En un momento excepcional, el discurso y la acción del
Partido Comunista de España debe ser excepcional. Por lo que el XIX Congreso
del PCE hace un llamamiento a la movilización y a la conflictividad, intentando
aglutinar a la mayoría social y elevando su nivel de conciencia. Hacemos un
llamamiento a la ciudadanía para que defienda una democracia social, económica
y política que haga al pueblo depositario de la soberanía plena.
El compromiso del PCE con la construcción de un proceso
constituyente, parte de la denuncia de la hipocresía de las fuerzas que llevan
años desmantelando la
Constitución del 78 porque les viene grande, porque les
sobran los derechos que reconoce, aunque sea sólo de forma simbólica, porque
han introducido, el artículo 135 que pone toda nuestra economía al servicio de
la banca.
Frente a este intento de imponer una salida antisocial a la
crisis, el XIX Congreso del PCE no asume la derrota y con toda claridad
proclama su rechazo a cualquier Pacto de Estado que pretenda asegurar la
restauración en una democracia limitada y secuestrada, para que la oligárquica
blinde los intereses del capital para los próximos cuarenta años. Los
comunistas no vamos a facilitar a la monarquía una transición pactada, sino al
contrario, cada vez con más fuerza, situamos la lucha por la III República.
Para ello, es necesario construir un Bloque Social y
Político capaz de conducir un cambio de sistema, es decir, conseguir una
democratización del poder político y social para construir un nuevo Estado, una
nueva economía, y una nueva sociedad justa e igualitaria, una Res-pública de
mujeres y hombres libres del mal social de la explotación y del dominio.
Construir un bloque social y político para la Ruptura Social y
Democrática.
El Partido Comunista de España sabe lo que significa poner
la unidad de la izquierda por encima de cualquier otro planteamiento y, una vez
más en la historia, proclamamos desde este XIX Congreso nuestra pasión por la
unidad de la clase trabajadora, de las fuerzas de la cultura, de la juventud,
de las mujeres y de los sectores populares a los que llamamos a rebelarse.
Esta convocatoria a la rebelión democrática, tiene que
comenzar con una llamada a:
1.- La realización de una auditoría ciudadana de la deuda
pública y la ruptura con la
Troika.
2.- La actuación de los comunistas en los ayuntamientos y la
defensa del poder local
3.- La elaboración de una propuesta de democracia avanzada y
participativa-
1.- LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA Y LA RUPTURA CON LA TROIKA.
La deuda pública se ha convertido en el instrumento más útil
para las grandes empresas y grandes fortunas para llevar a cabo, y justificar
simultáneamente, el expolio a los pueblos europeos.
La deuda pública de España era en 2006 tan sólo del 36,6%,
mientras que en 2012 había alcanzado un 84,2% y se prevé que para finales de
2014 llegue a sobrepasar el 100%. Este espectacular crecimiento tiene su causa
en las políticas que el Gobierno ha puesto en marcha para enfrentar la crisis
creada por ellos mismos.
El capitalismo español, con todos sus rasgos caciquiles,
clientelares y corruptos, se ha agotado. Y para superar tal crisis el sistema
busca una reestructuración a fondo que paguen los trabajadores en forma de
recortes, desempleo y desmantelamiento de las conquistas sociales y económicas.
En dicha tarea juega un papel fundamental la troika, la cual
con sus políticas a favor de las “reformas estructurales” aspira a convertir a
España en una economía más dependiente y periférica, cuyo crecimiento tenga sus
fuentes en el empobrecimiento de los trabajadores.
Tanto PP como PSOE han cerrado filas en torno a la troika y
sus dictados. La institucionalización del dogma de la “consolidación fiscal” ha
sido uno de ellos. La reforma constitucional de 2011, que otorgó prioridad
absoluta al pago de los intereses de la deuda pública por encima de cualquier
otra partida de gasto, subordinando a la ciudadanía al capricho de los mercados
y de su incesante afán de lucro. Tal reforma, a la que siguió la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, convirtió de facto a la
deuda pública en una palanca financiera con la que se justifica el
desmantelamiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales e incluso
los derechos laborales y civiles.
Para resistir este proceso de transformación social
regresiva y poder comenzar un nuevo proceso de reconstrucción social y de lucha
democrática es necesario que el Gobierno de España rompa relaciones con la
troika y se niegue tajantemente a aceptar políticas que perjudican a la clase
trabajadora mientras benefician a las clases dominantes. Por ello proponemos
comenzar con el eslabón más importante de esa relación: la deuda pública.
El XIX Congreso del Partido Comunista de España exige la
realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública que permita
delimitar qué parte de los contratos son ilegítimos, a partir de un criterio
esencialmente solidario y de justicia social, y poner en marcha un proceso de
reestructuración de dicha deuda, entendemos que gran parte de la deuda no es
una deuda de la clase trabajadora sino de los culpables de la crisis y que en
consecuencia no se debe pagar, trabajando con cuantos colectivos sociales,
políticos o ciudadanos coincidan en este mismo objetivo.
2.- LA ACTUACIÓN DE LOS COMUNISTAS EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA DEFENSA DEL PODER
LOCAL
En Abril de 1979 fueron elegidos miles de concejales
comunistas en los Ayuntamientos de toda España. Bajo el lema “Quita un cacique,
pon un Alcalde”, el Partido Comunista de España canalizaba la esperanza del
pueblo trabajador organizado en el propio Partido, sindicatos o unas
Asociaciones vecinales que vertebraban poder popular de una forma articulada y
de gran incidencia social.
