conferencia Política del PCE (Del 2 al 5 de octubre de 2020): “Un Partido para la unidad popular: nuestras alianzas en la nueva fase política”:
https://www.pce.es/media/uploads/2020/10/05/93c92ebde0aa45e499fef6cb2ac6db33.pdf 

 

Enrique Santiago, Secretario General del PCE: “La crisis de la monarquía, expresión de la crisis de régimen”

El PCE hace de la reivindicación republicana uno de los ejes centrales de nuestra apuesta política por un nuevo modelo de país más democrático
La crisis de la monarquía es una manifestación más de la crisis de régimen que atraviesa nuestro país como consecuencia a su vez de la crisis económica que comenzó en 2008 y que ha puesto en cuestión la utilidad actual de los consensos construidos durante la transición.
El PCE lleva más de dos décadas denunciando que esos pactos fueron rotos por la oligarquía al incumplir la obligación de garantizar a nuestro pueblo los derechos económicos y sociales incluidos en la Constitución gracias fundamentalmente a la lucha y al sacrificio de los demócratas y en particular de la clase obrera. Pero no ha sido hasta hace poco más de una década que comenzó a verse de manera más nítida la fragilidad democrática del sistema que los poderes fácticos de nuestro país han construido en las últimas cuatro décadas. Un sistema político con un alto grado de corrupción, un modelo productivo dependiente incapaz de garantizar la seguridad humana, una articulación territorial inacabada y un modelo social neoliberal fruto, en buena medida, de un modelo de integración europea donde la soberanía política fue usurpada por los poderes financieros.
Huye pero deja a su hijo reinando
No es la primera vez en la historia de nuestro país que la monarquía borbónica experimenta una crisis de legitimidad que desemboca en la fuga del monarca. Cada vez que los anhelos democráticos del pueblo español quebraban el mantenimiento de la monarquía parlamentaria borbónica, la república de personas libres e iguales se erigía como alternativa a un sistema corrupto por definición y como garante de los derechos ciudadanos vinculados a la justicia social. Sin embargo, es la primera vez que un Borbón huye de España como rey emérito, dejando atrás a su sucesor ejerciendo como jefe del Estado. Y esta anomalía histórica no ha sido sino el intento de una institución decadente de aferrarse a sus privilegios sin rendir cuentas ante el pueblo soberano de sus repetidos crímenes.
Este último escándalo venía precedido por el espectáculo de una monarquía que ya no podía mantener el simulacro de imagen pública propiciado por el pacto de silencio de los medios de comunicación y de los principales partidos políticos españoles.

Tanto la abdicación como el intento de mostrar que la decadencia de la monarquía era una cuestión personal achacable al ciudadano Juan Carlos, se han mostrado a todas luces insuficientes para ocultar lo que ha sido una característica estructural de la monarquía borbónica española: la corrupción y el latrocinio. Las previas denuncias de lo que ahora nadie se atreve a cuestionar sin sonrojarse han sido objeto de persecución y motivo de condena a muchos y muchas demócratas en nuestro país. Muchos y muchas comunistas han visto su derecho a la libertad de expresión cercenado por hacer lo que todo patriota debería hacer: denunciar a la monarquía borbónica como uno de los principales obstáculos para un desarrollo político y económico democrático de España.
España necesita culminar una transición democrática deficiente que consiguió trasladar el mando de la Jefatura de Estado franquista a una Jefatura de Estado también fuera del control de la soberanía popular y con mando único y no removible sobre las Fuerzas Armadas. Hoy la izquierda transformadora ha vuelto a sentarse en el Consejo de Ministros, ochenta años después del derrocamiento militar de la II República. Y son instituciones como la judicatura o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que aparecen en demasiados casos comportándose como fuerzas de oposición política, sin duda por no haber sido renovadas con la suficiente profundidad desde el fin de la dictadura y en especial por no existir mecanismos constitucionales que garanticen un profundo control de la soberanía popular sobre ellas.
No olvidemos que la segunda restauración borbónica se planeó por Torcuato Fernández Miranda como una operación de transito de la legalidad franquista a la legalidad democrática a través del mantenimiento de la jefatura del Estado en la cabeza del Borbón como sucesor de Franco.
Juan Carlos “el comisionista”
Lo que vino después ha sido una continua operación de lavado de imagen, tratando de ocultar los sucesivos desmanes perpetrados por una institución monárquica que, como reconocía Adolfo Suarez en una entrevista con Victoria Prego, no habría soportado una consulta popular sobre su continuidad. Así, con el tiempo se ha ido destapando el más que cuestionable papel que el rey emérito ha desempeñado en los sucesivos gobiernos de nuestra más reciente historia democrática. Su papel en el golpe de Estado del 23F, del que estuvo informado con antelación sin ocultar sus vínculos con varios protagonistas del mismo, no es sino una muestra del verdadero pensamiento del monarca. Como suele ocurrir al investigar organizaciones criminales, es el rastro del dinero mal habido lo que supone mayores quebraderos de cabeza para garantizar la impunidad de los delitos económicos y la corrupción. La gota que ha colmado la paciencia de la opinión pública ha sido su íntima relación con los regímenes autoritarios árabes para los que actuaba como un conseguidor a cambio de presuntas comisiones ilícitas de suculentas cuantías económicas
Ya en los años 80 del pasado siglo, el empresario José María Ruiz-Mateos denunció que el emérito habría recibido una comisión pagada por él con el fin de revertir la expropiación de RUMASA. Lo reprochable para Ruiz Mateos no era haber percibido el maletín repleto de billetes, sino que el entonces Jefe de Estado no habría realizado eficazmente el servicio para el que fue contratado. Lo que en su momento fue presentado como otra excentricidad del peculiar empresario, ahora no suena tan descabellado.

