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sábado, 3 de octubre de 2020

Enrique Santiago, Secretario General del PCE: “La crisis de la monarquía, expresión de la crisis de régimen”


El PCE hace de la reivindicación republicana uno de los ejes centrales de nuestra apuesta política por un nuevo modelo de país más democrático

La crisis de la monarquía es una manifestación más de la crisis de régimen que atraviesa nuestro país como consecuencia a su vez de la crisis económica que comenzó en 2008 y que ha puesto en cuestión la utilidad actual de los consensos construidos durante la transición.
El PCE lleva más de dos décadas denunciando que esos pactos fueron rotos por la oligarquía al incumplir la obligación de garantizar a nuestro pueblo los derechos económicos y sociales incluidos en la Constitución gracias fundamentalmente a la lucha y al sacrificio de los demócratas y en particular de la clase obrera. Pero no ha sido hasta hace poco más de una década que comenzó a verse de manera más nítida la fragilidad democrática del sistema que los poderes fácticos de nuestro país han construido en las últimas cuatro décadas. Un sistema político con un alto grado de corrupción, un modelo productivo dependiente incapaz de garantizar la seguridad humana, una articulación territorial inacabada y un modelo social neoliberal fruto, en buena medida, de un modelo de integración europea donde la soberanía política fue usurpada por los poderes financieros.
Huye pero deja a su hijo reinando
No es la primera vez en la historia de nuestro país que la monarquía borbónica experimenta una crisis de legitimidad que desemboca en la fuga del monarca. Cada vez que los anhelos democráticos del pueblo español quebraban el mantenimiento de la monarquía parlamentaria borbónica, la república de personas libres e iguales se erigía como alternativa a un sistema corrupto por definición y como garante de los derechos ciudadanos vinculados a la justicia social. Sin embargo, es la primera vez que un Borbón huye de España como rey emérito, dejando atrás a su sucesor ejerciendo como jefe del Estado. Y esta anomalía histórica no ha sido sino el intento de una institución decadente de aferrarse a sus privilegios sin rendir cuentas ante el pueblo soberano de sus repetidos crímenes.
Este último escándalo venía precedido por el espectáculo de una monarquía que ya no podía mantener el simulacro de imagen pública propiciado por el pacto de silencio de los medios de comunicación y de los principales partidos políticos españoles.

Tanto la abdicación como el intento de mostrar que la decadencia de la monarquía era una cuestión personal achacable al ciudadano Juan Carlos, se han mostrado a todas luces insuficientes para ocultar lo que ha sido una característica estructural de la monarquía borbónica española: la corrupción y el latrocinio. Las previas denuncias de lo que ahora nadie se atreve a cuestionar sin sonrojarse han sido objeto de persecución y motivo de condena a muchos y muchas demócratas en nuestro país. Muchos y muchas comunistas han visto su derecho a la libertad de expresión cercenado por hacer lo que todo patriota debería hacer: denunciar a la monarquía borbónica como uno de los principales obstáculos para un desarrollo político y económico democrático de España.
España necesita culminar una transición democrática deficiente que consiguió trasladar el mando de la Jefatura de Estado franquista a una Jefatura de Estado también fuera del control de la soberanía popular y con mando único y no removible sobre las Fuerzas Armadas. Hoy la izquierda transformadora ha vuelto a sentarse en el Consejo de Ministros, ochenta años después del derrocamiento militar de la II República. Y son instituciones como la judicatura o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que aparecen en demasiados casos comportándose como fuerzas de oposición política, sin duda por no haber sido renovadas con la suficiente profundidad desde el fin de la dictadura y en especial por no existir mecanismos constitucionales que garanticen un profundo control de la soberanía popular sobre ellas.
No olvidemos que la segunda restauración borbónica se planeó por Torcuato Fernández Miranda como una operación de transito de la legalidad franquista a la legalidad democrática a través del mantenimiento de la jefatura del Estado en la cabeza del Borbón como sucesor de Franco.
Juan Carlos “el comisionista”
Lo que vino después ha sido una continua operación de lavado de imagen, tratando de ocultar los sucesivos desmanes perpetrados por una institución monárquica que, como reconocía Adolfo Suarez en una entrevista con Victoria Prego, no habría soportado una consulta popular sobre su continuidad. Así, con el tiempo se ha ido destapando el más que cuestionable papel que el rey emérito ha desempeñado en los sucesivos gobiernos de nuestra más reciente historia democrática. Su papel en el golpe de Estado del 23F, del que estuvo informado con antelación sin ocultar sus vínculos con varios protagonistas del mismo, no es sino una muestra del verdadero pensamiento del monarca. Como suele ocurrir al investigar organizaciones criminales, es el rastro del dinero mal habido lo que supone mayores quebraderos de cabeza para garantizar la impunidad de los delitos económicos y la corrupción. La gota que ha colmado la paciencia de la opinión pública ha sido su íntima relación con los regímenes autoritarios árabes para los que actuaba como un conseguidor a cambio de presuntas comisiones ilícitas de suculentas cuantías económicas
Ya en los años 80 del pasado siglo, el empresario José María Ruiz-Mateos denunció que el emérito habría recibido una comisión pagada por él con el fin de revertir la expropiación de RUMASA. Lo reprochable para Ruiz Mateos no era haber percibido el maletín repleto de billetes, sino que el entonces Jefe de Estado no habría realizado eficazmente el servicio para el que fue contratado. Lo que en su momento fue presentado como otra excentricidad del peculiar empresario, ahora no suena tan descabellado.

