Elena Cortés Jiménez
Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
“Que no se vengan
abajo, que luchen, que sí se puede.
Yo me veía fuera de mi
casa, y ahora todo ha cambiado”
(María del Carmen Andújar, primera mujer acogida a la Ley de Función Social de la Vivienda de Andalucía
para evitar su desahucio).
La norma supone una toma de partido clara por parte de un
Gobierno y de un Parlamento a favor de las clases populares para ofrecer
alternativas a la estafa hipotecaria que han supuesto décadas de políticas
mercantilizadoras de la vivienda. Unas políticas que no sólo han pisoteado el
derecho a la vivienda, sino también el derecho a la ciudad, entendida como
espacio democrático de convivencia e integración y que incluye a su vez el
derecho a equipamientos y servicios de calidad integrados en el tejido urbano.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado un
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley , ofreciendo así a los bancos carta blanca
para desahuciar, y a los especuladores y fondos buitre, vía libre para
mercadear con las viviendas vacías. El Gobierno sostiene su impugnación en
argumentos tales como que la Ley
hace subir la prima de riesgo y pone en peligro el sistema financiero. Afirma
que con la norma “desaparecería la propiedad privada”. Señala que la Ley “innova el contenido
esencial del derecho de propiedad” al obligar a que las viviendas estén
destinadas a satisfacer un derecho, precisamente el derecho a la vivienda. Y se
adorna al denunciar que la Ley
supone “una discriminación de las entidades financieras”.
Estas afirmaciones sólo pueden interpretarse como raptos de
cinismo o de paranoia, más aún tras la entrega de 200.000 millones de euros de
dinero público a la banca sin que ésta haya ofrecido contrapartida alguna. Por
otra parte, los únicos que han perdido su propiedad privada, su casa, han sido
los cientos de miles de familias trabajadoras desahuciadas impunemente.
Sanciones,
expropiaciones y efecto disuasorio
La sola vigencia de la norma provocaba un efecto disuasorio
en todos los procesos de desahucio. En todos, porque todas las familias en
problemas con su hipoteca, así como los avalistas, tenían un arma con la que
defenderse de la violencia financiera, una violencia que es de clase y de
género, no en vano la aplicación de la norma nos ha mostrado cómo esta agresión
se ceba especialmente con las mujeres trabajadoras. Y tenía un efecto
disuasorio porque el banco se lo piensa antes de desahuciar si con ello se
expone a sanciones, por quedarse una vivienda vacía, o a la expropiación de la
misma.
Es una Ley que da poder a la gente. Este es el motivo del
recurso, que a su vez deja clara su finalidad: lanzar el mensaje de que no hay
alternativa a las políticas de ajuste duro del Gobierno; desactivar una Ley que
supone una reivindicación de la utilidad de la política para transformar la
realidad; abortar una norma que da resultados, evidenciando el fracaso de su
‘moratoria’. El Gobierno reacciona con este recurso contra toda la política de
vivienda de la autonomía andaluza. El Gobierno recurre contra los más de 3.200
desahucios paralizados en un año en Andalucía mediante nuestras oficinas de
intermediación; recurre contra la suspensión de todos los desahucios en las más
de 80.000 viviendas del parque público, un expresivo contraplano a la venta a
fondos buitre de viviendas públicas en otras Comunidades Autónomas gobernadas
por el PP.
Un derecho humano
Porque la vivienda es
un derecho humano, no una simple mercancía.
A partir de este anclaje jurídico, y empujados por la fuerza
del movimiento en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios, IU
en el Gobierno andaluz ha establecido una alianza de clase y de género
orientada a cambiar de raíz las políticas de vivienda desarrolladas por el
bipartidismo en colaboración con el capitalismo inmobiliario. Este histórica
comunión de intereses entre las instituciones y los especuladores ha quedado de
hecho retratada por la justicia europea, concretamente por el Tribunal de
Luxemburgo, que sentenció que la legislación estatal sobre desahucios lleva dos
décadas desprotegiendo a los deudores hipotecarios, una responsabilidad que
atañe directamente a todos los Gobiernos desde Felipe González a Mariano Rajoy.
Jurisprudencia
constitucional
En cuanto a las expropiaciones, ¿acaso no expropian cada día
las administraciones para hacer carreteras, metros, tranvías y hasta campos de
golf? Por supuesto que lo hacen, y para ello invocan el interés social de la
expropiación. ¿Cómo puede negarse el interés social de evitar un desahucio?
28 de febrero
El vergonzoso recurso del Gobierno sí tiene una clara
virtud, la de mostrar a las claras el verdadero programa de Gobierno del PP,
que podría resumirse en un lema: “Todo por la banca, contra la democracia”. Y
supone además la confesión por escrito de la venta a precio de saldo que ha
hecho el Ejecutivo, tan dado a las exhibiciones de patriotismo, de la
democracia española y de la propia esencia del Estado de las Autonomías a la Troika. Lean si no
este elocuente párrafo: “El MoU [memorando que fija las condiciones del rescate
a España] obliga a las autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea ,
al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre
cualquier política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en
la consecución de los objetivos del programa”.
Es decir, el Gobierno niega a la autonomía andaluza la
potestad de adoptar medidas sobre cualquier materia con impacto económico, lo
que supone una negación de las competencias establecidas en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía. El Gobierno niega con su recurso de la vergüenza la
capacidad de alternativa democrática del pueblo andaluz.
Nos rebelamos contra ese dictado. Desde la institución que
gobernamos,
Publicado en el diario Público
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