Una impunidad inconcebible en Europa
Pero el problema no es solo la histórica reiteración de corruptelas por los borbones. El problema es que el sistema democrático de nuestro país ha mirado para otro lado, les ha permitido campar a sus anchas actuando impunemente por encima de la ley. Incluso entre el resto de las monarquías europeas, la actual impunidad del monarca sería inconcebible. Al igual que es inconcebible en términos democráticos que el rey jefe de Estado, y no los órganos elegidos democráticamente, ostente la jefatura del ejército y que no pueda cesarse ni removerse. Es inédito entre las democracia europeas que un jefe de Estado sea inviolable, es decir, que no esté sometido a control judicial alguno incluso por actos que no son propiamente de gobierno sino de la esfera de actividad personal. Como es inconcebible en una democracia que no sean las instituciones civiles depositarias de la soberanía popular las garantes constitucionales de la soberanía, independencia e integridad territorial y que nuestra Constitución otorgue esta función a unas Fuerzas Armadas que son dirigidas por un personaje sustraído a cualquier control democrático.
La anacrónica monarquía borbónica nunca entendió lo que habría de ser una verdadera monarquía parlamentaria y ha seguido actuando como si fuera, en su fuero interno, una corona que conserva buena parte de los privilegios propios de las monarquías absolutas.
El PCE hace de la reivindicación republicana uno de los ejes centrales de su apuesta política por un nuevo modelo de país. La monarquía simboliza toda la estructura de poder que termina lastrando el desarrollo de España en términos económicos, políticos y sociales. La necesaria democratización de la Jefatura del Estado no es solo una cuestión de justicia histórica sino el primer paso para un nuevo ordenamiento jurídico capaz de enlazar con los anhelos democráticos y republicanos que el pueblo español lleva expresando siglos y por los que ha sido sometido muchas veces a sangre y fuego.

Juicio al rey
Nuestro partido sigue liderando la ofensiva jurídica contra el comportamiento delictivo del rey emérito, solicitando la admisión a trámite de la querella inadmitida por el Tribunal Supremo en 2018. Todo ello a la vista de las nuevas revelaciones que no hacen sino confirmar y reiterar los elementos probatorios e incriminatorios que ya aportamos a los tribunales hace dos años.
Es una vergüenza para nuestra democracia que la justicia suiza este investigando y arrojando más luz sobre la corrupción borbónica que nuestras propias instancias judiciales.
Pero nuestro trabajo jurídico penal será insuficiente si no va acompañado de la articulación del movimiento social y político por una república federal, plurinacional y solidaria, donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas. Solo así seremos capaces de implantar un Estado republicano en el que todas las instituciones sean expresión de la soberanía popular y estén sometidas al debido control democrático.
Como viene recogido en los documentos de nuestro XX Congreso, la reivindicación de la III República no es una reivindicación atemporal basada en lo preferible o no de la elección por sufragio universal del Jefe del Estado sino que resulta una cuestión fundamental del programa de nuestro partido y como tal es transversal a todas las reivindicaciones para un nuevo proyecto de país más democrático, igualitario y con justicia social.
No caigamos en la trampa
Es nuestro deber histórico avanzar en el proyecto republicano para España. No caigamos en la trampa de creer que la corrupción borbónica es algo que puede ser achacado a un comportamiento personal del emérito que será compensado por el hijo. La monarquía es por definición corrupta porque transmite el poder sobre las instituciones del Estado de padres a hijos de una misma familia sin control ni decisión democrática. Es un lastre estructural para el desarrollo de nuestro país y no solo en términos políticos sino también en términos sociales y económicos, pues la monarquía es una parte inherente a la configuración de un poder político que ha resultado letal para los intereses de las familias trabajadoras. Sería imperdonable que pasaran otros cuarenta años para que empezasen a aflorar otros delitos imputables entonces al ciudadano Felipe. Sería imperdonable que pasaran otras cuatro décadas sin que hiciéramos todo lo posible para cambiar las bases que llevan siglos frenando nuestro desarrollo.

Publicado en el Nº 337 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2020

Izquierda Unida y Podemos exigen a la Junta inversiones que pongan fin al colapso sanitario de Málaga

La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga promovió en el Pleno municipal, del pasado viernes, a través de una moción que el equipo de gobierno del PP “deje atrás los colores políticos y se comprometa a exigir a la Junta de Andalucía una inversión urgente en la atención primaria ante la situación de emergencia y el insoportable colapso que está sufriendo la sanidad pública de Málaga”. Esta moción fue rechazada por las derechas a pesar de que el propio delegado de Salud de la Junta reconoció al principio de la semana dicho colapso y dijo superado por las circunstancias que “rezaba” para que finalizara la pandemia.
El concejal portavoz de la coalición de izquierdas y miembro del PCE, Eduardo Zorrilla, denuncia que “el sistema de atención primaria en Málaga está colapsado, por lo que requiere inversiones y medidas urgentes para revertir esta situación. Los profesionales y los vecinos y vecinas sufren una situación insostenible. A la vez faltan rastreadores y Andalucía es la comunidad en la que se están haciendo menos test PCR de España”.
Zorrilla explica que la iniciativa de la coalición reclama “lo mismo que están pidiendo los colectivos de ámbito de la sanidad, como la Marea Blanca, la plataforma Basta Ya, el Sindicato Médico, la coordinación de los sindicatos médicos: inversiones suficientes para hacer frente a esta situación. Y poner fin a la gestión opaca, ineficiente, irresponsable y negligente del gobierno del PP y Cs en la Junta de Andalucía”.