Treinta y cuatro años después, el gobierno del Partido Popular
ha iniciado un proceso de demolición de los ayuntamientos entendidos como
administración más cercana. La reforma del artículo 135 de la Constitución , que
tanto daño está provocando en las capas populares, se revela como el anclaje a
partir del cual inician un proceso para eliminar competencias municipales,
suprimir servicios y privatizar aquéllos más rentables.
Hablan los neoliberales, en una constante perversión del
lenguaje, de clarificar competencias cuando quieren decir supresión de
servicios; de reordenación del sector público cuando quieren decir despidos
masivos; y de promoción de la actividad privada cuando quieren decir
privatización en favor de las empresas de la oligarquía financiera española,
que, agotado el modelo del ladrillo, buscan en la rentabilidad de los servicios
municipales el nuevo manantial de negocios.
De los tres niveles de que se compone el Estado, el local es
el que con diferencia contempla más potencialidades para desarrollar los
mecanismos de una democracia participativa directa, que refuerce a la
ciudadanía en su capacidad de determinación de las políticas de su territorio.
Por ello, el XIX Congreso del Partido Comunista de España:
1.- Defiende la necesidad de profundizar y mejorar el nivel
competencial de los municipios españoles acompañado de un modelo de
financiación que adecue su capacidad de intervención en el territorio a las
exigencias de los servicios que gestiona, y que deben contemplar los de
carácter más social. En consecuencia, muestra su rechazo frontal a la Reforma de la
administración local propuesta por el gobierno del Partido Popular, porque
supone un golpe de Estado a los Ayuntamientos y al municipalismo.
2.- Apuesta por un desarrollo de los municipios como
espacios y ejemplo de democracia participativa que estimule la vertebración
social y comunitaria, conceda a la ciudadanía la toma de decisiones y
contribuya a la creación de poder popular desde la institución más cercana al
pueblo trabajador.
3.- Insta a la militancia comunista a construir Bloque
Social y Político también en el ámbito municipal, fortaleciendo el tejido
asociativo en el movimiento vecinal y las entidades locales, así como en
cuantos frentes de lucha se articulen en defensa del territorio, local, rural o
urbano.
3.- LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DEMOCRACIA AVANZADA Y
PARTICIPATIVA-
El capitalismo utiliza las crisis que genera para producir
sistemáticos recortes sociales y económicos sobre la clase trabajadora, y
construir un relato político según el cual el problema último reside en la Política y en las
organizaciones políticas. Un discurso peligroso que abre la puerta a tesis
populistas y fascistas, precisamente en un contexto social de empobrecimiento
generalizado de la clase trabajadora y emergencia creciente de las
organizaciones de ultraderecha.
Para el Partido Comunista de España es urgente responder
activamente y seguir ofreciendo a la clase trabajadora instrumentos con los que
combatir tanto al capitalismo como al fascismo. Y uno de esos pasos
imprescindibles pasa por profundizar los mecanismos democráticos con los que la
clase trabajadora puede fiscalizar a los representantes elegidos por ella.
El PCE impulsará el desarrollo de medidas que avancen hacia
una democracia participativa, con instrumentos de control real. En lo concreto
planteamos impulsar un amplio encuentro social para elaborar una propuesta
constituyente de un modelo de democracia participativa, para trasladar a las
instituciones y a las fuerzas políticas y sociales que, al menos, contemple:
- Creación de un Consejo de Control Social y Democrático de la Gestión Publica ,
en la que se depositen los diferentes programas electorales y se haga un
seguimiento de su cumplimiento, ya que los programas electorales deben ser un
contrato de obligado cumplimiento entre la fuerza política que lo presenta y la
ciudadanía que lo respalde.
- Regulación más efectiva de las campañas electorales para
limitar gastos y ampliar la pluralidad, de manera que lo fundamental sea el
debate publico y la información programática, con la prohibición de donaciones
privadas a los Partidos Políticos
- Regulación e instauración de los revocatorios tanto para
los cargos públicos como para los dirigentes políticos, con la idea de evitar
que los representantes se separen de quienes les han elegido y de sus
intereses.
- Regulación de la obligación de que los representantes
públicos y dirigentes políticos rindan cuentas de su gestión anualmente y poder
recibir al mismo tiempo nuevas propuestas.
- Desarrollo de mecanismos de participación de los
movimientos sociales, sindicales y ciudadanos en las instituciones, de forma
especial en el Parlamento.
- Elaboración una Ley electoral que permita una
representación real y proporcional de los electores/as en las instituciones.
Por último, el XIX Congreso del PCE reitera su compromiso
con la unidad de la izquierda, una unidad desde la base, que se materializa y
parte del proyecto de IU, una de las principales y más duraderas experiencias
de unidad de la izquierda en España. Un proyecto que aglutina a una gran parte
de la izquierda política, que tiene que crecer y ampliarse como Movimiento
Político y Social, en el marco de un proceso de convocatoria que aglutine a la
mayoría social que sufre la crisis, defendiendo la máxima unidad de las fuerzas
de izquierdas, de los movimientos sociales, de los sindicatos de clase, para
disputar la hegemonía y el poder a la derecha y avanzar hacia el socialismo y
el comunismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario