Izquierda Unida de Andalucía y asociaciones de agricultores
malagueñas reclaman al menos corregir “el desastre” que ha supuesto el reparto
realizado por el gobierno de Rajoy de la
PAC (Política Agraria Común) para el sector en la provincia
con un reparto más justo de otras ayudas que restan por entregar.
Así dirigentes de COAG y UPA en Málaga se reunieron el
pasado martes con la parlamentaria andaluza de IULV-CA, Dolores Quintana, para
analizar la situación de la ganadería y la agricultura en la provincia que
califican de crítica después de la
PAC.
Lola Quintana, ha destacado que “cada vez que el Partido
Popular toma una decisión respecto a la
agricultura y ganadería el campo andaluz sale perdiendo y retrocede” respecto a
la disminución de las inversiones del gobierno central en los Presupuestos Generales
del Estado y la mala distribución de los fondos de la PAC.
La diputada de IULV-CA ha asegurado que este reparto ha sido
“un ensañamiento” con la cabra malagueña, el almendro, la uva pasa o el olivar
en pendiente de la provincia y ha recordado que tan sólo el sector caprino
representa el 55 por ciento de todo el país y da trabajo a familias completas.
En el caso de la uva, Quintana afirma que es la seña de
identidad de una comarca como la
Axarquía , con más de 700 productores y que, como mínimo
perderán el 30 por ciento de los ingresos con este mal reparto de ayudas.
En esa misma línea, Juan Antonio García, secretario
provincial de la COAG
en Málaga, ha asegurado que el reparto de la PAC ha
supuesto para el sector andaluz pérdidas de 500 millones de euros y reconoce
que el ministro del ramo no va a dar marcha atrás con ello, por lo que se
propone reorganizar el reparto de otras ayudas pendientes. Así, se reclama que
los fondos del Plan de Desarrollo Rural vaya directamente a los agricultores
del castaño, el almendro u otros sectores que se han visto perjudicado en la
provincia, dejando fuera o con menos fondos a aquellos que sí han recibido
otras ayudas.
García ha criticado el reparto de del plan de choque por el
empleo, que, afirma, ha ido a manos a grandes empresas y “ha dejado sin nada” a
las pequeñas y cooperativas que generan empleo forestal en los pequeños pueblos
de la sierra como El Burgo o Ojén” y ha pedido a la representante de IU que
apoye un cambio en el nuevo reparto.
El secretario general de UPA en Málaga, José Gámez, ha sido
aún más duro con el ministro de Agricultura, Arias Cañete, al que ha acusado de
perpetrar “un atraco a mano armada” contra el viñedo y otros sectores del campo
malagueño y ha recordado que en el mes de mayo se celebran las elecciones
europeas y ha dicho que estará muy pendiente con quienes se presentan a la
misma, ya que en verano habrá una revisión del reparto de ayudas a la uva y nuestros responsables políticos
deben actuar en consonancia con los derechos del sector.
Por otra parte, Izquierda Unida le ha presentado a los
dirigentes de los agricultores y ganaderos en la provincia una Proposición No
de Ley (PNL) que ha presentado en el Parlamento destinada a paliar los
problemas económicos que ha causado en el sector la nueva normativa eléctrica
aprobada este mes de agosto en el Estado.
IU quiere que el Gobierno de Rajoy dé marcha atrás con esta
normativa y pide a la
Consejería de Agricultura de la Junta que ponga en marcha
líneas específicas de apoyo a los agricultores, ganaderos, comunidad de
regantes y agroindustria, que incluya apoyo a la eficiencia y el ahorro
energético para reducir costes y que disminuya el saldo negativo de la balanza
energética”.
Según ha explicado Quintana, desde 2003, el incremento en la
factura eléctrica ha sido del 53 por ciento. Para el regadío ha subido el coste
en un 125 por ciento de media. El representante de COAG añade que en Málaga
esta tarifa eléctrica afecta a 30.000 hectáreas de regadío que se encuentran
en una situación difícil por todo lo que está sufriendo el sector y que pagan
la potencia todo el año a pesar de que usen la energía unos cinco meses. Esto
está llevando a los agricultores a pasarse a otras energías. La PNL de IULV-CA incluye también
una solicitud a la
Consejería de Agricultura para que fomente el uso de energías
alternativas que aseguren esa producción energética.
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Por otro lado, el secretario general de la COAG Andalucía ,
Miguel López ha señalado “la actitud mafiosa del gobierno central” al estar
“utilizando las instituciones públicas para crear un marco jurídico que está
condenando al sector al expolio”. López ha explicado que el gobierno permite
que las compañías eléctricas facturen muy por encima del gasto real, e impide
autoabastecerse mediante energías renovables. Esto sucede en un momento en el que
el sector está fuertemente endeudo del sector tras realizar inversiones
millonarias para la mejora del regadío, que además suponen un aumento del
consumo eléctrico.
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