Militantes de la asamblea de IU de Carretera de Cádiz y del PCA en el Centro de Salud de la La Luz

La concejala portavoz adjunta y miembro de Podemos, Paqui Macías, emplaza al alcalde, Francisco de la Torre (PP), a que “se preocupe por la ciudadanía malagueña y apoye la moción, en lugar de seguir siendo cómplice del gobierno andaluz y del delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, que ha afirmado que, ante la actual saturación y la pandemia del Covid, se dedica a rezar para solucionar los problemas de la sanidad. Es indignante, lo que tiene que hacer es la Junta es contratar más médicos, más personal de enfermería, de admisión, administrativos y realizar una inversión adecuada en la sanidad pública para poder hacer frente a la pandemia. Y a quien el cargo le venga grande, que dimita”.
Macías alerta de que “tenemos esperas de hasta 14 días para que te den una cita en salud primaria, esto va a generar una repercusión negativa para la salud de muchas vecinas y vecinos. Y el servicio ‘Salud Responde’ no da respuesta a las demandas de la gente, por eso pedimos que se rescate para su gestión pública. Además es necesario poner en marcha las infraestructuras sanitarias pendientes en Málaga, como los centros de salud de Gamarra y el Palo”.
El represente del colectivo de pensionistas y médico de urgencias jubilado, José Carpintero llama la atención en relación a “la sobresaturación de la atención primaria, indicador que antecede a un aumento de la mortalidad, ya que, si falla la atención primaria, aumentará la presión en cuidados intensivos y se provocará el colapso en las UCI. Por ello es urgente dotar a la sanidad de los medios suficientes para poder atender todas las demandas”.
Otro miembro de la agrupación de pensionistas de Málaga, Julio Ramos, asegura que “el ataque que se está haciendo a lo público y las colas que se están provocando en los centros de salud acabarán provocando muertes. Nuestra preocupación va en aumento ante la inminente llegada de la época de gripe y las enfermedades respiratorias que se encontrarán con un sistema colapsado y la pandemia de Covid-19”.

Guzmán Ahumada, Coordinador provincial de IU, exige al delegado de Salud que “actué de manera inmediata frente al colapso de la atención primaria y los centros de salud”

El Coordinador provincial de IU y diputado andaluz, Guzmán Ahumada, ha pedido al delegado de Salud en Málaga que “más que encomendarse a Dios debe decir adiós”, todo esto después de que el propio Bautista reconociera esta semana “que rezaba todos los días para que la pandemia terminara” y que se ha visto “superado por las circunstancias” después de admitir el colapso en la atención primaria y los centros de salud.
“Al delegado, lo que le pedimos es que, independientemente de sus creencias, actúe, porque se ha visto incapaz de atajar los problemas coyunturales y estructurales de la Sanidad en Málaga tras dos años en el cargo. No ha habido avance en infraestructuras, ni en servicios básicos, ni en la mejora de la atención primaria.”, ha apuntado Ahumada, “por eso tras admitir el colapso de la sanidad en la provincia, considerábamos necesario anunciar un refuerzo de la atención primaria, un aumento real de los rastreadores, la apertura del hospital de Estepona al menos de manera accidental, pero, sin embargo, el señor Bautista, superado por los acontecimientos, lo único que ha hecho ha sido encomendarse a Dios”.
Sobre la situación del sector turístico en la provincia, Ahumada, ha definido el momento como “dramático”, por lo que “vamos a trasladar al Parlamento que esta crisis que ha puesto los contadores a cero debe servir para relanzar la actividad turística repensando el modelo actual, que se ha mostrado muy frágil. Por ejemplo, los nueve millones de euros destinados al Bono Turístico se podrían emplear en el impulso de cooperativas de centrales de reservas propias y que las comisiones generadas pudieran convertirse en ayudas directas a aquellos establecimientos que se mantienen abiertos todo el año. También vamos a solicitar que se compruebe si las empresas beneficiarias de ese Bono Turístico tributan realmente en Andalucía o son empresas que pertenecen a lobbies destinados a la especulación. Lo que vamos a pedir, en definitiva, es que se intervenga en el sector, que no solo se dedique a vender el producto Andalucía, sino que también a poner las bases y los recursos al servicio del empleo, del comercio de cercanía, a través del turismo que se genere”.
“Creemos que la situación que padece el sector turístico debe atajarse de manera transversal y no solo con la promoción de bonos y publicidad, atajar los problemas estructurales a los que se enfrenta para poder afrontar la coyuntura actual”, ha referido Ahumada.