Una impunidad inconcebible en Europa

Pero el problema no es solo la histórica reiteración de corruptelas por los borbones. El problema es que el sistema democrático de nuestro país ha mirado para otro lado, les ha permitido campar a sus anchas actuando impunemente por encima de la ley. Incluso entre el resto de las monarquías europeas, la actual impunidad del monarca sería inconcebible. Al igual que es inconcebible en términos democráticos que el rey jefe de Estado, y no los órganos elegidos democráticamente, ostente la jefatura del ejército y que no pueda cesarse ni removerse. Es inédito entre las democracia europeas que un jefe de Estado sea inviolable, es decir, que no esté sometido a control judicial alguno incluso por actos que no son propiamente de gobierno sino de la esfera de actividad personal. Como es inconcebible en una democracia que no sean las instituciones civiles depositarias de la soberanía popular las garantes constitucionales de la soberanía, independencia e integridad territorial y que nuestra Constitución otorgue esta función a unas Fuerzas Armadas que son dirigidas por un personaje sustraído a cualquier control democrático.
La anacrónica monarquía borbónica nunca entendió lo que habría de ser una verdadera monarquía parlamentaria y ha seguido actuando como si fuera, en su fuero interno, una corona que conserva buena parte de los privilegios propios de las monarquías absolutas.
El PCE hace de la reivindicación republicana uno de los ejes centrales de su apuesta política por un nuevo modelo de país. La monarquía simboliza toda la estructura de poder que termina lastrando el desarrollo de España en términos económicos, políticos y sociales. La necesaria democratización de la Jefatura del Estado no es solo una cuestión de justicia histórica sino el primer paso para un nuevo ordenamiento jurídico capaz de enlazar con los anhelos democráticos y republicanos que el pueblo español lleva expresando siglos y por los que ha sido sometido muchas veces a sangre y fuego.

Juicio al rey

Nuestro partido sigue liderando la ofensiva jurídica contra el comportamiento delictivo del rey emérito, solicitando la admisión a trámite de la querella inadmitida por el Tribunal Supremo en 2018. Todo ello a la vista de las nuevas revelaciones que no hacen sino confirmar y reiterar los elementos probatorios e incriminatorios que ya aportamos a los tribunales hace dos años.
Es una vergüenza para nuestra democracia que la justicia suiza este investigando y arrojando más luz sobre la corrupción borbónica que nuestras propias instancias judiciales.
Pero nuestro trabajo jurídico penal será insuficiente si no va acompañado de la articulación del movimiento social y político por una república federal, plurinacional y solidaria, donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas. Solo así seremos capaces de implantar un Estado republicano en el que todas las instituciones sean expresión de la soberanía popular y estén sometidas al debido control democrático.
Como viene recogido en los documentos de nuestro XX Congreso, la reivindicación de la III República no es una reivindicación atemporal basada en lo preferible o no de la elección por sufragio universal del Jefe del Estado sino que resulta una cuestión fundamental del programa de nuestro partido y como tal es transversal a todas las reivindicaciones para un nuevo proyecto de país más democrático, igualitario y con justicia social.
No caigamos en la trampa
Es nuestro deber histórico avanzar en el proyecto republicano para España. No caigamos en la trampa de creer que la corrupción borbónica es algo que puede ser achacado a un comportamiento personal del emérito que será compensado por el hijo. La monarquía es por definición corrupta porque transmite el poder sobre las instituciones del Estado de padres a hijos de una misma familia sin control ni decisión democrática. Es un lastre estructural para el desarrollo de nuestro país y no solo en términos políticos sino también en términos sociales y económicos, pues la monarquía es una parte inherente a la configuración de un poder político que ha resultado letal para los intereses de las familias trabajadoras. Sería imperdonable que pasaran otros cuarenta años para que empezasen a aflorar otros delitos imputables entonces al ciudadano Felipe. Sería imperdonable que pasaran otras cuatro décadas sin que hiciéramos todo lo posible para cambiar las bases que llevan siglos frenando nuestro desarrollo.

Publicado en el Nº 337 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2020

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