Cayo Lara, Adolfo
Barrena y Willy Meyer presentan en rueda
de prensa la propuesta que se convertirá en una iniciativa
parlamentaria para debatir en el Congreso y que Izquierda Unida llevará también
a todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos donde tiene representación.
Izquierda Unida ha presentado hoy una importante propuesta,
que convertirá en iniciativa parlamentaria a través de su grupo de IU, ICV-
EUiA, CHA, en la que pide de forma explícita la “inmediata intervención de las
empresas del sector energético”, con el objetivo de “preservar el interés
general de un servicio esencial” como el del suministro de energía eléctrica a
los consumidores.
Esta iniciativa fue detallada hoy en la tradicional rueda de
prensa de los lunes en la sede de IU por su coordinador federal, Cayo Lara, el
responsable federal de Políticas Energéticas, Adolfo Barrena, y el eurodiputado
de la formación, Willy Meyer, dado el alcance de la misma tanto a nivel estatal
como en lo que respecta a medidas similares que ya se han planteado para su
estudio en el Parlamento Europeo.
“Queremos que se cumpla el artículo 128 de la Constitución ”,
explicó Barrena para contextualizar el encaje legal de esta medida ya que, como
comentó, la Carta Magna
“señala que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere
su titularidad está subordinada al interés general”.
De la misma forma, recordó que este mismo texto reconoce la
“iniciativa pública en la actividad económica”, de tal forma que “mediante una
ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio”, al tiempo que se podrá “acordar la
intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
Adolfo Barrena valoró que el Gobierno tiene la obligación de
“resolver el terrible problema” que arrastra nuestro país con las energías, en
especial con el recibo eléctrico, por lo que es imprescindible que se esfuerce
por “garantizar los servicios básicos”.
“Hay que adoptar –explicó- una decisión que nos libere de la
dependencia energética, aplique tarifas sociales y tenga el objetivo de
aumentar las energías renovables”, frente a una política energética impuesta
por el Gobierno del PP que “no tiene alternativa y no sabe cómo resolver el
problema”.
El responsable federal de Política Energética de IU criticó
al ministro de Industria, José Manuel Soria, por el nuevo sistema de
tarificación que prepara y que consideró “otra huida hacia adelante” mientras
no se aborde una reforma en profundidad del sector.
Willy Meyer, por su parte, apuntó que la desregulación del
mercado eléctrico ejecutada en los últimos años por los sucesivos gobiernos del
PP y PSOE, y seguida también por otros Estados en la Unión Europea , es
“la causante de tener una situación similar a la que había en los años 50 y en
los 40” en
cuanto a la precariedad y a la subordinación de los derechos de los
consumidores.
El eurodiputado de IU abogó por un “paquete energético
público”, cuya creación es fundamental para poder “crear un nuevo modelo
económico donde se pueda buscar el empleo de calidad y una mayor cohesión
social”.
Cayo Lara, por su parte, defendió en su intervención la
necesidad de que se produzca la “nacionalización” del sector energético, para
garantizar así el suministro básico esencial y hacer frente al “oligopolio” que
existe en este sector, que ha llevado a “perjudicar directamente a las familias
y a la actividad económica”.
Lara defendió una actuación de este tipo y la contrapuso a
la realizada ya en el sistema bancario por “aquellos que no han tenido reparo
en nacionalizar las cajas de ahorro para socializar las pérdidas y privatizar
las entidades después” con miles de millones de euros de dinero público
perdidos por el camino.
El máximo responsable de IU recordó que esta formación lleva
esta propuesta en sus sucesivos programas electorales desde hace mucho tiempo y
que ahora la pone con más fuerza sobre la mesa debido a la política energética
que realiza el Gobierno del PP, “que la vistan como la vistan sólo pretende
mejorar los beneficios de las eléctricas”, dijo.
Izquierda Unida tiene intención de que esta propuesta,
además de convertirla en una iniciativa parlamentaria para ser debatida en el
Congreso de los Diputados, se lleve también a todos los parlamentos autonómicos
y ayuntamientos donde tiene representación institucional.
En su texto, además de plantear la inmediata intervención de
las empresas energéticas, se incluyen medidas legislativas para garantizar el
suministro básico esencial de energía eléctrica e instar al Gobierno a elaborar
un proyecto de ley que reserve para el sector público la totalidad de los
servicios energéticos.
Además, pide abrir una mesa de diálogo y negociación, con
participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos
parlamentarios, para acordar la necesaria reforma del sector energético español
y darle una respuesta.
Texto íntegro de la iniciativa:
ANTECEDENTES
La factura de la electricidad de España es la tercera más
cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas
españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las europeas.
Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes
de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre
otras; y todo ello, según se decía, en
la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y de las Directivas de la UE , para lograr un mercado más
eficiente y conseguir una reducción de
costes que deberían trasladarse a los precios.
Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de
rentabilidad bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico
que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las
grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las
grandes empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de
2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la
segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012,
solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez,
National Grid, E.ON o Enel.
Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en
las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de
doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008,
apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre
del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres
primeros trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas
españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus
cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros.
Por ejemplo Endesa, que vuelve a
repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta
septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de
2.275 millones y el de Gas Natural
Fenosa llega hasta los 1.120 millones de euros.
Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis
y las políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de
ella, provoca que el 10% de la población
sufra pobreza energética.
Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema
energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas
estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios
regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema
del déficit, han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa
el insoportable encarecimiento de la factura energética.
Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas
eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los
criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la
liberalización teórica, al menos el 50 %
son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte y
distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la
moratoria nuclear entre otros.
No es ajena a la situación la cuestión del déficit
tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por
cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa
diferencia entre coste real y el calculado, que “justifica” un presunto déficit
de miles de millones de euros, se haya valorado de forma correcta ya que se
basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y
además esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías
que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza
regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la
evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que
atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de
la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia
insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que
determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.
El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención
de presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente
necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para
que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y
las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la
ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios
como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de
compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados
de más por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE.
Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que,
junto a la reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona y que
favorezca la implantación progresiva de las energías renovables.
También se hace necesario favorecer el autoconsumo de
energía con balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y
de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y
gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético,
supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el
punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo
supondría una reducción de los costes medios del kw, democratizaría el sistema
energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para
solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para
evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios
públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del
suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.
Por lo expuesto, para su debate ante el Pleno de esta
Cámara, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a aplicar al sector
privado energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la Constitución y, por
consiguiente:
1º.- Acordar la inmediata intervención de las empresas del
sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial.
2º.- Adoptar las medidas legislativas oportunas para que
quede garantizado el suministro básico esencial de energía eléctrica y nadie
más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de
recursos económicos.
3º.- Presentar, en el plazo de 15 días, un Proyecto de Ley
ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la
totalidad de los servicios energéticos.
4º.- Abrir una mesa de diálogo y negociación, con
participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos
parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético
español y dar respuesta.
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