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social: “La política de protección social del gobierno de coalición lleva la marca de Unidas Podemos”

Foto: Mariña Sánchez

Gema Delgado. Subdirectora de Mundo Obrero
"Porque fueron, somos. Porque somos, serán". Lo hemos repetido muchas veces pero es la primera vez que lo escuchamos en el Palacio de la Zarzuela. Lo dijo Yolanda Díaz, diputada en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, cuando el 13 de enero de este año tomó posesión de la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En su discurso renovó su compromiso -esta vez desde el gobierno de coalición-, de ser un eslabón más del hilo rojo de la historia de los trabajadores que lucharon, luchan y lucharán por los derechos, por las libertades y por la democracia. Trabajo con derechos y derechos con memoria. Homenajeó a su padre, el que fuera Secretario General de CCOO en Galicia, Suso Díaz, a él y a toda esa generación que puso como ejemplo de dignidad, perseverancia, compañerismo e integridad en la lucha por la libertad y el bienestar de los trabajadores. “Me lo han enseñado todo. Siempre se sabe de qué lado están. Están del lado de la mayoría trabajadora. Y yo espero estar a su altura”. Un testigo que un día pasará a las nuevas generaciones, a las de su hija Carmela.
Trabajo sí, pero trabajo digno y con derechos. Yolanda es una abogada laboralista, nacida en Fene (La Coruña) hace 49 años. Desde los 14 años milita en el Partido Comunista de España. Recientemente ha dejado en el camino la militancia en IU pero no la del Partido: “El PCE es mi casa y mi aprendizaje, es mi forma de ser, mi cultura política, es todo”.
Amplió los estudios de Derecho, con tres máster (Urbanismo, Relaciones Internacionales y Recursos Humanos) y ejerció unos años. En 2003 ya era concejala en Ferrol. Y teniente de alcalde entre el verano de 2007 y octubre de 2008, fecha en la que se rompe la coalición municipal con el PSOE. Formó parte de la dirección del PCE e IU. Fue la Coordinadora Nacional de Esquerda Unida entre 2005 y 2017. Y hace 5 años llegó al Congreso de los Diputados representando a En Marea, formada por EU-Podemos-En Marea-Anova. Durante estos años ha sido clave en el grupo parlamentario por su experiencia en Empleo e Industria. En 2018, los periodistas la reconocieron como la parlamentaria más activa del año. Hoy, esa abogada laboralista, comunista, de sonrisa tierna y convicciones rotundas, lidia con la patronal y los sindicatos en la mesa del dialogo social, conquistando derechos al más alto nivel.
Desde el primer día dejó expuso claramente cuáles iban a ser los principales objetivos que se marcaba al frente del Ministerio: recuperar el trabajo con derechos, “volver a la ley y derogar la reforma laboral”; salarios dignos; seguridad y salud en el trabajo; igualdad efectiva y real para las mujeres; apoyo a los autónomos “para que puedan desarrollar los proyectos que necesita este país”, y situar el dialogo social como base de acción. Pero por encima de todo, su objetivo fundamental será combatir la precariedad.

MUNDO OBRERO: A los dos meses de asumir el cargo de ministra se declara la pandemia, el confinamiento y explota la crisis económica y social. Y este Ministerio se convierte, junto a Sanidad, en el Ministerio fundamental para gestionar la crisis. ¿Qué balances haces del trabajo de estos 8 meses?
YOLANDA DÍAZ: Durante el mes y medio previo a la pandemia trabajamos mucho: subimos el SMI, incrementamos las retribuciones a los empleados públicos, derogamos el artículo 52 de la reforma laboral del PP que permitía el despido objetivo por absentismo. Pero inmediatamente llegó la pandemia y ya nos volcamos en adecuar la legislación laboral a una situación desconocida de crisis sanitaria.
Nadie en el mundo se hubiera imaginado que íbamos a vivir una pandemia de estas características ni una crisis social y económica de tanta incertidumbre. Estamos protagonizando la crisis mundial más compleja y más desconocida para todas y todos.
En estos meses hemos trabajado con una intensidad inmensa, con un equipo demediado por la enfermedad y durmiendo escasamente 3 horas al día, pero volcadas para desplegar gran parte del escudo social y definir medidas que amparen a la gente.
Desde el Real Decreto 8 hasta el 25, a excepción de 3 ó 4, casi todos han salido del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Hemos realizado una gestión de la crisis completamente diferente a la del 2008, no sólo por el mecanismo de protección social de los ERTES sino porque una de las primeras medidas que tomamos fue el teletrabajo, prácticamente desconocido en nuestro país. También creamos el Plan Me Cuida, que por primera vez da el derecho al trabajador o trabajadora para que sea él o ella quien elija la jornada, la adaptación de la misma y que pueda cambiar turnos o incluso reducir la jornada hasta el 100%. Evidentemente esto no gusta nada a la patronal.
Hemos hecho cosas muy positivas como prohibir los despidos. Y ya tenemos muchas sentencias que están declarando nulos los despidos por Covid en la pandemia, que son unas medidas bastante desconocidas en el ámbito de protección laboral.

GOBIERNO DE COALICIÓN
M.O.: ¿Qué ha significado que Unidas Podemos esté en el gobierno de coalición, y en concreto en el Ministerio de Trabajo, en el momento decisivo para gestionar los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia, y decidir sobre la suerte de millones de trabajadores que se quedaron sin poder trabajar o tuvieron que cambiar radicalmente la forma de hacerlo?

