Como candidato de IU-UP
quiero subrayar la importancia política de este acuerdo y animar a compañeros y
compañeras a que voten favorablemente
Mañana
comienza en Izquierda Unida la consulta sobre una hipotética confluencia con
Podemos y otras fuerzas que ya participan en una alianza electoral con la
fuerza morada. Hasta el miércoles los militantes y simpatizantes podrán votar
para manifestar su apoyo (o rechazo) a esta posibilidad, si bien el acuerdo
final tendrá que ser ratificado democráticamente cuando se conozcan todos los
detalles. Como candidato de IU-UP quiero subrayar la importancia política de
este acuerdo y animar a compañeros y compañeras a que voten favorablemente.
Ahora
bien, considero imprescindible enmarcar esta decisión en un análisis del
presente momento político. Algo que trataré de sintetizar en cinco tesis.
Tesis primera: la
crisis de régimen se resolverá con ruptura o reforma
La
crisis de régimen que asola nuestro sistema político encuentra su origen en las
dificultades de la oligarquía para gestionar la crisis económica y sus efectos.
El desprestigio de las instituciones políticas, desde el Congreso hasta los
partidos políticos, está vinculado a la pérdida de legitimidad de quienes han
gobernado y dirigido nuestro país durante las últimas décadas. Incapaces de
convencer, han tenido que recurrir a la coerción y la represión para mantener
el orden -la ley mordaza o la reforma del código penal son expresiones
características de ello.
Efectivamente,
la ciudadanía ya no cree con la misma convicción en las instituciones que hasta
ahora han enmarcado la vida social y política de nuestro país. Pero no es una
simple cuestión de relato, fe o concepción del mundo. Hay algo más profundo: el
agotamiento de las formas con las que la oligarquía de nuestro país se
articulaba para garantizar la acumulación de capital, es decir, la buena marcha
de la economía. Bajo el modelo de especulación y pelotazo inmobiliario las
grandes empresas y grandes fortunas de nuestro país habían casado sus intereses
con una élite política corrupta y clientelar, todo lo cual era funcional a un
modelo de crecimiento económico que generaba empleo y atraía rentas del
extranjero. La profundidad de la crisis económica ha deshecho esa red de
intereses, levantando al mismo tiempo una polvareda de casos de corrupción y
estafa por todas partes del territorio español.
La
clave es entender que lo que se ha deshecho –que no roto- es la forma realmente
existente del Estado, su articulación concreta, para un momento histórico del
capitalismo español. El Estado estaba configurado de tal forma que permitía y
promovía un modelo de crecimiento económico caracterizado, entre otras cosas,
por el endeudamiento privado, la desigualdad y las burbujas especulativas. Ese
modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la configuración del Estado
mismo. Ha entrado en crisis; en crisis de régimen.
En
este punto, las grandes empresas y las grandes fortunas, cuyos beneficios están
en juego, han suscrito una hoja de ruta –la de las reformas estructurales
neoliberales- que tiene como objetivo recuperar la acumulación de capital sobre
la base del incremento de la explotación laboral y la pérdida de derechos
sociales. Otra vuelta de tuerca: más privatizaciones, más recortes, más
flexibilidad, más desigualdad. Ahora bien, la economía no opera en el vacío,
sino en instituciones políticas. Eso significa que los cambios económicos,
especialmente si son tan radicales como los que pretenden –pues golpean
directamente a la vida de las personas – tienen que tener un fuerte respaldo
político bien para intentar generar consenso sobre su inevitabilidad bien para
controlar las protestas que provoquen.
Es
aquí donde se sitúa el dilema central entre ruptura o reforma. Entre una
reforma encaminada a hacer los cambios necesarios para reajustar el Estado a
las nuevas necesidades de la acumulación de capital, coincidente con los
intereses de las grandes empresas y grandes fortunas, y una ruptura que plantee
una alternativa al sistema político y al régimen de acumulación, coincidente
con las necesidades objetivas de las clases populares. Obsérvese que la
disyuntiva no es entre un Gobierno de cambio y otro que no lo sea; todos los
Gobiernos y alternativas son de cambio. Un proceso político de restauración o
reforma es precisamente eso: la salida de la crisis de régimen con un Estado
rearticulado, legitimado y funcional a la acumulación de capital en su nuevo
tipo.
