El PP tumba la Proposición de Ley defendida por Garzón para
acabar con los "agujeros del sistema fiscal" y que no sean "los
menos pudientes los que financien solos los grandes servicios públicos"
El diputado de IU y
portavoz económico de IU, ICV-EUiA, CHA detalla en su intervención las medidas
para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal y advierte de
que si éstas no son hoy efectivas “es porque falta voluntad política para
ponerlas en marcha”
Intervención íntegra de Alberto Garzón en el Pleno del
Congreso previa a la votación en la que la proposición no de ley fue rechaza
con los votos en contra del Grupo Popular:
"Nuestro grupo trae en esta ocasión una proposición de
ley sobre una materia de la que hemos tenido la oportunidad de debatir en
numerosas ocasiones en esta Cámara. Podemos comenzar haciendo alusión a uno de
los grandes escritores del siglo pasado, que afortunadamente todavía vive,
Eduardo Galeano, que decía que muchas veces ‘la justicia es como las
serpientes, que sólo muerde a los descalzos’. Precisamente porque esa visión de
la justicia, injusta, esa visión según la cual la justicia sólo afecta a unos
y, sin embargo, a otros ni los roza, es compensada, es anulada o directamente
suprimida y sustituida por una justicia donde todos son iguales ante la ley,
donde todos son iguales ante las consecuencias penales y consecuencias en
última instancia jurídicas, es para lo que existen las instituciones, las
normas jurídicas, las propias composiciones que la sociedad se va dando para
corregir esas desigualdades o directamente suprimirlas.
Por eso consideramos tan importante el sistema fiscal y, por
eso, consideramos enormemente peligrosos los agujeros que existen en el mismo.
Eso es lo que nosotros intentamos venir a corregir humildemente con nuestra
proposición de ley. Una proposición de ley que va al corazón del problema, al
fraude fiscal y a sus fuentes, por las cuales se potencia en última instancia
un empeoramiento de la desigualdad, de la lógica hacia la desigualdad inherente
al sistema económico capitalista y su propia lógica.
Lo cierto es que nuestra Constitución de 1978 propugna o
defiende, al menos en el ámbito teórico, un sistema fiscal progresivo, que
viene a ser que los que más tienen más deben pagar no sólo para sufragar los
servicios públicos -la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y otro
tipo de servicios que tenemos por nuestra condición de ser ciudadanos-, sino
porque también son elementos que salvaguardan la cohesión social y evitan el
estallido social que hace que unos nos peguemos con otros. Eso es lo que le da
una enorme importancia en el sentido de la filosofía política del mantenimiento
de la cohesión social.
Sin embargo, lo cierto es que aunque eso aparezca
formalmente en nuestra Constitución, en nuestra Constitución formal, en la
práctica, de facto, llevamos muchas décadas viendo cómo el sistema fiscal se va
convirtiendo cada vez más en un sistema absolutamente regresivo por la
existencia de agujeros fiscales, por la existencia de fraude fiscal y por la
existencia de leyes injustas; esas leyes injustas que tratan de forma
diferente, como decía Galeano, a ‘los descalzos y a los que van bien
indumentados’.
Esa es la realidad de nuestro sistema fiscal actual que,
aunque sólo en la forma se promete a sí mismo como progresivo, en la práctica,
de facto, es absolutamente regresivo y, al final, acabamos encontrándonos con una
enorme paradoja, y es que los grandes servicios públicos, amenazados por esta
crisis y por el modelo de sociedad propugnado por el neoliberalismo y por las
prácticas privatizadoras, ese modelo de sociedad acaba siendo últimamente sólo
defendido en términos económicos, sólo mantenido y sólo financiado por los
menos pudientes, mientras que aquellos que más tienen encuentran siempre las
formas para no tener que pagar.
Esos detalles no tienen por qué ser sólo delitos. Es decir,
el fraude fiscal, que en nuestro país alcanza, según estimaciones, entre el 20%
y el 25% de la economía, ese dinero que, evidentemente, no está fiscalizado y
que no sirve para mantener el Estado del bienestar y los servicios públicos, es
compatible desgraciadamente con leyes injustas y con agujeros legales.