Y.D.: Desde que hemos llegado ha habido un cambio absolutamente sustancial. Hemos desarrollado toda una serie de medidas, que hemos denominado Escudo Social,que tiene el marchamo de Unidas Podemos y que tenemos que poner en valor: la subida del SMI; el inicio de la reforma laboral con la supresión del artículo 52; la ley de violencias sexuales que dirigió Irene Montero; la Ley de Protección de la Infancia, que lleva la Vicepresidencia de Pablo Iglesias; la reordenación que está haciendo de la Dependencia.
Luego está el escudo social que se ha vertebrado desde el mecanismo de protección de los ERTES pasando por la protección por desempleo a un sinfín de colectivos. En los ERTES le dábamos prestación contributiva por desempleo, no subsidio, incluso a aquellas personas que carecieran de los requisitos.
Pero además conseguimos la prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos de gas, uz, calefacción y agua, las moratorias en los alquileres. También las medidas para ayudar a los autónomos. Y el aumento de las becas en nuestro país para que en esta situación difícil las hijas e hijos de los trabajadores puedan acceder a la educación pública. Ha sido extraordinario. Indudablemente, la política social de este gobierno de coalición lleva la marca de Unidas Podemos.
PROTECCIÓN DEL EMPLEO
M.O.: ¿Hasta cuando se va a mantener la prohibición del despido?
Y.D.: Si el mecanismo de protección que son los ERTES es para mantener del empleo, sería un contrasentido que permitiéramos que esas empresas que están en ERTE despidan a sus trabajadores. Y además hemos hecho que se prohíba en el ordenamiento jurídico.
Y tampoco se pueden permitir los despidos individuales cuando haya una afectación por Covid. En julio, la sentencia de Sabadell ya declaró nulos estos despidos y me consta que los sindicatos y abogados laboralistas están en esa línea de defensa.
Los ERTE son un pacto a tres bandas: los empresarios aportan porque tienen que comprometerse con mantener el empleo; los trabajadores aportan porque ven mermadas sus retribuciones; y obviamente el Estado inyecta los recursos públicos, estamos pagando nóminas y Seguridad Social. Esto es macrohistórico. En este contexto no se puede despedir.
En la negociación que el Ministerio hace con los agentes sociales hay dos cláusulas claves: la del mantenimiento del empleo durante 6 meses al que están obligadas las empresas que se acojan a los ERTEs y la prohibición de repartir dividendos. Nadie entendería que en plena crisis las empresas estuvieran repartiendo dividendos u operaran en paraísos fiscales. Son las raíces sustanciales del mecanismo de protección social que hemos vertebrado.
Y está funcionando. Desde las 550.000 empresas que se han acogido a los ERTE y los 3,4 millones de trabajadores que han quedado cubiertos con ellos, a día de hoy sólo quedan poco más de 730.000 trabajadores en esta situación. Y funciona precisamente porque los empresarios no pueden despedir.
Aprovecho la entrevista para decir que si algún trabajador o trabajadora es despedido, que interponga acciones porque ganará el pleito.

M.O.: A pesar del mensaje de tranquilidad reiterado desde este Ministerio y desde el gobierno, la gente manifiesta su preocupación sobre la duración de los ERTES y sobre si la retribución se reducirá al 50%.
Y.D.: No tendría sentido que con todo el despliegue presupuestario y el mecanismo de escudo social que hemos diseñado se dejara caer cuando aún se necesita.
Sería un error poner una fecha. El gran acierto fue decir que tendremos unos ERTEs de rebrote sin plazos porque el virus no tiene ni plazos ni fronteras. Si en una empresa, en una localidad, en una comarca o en una Comunidad Autónoma surge un problema, volvemos al esquema anterior. Hemos dado muchísima flexibilidad. El mecanismo va a continuar con la Comisión tripartita. Que la gente se quede tranquila y con la certeza de que cuando la gente necesite mecanismos de protección los va a tener.
En España siempre hubo ERTEs, pero no como los que ha habido ahora. En la crisis anterior se acogieron a él 60.000 personas, frente a los 3,4 millones de ahora. Ya estamos en parámetros más europeos, aunque seguimos a distancia de lo que se ha hecho en otros países.
Estamos operando con la legislación del PP en materia de desempleo. Los cambios que incorporó Mariano Rajoy supusieron una reducción de 26 puntos en protección social. Entre los cambios normativos que llevaba esa legislación es que cualquier desempleado español, a partir de los seis meses, veía que su base reguladora se reducía del 70% al 50%. Esa es una de las cosas que vamos a corregir en esa mesa de dialogo social. Las personas que hoy quedan en ERTES están centrados en ciertos sectores y en ciertas comunidades autónomas. Uno muy grande es el entendido como turismo, que abarca mucho más. Aquí vamos a hacer una herramienta propia para los fijos discontinuos. En Baleares, por ejemplo, no ha habido temporada turística y los trabajadores no han tenido periodos de ocupación. Pues vamos a corregirlo con una prestación para que tengan una protección social hasta la siguiente temporada turística, que en Baleares no arrancará hasta Semana Santa.
Son sectores muy definidos que tienen que ver con la estructura productiva española. Sin embargo, en la industria de la automoción ya se han incorporado el 94% de los trabajadores.
Así que tranquilidad. Lo importante no es el plazo sino que la comisión tripartita continúe con sus puertas abiertas para seguir evaluando cómo funciona el mecanismo.