Ahora
bien, la oligarquía no ignora que su hoja de ruta conlleva un cambio radical en
el orden social mismo, puesto que significa hacer saltar todas las costuras del
Estado Social. Por esa misma razón el informe del FMI de agosto de 2013 sobre
España puso de manifiesto la necesidad de preservar el soporte político –el
bipartidismo, apuntaba entonces- así como preparar las medidas coercitivas
necesarias para atajar las protestas sociales. A ello me referiré en las tesis
segunda y tercera.
Tesis segunda: la
crisis de gobernabilidad es una oportunidad
En
agosto de 2013 el FMI alertó de los riesgos de freno en las reformas
estructurales que habían comenzado en 2010 con el PSOE en el Gobierno. En el
mismo informe que proponía un recorte brutal de las pensiones -propuesta
satisfecha apenas unos meses después por el Gobierno del PP- el FMI indicaba su
preocupación por la debilidad del bipartidismo y por los posibles estallidos
sociales. En cierta medida era un reconocimiento de que las reformas estructurales
necesitaban un soporte político específico, que a juicio del organismo
internacional residía claramente en el bipartidismo.
Lo
que subyacía en esas preocupaciones era la idea de que el bipartidismo era el
instrumento político ideal para casar las necesidades de la economía –desde la
óptica del FMI, coincidente con la de la oligarquía española- con el ejercicio
del poder en el Gobierno. Existiría, en definitiva, una suerte de
correspondencia entre los intereses de la oligarquía y las decisiones del
bipartidismo. De este planteamiento han nacido ideas como la de la Gran
Coalición, que en otros países ya ha sido experimentada.
Sin
embargo, lo que estamos viendo en nuestro país es una crisis de gobernabilidad,
es decir, la incapacidad de conformar un Gobierno. Algo que revela que no
existe esa correspondencia directa. Este es un rasgo característico de la
crisis de régimen: los intereses de las grandes empresas y grandes fortunas
chocan con los aparatos de unos partidos que están sufriendo la deslegitimación
ciudadana y cuya preocupación esencial es su propia supervivencia y
reproducción. Así que aunque uno esperaría ver a Rajoy dimitir y que su
sustituto/a apoyara el pacto C’s-PSOE, que es por cierto la expresión más clara
e inteligente de restauración del régimen, finalmente eso no sucede.
Esta
situación es, sin duda, una oportunidad política para cortocircuitar la
operación neoliberal y frenar sus reformas estructurales en nuestro país.
Abriéndose hueco en esta crisis de régimen es posible plantear una articulación
nueva de intereses, desde las clases populares y desde abajo, que dispute el
poder político a quienes, de momento, son incapaces de representar
corresponsablemente a la oligarquía. Así, lo lógico es pensar que la
alternativa se construye articulando, sumando, acumulando en torno a un
proyecto político común a los sectores sociales golpeados por la crisis en sus
diferentes ámbitos. La oportunidad estará abierta mientras la crisis de régimen
siga expresándose en aspectos como la crisis de gobernabilidad.
Tesis tercera: las
respuestas populares son el motor del cambio
La
crisis y, sobre todo, la gestión neoliberal de la crisis no solo ha causado un
cambio en las condiciones de vida de las clases populares sino también
estallidos sociales de diverso tipo. Los recortes y el desempleo han provocado
un crecimiento notable de las movilizaciones en los últimos años, la mayor parte
de las veces en forma sectoriales (como mareas, antidesahucios, huelgas
generales…) pero otras veces de forma global (15-M, Rodea el Congreso, Marchas
por la Dignidad…). El mensaje parece evidente: la ciudadanía está respondiendo
políticamente a la crisis y sus efectos.
Pero
eso no significa que estemos ante una respuesta necesariamente consciente, en
términos de proyecto político, sino más bien ante la simple manifestación de la
frustración de quienes son golpeados por la crisis. Hemos dicho ya que en la habilidad
de articular esas diferentes reivindicaciones bajo un proyecto político
coherente está la clave. Y ahí no hay nada escrito de antemano.