Podemos poner un ejemplo muy claro. En este país se supone
que las empresas tienen que pagar en torno a un 25% o un 30% de sus beneficios
en materia de impuestos. En la práctica, las pequeñas empresas acaban pagando
en torno al 24%, las grandes en torno al 18% y las multinacionales, con mayor
capacidad para aprovechar las trampas legales, acaban pagando sólo un 10% de
tipo efectivo medio. Esa desigualdad, que hace que en la práctica al final
quien más tiene menos pague, es lo que se encuentra en el origen de los fallos
estructurales del sistema fiscal que venimos a corregir, o a intentar corregir
o a dar el primer paso para corregirlo definitivamente con esta proposición de
ley.
La elusión fiscal y la evasión fiscal, grandes problemas de
nuestra economía que no son en ningún modo afrontados sinceramente ni por el
Gobierno de Rajoy ni por los gobiernos anteriores ni por las instituciones
internacionales que siempre decoran sus discursos con retórica de lucha contra
el fraude pero que luego, al final, lo que vemos son elementos como la tasa de
reposición del 10% para los miembros de la Agencia Tributaria ,
que no es otra cosa que decir que de cada diez personas que se jubilan, nueve
van a ver que su puesto no encuentra sustitución por otra persona y eso, en
última instancia, son menos recursos para luchar contra el fraude. Esa es la
política real del Gobierno del Partido Popular.
En este sentido, hablemos de fraude fiscal, pero hablemos
del verdadero fraude fiscal, del que hacen las grandes empresas y las grandes
fortunas, que son responsables, según los técnicos de Hacienda, de hasta el 75%
de esa ingente cantidad de dinero defraudado al Estado. No de ese jornalero o
de ese trabajador que finalmente está haciendo lo que puede por sobrevivir, por
llegar a 400 o a 450 euros al mes y con el que el Estado sí es implacable. El
Estado es implacable con esa persona que está intentando sobrevivir y, por el
contrario, el Estado trata fabulosamente a los defraudadores fiscales, a esos
criminales fiscales que son en última instancia, recordemos, los que acaban
provocando los recortes en sanidad y en educación, y la falta de ingresos para
mantener esas prestaciones sociales a un nivel digno. Sin embargo a ellos se
les ofrecen procedimientos como la amnistía fiscal, procedimientos que son una
ayuda clara y directamente explícita a aquellos que han delinquido contra el
Estado, contra todos nosotros.
Por eso, nosotros estuvimos en contra de la amnistía fiscal,
pero además creemos que hay que reformular muchos aspectos que tienen que ver
con la misma. En esta proposición de ley intentamos endurecer las posibilidades
que tenga el Gobierno para aplicar una nueva amnistía fiscal. Proponemos que
haya que aprobarlo por una ley orgánica; proponemos también que el delito
fiscal no prescriba tan pronto, que prescriba más allá de los diez años cuando
a día de hoy esta aproximadamente en cuatro años, algo a lo que
desgraciadamente hemos estado acostumbrados cuando hemos visto todos los casos
de presunta financiación ilegal de diferentes partidos políticos en nuestro
Estado. Creemos que hay que endurecer esas penas, esas sanciones contra
aquellos que atentan directamente contra las finanzas públicas.
Por eso nos parece muy importante que reconozcamos que
desgraciadamente muchos avances en la lucha contra el fraude fiscal, avances
pequeños, ligeros, se han conseguido por métodos que no son los
procedimentales, como puede ser la declaración de determinadas personas como el
economista Falciani que, eludiendo la ley, fue el responsable de dar a la luz
los nombres de determinadas personalidades, de grandes fortunas, de grandes
empresas que habían eludido la ley y que habían atracado y saqueado las
finanzas de todos nosotros y nosotras. Pero fue a través de esos procedimientos
extraños, ajenos a la normativa jurídica, por los cuales hemos podido conocer,
al menos el Gobierno, los nombres de algunas personas que han estafado al resto
de sus conciudadanos.
Por eso proponemos también en esta proposición de ley que
haya transparencia, que se sepa quiénes son los que se han acogido a la
amnistía fiscal, que se sepa quiénes son los que durante tanto tiempo han
estado mermando las arcas públicas y beneficiándose de la gran capacidad
adquisitiva, la gran capacidad de tienen para contratar a determinados técnicos
para hacer actividades en algunos casos delictivas, como la elusión fiscal.