DIALOGO SOCIAL
M.O.: ¿Cómo se está trabajando en la Mesa Tripartita?
Y.D.: El dialogo social es el gran desconocido. La sociedad española ve el fruto final, cuando se cierra, pero no ve la antesala. Y la antesala es que la cuarta planta de este ministerio en el que estamos hay un equipo de 20 personas, que son los técnicos de los sindicatos y las patronales, junto a los del Ministerio de Trabajo, que se remangan y diseñan los mecanismos de protección durante largas horas. Hoy han empezado a las 9 de la mañana y durará hasta que dure. Se trabaja con una gran intensidad y un trabajo muy serio y riguroso. Y quiero darles las gracias por ello. Hay un debate profundo del modelo social con muchas aportaciones y obviamente con también con posiciones contradictorias. Por ejemplo, a la patronal el Plan Me Cuida no le gusta nada. Es evidente. Pero siempre en un proceso de equilibrios, de correcciones y contrapesos. Vamos ahormando mecanismos de protección que hasta ahora han sido exitosos.
En el SMI hubo una negociación sobre la cantidad final, pero creo que lo importante es el mecanismo con el que se hizo. En la UE se pone mucho en valor la forma en que se emprenden los cambios de este Ministerio de Trabajo, porque siempre se hacen con dialogo. Luego puede acabar en acuerdo o no, pero, insisto, lo importante es que haya dialogo social.
CUIDADOS
M.O.: También preocupa la vuelta al cole, y cómo se puede compatibilizar el trabajo de los progenitores con el cuidado de los hijos e hijas que tengan que hacer cuarentena. Y si se va a compensar económicamente.
Y.D.: El tema es que las medidas de conciliación no se acogen a la prestación pública de desempleo, que es donde el Ministerio de Trabajo tiene competencia, sino que están en el ámbito de la Seguridad Social. El que las medidas de corresponsabilidad o de conciliación, la herramienta el Plan Me Cuida, tengan una herramienta económica que lo complemente, no entra en las competencias de este Ministerio.
Pero creo que ya vamos tarde. Nuestro país tiene dar un debate democrático y profundo sobre los cuidados. Y estamos trabajando poniendo los cuidados en el centro. Necesitamos un debate serio sobre qué recursos vamos a destinar para que los progenitores podamos hacer dos cosas: trabajar y, a la vez, algo tan elemental como atender a nuestras hijas e hijos. Además, el Plan Me Cuida no sólo está pensado para cuidar a los descendientes sino también para los ascendientes y personas colaterales que merezcan nuestra atención.
A día de hoy lo que tenemos es, por una parte, el Plan Me Cuida, que está cuestionado por la CEOE, y, por otra, a través del Ministerio de Seguridad Social, lo que vulgarmente llamamos la baja, que es la baja temporal por cuarentena, que automáticamente se retribuye por contingencias profesionales.
Pero ahora mismo la mesa de dialogo social está estudiando esta misma incapacidad temporal por cuarentena indirecta. Es decir, que me puedan extender esta protección si mi hija tiene que quedarse en cuarentena y yo tuviera que ausentarme del trabajo.
El Ministerio de Escrivá está trabajando en la extensión de esta cobertura. Pero creo que el debate de fondo, en el siglo XXI, y de una vez por todas, tiene que ser la corresponsabilidad, la jornada de trabajo y, por supuesto, los cuidados.

IGUALDAD
M.O.: ¿Cuáles son las principales políticas de igualdad que se trabajan desde este Ministerio?
Y.D.: Trabajamos mano a mano con el Ministerio de Igualdad y todas la políticas que hacemos tienen un sesgo de género. Cuando aumentamos el SMI señalábamos una razón fundamental y es que tiene impacto de género para las mujeres, que somos las que tenemos los salarios más bajos. Todo lo que hacemos lo vamos diseñando con estas características.
El último trabajo que hemos sacado adelante la ministra de Igualdad y el Ministerio de Trabajo son dos normas importantísimas en las que ha habido diálogo social, aunque en el último momento la CEOE se descolgó. Una sobre los mecanismos de transparencia salarial e igualdad retributiva, que es una recomendación europea de 2014 que España hasta hoy ignoraba. Y la otra, sobre los planes de igualdad en las empresas. Es decir, estamos trabajando permanentemente con el Ministerio de Igualdad no sólo mejorando nuestras normas en impacto de género, sino colocando los cuidados en el centro, lógicamente con el sesgo de género.
El feminismo es el pulmón, el nutriente que ha de definir el escudo social. Las mujeres somos el 50% de la población y del mundo del trabajo, y este hasta hoy es opaco al género. Hay que hablar de la brecha de igualdad retributiva, de la brecha de pensiones y de la segregación horizontal que sufrimos las mujeres. Las mujeres tienen que estar en el centro.
TELETRABAJO
MUNDO OBRERO: El Teletrabajo pasó del 5% al 30% durante la pandemia. Cambió nuestra forma de trabajar, pero no estábamos preparados. Pero parece que ha venido para quedarse. ¿Cómo va a ser esa Ley del Teletrabajo que regule los derechos de los trabajadores y que está a la espera de aprobarse en el consejo de Ministros?
YOLANDA DÍAZ: En el mes y medio previo a la pandemia, en mis comparecencias en el Congreso y el Senado ya expliqué que había que reformar el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que abordaba el trabajo a distancia. Y dije que había que ratificar el Convenio 177 de la OIT del trabajo a distancia que aún no está ratificado. No fue una anticipación sino una evidencia de que las relaciones laborales en el siglo XXI son diferentes y muchos trabajos se pueden hacer a distancia. Puede haber teletrabajo presencial o remoto, la cuestión es que es trabajo a distancia.
Teníamos tan clara la necesidad de España de adecuarse al acuerdo europeo de 2002 que la primera medida que tomamos en el primer decreto 8-20, en el artículo 5, fue desplegar el teletrabajo para todo el mundo. Lo tuvimos que hacer con unas enormes limitaciones y sin los controles que se necesitan.
Pero ahora ha llegado la hora de definir el Teletrabajo. El Artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores forma parte de la Reforma Laboral del PP. Lo incorporaron ellos. Fue un precepto diseñado con una visión tan pobre del trabajo a distancia que no nos sirvió para afrontar la pandemia; además lo consideraba como una parte del trabajo marginal, devaluado o de segundo rango. Ahora lo elevamos y hemos convertido ese artículo 13 en la Ley Reguladora del Trabajo a Distancia que tiene una veintena de preceptos y varias disposiciones y que va a ser uno de los elementos estructurales del cambio del mercado de trabajo español.