Los
partidarios del proceso de restauración o reforma tratan de convencer a las
clases populares de la necesidad de que se resignen ante su nueva situación o
incluso para que sigan confiando en un porvenir mejor. Mientras eso sucede
emergen distintas opciones de ruptura cuya retórica política está basada
siempre en la protección de las clases populares. Pero la sustancia política es
muy diferente si esa opción procede de la derecha o de la izquierda. Del primer
tipo estamos viendo un crecimiento espectacular en toda Europa con la
proliferación de partidos populistas de ultraderecha, xenófobos y fascistas.
Del segundo tipo hemos visto procesos esperanzadores en el mediterráneo,
especialmente en Grecia y España. Esta es, sin duda, la batalla política más
inmediata: la de la representación política de las clases populares.
Para
lograr vencer en esa batalla es necesario combinar dos estrategias políticas:
las estrategias discursivas y las prácticas políticas de inserción en el
conflicto. Ni es posible representar a las clases populares si éstas no
entienden –o rechazan- las palabras que pretenden transmitir el proyecto, ni
tampoco es posible representarlas si no hay una imbricación directa con la vida
cotidiana de los representados. Al fin y al cabo, la subjetividad se construye
en la práctica y, particularmente, en el conflicto; es lo que los clásicos
llamaron filosofía de la praxis.
En
definitiva, el instrumento de transformación ha de parecerse más a las formas
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), bien equipada de una
estrategia discursiva, que a una simple maquinaria electoral que se desentienda
de los espacios vitales de conformación de ideología.
Tesis cuarta: la unidad
popular es el nombre de esa estrategia
Entender
que la articulación de los sectores sociales golpeados por la crisis no se
puede hacer desde el laboratorio, sino desde la praxis, es básico. La unidad
popular no es una consigna de comunicación política, ni tampoco un sujeto
político, sino una estrategia de articulación que se desarrolla en planos
diversos.
Por
un lado, la unidad popular se practica en las movilizaciones en defensa de los
derechos, sean los servicios públicos, las condiciones laborales o los derechos
políticos. Es ahí donde confluyen diversos sectores y donde se teje cierta
unidad en la diversidad: en torno a la defensa concreta de un objetivo
político. Pero no solo es eso. Parar un desahucio, ir a la huelga, protestar
contra la privatización de la sanidad o exigir el fin del voto rogado no son
solo estrategias que funcionan si se alcanza el objetivo concreto, sino que en
sí mismas ya transforman al individuo y al colectivo que se ve involucrado.
Crean subjetividad.
Por
otro lado, la unidad popular debe tener expresiones electorales, es decir,
debemos ser capaces de trasladar a las instituciones los reflejos unitarios de
las movilizaciones. Al fin y al cabo, tampoco es posible transformar la
realidad legal si no se ganan las instituciones. Y es aquí donde llegamos al
punto de discusión central de estos días: la necesidad o no de articular
electoralmente a organizaciones distintas en torno a un proyecto político concreto.
Mi opinión es firme y contundente: es posible y necesario.
Los
éxitos electorales de las confluencias municipales son expresión de un clima
social que beneficia la proliferación de proyectos rupturistas y de
transformación social. Es la oportunidad para aprovechar la crisis de régimen
también institucionalmente.
Una
confluencia Podemos-IU tendría la capacidad de movilizar y tensionar a gran
parte de la sociedad, de cara a disputar efectivamente el Gobierno a los
partidos del régimen que están embarcados en un proceso de reforma. Llegar al
Gobierno supondría la paralización inmediata de los desahucios, la paralización
de la privatización de las entidades financieras rescatadas, planes de empleo y
un mensaje muy claro para el resto de Europa. Es decir, supondría un punto de
inflexión no solo nacional sino también internacional.