Recordemos -insistimos, esto es preocupante- que es legal
hacer determinados procesos como las transferencias de precios que hacen las
grandes compañías y que al final también consiguen evitar el pago de impuestos.
Las sanciones son importantísimas porque en cualquier juego hace falta un palo
y una zanahoria, no solo la zanahoria como hacen el señor Montoro y este
Gobierno. Esa transparencia es necesaria aunque, recordamos, nosotros estamos
absolutamente en contra de procedimientos como la amnistía fiscal, porque no
solo es una cuestión que no funciona en el ámbito autonómico, no es solo que ni
siquiera se haya podido recaudar lo que el Partido Popular decía cuando la
aprobó a bombo y platillo, sino que además es moralmente injusta e intolerable.
Vayamos un poquito más allá: en esta proposición de ley
también proponemos limitar y acabar con los pagos en efectivo, porque es en los
pagos en efectivo -nosotros proponemos que se limiten hasta los 1.000 euros-
donde se fraguan habitualmente los procesos de corrupción pública, y no solo
los procesos de corrupción sino todo tipo de procesos delictivos que incluyen
el narcotráfico o la trata de personas; estos procesos se hacen finalmente
sobre todo en efectivo. Nosotros hemos acompañado habitualmente esto -lo saben
los miembros de esta Cámara- de la sugerencia de que el Gobierno exija a las
instituciones europeas, particularmente al Banco Central Europeo, el cambio de
color de los billetes de 500 euros. Esta simple medida, que puede parecer
anecdótica, sacaría a la luz grandes cantidades de dinero que sirven para
engrasar las actividades corruptas. Simplemente esta actividad, que no lleva
apenas coste asociado, podría poner en marcha un proceso de emergencia, podría
hacer surgir desde la oscuridad y las cloacas de los delitos grandes cantidades
de dinero. Esto no solo tendría ánimo recaudatorio sino que además permitiría
poner bien claro quiénes han sido los delincuentes, sancionarlos y tomar responsabilidades
políticas importantes. Pasaríamos de la ‘política del sobre’ a una política de
amplia fiscalización de cualquier transferencia.
No podemos dejar de citar que en esta proposición de ley
incluimos de nuevo una crítica absoluta y feroz contra los paraísos fiscales,
porque en un contexto como el actual, en el que se acepta acríticamente por
parte del Gobierno toda política que proviene de la troika, toda política que
proviene de las instituciones internacionales, es bastante extraño que la
troika utilice la retórica contra los paraísos fiscales pero no proponga
ninguna medida importante y beligerante contra los paraísos fiscales como pueden
ser Gibraltar, Luxemburgo o Andorra.
Más allá de la simple retórica, insistimos, lo cierto es que
no se ha avanzado absolutamente nada en esa tarea, y determinados territorios
jurídicos, como puede ser Gibraltar con 30.000 habitantes y 80.000 empresas, son
el pulmón de la corrupción, del narcotráfico, de los pelotazos o de cualquier
otro proceso de este tipo que no solo son inmorales sino que además han mermado
las arcas públicas.
Son propuestas que van en esta proposición de ley y que
esperamos que el Gobierno pueda tenerlas a bien, porque se trata de propuestas
técnicas que se pueden poner en marcha mañana mismo. Mañana mismo se pueden
poner en marcha estas propuestas, evitar los recortes que se están haciendo en
estos últimos años y ayudar a construir una sociedad más justa.
Desgraciadamente, sabemos que hemos debatido este tema en muchas ocasiones en
esta Cámara, y sabemos también que el Partido Popular se ha negado siempre a
tener en consideración las propuestas contra el fraude fiscal de otros grupos.
Entendemos que ese es un camino hacia el suicidio y que puede ser compatible
con el modelo de sociedad que quiere construir el Partido Popular, pero que no
es compatible con el modelo de sociedad que queremos construir nosotros.
Así que, aunque sólo sea por esfuerzo pedagógico hacia la
ciudadanía, consideramos importantísimo que existan proposiciones de ley como
la nuestra o las que otros grupos han presentado, y que pongan de relieve que
si la lucha contra el fraude fiscal no es efectiva, si no es eficiente, no es
porque sea inevitable, es porque falta voluntad política para ponerla en
marcha. Muchísimas gracias."
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