El Teletrabajo no puede ser un mecanismo de abaratamiento de costes o de deterioro de las relaciones laborales. Lo que hemos vivido en la pandemia trabajando con nuestras hijas en el regazo, no es ni puede ser teletrabajo. Tampoco es una herramienta de conciliación; es una herramienta de organización del trabajo, y aquí hay que hacer mucha pedagogía.
La ley tendrá 4 parámetros. El primero: el trabajo a distancia es voluntario para ambas partes, es decir, no lo puede imponer ni la empresa ni el trabajador, tienen que llegar a un acuerdo porque conlleva múltiples riesgos, entre otros el de aislamiento social y los riesgos digitales. El segundo: la imprescindible compensación de gastos que genera y que la empresa tiene que sufragar. El tercero: garantizar exactamente la misma igualdad de derechos en el trabajo presencial y en el que se hace a distancia. Y, el último: garantizar los derechos colectivos, es decir, que aunque trabajemos a distancia nos organicemos socialmente. Los derechos de representación sindical tienen que estar en igualdad de condiciones.
Es una ley que nos europeiza y va a cambiar de alguna manera una parte del mundo del trabajo. Por ejemplo, la negociación colectiva está diseñada y pensada con pluses de transporte, de distancia y un montón de elementos que con la incorporación del trabajo a distancia van a cambiar.
LEY “RIDER”
M.O.: Otra ley preparada y pendiente de su aprobación en el Consejo de Ministros es la llamada “Ley Rider”, que impedirá que quienes trabajan en plataformas digitales como Glovo y Delivero lo hagan como falsos autónomos. ¿Cuándo saldrá adelante?
Y.D.: Esta ley es muy importante. Son los vulnerables entre los vulnerables. Son los que hemos declarado servicio esencial durante la pandemia. Son los que corrieron los riesgos y los que estaban trabajando en las calles desiertas de Madrid y de las principales ciudades españolas para traernos la comida a nuestras casas.
Me consta que el Supremo va a dictar una resolución resolviendo sobre la laboralidad o no de este colectivo de trabajadores. A día de hoy ya se han pronunciado diez tribunales de Justicia diciendo que no son autónomos sino trabajadores asalariados. Y en cuanto terminemos la Ley del Teletrabajo y cerremos la mesa de los ERTES, saldrá adelante la Ley Rider. Son una prioridad para nuestro ministerio.
Hasta en el seno de la propia Comisión Europea los ministros y ministras de Trabajo tienen una enorme sensibilidad con el tema, incluido el comisario.

PRECARIEDAD
M.O.: Combatir la precariedad fue uno de los principales objetivos que te has marcado en esta legislatura. La tarea no es fácil partiendo del modelo productivo de este país y de que somos campeones de la temporalidad, de la precariedad y de la rotación. ¿Es posible combatir esa precariedad sin derogar la reforma laboral?
Y.D.: Desde el año 2012 hasta hoy se han registrado en el Servicio Público de Empleo más de 150 millones de contratos de trabajo. Es insufrible. No puede ser. Esto es lo que denomino la “anomalía española”.
Llevamos más de 50 reformas laborales y más de 30 en materia de contratación. Siempre se ha legislado en la misma dirección. El Real Decreto 3/2012, denominado Reforma Laboral del Partido Popular, que además se impuso sin dialogo social, y por el que fuimos criticados en Europa, provocó dos huelgas generales y supuso un enorme retroceso de derechos de los trabajadores: propició la mayor devaluación salarial que hemos tenido en este país; supone una absoluta precarización de las relaciones laborales; minimizó el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras, priorizando los convenios de sector; y le dio al patrón un desmesurado poder de disposición sobre los trabajadores. Es una forma de precarización absoluta. Al menos, en la gestión de la crisis hemos soslayado que un empresario puede modificarte la jornada, cambiar los turnos, hacerte lo que quiera.
La reforma laboral del PP se inserta en los mecanismos de la máxima austeridad de la Comisión Europea de los tiempos de los hombres de negro. No sirve para la realidad laboral que tenemos a día de hoy.
Es imprescindible derogar la reforma laboral para avanzar en los mecanismos de estabilidad y calidad en el empleo, el trabajo decente, salarios dignos y que los jóvenes puedan tener un futuro digno que hoy no tienen. Así no somos capaces de abordar la debilidad estructural que tenemos con contratos que duran días o horas. De hecho, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, los empresarios españoles apenas acuden a los contratos de formación porque disponen de una legislación laboral que precariza mucho más en otras vertientes.
En mis comparecencias he clamado por un acuerdo contra la precariedad. Es imprescindible. Lo estábamos empezando a abordar en la mesa de dialogo social pero quedó interrumpido con la pandemia.
M.O.: Entonces, ¿cómo modernizar el marco legislativo español para redefinir las relaciones laborales siglo XXI? ¿A través de un nuevo estatuto de los trabajadores?
Y.D.: Ya hemos derogado algunos artículos de la reforma laboral y continuaremos haciéndolo, en coherencia con el acuerdo del gobierno. El primer bloque lo vamos a hacer con dialogo social y transitando para llegar finalmente a la gran elaboración y el gran reto del Estatuto del Trabajo del siglo XXI. El trabajador del siglo XXI no es como el del siglo XX que estaba muy delineado, en una clave fordista, y diseñado hacia un mundo industrial. Ahora tiene más peso el trabajo autónomo, las relaciones digitales y la complejidad de contratación absolutamente expansiva. Así que vamos a redefinir el Estatuto del Trabajo y este es el gran reto de transformación del país.