Tesis quinta: Izquierda
Unida es un instrumento para la ruptura democrática
Hemos
visto el precipicio. Cuando acepté ser candidato a la Presidencia era
consciente de las dificultades exógenas y endógenas que enfrentábamos. Sufrimos
importantes varapalos electorales, pero logramos aguantar el 20-D con enorme
elegancia y respeto gracias a una militancia de oro que supo entender el
momento político y la necesidad de preservar el instrumento y la cultura
política de IU.
Ahora
nos encontramos en otra fase. Fortalecidos por el creciente respaldo que
evidencian las encuestas y, sobre todo, por la coherencia política demostrada
en los últimos años, en Izquierda Unida debemos afrontar al menos dos retos
esenciales.
El
primero, nuestra organización debe adaptarse al nuevo contexto socioeconómico
por el que atraviesa nuestro país. Estamos ante una fase distinta del
capitalismo, distinta de la de 1986, y hemos de adecuar el instrumento a estas
nuevas condiciones. Esa es la tarea de la asamblea federal que está teniendo
lugar en estos momentos y en las que nuestra candidatura propone una transición
hacia un movimiento político y social que permita articular a las clases
populares a través de la inserción en el conflicto social (tesis tercera).
El
segundo, nuestra organización ha de trabajar para la ruptura democrática y no
para la restauración del régimen. Eso significa que debemos ser audaces y
valientes a la hora de trabajar con otros proyectos distintos en el marco de la
ruptura con el régimen, y no resignarnos a ser una reducida expresión electoral
cuya máxima aspiración sea la de facilitar gobiernos de la izquierda del
régimen. Es comprensible que determinadas culturas, como la carrillista, sigan
teniendo eco en nuestra organización, pero sus prácticas políticas no son ni de
lejos lo que ahora mismo necesitan las clases populares de nuestro país. Por
mucho que se enmarquen en retóricas histriónicas y sobreactuadas, llenas de
consignas litúrgicas sin coherencia conceptual, las propuestas anticonfluencia
solo pueden desembocar en el fortalecimiento del lado amable del régimen. Ese
mismo lado que, como eslabón débil del régimen, tiembla ante la posibilidad de
que un proyecto político diverso pero compacto y de ruptura pueda arrebatarle
el espacio político. No olvidemos, en ningún momento, que Izquierda Unida nació
como espacio de convergencia y para superar el capitalismo, no como instrumento
autoreferencial para el apoyo de los proyectos socioliberales.
Conclusiones
Esta
no es una crisis cualquiera, sino una crisis de régimen. Lo que quiere decir
que no solo afecta a las políticas económicas sino al espacio político mismo.
Nuestro país se encuentra en una encrucijada política en la que tiene que optar
por la reforma o la ruptura democrática. La reforma garantizará los fundamentos
de la acumulación de capital en las nuevas condiciones –más flexibilidad y
precariedad- aunque se adorne con cambios de caras y hasta con cesiones
democráticas. La ruptura, en cambio, provocará un punto de inflexión en el
avance del neoliberalismo por todo el país y la propia Europa. La ruptura es un
momento de esperanza mientras la reforma es un momento de pálida resignación.
La
confluencia es una estrategia política, no un sujeto político, y tiene que ver
con la necesidad de preservar las conquistas sociales y poner en marcha un
proceso constituyente que democratice la propia relación económica. La
confluencia se da entre distintos, y es incluso contradictoria en algunos
rasgos; de ninguna forma es un acto puro y sobrio. Por el contrario, es
diverso, plural y rico en matices. Pero también es firme en su proyección política,
lo que lo hace la única estrategia válida para enfrentar al enemigo de las
clases populares: el proyecto político neoliberal que encarna el régimen
actual.
Sobre
los y las militantes de Izquierda Unida descansa ahora una parte importante y
necesaria de la responsabilidad moral y política con las clases populares. La
tarea es inmensa, y la urgencia aún mayor. Las esperanzas de mucha gente están
depositadas en la audacia y habilidad que tengamos los que luchamos por un
mundo más justo desde diversas trincheras. La esperanza de que ante esta
próxima campaña electoral seamos coherentes en las decisiones que nos
corresponden.
Salud
y República.
Alberto Garzón Espinosa
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/confluencia-tesis-momento-politico_6_511358871.html
01/05/2016