EMPLEO JUVENIL
M.O.: Tenemos un paro juvenil del 40% ¿Qué se va a hacer para crear empleo?
Y.D.: Si no cambiamos el marco legislativo y redirigimos todo el esfuerzo a los jóvenes, no hay futuro. Los datos son insufribles. Pero hay que recordar que la política de empleo del PP y su reforma laboral tienen mucho que ver con la precariedad de los jóvenes. Los expulsó de nuestro país. Ahora estamos en un desempleo juvenil del 36,5 que Eurostat, cifraba la semana pasada en el 40%. Pero con el PP, en 2013 llegamos a superar el 56% y la media fue del 47%.
El gran reto de transformación del país es cambiar las políticas activas de empleo. Durante estos días vamos a iniciar jornadas para redefinir dichas políticas activas y ya estamos en dialogo con la comunidades autónomas y los agentes sociales para arrancar la estrategia juvenil para este próximo trienio. Los jóvenes son nuestro talento, el motor de arranque de este país y tenemos que cuidarlos.
TRABAJADORES MIGRANTES
M.O.: ¿Cómo se va a combatir la explotación de los trabajadores migrantes?
Y.D.: Estamos desplegando campañas fuertes en dos materias: la que tiene que ver con el trabajo doméstico, en el que hay grandes irregularidades; y contra la explotación en el campo, que hemos desplegado con enormes costes y presiones.
Yo sólo tengo competencias en lo que tiene que ver con el trabajo, el resto es de Interior y de Seguridad. Pero en la medida de nuestras competencias, lo que hicimos, tras recibir la visita del relator de la ONU denunciando la situación de los trabajadores del campo, fue modificar el artículo 19 de la ley reguladora de la Inspección de Trabajo para permitir la inspección en un sector que era profundamente vulnerable. Llevamos más de 2.000 inspecciones en el mundo agrario.
Pero el otro motor del trabajo está en Seguridad Social e Inmigración.
SINIESTRALIDAD LABORAL
M.O.: Las primeras palabras de tu discurso al responsabilizarte de este Ministerio las dedicaste a denunciar la siniestralidad laboral y la muerte, a causa del amianto, de un trabajador del Metro de Madrid. A pesar del confinamiento y el teletrajo, durante el primer semestre de este año las muertes por accidentes laborales superan a las del año anterior.
Y.D.: La gente no puede morir en sus puestos de trabajo. Es una indecencia. Los índices de siniestralidad laboral y siniestralidad mortal en este país no son asumibles. Tiene que ver con la precariedad pero también con la formación, la prevención y los medios. Hasta ahora hemos estamos volcados en la pandemia paro vamos a diseñar la estrategia contra la precariedad.
Vamos a empezar ya con la transposición de la directiva de los cancerígenos, que está casi acabada y es de enorme importancia. El director de la Inspección de Trabajo está diseñando la recta final.

MILITANCIA
M.O.: También hiciste un alegato de reconocimiento a los sindicatos y los sindicalistas, abogando por la necesidad de potenciar su papel y su poder de negociación.
Y.D.: Quiero lanzar un mensaje clarísimo. Las y los trabajadores tenemos que organizarnos. Es fundamental. Y tenemos una herramienta para hacerlo que es a través de nuestros sindicatos. Los sindicatos no son perfectos, son como todas las organizaciones, pero se hacen fuertes con nosotros. Siempre digo que no hay mayor democracia directa que en el mundo de la empresa, cuando los trabajadores y trabajadoras eligen libremente a sus representantes sindicales. Y así pueden tener fuerza para negociar.
Quiero agradecer el papel relevante que han tenido en la crisis todos los sindicatos: los fuertes, los pequeños, los autonómicos. Son actores principales de transformación social.
Forman parte del marchamo constitucional. Toda norma tiene que debatirse con ellos. Todas y todos somos trabajadores y estamos representados a través de ellos. Hay que agradecerles el trabajo, reforzarlo y potenciarlos No son perfectos pero son nuestra herramienta. De ahí que el empeño de la derecha política y económica sea debilitarlos y quitarles fuerza. Crean campañas de desprestigio contra ellos.
Yo hago un alegato a favor de los sindicatos y les doy las gracias, por el trabajo que hacen, a todos y todas las delegadas sindicales, desde una pequeña a una gran empresa, desde el comité de empresa al máximo nivel institucional. Sin ellas y ellos no hay avances sociales.
M.O.: ¿Por qué saliste de IU y continúas en el PCE?
Y.D.: Soy militante del PCE. Llevo militando en el Partido desde los 14 años. Es mi casa y mi aprendizaje, es mi forma de ser, mi cultura política, es todo. Desde junio del año pasado tuve diferencias políticas con la dirección de IU en el planteamiento que teníamos, desde las confluencias hasta un sin fin de elementos más. Respeto mucho las organizaciones, mis compañeros y compañeras lo son todo para mí. Y sin hacer ruido, como debe ser, decidí dar un paso que ha sido el de quedarme en lo que siento que es mi casa, el Partido Comunista de España. Y aquí me voy a quedar con todo el corazón. Es donde he nacido y donde me han enseñado lo mejor de este país.
Seguiré trabajando con mis camaradas de aquí en adelante, con todo el cariño para mis compañeros y compañeras de IU, que lo son todo para mí. La camaradería no se hace a través de los carnés sino a través de la puesta en común y de los procesos que nos unen.
Publicado en el Nº 337 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2020